Salvador Reséndiz Mota

Expediente 272/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
272/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
10/03/2015

Partes del expediente

  • Salvador Reséndiz Mota
  • SALVADOR RESÉNDIZ MOTA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO. . .ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO ENTERAMENTE CONCLUIDO. . .ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN POR NO CONSIDERARSE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. . .V

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL CITATORIO DE 24/02/2015, QUE CONTIENE EL AUTO DE 23/02/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. . .V

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL CITATORIO DE 10/02/2015, QUE CONTIENE EL AUTO DE 09/02/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. . . ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO ENTERAMENTE CONCLUIDO. . .ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN POR NO CONSIDERARSE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. . .III

  4. Principal

    Querétaro, Querétaro, a trece de febrero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de cuatro de febrero de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de siete de enero de dos mil quince, dictada por este Juzgado se determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a José Margarito Puga Rodríguez, para los efectos siguientes: "[.] En tales consideraciones, toda vez que del acto reclamado se desprende la violación del derecho fundamental de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional en perjuicio de la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por José Margarito Puga Rodríguez, a fin de que el Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, deje sin efectos la resolución de doce de septiembre de dos mil catorce, emitida en el toca penal 1262/2014, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, emita otra, sin incurrir en los vicios de legalidad analizados, esto es, fundando y motivando suficientemente su determinación. En el entendido de que dicha resolución que emita la responsable podrá ser en el mismo sentido del anterior, purgando los vicios formales que lo afectaban, o bien, en sentido diverso, si lo considera necesario y pertinente, con estricto apego a la ley". Por auto de veintiséis de enero de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días (fojas 78-79). Mediante oficio 183, recibido por este Juzgado el tres de febrero de dos mil quince, la Secretaria de Acuerdos de la Primera y Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de la resolución dictada con fecha treinta de enero de dos mil quince, en la que dejó insubsistente la determinación de doce de septiembre de dos mil catorce dictada dentro del toca penal 1262/2014 de su índice, y en su lugar emitió otra siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten a continuación: LINEAMIENTOS SENTENCIA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO En ese contexto, se estima que el monto de reparación del daño debe ser asequible al quejoso, ya que dadas sus características particulares, existen pocas posibilidades de cumplimiento, aun disponiendo del cien por ciento de sus ingresos, sin embargo, no puede pasarse por alto que tiene que satisfacer sus necesidades básicas y las de sus dependientes económicos. Por tanto, aun cuando la autoridad responsable destaca que el ingreso del quejoso aumento a $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) y que al encontrarse en libertad ello le permite laborar en su empleo y por ello no se ha visto afectada su capacidad económica y por ende, la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por libertad personal no resulta excesiva, sin embargo, tal circunstancia no la exime de ponderar la imposibilidad económica demostrada para otorgar la caución por concepto de reparación del daño, aún con pagos parciales. Lo anterior se estima así, pues los montos de $26,884.44 (veintiséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 44/100 M.N) y de $36,534.44 (treinta y seis mil quinientos treinta y cuatro pesos 44/100 M.N.), relativos a la reparación del daño impuestas al quejoso, no resultan asequibles y, en consecuencia, ello debió ser valorado por el Ad quem en la resolución recurrida, pues aquél monto contraviene lo establecido en el apartado A fracción I del artículo 20 constitucional, ya que tal cantidad no puede considerarse accesible a la capacidad económica del garante, quien cuenta con escasos ingresos económicos, tal y como consta de lo señalado en el párrafo anterior. En el entendido que es obligación ineludible