Salvador Rene Molina Avilez

Expediente 1519/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1519/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Salvador Rene Molina Avilez y Otros.
  • Salvador Rene Molina Avilez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, mismo que fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, el cual fue registrado con el número de queja administrativo 420/2022. Circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal a la parte quejosa del proveído de dos de agosto de dos mil veintidós. en relación a lo anterior, a efecto de salvaguardar el artículo 17 Constitucional, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio que indica la parte quejosa en su escrito de demanda y le notifique el proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo. Finalmente, en el entendido que, el Actuario de la adscripción debe realizar todos los actos que se encuentre a su alcance con la finalidad de notificar a la al quejoso el proveído de referencia, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión, integrado por sus dos Cámaras (Senadores y Diputados) y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 1519/2022 y fórmese el expediente físico y electrónico. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: Atento a lo anterior, el suscrito juzgador advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de las autoridades responsables, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, el quejoso aduce como tal lo siguiente: ".IV.- Acto u omisión que se reclama: A la autoridad señalada en el punto 1 del capítulo inmediato anterior se le reclama: a) La inconvencionalidad del artículo 123 apartados B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo que es aplicado por primera vez en perjuicio de esta parte quejosa y que se reclama entre otras cosas, por los siguientes motivos: . Por contravenir el principio de igualdad ante la Ley, específicamente por lo que ve a los derechos laborales de los trabajadores en dicho apartado, en contraposición con los derechos laborales de los trabajadores en el apartado A del artículo 123 Constitucional. .Por contravenir al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y demás convenios internacionales ratificados por el Estado Mexicano, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente por lo que ve a los derechos sindicales. Por contravenir el capítulo 23 del T-MEC - Tratado de libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá-, lo cual pone en riesgo la economía del país. Solicitando además a su Señoría y en su momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su interpretación conforme, con relación a los principios de igualdad ante la ley, por existir discriminación y desigualdad con relación a los derechos laborales de los trabajadores contemplados en el apartado A y el apartado B del mencionado artículo 123 Constitucional, al establecer indebidamente una distinción entre trabajadores de primer nivel y de segundo nivel. b) La omisión de legislar conforme a los compromisos que han sido adquiridos por parte del Estado mexicano, específicamente por lo que ve a los derechos sindicales, ello en virtud de que el texto del artículo 123 Constitucional, específicamente apartado B, así como su Ley reglamentaria, Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, no han sido adecuados a los requerimientos internacionales. Lo anterior, tomando en consideración que el Estado Mexicano entre otras cosas, se obligó conforme a lo estipulado en el artículo 23.5, apartado 2 del capítulo 23 del T-MEC, a fortalecer y vigilar el cumplimiento de las Leyes laborales, así como implementar sanciones por el incumplimiento de las mismas, lo cual no ha realizado hasta este momento. c). - De igual forma, por la omisión de prever a través del trabajo legislativo, un medio de defensa eficaz en contra de las violaciones aquí señaladas, así como medidas cautelares a fin de evitar que se queden sin materia las mismas, en los juicios en los cuales se diriman conflictos sindicales e intersindicales. Así como el compromiso a integrar las Directivas sindicales, con igualdad de género. Siendo importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ya ha determinado que el artículo 123 Constitucional es omiso en determinar las reglas a observarse para la elección de sus directivas sindicales, de acuerdo con recomendación 323, emitida por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que se reconoció la validez del requisito del voto directo para la elección de las autoridades sindicales, siendo aplicable la tesis 2a./J. 11/2021 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo Il, página 1556, del rubro siguiente: "SINDICATOS. EL ARTÍCULO 371, FRACCIONES IX, IX BIS, IX TER Y X, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PREVER QUE LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA SINDICAL SE REALICE MEDIANTE EL VOTO DIRECTO DE LOS TRABAJADORES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXII BIS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). Se reclama de las autoridades señaladas en el punto número 2 y 3 del capítulo inmediato anterior, los siguientes actos reclamados: c) La aplicación en los actos reclamados que se señalan a continuación, del artículo 123 apartados B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es aplicado por primera vez, en perjuicio del suscrito. Se reclaman de la autoridad señalada en el punto número 2, el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los siguientes actos reclamados d) La sanción del proceso de elección para la directiva seccional sindical de la sección 14 del SNTE, el cual vulnera los derechos fundamentales y sindicales del quejoso, al ser un proceso irregular con sustento en estatutos que no han sido modificados