Salvador Rosas Crespo

Expediente 1154/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1154/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
21/12/2023

Partes del expediente

  • Salvador Rosas Crespo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso y en atención a su contenido: Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. ****************************************En consecuencia, notifíquese por medio de oficio a las autoridades responsables, adjuntando copia del medio de impugnación en cita, y déjese a disposición de las demás partes el traslado correspondiente en esta secretaría; y una vez integrado el expediente acuerdese lo relativo a la remisión del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para la substanciación de recurso en mención. Por otra parte, agréguese el escrito signado por ***, quien se ostenta como tercera interesada y solicita copias certificadas de diversas actuaciones del presente asunto; a lo que se acuerda: De la certificación de cuenta se advierte que el promovente no es parte en el presente asunto; por ende, agréguese únicamente para obre como corresponda el ocurso, sin proveer sobres su contenido. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza.* Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Mesa IV

  2. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1154/2023-IV, promovido por **********, contra actos del Titular y Actuarios del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se presentó el escrito suscrito por ***********, por propio derecho, en el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular y Actuarios del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (fojas 2 a 11 de autos), consistentes en: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil *******, del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por ******** en contra de ******, así como todo lo actuado, y la orden de desocupación y lanzamiento del inmueble ubicado ******************************** Lo cual la parte quejosa indica que viola sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los establecidos en los numerales 1, 8, 10 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; también en los dispositivos 2.3, 14 y 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; artículos XVIII y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y lo previstos en dispositivos 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fracciones II y VIII de la Comisión Política de los Estados Libres y Soberanos de México. SEGUNDO. Porciento. Asunto que correspondió conocer al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por lo que se ordenó su registro con el número 1154/2023-IV; y una vez desahogada la prevención por la quejosa, en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés (fojas 61 a 65 de autos), se admitió a trámite la demanda; por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al Agente del Ministerio Público Federal adscrito se dio la intervención legal que le compete; se tuvo como tercero interesado a ********, quien no fue emplazado a juicio, no obstante ello, dado el sentido de la presente resolución no le perjudica, por lo que se determinó llevar a cabo la audiencia constitucional y el dictado del fallo final. En acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de las partes la readscripción por comisión temporal de la jueza Ruth Haggi Huerta García, al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Víctor Miguel Bravo Melgoza, a partir del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Integrado el asunto y no obrando diligencia o determinación pendiente por acordar tuvo verificativo la audiencia constitucional conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. La licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, porque las autoridades responsables residen dentro de los límites territoriales del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional, así como por la naturaleza jurídica del procedimiento de origen, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado;". Del análisis realizado a la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ******, del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por********en contra de ***********, así como todo lo actuado, la orden de desocupación y lanzamiento del ***La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********, del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por ****** en contra de *******, así como todo lo actuado, y la orden de desocupación y lanzamiento del inmueble ubicado ******************************************************************, TERCERO. Certeza de los actos combatidos. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado aceptaron su existencia, lo que se corrobora con las documentales públicas que anexó el juez de origen, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede analizar las causales de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". En el caso, esta juzgadora federal advierte que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo contra los actos reclamados y atribuidos a las autoridades responsables, por lo que de oficio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; anterior, se precisa que el artículo 5, fracción I, párrafo primero y cuarto, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Asimismo, el numeral 6, primer párrafo de la legislación de la materia, estatuye: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado (.)". De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo procede contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que afecten de manera directa y personal el interés jurídico de una persona física o moral. Lo que significa que el promovente de la acción constitucional o quejoso, debe acreditar su interés jurídico; es decir, demostrar ser titular del derecho subjetivo, protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de la autoridad judicial, el cual le ocasiona un perjuicio o daño en su persona y bienes o esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, registro digital 224803, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.". Así como también, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1807, con registro 2003293, de rubro y texto "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a algún derecho objetivo o personal, y que ese agravio en su esfera sea personal, directo o indirecto, pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo, indefectiblemente, a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. En ese contexto, como se precisó con anterioridad, en el juicio de amparo interpuesto en contra de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, agrarios o del trabajo, se tiene que acreditar el interés jurídico, es decir, una afectación al derecho subjetivo de la parte quejosa, de manera personal y directa; sin que pueda inferirse con base en presunciones, dado el carácter excepcional que tiene el procedimiento constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, página 17, Octava Época, Materia Común, registro digital 206338, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En el caso, la parte quejosa acude a este juicio de amparo en su carácter de tercera extraña al litigio natural, porque