Salvador Rodríguez Valdivia

Expediente 96/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
96/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Salvador Rodríguez Valdivia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por medio del cual transcribe el proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, del que se aprecia que dicho órgano constitucional aceptó la competencia declinada por parte de este juzgado federal, quedando registrado con el número de amparo 286/2017. En atención a lo proveído en auto de ocho de marzo del año en curso, remítase al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el escrito signado por el quejoso que obra a foja veinte de autos; lo anterior, a efecto de que provea lo correspondiente sobre su contenido. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ******, mediante el cual desiste de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Sin embargo, por el momento se reserva a proveer de conformidad su petición; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, este órgano de control constitucional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo planteada por el promovente y se ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana en turno, sin que a la fecha se tenga conocimiento del órgano al cual le toco conocer sobre dicha incompetencia. En virtud de lo antes planteado, una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito con residencia en aquella ciudad, se remitirá el escrito de cuenta, a efecto de que sea la autoridad competente, quien provea sobre su contenido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, por medio del cual el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, acusa recibo del exhorto 26/2017-III-B, mismo que quedo registrado como exhorto 30/2017, número de orden 61/2017-H, de su índice, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que en veinte de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el exhorto de cuenta debidamente diligenciado.

  4. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito de cuenta, signado por el quejoso *******, mediante el cual revoca a los profesionistas y domicilio procesal señalado con anterioridad; designa como sus abogados a los licenciados *******, y señala como domicilio procesal el ubicado en A******; asimismo, solicita copias simples de todo lo actuado. Se tienen autorizados con las facultades que señala el artículo 12 la Ley de Amparo a los profesionistas antes citados, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio procesal el que refiere en su escrito de cuenta. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, expídase copias simples de las constancias que indica en el ocurso de cuenta. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio 81004/2014, signado por el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana y anexo, mediante el cual remite las constancias que integran el exhorto 26/2017-III-B, con número de orden 39/2017, derivado del juicio de amparo 96/2017-III-B, mismo que devuelve debidamente diligenciado y del que se desprende que el promovente ratificó la demanda de amparo promovida en su favor. ANOTACIONES Acúsese el recibo de estilo correspondiente y dese de baja dicha comunicación del libro de gobierno correspondiente. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA No obstante todo lo anterior, al interpretar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado es: "a) de la autoridad ordenadora: La resolución en la cual se le pretende tener por incomunicado, por supuestas faltas administrativas, sin que el suscrito tenga conocimiento de tales hechos. b) De las ejecutoras: El cumplimiento que pretende dar a la resolución de incomunicación y castigo impuesta de manera ilegal y arbitraria por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de EL HONGO II." Estos hechos, concatenados con los antecedentes narrados en la demanda, permiten determinar que este Juzgado no es competente para conocer del presente asunto. La anterior conclusión deviene del análisis de competencia bajo el esquema normativo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Numeral citado que norma tres hipótesis para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber son: a) Será competente el Juez de Distrito, del lugar donde se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Tratándose de actos que hayan comenzado a ejecutarse en un distrito y continúen en otro, será competente el Juez de Distrito, en el que se presente la demanda, y c) Lo mismo sucede, cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la hipótesis de competencia citada en el inciso a), ya que el acto reclamado se ejecutó o se pretende ejecutar en un distrito diverso a la jurisdicción de este Juzgado, tal como se desprende de los actos reclamados y antecedentes narrados por la representante de la parte quejosa en su ocurso inicial, de ahí que es dable concluir que los hechos reclamados corresponden a un acto que se está desarrollando en el Centro de Reinserción Social de "El Hongo II", con residencia en Tecate, Baja California, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado. En ese sentido, al materializarse la ejecución del acto reclamado en un Centro de Reinserción cuyo domicilio se ubica en la ciudad de Tecate, Baja California; la que aquí resuelve considera que el juzgado competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, debe ser un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, pues es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se atribuye la ejecución del acto reclamado. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia II.3o. J/72, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIV, Julio de 1994, página 46, de la Octava Época, registro 212109; que a la letra dice: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material. Así también tiene aplicación al caso, la tesis aislada de la sala Auxiliar, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Séptima parte, visible a página 88, registro 245025; que a la letra dice: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, y se ordena remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en la ciudad de Tijuana, por conducto de la oficina de correspondencia común de aquellos juzgados. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica (FIREL) del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuya liga es http:// www.firel.pjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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