Salvador Román de Jesús Pérez Boldo
Expediente 976/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Salvador Román de Jesús Pérez Boldo
Actuaciones
- Principal
I. Toda vez que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual este Juzgado DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por el quejoso; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes y se ubica en la fracción I, del aludido punto vigésimo primero.
- Principal
I. Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el cuatro de diciembre del presente año, el cual en lo conducente dice: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a SALVADOR ROMÁN DE JESÚS PÉREZ BOLDO, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo (SESA), con sede en esta ciudad, y otras autoridades. En tal virtud, se ordena formar expediente, y registrarlo en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 976/2018-I-B. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, este juzgado considera que respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que en consideración a la lectura en el escrito de demanda, se revela la condición de trato laboral que sostiene con las autoridades que señala, mismas que no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Conforme a los preceptos indicados, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado ordinal 5°. A fin de realizar la anterior distinción, es indispensable establecer las bases de diferenciación de los actos de autoridad y de los de particular, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, en las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior con imperium. De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho sea considerado como autoridad, debe establecerse como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; circunstancias las anteriores que no concurren en el presente caso. Por lo tanto, de las constancias que exhibidas por la quejosa, se destaca que el acto reclamado lo constituye esencialmente: El procedimiento administrativo seguido en su contra en la cual se le aplica en forma ilegal, arbitraria dolosa, fuera de todo contexto legal y lógico jurídico, la suspensión y/o retención de su salario de la primera quincena del noviembre de dos mil dieciocho, al puesto que desempaña como anestesiólogo del turno especial diurno (sábados, domingos y días festivos); turno que le fuera otorgado desde la fecha de ingreso a laborar a la Secretaría de Salud, que fue en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, adscrito al hospital integral de Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo, de igual forma, la falta de notificación legal y formal a procedimiento administrativo alguno y de la falta de notificación legal y formal de suspensión y/o retención de su salario, conforme lo señalado y exteriorizado por la Directora del Hospital Integral de los Servicios Estatales de Salud, quien señala que la retención de su salario, se debió a las instrucciones de la Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios Estatales de Salud (SESA), de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, ya que tiene retenido su salario la Encargada de Recursos Humanos de la Clínica Hospital Integral de Bacalar, y que me entregarían si firmaba un cambio de turno. Asimismo, les atribuye el acto reclamado consistente en la falta de procedimiento administrativo que cumpla con las formalidades legales y formales contempladas en las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud, para sustentar un cambio de turno y jornada laboral que pretende realizar en su persona de la autoridad a quien en este juicio tilda como responsable, fuera de todo contexto legal violando los principios básicos ya descritos anteriormente en específico lo establecido en el artículo 37 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Sin embargo, tales actos (un conflicto individual que se suscita entre un trabajador y una dependencia) derivan de una relación obrero-patronal entre el Estado (Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo) y el empleado, vinculada por ordenamientos de derecho laboral específicos, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado precisamente de esa relación laboral, ya que el Estado en su calidad de patrón únicamente participa como tal, por lo que cuando un trabajador promueve juicio de amparo contra alguna determinación derivada de un contrato laboral, éste resulta improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5º, fracción II; todos de la Ley de Amparo, no sólo porque los actos son, en sí un conflicto individual que se suscita entre una dependencia y un trabajador de la misma, lo cual no es un acto de autoridad, sino también porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa como lo es el juicio laboral. En tal virtud, se desprende que el trabajador debió de promover un juicio laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, tal y como lo prevé el artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. Bajo esa tesitura, resulta evidente que lo anterior, no constituye un acto de autoridad revestido del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de la norma que se consideró aplicada, sino que deriva de una relación obrero-patronal entre el Estado y el quejoso. Por tanto, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por ende, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, del invocado ordenamiento legal.
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