de la autoridad valorar las circunstancias específicas del inculpado y de la comisión del delito y, observar las reglas previstas por el en el apartado A fracción I del artículo 20 constitucional, sin que lo anterior implique prejuzgar sobre la acreditación de la responsabilidad, ni el grado de culpabilidad del inculpado, sino únicamente velar por el interés de la víctima y la sociedad misma, de que el sujeto activo no se sustraiga de la justicia y continúe cometiendo hechos delictivos en su perjuicio, independientemente de que sea hasta el momento de dictar la sentencia definitiva, cuando se pueda hacer pronunciamiento sobre la culpabilidad del indiciado. La responsable determinó lo siguiente: "Resultando entonces, que en el caso particular, al estar demostrada la imposibilidad para otorgar esa caución con motivo de la reparación del daño, pues como ya se dijo su último sueldo es de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) semanales y las cinco personas que dependen económicamente, esa cantidad no resulta asequible a sus condiciones económicas, en consecuencia está demostrado que existe imposibilidad económica para otorgar la caución señalada inicialmente. Por otro lo antes expuesto, en suplencia de agravios, de conformidad con el artículo 124 inciso C, del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Querétaro, se estima que la cantidad de $63,418.88 (Sesenta y tres mil cuatrocientos dieciocho pesos 88/100 M.N.), fijada como garantía al inculpado José Margarito Puga Rodríguez, como reparación del daño, no le es asequible, por tal motivo se autorizan pagos parciales, que resultan en 4 mensualidades $15,854.72 (Quince mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 72/100 M.N.) cada una, con la finalidad de que esa cantidad pueda ser asequible o, en su defecto, que pueda garantizarla por medio de las reglas autorizada por la ley como lo son: depósito en efectivo, garantía prendaria, fianza personal e hipoteca, en términos de los artículos 126, 127 y 128, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal; debiéndose modificar la resolución incidental en este sentido. Ahora bien, sin que pase desapercibido para este Tribunal, que obra en autos el Informe con número de oficio DIN1213-019, de fecha 6 de diciembre de 2013, suscrito por el L.A. David Antonio Cárdenas Guerra, Jede del Departamento Vehicular, del que se desprende que el vehículo placas ST01582, marca Ford, línea F150, modelo 2005, serie 1FTPX14505NB11390, el propietario es José Margarito Puga Rodríguez, con RFC: PURM761022MQ2, domicilio: calle San Miguelito s/n, colonia San Miguelito, municipio: Querétaro, localidad: Santa Rosa Jáuregui. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo estipulado en el numeral 211 del Código de Procedimientos Penales, esto es, al ser expedido por funcionario público, con motivo de sus funciones, el cual constituye un indicio revelador de la propiedad que detenta sobre el auto motor de referencia José Margarito Puga Rodríguez, lo que podría traducirse que cuenta con bienes que puedan servir para garantizar la reparación del daño -previa valuación-. Conviene resaltar que las garantías que consagra el artículo 20 constitucional a favor del inculpado y de la víctima del delito no pugnan entre sí y por el contrario, se trata de derechos fundamentales paralelos, ya que el enjuiciado para obtener la libertad caucional puede elegir cualesquiera de las formas establecidas por la ley para que de esa manera se torne asequible ese derecho público que tiene, pero al mismo tiempo la parte ofendida podrá hacer efectivo su derecho en la vía legal correspondiente y poder hacer efectivo el resarcimiento del daño causado, sin importar la forma como haya garantizado el pago de ese daño el inculpado al obtener su libertad caucional. A colación de lo anterior, cabe resaltar, que es prioridad para este Tribunal que tanto el inculpado pueda gozar de ese beneficio de libertad provisional bajo caución, como también es prioridad que el ofendido vea garantizado su daño, al momento que el inculpado se acoja a ese beneficio, dado que la naturaleza de la libertad provisional bajo caución, es una mediad cautelar que tiene como finalidad lograr que cuando se llegue a dictar sentencia condenatoria se pueda ejecutar la misma, por tanto, inculpado también deberá garantizar la reparación del daño, ya sea que cubra su monto total, que lo haga en parcialidades o que lo haga de manera legal en las hipótesis que señala la ley como son: garantía prendaria, fianza persona e hipoteca". Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

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