de conformidad a las normas internacionales, a fin de garantizar el derecho a votar y ser votado. e) La omisión de verificar por medio de sus servidores públicos los procedimientos de elección para la directiva seccional sindical de la sección 14 del SNTE, en notable contravención a la obligación impuesta por el artículo 69 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. f) La omisión de pedir información de la modificación de los estatutos de conformidad con las reformas constitucionales. Se reclaman de las autoridades señaladas en los puntos número 3 y 4, los actos u omisiones que encuentran sustento en funciones determinadas en instrumentos internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normas generales que le resultan aplicables por su especial naturaleza, en específico el párrafo cuarto del artículo 69 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que la letra precisa: Artículo 69.- (...) La elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con una anticipación no menor a quince días y que se difundirá entre todos los miembros del sindicato. El sindicato deberá notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma anticipación, el cual podrá verificar el procedimiento de elección por conducto de los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto. Las elecciones que no cumplan estos requisitos serán nulas. Reclamando de tales autoridades sindicales, los siguientes: g) El trámite e integración del proceso de "elección de la Directiva Seccional Sindical, de la Sección 14 del SNTE en el Estado de Guerrero", convocada para el día 25 de octubre del año en curso. h) El indebido registro que se hizo de las Planillas 4 y 5, fuera del plazo previsto en la Base Quinta de la Convocatoria para la "elección de la Directiva Seccional Sindical, de la Sección 14 del SNTE en el Estado de Guerrero", expedida por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el día 03 de octubre de 2022. i) La omisión que consiste en no haber reformado los estatutos del SNTE conforme a las disposiciones vigentes, para establecer el voto directo universal, secreto y directo como mecanismo para la elección de Directivas seccionales, incumpliendo con las reformas en materia de derechos sindicales de los trabajadores." En efecto, por lo que respecta a los actos reclamados antes transcritos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De las disposiciones transcritas se desprende que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que le ley lo permita expresamente; lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe de tener legitimación. Ahora bien, dentro del concepto de legitimación de las partes, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Ciertamente, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, en tanto que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo, que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Por otra parte, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si quien promueve carece de capacidad para comparecer, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él; a diferencia de la legitimación en la causa, que al ser una cuestión sustancial, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, por lo que sólo es dable analizar dicho presupuesto al momento de que ésta es emitida. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 45, Volumen 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232899, que a la letra dice lo siguiente: Por legitimación procesal, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Lo anterior se puede advertir de la tesis aislada visible en la página 95, Volumen 97-102, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 241186, que indica: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promueven la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas". Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en La inconvencionalidad del artículo 123 apartados B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual deriva lo siguiente: ".c) La aplicación en los actos reclamados que se señalan a continuación, del artículo 123 apartados B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es aplicado por primera vez, en perjuicio del suscrito. Se reclaman de la autoridad señalada en el punto número 2, el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los siguientes actos reclamados d) La sanción del proceso de elección para la directiva seccional sindical de la sección 14 del SNTE, el cual vulnera los derechos fundamentales y sindicales del quejoso, al ser un proceso irregular con sustento en estatutos que no han sido modificados de conformidad a las normas internacionales, a fin de garantizar el derecho a votar y ser votado. e) La omisión de verificar por medio de sus servidores públicos los procedimientos de elección para la directiva seccional sindical de la sección 14 del SNTE, en notable contravención a la obligación impuesta por el artículo 69 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. f) La omisión de pedir información de la modificación de los estatutos de conformidad con las reformas constitucionales. La constitucionalidad de tales actuaciones es cuestionada por el quejoso en su calidad de trabajador afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, como cualquier otro integrante del gremio. Al margen de la destacada circunstancia, resulta pertinente transcribir el contenido de los artículos 67, 69, 72, 77, 80 y 81 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado -normatividad que rige a los sindicatos burocráticos en el ámbito federal-, el cual establece: "ARTÍCULO 67. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes." "ARTÍCULO 69. Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueren expulsados." "ARTÍCULO 72. