Salvador Raúl Castrejon Ayala
Expediente 1102/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Raúl Castrejon Ayala
Actuaciones
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1102/2019, promovido por los integrantes del "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan": Gerardo Loreto Gómez; Salvador Raúl Castrejón Ayala; Rogelio Esqueda García; Luis Benjamín Mendoza Ballines; Demian Venegas Salgado; David Guillermo Pacheco Contreras; María Carmina Calderón Caballero; Janet Díaz Cisneros; Verónica Saucedo Toro; Francisco Cruz Dueñas; Belén Joanna Barriga Cervantes; María de Jesús Corona Soto; María Luisa Guillén Loera; América Patricia Guillén Loera; Gonzalo Villalobos Tapia; Rocío Magaña Echevarría; Martín Oswaldo Ortiz Urbina; J. Jesús Trejo Ceja; Osmani González Puga; Mario Julio Barajas Pantoja; Víctor Martín Magaña Castro; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, los integrantes del "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan", solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Convenio Número 87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, y los artículos 354, 356, 359, 364, 365 y 371 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de once de octubre de dos mil diecinueve la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 1102/2019, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Le y de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la determinación reclamada fue dictada por una autoridad que reside dentro del lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de acuerdo al criterio antes mencionado, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cinco, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lo siguiente: El auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente número 08/2019, mediante el cual la Junta responsable negó el registro al sindicato de la organización quejosa, por no exhibir los documentos a que hace referencia el artículo 365, de la Ley Federal del Trabajo. Tercera. Certeza de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió, relativas al expediente 08/2019. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." También es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el caso las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni ese juzgador, de oficio, las advierte, por lo que procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los promoventes del amparo hicieron valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo al análisis de los argumentos formulados por los quejosos, y para una mejor comprensión de lo aquí resuelto, es menester destacar los siguientes antecedentes que se desprenden del expediente de origen: Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, el "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan", presentó solicitud de registro sindical, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al que adjuntó la documentación requerida por el artículo 54 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el cual dispone: "Artículo 54. Los Sindicatos serán registrados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para cuyo efecto se remitirán a éste por duplicado los documentos que a continuación se especifican: I. Acta de la Asamblea Constitutiva firmada por el Comité Ejecutivo del Sindicato; II. Estatutos que regirán el funcionamiento del Sindicato, en los que se establezca entre otras disposiciones, el procedimiento de expulsión de sus agremiados. Dicho procedimiento se sujetará a las normas siguientes: a) Se convocará a una asamblea general para el sólo efecto de conocer de la expulsión y sus motivaciones; b) Deberá notificarse oportunamente de la celebración de la asamblea a que se refiere la fracción anterior, al acusado o acusados y se les dará oportunidad para defenderse y aportar las pruebas pertinentes; y, c) El acuerdo de expulsión se decretará cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del Sindicato respectivo; III. Lista de los miembros que lo integran, debiendo contener: nombre, estado civil, sexo, nacionalidad, domicilio, empleo que desempeña, salario que perciba y firma del trabajador. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime convenientes, los requisitos establecidos en el artículo anterior y la libre voluntad de los trabajadores para constituirse en sindicato." El Tribunal de Conciliación y Arbitraje registró el expediente bajo el número 3/2019 y, por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, declaró su incompetencia legal para conocer del fondo de la solicitud planteada, en virtud de que los trabajadores que pretenden coaligarse en sindicato laboran para un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que sus relaciones laborales se rigen por el Apartado A del artículo 123 Constitucional y por la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia, ordenó el envío de los autos a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. El once de julio de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Cinco, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del expediente 08/2019, rechazó la competencia planteada para conocer y resolver la solicitud de registro, por lo que ordenó remitir las constancias del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que resolviera el conflicto de competencia respectivo, ello con apoyo en la tesis del rubro "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUELLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS". Luego, mediante resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el conflicto competencial 16/2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, determinó que la competencia para conocer de la solicitud de registro del "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan", se surte a favor de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que en atención a lo anterior, dicha autoridad en proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el expediente de que se trata, para su conocimiento y resolución. Posteriormente, el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable proveyó sobre la solicitud de registro del sindicato quejoso, y tomando en consideración la documentación adjunta al escrito con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve [presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado], determinó negar el registro solicitado, bajo el argumento de que la organización solicitante no exhibió los documentos autorizados a que hace referencia el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación los impetrantes del amparo se duelen -esencialmente- de lo siguiente: Que la autoridad responsable viola sus derechos humanos de legalidad y certeza jurídica, porque no tomó en cuenta que si la solicitud de registro no cumple con el fundamento a que se refiere el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, lo es porque inicialmente fue presentada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y conforme a lo que establece el precepto 54 de la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, no de acuerdo a lo previsto en el diverso artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Que todos y cada uno de los documentos anexos a su solicitud, no se presentaron en copias simples ni cotejadas ni certificadas, sino en documentos originales, conforme lo establece el referido numeral 54, por lo que al presentarse documentos de contenido y firma original resulta innecesario que los quejosos con los cargos de Secretario General, Secretario de Organización y Secretario de Actas, autorizaran los documentos exhibidos, si todos los integrantes del sindicato firmaron de manera autógrafa y de conformidad las documentales exhibidas. Que la determinación impugnada no fue dictada conforme a derecho porque para el caso de considerar que algo faltaba para otorgar el registro solicitado no requirió a los quejosos a efecto de que exhibieran documentales en copias autorizadas en lugar de originales con todas las firmas autógrafas, como dispone el artículo 366, fracción III, tercer párrafo (sic) de la Ley Federal del Trabajo, transgrediendo sus derechos contemplados en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal. Dichos argumentos son esencialmente fundados y suficientes para conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los derechos humanos contenidos en el