Salvador Ruiz Calderon

Expediente 2077/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2077/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Salvador Ruiz Calderon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que remite el Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo protector, asimismo, solicita le sea concedida una prórroga por el plazo de diez días para tal efecto. Ahora bien, como lo solicita la autoridad en cita, con apoyo en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga por el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que dé cumplimiento al fallo protector, en el entendido de que ésta se otorga en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la referida responsable que continúa vigente el apercibimiento decretado en el citado auto de diecinueve de noviembre del año actual, consistente en que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos en moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la queja número 494 2019; en el que resolvió lo siguiente: ÚNICO. Se declara fundado el presente recurso de queja. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, toda vez que se declaró fundado el recurso de queja en contra del auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, la Superioridad determinó lo siguiente: I. Deje sin efectos el auto recurrido de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 2067 2018 de su índice; y II. Emita otro acuerdo en el que provea lo conducente en relación con la solicitud de suspensión formulada mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve, en congruencia con el diverso escrito presentado el mismo día con el objeto de ampliar la demanda de amparo. En esas condiciones, se deja sin efectos el auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 2067 2018; y al respecto se provee: Del análisis del juicio de amparo 2067 2018 del índice de este Juzgado Federal, se advierte que en proveído de ocho de agosto pasado, se admitió a trámite la ampliación de demanda de amparo, promovida por Julio César Ríos Gasca; por su propio derecho contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco. AUDIENCIA INCIDENTAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. AUTORIDAD RESPONSABLE Para efectos del presente, se tiene como autoridad responsable, a la siguiente: Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, sin que resulte necesario enviar copia simple de la demanda, así como de su ampliación de demanda, toda vez que en proveído de ocho de agosto pasado, le fueron remitidas por medio de oficio número 39544 2019. En dicho informe se deberá expresar si es cierto o no el acto reclamado, pudiendo agregarse las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o no de la suspensión; en el entendido de que la falta de informe hará presumir cierto el acto reclamado para efectos de resolver la suspensión definitiva, de acuerdo a lo establecido en el numeral 142 de la citada ley de la materia. En la inteligencia que, de no cumplir en el término concedido, se podrá imponer una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la citada ley. SUSPENSIÓN PROVISIONAL En primer término, resulta necesario precisar que los artículos 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen derechos fundamentales. Por otra parte, de la interpretación conjunta de la fracción I del artículo 128, en relación con el diverso 144, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Luego, conviene precisar que el juez federal puede conceder la suspensión para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, pero no por actos no reprochados en la demanda de protección de derechos fundamentales. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal; y, 128 de la Ley de Amparo vigente, la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: a Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b Que exista la solicitud del agraviado; y, c Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La ilegalidad de la resolución de separación dictada en contra del suscrito el día 12 de Julio de 2018 dentro del Procedimiento Administrativo de Separación 32 2014, misma que se motiva en también ilegal valoración de pruebas. La ilegal de la resolución de separación dictada en contra del suscrito el día 12 de Julio de 2018 dentro del Procedimiento Administrativo de Separación 32 2014, toda vez que la misma se encuentra afectada de caducidad por inactividad procesal ya que la misma, a la fecha de presentación de este escrito, no se ha materializado en virtud de que continuo presentado mi servicio como elemento de seguridad pública sin que tenga lugar ninguna terminación del mismo y toda vez que dicha resolución no se me ha notificado formalmente, dentro de procedimiento, desde la fecha de su emisión, hace de 180 días naturales. Además, en escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, solicita la suspensión del acto reclamado con la finalidad de que se le permita continuar desempeñándose como policía adscrito a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, percibiendo el salario que le corresponde con motivo de esa labor, y para que no se le notifique resolución del procedimiento administrativo de separación número 32 2014. v. Niega suspensión De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 128 de la Ley de Amparo vigente, la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: a Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b Que exista la solicitud del agraviado; y, Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, no ha lugar a otorgar a Julio César Ríos Gasca, la suspensión provisional, con relación al efecto solicitado, el cual consiste en que no se le notifique la resolución dictada en el procedimiento administrativo de separación 32 2014. Lo anterior es así, ya que este Juzgado de Distrito, se encuentra jurídicamente imposibilitado para ello, acorde a lo que marca el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, en virtud de que de conceder la medida cautelar se estaría sustituyendo en las facultades y atribuciones propias de la autoridad responsable, lo cual no es propio del incidente de suspensión, cuyo objeto primordial es mantener las cosas en el estado que actualmente guardan, de conformidad con el artículo 139 de la ley de la materia, situación está que en el caso no acontecería de concederse la medida en los términos que refiere la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda, pues éstos sólo corresponden a la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí que no sea factible otorgar la medida cautelar en los términos solicitados. Es aplicable, en razón de su contenido, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Abril de 1994, página 27, que a la letra dice: SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos. Por otra parte, en relación con el efecto consistente en permitir al quejoso continuar en el desempeño de su cargo como Policía Vial de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y sus consecuencias, se niega la suspensión provisional solicitada, dado que, no se cumple con el requisito señalado por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que con tal medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Tal afirmación encuentra sustento en el contenido del diverso artículo 129 de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: --- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; -II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; --- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; --- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; --- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; --- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; --- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; --- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; --- IX. Se impida el pago de alimentos; --- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; --- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; --- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; --- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. El numeral antes transcrito no define los conceptos de orden público e interés social, sino que contiene un catálogo de supuestos en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, aunque de manera enunciativa más no limitativa. Por tanto, es dable concluir que la intención del legislador consiste en que se destaque el interés colectivo por encima del particular, pues condiciona el otorgamiento de la suspensión a que con tal medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Los conceptos de orden público e interés social han sido delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa, pues ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese tenor, corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, y desde luego al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. Resulta aplicable la jurisprudencia 8 de la Segunda Sala, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Ahora, en el caso particular, de concederse la suspensión de las consecuencias que genera el acto reclamado, para el efecto de permitir al quejoso que siga desempeñándose como policía, se vulneraría el orden público y el interés social, toda vez que la colectividad se vería privada de un beneficio del que actualmente goza o se le inferiría un daño que de otra manera no resentiría, por los motivos que enseguida se expondrán. Lo anterior se estima así, porque la medida cautelar sólo puede otorgarse contra la suspensión temporal de servidores públicos, pues esa suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio; empero, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de amparo ya fue separado de su cargo como elemento de seguridad pública; de ahí que no pueda concedérsele la suspensión provisional para que se reincorpore al desempeño de sus funciones, pues al respecto existe prohibición expresa en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito presentado por *****, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, visto su contenido y a lo que solicita, indíquesele que una vez que transcurra el término concedido a las autoridades responsables en proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se proveerá lo conducente.