no es parte en el juicio ordinario civil ********, promovido por ****** en contra de ******, del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en donde reclama la falta de emplazamiento, todo lo actuado, así como la orden de lanzamiento del inmueble en litis, del cual indica que es propietario. Por tanto, la promovente debe demostrar fehacientemente ser titular del derecho de propiedad del bien inmueble materia del juicio que ahora defiende, en virtud que la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que esta prerrogativa derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, materia civil, de la Novena Época, registro 187733, del rubro "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". Para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó el desposeimiento de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se consideraría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En el caso, la parte quejosa pretende acreditar su interés jurídico, es decir su derecho de propiedad del predio en litis, con la exhibición de la copia simple del contrato privado de compraventa. Sin embargo, la probanza mencionada no puede otorgársele el valor demostrativo pretendido, en virtud de que tal elemento es una copia simple sin certificación, por ende, no se puede tener la certeza de su contenido, en consecuencia carece de valor probatorio para acreditar su interés jurídico en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo VII, página 213, del mes de Abril de 1998, Materia Común, de la Novena Época, registro digital 196457, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso.". Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso, haya exhibido en su favor las pruebas documentales consistentes en la copia simple de su credencia para votar y el acuse de recibo del escrito que presentó a la autoridad en el que solicitó copias certificas del juicio de origen de donde deriva el acto reclamado. Dichos medios de prueba, son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, ya que no acreditan la posesión ni título alguno sobre el predio en litis. En efecto, conforme a los artículos 790 y 793 del Código Civil para el Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, para mayor referencia se transcriben dichos numerales. "Articulo 790.- Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él". "Artículo 793.- Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considera poseedor. Lo anterior tiene como consecuencia que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por de derecho de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa óptica, la parte quejosa no acredita la celebración del acto jurídico contenido en el contrato de compraventa antes referido, ni la posesión en calidad de propietario del inmueble en litis, y por ende, tampoco su interés jurídico para ocurrir a la presente instancia constitucional combatiendo los actos que menciona. En otro aspecto, cabe precisar que aun cuando el solicitante de amparo afirma, bajo protesta de decir verdad, que tiene la propiedad y posesión del bien raíz referido, el que es materia del juicio natural en relación con el cual se ordenó la entrega al actor del juicio de origen, a su decir, sin haber sido oído y vencido, ello es insuficiente para justificar su interés jurídico, dado que no aportó prueba fehaciente para demostrar tal circunstancia. Lo señalado, pese a que la narración de antecedentes de los actos reclamados y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, pues dichas manifestaciones no llegan al extremo de demostrar el interés jurídico, en razón de que, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso constituyen presunciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 229, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 207221, de rubro "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". No es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia de los actos reclamados de las autoridades responsables con las constancias remitidas por el juez de primera instancia en anexo a su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que se ostenta como tercera extraña a juicio. En ese contexto, el promovente de tener un interés jurídico, las responsables estarían obligadas a abstenerse de ordenar y ejecutar cualquier acto de molestia sobre el bien raíz en comento; sin embargo, al no existir tal interés, es evidente que no tenían impedimento alguno para actuar como lo hicieron y tampoco por qué llamarla a la controversia primigenia, pues el derecho que afirma tener respecto al inmueble señalado no se demuestra fehacientemente, como se expuso. Desde esa perspectiva, como la quejosa carece de interés jurídico, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el numeral 61, fracción XII, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento de que se trata se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la actuaria adscrita al Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que no se combaten por vicios propios. Sustenta esa determinación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, registro 394472, de rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". En otro aspecto, atendiendo al sentido de esta sentencia, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, pues cuando, como en el caso ocurre, se acredita una causa de improcedencia y, por ende, se decreta el sobreseimiento, no ocasiona agravio alguno la resolución que deja de ocuparse de los argumentos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que atañe al problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Apoya esta postura, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 708, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, registro 394984, de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, de actuaciones se advierte que no se emplazó al tercero interesado ***, en virtud de que si bien dicha diligencia es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, lo cierto es, que uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita; así que, en vista de que la presente sentencia beneficia a la parte procesal en comento y que la dilación procesal es la que le acarrea perjuicio, es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde, fundamentalmente porque en la especie no se le deja sin posibilidad de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992, página 119, de la Octava Época, con número de registro digital 220034, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 35, 37, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra actos del Titular y Actuarios, adscritos al Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. MESA IV

  3. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado digitalmente por la Subdirectora de Seguimiento Normativo de la Secretaría Técnica Normativa del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual proporciona diversos domicilios del tercero interesado. Notifíquese. MESA* IV

  4. Principal

    Subdirectora de Seguimiento Normativo de la Secretaría Técnica Normativa del Instituto Nacional Electoral, se le tiene proporcionando diversos domicilio registrados a nombre del tercero interesado, Notifíquese. MESA* IV

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