Salvador Romero Valencia
Expediente 397/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/07/2022
Partes del expediente
- Salvador Romero Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
NOTIFIQUESE, VIA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS. Agréguese a los autos el escrito de cuenta con firma electrónica de *************, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, desahoga la vista otorgada en auto de quince de julio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo A fin de asegurar el estricto cumplimiento al fallo protector y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, deberá realizar lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del artículo 34, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, relativa al cobro del impuesto predial conforme a la mecánica ahí prevista. Aplique a la parte quejosa la mecánica prevista en el artículo 34, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, establecida para los predios rusticos y urbanos, consistente en el cobro del impuesto predial, sobre el valor de la propiedad de la parte quejosa, en este caso, resulta ser la de 0.000408. Devolver las cantidades enteradas en exceso y que pagó por concepto del impuesto predial. Devolver dicha cantidad debidamente actualizadas, como si se tratara de un pago de lo indebido. Lo anterior en atención a la jurisprudencia: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." (Jurisprudencia 2a./J. 13/2008, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página quinientos noventa y dos). Deberá acreditar que devolvió las contribuciones a través de un cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente quejoso, como al efecto lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. LXXXIX/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, del tomo XX, noviembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. CUANDO DERIVAN DEL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO DEBERÁ HACERSE EN CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL CONTRIBUYENTE, AL NO SER APLICABLE EL ARTÍCULO 71, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL". Cabe reiterar que los efectos del amparo contra leyes, cuando se establece la protección constitucional, únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia protectora no tiene por objeto liberar a la parte quejosa del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto, por lo tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato al amparista que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual derivó de la contradicción de tesis 439/2011, cuyo contenido y epígrafe son del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria." Asimismo, sustenta lo razonado, la jurisprudencia P./J. 18/2003, emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 21/2001-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede leer en la página 17, del tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, que dice: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás Por su parte, la autoridad responsable mediante oficio recibido en la oficialía de partes el catorce de julio de dos mil veintidós, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió constancias fehacientes de ello, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las que se pone de manifiesto que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del artículo 34, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, relativa al cobro del impuesto predial conforme a la mecánica ahí prevista, y le aplicó la mecánica prevista en el artículo 34, fracción I, de la Ley en cita, establecida para los predios rústicos y urbanos, consistente en el cobro del impuesto predial, sobre el valor de la propiedad de la parte quejosa, en este caso, resulta ser la de 0.000408, así como, que devolvió dichas cantidades enteradas en exceso debidamente actualizadas, como si se tratara de un pago de lo indebido. Ahora, el promovente manifiesta su inconformidad con el cumplimiento del fallo protector, en razón de que la autoridad le aplicó el cobro de accesorios, tales como recargos y multas, también señala, que el quejoso ha pagado en tiempo el tributo de que se trata, y que con motivo de la promoción del presente juicio de amparo, no se encontraba obligado al pago del segundo bimestre de la contribución. No obstante lo expuesto por el promovente, este Juzgado de Distrito estima que con las constancias que remitió la responsable, acredita cabalmente el cumplimiento de la sentencia de amparo, toda vez que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del artículo 34, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, relativa al cobro del impuesto predial conforme a la mecánica ahí prevista, y le aplicó la mecánica prevista en el artículo 34, fracción I, de la Ley en cita, establecida para los predios rústicos y urbanos, consistente en el cobro del impuesto predial, sobre el valor de la propiedad de la parte quejosa, en este caso, resulta ser la de 0.000408, así como, que devolvió dichas cantidades enteradas en exceso debidamente actualizadas, como si se tratara de un pago de lo indebido. Luego, el cobro de los accesorios que señala como recargos y multa, no fueron materia de la sentencia de amparo, pues como se vio, únicamente se falló en su favor respecto a la tasa de cobro que le fue impuesta, es decir, se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del artículo 34, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y se ordenó la devolución de dichas cantidades enteradas en exceso debidamente actualizadas, como si se tratara de un pago de lo indebido. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido.
- Principal
NOTIFIQUESE Y VIA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEITIDOS. Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a los que señala.
- Principal
NOTIFIQUESE Y VIA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS. Visto el primer oficio de cuenta, a través del cual la autoridad informa las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copias de los cheques expedidos en favor de la parte quejosa; agréguense a los autos para que obren como corresponda. Ahora bien, es cierto que el cumplimiento de la sentencia de amparo corresponde a la autoridad responsable; sin embargo, en el caso no puede desvincularse al promovente del amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la referida legislación, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído se constituya en las instalaciones que ocupa la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicada en la Calle Higuera número 70, Planta Baja, con un horario de nueve horas a catorce horas, a efecto de recibir la suma monetaria correspondiente, en el entendido que de no comparecer, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Asimismo, requiérase a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a fin de que una vez que acuda la impetrante de amparo a fin de recibir el título de crédito expedido a su favor, le sea entregado y lo comunique de inmediato a este órgano de control constitucional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades indicadas. Finalmente, ténganse por recibidos los diversos comunicados de cuenta, a través de los cuales la autoridad remite los escritos presentados vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante los cuales solicita se requiera a la responsable por el cumplimiento de la sentencia de amparo; agréguense a los autos para que obren como corresponda, e indíquesele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
Visto el oficio del delegado de las autoridades responsables, mediante el cual, en atención al requerimiento de seis de junio del año en curso, informa las gestiones que se están realizando a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo; al respecto, agréguese a los autos y téngasele informando lo anterior. Ahora bien, de los anexos se advierte que deben realizarse diversas gestiones a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE POR ÚNICA OCASIÓN a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que en el respectivo ámbito de sus atribuciones y dentro del plazo de diez días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo y remita constancia fehaciente de ello, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que los efectos de la concesión del amparo, son para lo siguiente: "QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo A fin de asegurar el estricto cumplimiento al fallo protector y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, deberá realizar lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del artículo 34, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, relativa al cobro del impuesto predial conforme a la mecánica ahí prevista. Aplique a la parte quejosa la mecánica prevista en el artículo 34, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, establecida para los predios rusticos y urbanos, consistente en el cobro del impuesto predial, sobre el valor de la propiedad de la parte quejosa, en este caso, resulta ser la de 0.000408. Devolver las cantidades enteradas en exceso y que pagó por concepto del impuesto predial. Devolver dicha cantidad debidamente actualizadas, como si se tratara de un pago de lo indebido. Lo anterior en atención a la jurisprudencia: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." (Jurisprudencia 2a./J. 13/2008, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página quinientos noventa y dos). Deberá acreditar que devolvió las contribuciones a través de un cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente quejoso, como al efecto lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. LXXXIX/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, del tomo XX, noviembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. CUANDO DERIVAN DEL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO DEBERÁ HACERSE EN CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL CONTRIBUYENTE, AL NO SER APLICABLE EL ARTÍCULO 71, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL". Cabe reiterar que los efectos del amparo contra leyes, cuando se establece la protección constitucional, únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia protectora no tiene por objeto liberar a la parte quejosa del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto, por lo tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato al amparista que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual derivó de la contradicción de tesis 439/2011, cuyo contenido y epígrafe son del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria." Asimismo, sustenta lo razonado, la jurisprudencia P./J. 18/2003, emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 21/2001-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede leer en la página 17, del tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, que dice: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás." En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable, para que les ordene, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades indicadas. Notifíquese.
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