  4. Principal

    Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 424/2019; en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión, ampara y protege al quejoso en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en la sentencia recurrida. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, mediante sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, deje insubsistente el "Resultado Único" con número de folio 6312-2 de once de mayo de dos mil dieciocho, y todas las actuaciones que deriven de dicho resultado; y, Del Comisario de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, deje insubsistente la orden de inicio del procedimiento especial de separación instaurado al quejoso número 48/2018, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve; y El Del Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco deje sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento especial de separación 48/2018 de diecisiete de enero de dos mil diecinueve y acta administrativa relativa a la instauración de dicho procedimiento el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, y si los hubiere los actos subsecuentes y determine lo que en derecho corresponda, también en ejercicio de sus atribuciones legales". En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, al Comisario de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y al Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que en el término de tres días, siguientes al que sea notificado del presente proveído, acrediten fehacientemente, haber dado cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, en los términos precisados en los incisos que anteceden. De igual manera, con fundamento en el citado numeral 192 de la ley de la materia, se requiere al Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y al Gobernador del Estado de Jalisco, ambos en su carácter de superior jerárquico del Comisario de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y del Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque; y del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, respectivamente, para que en el mismo término concedido a la responsable, acredite haber conminado a ésta a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello en lapso antes indicado, se les impondrá la sanción prevista en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el 192 y 193 de la misma ley, que consiste en multa de cien veces el valor inicial diario, de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), de conformidad con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; preceptos que a su vez establecen que en el caso de que no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos efectuados, el órgano jurisdiccional, remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, para la substanciación del incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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