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos. I.- El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación; II.- Los estatutos del sindicato. III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquélla, y IV.- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de nombres, de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y relación pormenorizada de sus antecedentes como trabajador. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los trabajadores de esa unidad, para proceder, en su caso, al registro." "ARTICULO 77. Son obligaciones de los sindicatos: I.- Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta Ley, solicite el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; II.- Comunicar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los Estatutos; III.- Facilitar la labor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya sea del Sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que le solicite, y IV.- Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuando les fuere solicitado." "ARTICULO 80. La directiva del sindicato será responsable ante éste y respecto de terceras personas en los mismos términos que lo son los mandatarios en el derecho común. "ARTICULO 81. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan civilmente a éstos, siempre que hayan obrado dentro de sus facultades." De los numerales transcritos, se advierte que el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones; de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales. Luego, el legitimado para combatir en el juicio de amparo el registro o toma de nota de la elección de una nueva directiva, lo es el propio sindicato a través de sus legítimos representantes y no sus integrantes en lo particular, máxime que aquél es el directamente afectado por tal registro. En efecto, la inscripción de la nueva directiva únicamente trasciende a los derechos colectivos, es decir, a los del sindicato, no así a los de los trabajadores en lo particular. Por ello, en caso de existir algún vicio de legalidad, el afectado sería el sindicato, al que la ley reconoce como persona moral; por ende, éste podría ejercer la acción de amparo por conducto de sus representantes legalmente reconocidos. Expuesto lo anterior, es evidente que el aquí quejoso al promover el presente juicio de manera individual, es decir, por propio derecho, carece de legitimación, porque reclama actos cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato, como lo es la integración y registro de planillas para la elección de la Directiva Seccional Sindical. Acto de la autoridad registral en materia laboral que no incide en los derechos individuales de los agremiados, sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical. Cabe agregar que resulta infactible que la representación del sindicato esté sujeta a la consideración que cada socio tuviera respecto de los actos y acuerdos de la directiva, pues ello sería contrario a la certeza jurídica que se pretende en cuanto a que los intereses colectivos se encuentren debidamente representados. De forma que, ni siquiera el estatuto sindical podría prever la representación genérica o universal del sindicato a favor de cualquiera de sus miembros o de todos los trabajadores, sino que dicha representación necesariamente debe recaer en una persona individualmente identificada o identificable en forma limitativa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 252/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 317, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165371, que a la letra dice lo siguiente: Así como la diversa Tesis: P. LIV/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Agosto de 1999, página 57, Novena Época, que instituye: Sin que lo anterior implique que los trabajadores en lo individual no puedan inconformarse respecto de las irregularidades que observen en el funcionamiento de la agrupación, por ejemplo, al momento de la elección de las personas que ocupan cargos directivos, pues para ello cuentan con los medios internos de vigilancia reconocidos por la agrupación que les permiten ejercer acciones entre ellos, ante las instancias ordinarias, para denunciar u oponerse a actos contrarios a los estatutos, y sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar. Tales instrumentos de la vida interna del gremio, empero, de ninguna manera confieren a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo en los términos ya referidos, pues el hecho de que les permitan oponerse a cualquier acuerdo contrario a los estatutos no significa que pueda oponerse a actos de autoridad, como corresponde al juicio de amparo. En consecuencia, si el promovente del amparo instó por su propio derecho, con la finalidad de impugnar un acto de autoridad que afecta al ente sindical, como lo es el indebido registro de planillas, resulta incuestionable que carece de legitimación. Además cabe precisar que todos los actos reclamados en la presente vía constitucional derivan del proceso de elección para la directiva seccional sindical de la sección 14 del SNTE, -lo cual como se dijo- la parte quejosa carece de legitimación, dado que ello, le corresponde directamente al sindicato mencionado. En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, téngase al promovente por señalado medios alternativos de comunicación. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese lo anterior al Actuario Judicial con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Sin que haya lugar a autorizar el acceso al expediente electrónico a *****, con nombre de usuario "****", en razón de que acuerdo a la segunda certificación secretarial de cuenta, se aprecia que no está registrado en el sistema correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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