artículo 16 Constitucional, toda vez que está indebidamente fundado y motivado. El referido numeral en su parte conducente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." De dicho precepto constitucional se desprende que todo acto de autoridad, debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado; por fundamentación, se debe entender que el acto que origine la molestia de que habla el artículo 16 del Pacto Federal, debe expresar los preceptos legales específicos en que se apoye la determinación aportada; mientras que la motivación consiste en señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, esto es, la expresión en el acto mismo de molestia, del porqué la autoridad emisora consideró que el caso concreto no se ajusta a la hipótesis normativa. Lo anterior, es concordante con lo expuesto en la jurisprudencia 260, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 175 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, registro: 394216, del epígrafe y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, por lo que son distintos los efectos que genera la existencia de una u otra. Así, el artículo 16 de la ley fundamental establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: La falta de fundamentación y motivación, se da cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. La indebida fundamentación tiene lugar cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. La diferencia apuntada, permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos esenciales por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado. Por su parte, en el segundo caso, consiste en una violación material o de fondo, porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. En tal sentido, los efectos de la concesión del amparo, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, esto es, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. Respecto al caso en estudio, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 356, 357, 365 y 366 del capítulo relativo a Sindicatos, Federaciones y Confederaciones, dispone: "Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa." "Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado: I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; III. Copia autorizada de los estatutos; y IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente: I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356; II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364; y III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos anteriores, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la Autoridad Registral lo prevendrá dentro de los cinco días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un término de sesenta días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva." De los anteriores preceptos, se obtiene que la figura del Sindicato se define como la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; que los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituirlos, sin necesidad de autorización previa. Asimismo, los Sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto se encuentran obligados a presentar para su registro la siguiente documentación por duplicado: Copia autorizada del acta de asamblea constitutiva; Una lista con el número, nombres y domicilio de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; Copia autorizada de los estatutos; y Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la mesa directiva. Documentos que deberán ser autorizados por el secretario general, el de organización y el de actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. Asimismo, el registro de los sindicatos podrá negarse únicamente en los casos siguientes: 1. Si el Sindicato no tiene como finalidad el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus asociados; 2. Si no se constituyó cuando menos con tres patrones o con veinte trabajadores en servicio activo tratándose de Sindicatos obreros, considerando como tales a los operarios cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o se hubiere dado por terminada dentro del periodo comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del Sindicato y la que se otorgue a éste; y, 3. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Satisfechos los requisitos establecidos para el registro de los Sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Bajo ese contexto, se advierte que la legislación laboral consigna cuáles son los documentos que deben exhibir los Sindicatos para efectos de registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local; adicionalmente establece limitativamente los supuestos en que procede negar el registro de una agrupación sindical, entre ellos, porque al solicitar su registro no se exhiban los documentos requeridos para ello. Por tanto, es dable concluir que el registro sindical es procedente cuando se acrediten los requisitos de forma y fondo previstos en los artículos 356 y 365 de la Ley Federal del Trabajo, y que tal registro sólo puede negarse cuando se presenten las hipótesis previstas por el numeral 366 del propio ordenamiento, o cuando se omita satisfacer los elementos de fondo establecidos en el invocado precepto 356 de la codificación en comento. Ilustra lo anterior, la tesis III.1o.T.74 L, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1222 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, registro 183686, que dice: "SINDICATOS. DEBE PROCEDERSE AL REGISTRO SOLICITADO SI SE SATISFACEN LOS REQUISITOS LEGALES CORRESPONDIENTES. De las diversas disposiciones que integran la Ley Federal del Trabajo y que se relacionan con las agrupaciones gremiales de trabajadores, se desprende que la constitución de un sindicato tiene por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores que lo integran (artículo 356 de la ley de la materia); que el registro de un sindicato únicamente puede negarse porque no se proponga la finalidad prevista por el artículo 356 del propio código obrero; que no se constituya por veinte trabajadores en servicio activo por lo menos, y que no se exhiban los documentos a que se refiere el artículo 365 de la citada legislación. Satisfechos los requisitos anteriores ninguna de las autoridades correspondientes podrán negar el registro sindical solicitado; de donde deviene inconcuso que una vez colmados los requisitos legales que se traducen en los elementos de fondo y forma que para su constitución exige el ordenamiento jurídico en consulta, la agrupación solicitante debe registrarse." Así, las autoridades correspondientes sólo deben limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos señalados y a registrar el sindicato, si se acreditaron dichos supuestos, o en caso contrario, negar el registro correspondiente; esto pues el otorgamiento de un registro sindical, es registral, y la Junta de Conciliación y Arbitraje, únicamente actúa en su carácter administrativo cuya función consiste limitadamente en verificar que se cumplan los requisitos establecidos. Al respecto apoya la Jurisprudencia P./J. 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, registro 160992, del contenido siguiente: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000). Al resolver la contradicción de tesis 30/2000-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad laboral puede verificar si el procedimiento de elección o cambio de directiva se apegó a las reglas estatutarias del propio sindicato o, subsidiariamente, a las de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que tal facultad deriva de la interpretación de sus artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, estableciendo en forma destacada, por un lado, que la obligación de los sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios de dirigencia es para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si se cumplieron o no; y, por otro, que el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados. Ahora bien, en atención a las consideraciones esenciales de la resolución precisada, a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, al derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos." No obstante lo hasta aquí expuesto, la responsable al emitir el acto reclamado determinó: "[.] En cuanto al documento correspondiente al estatuto de la organización solicitante de registro, constante de 16 hojas tamaño oficio útiles por uno de sus lados, que contiene la normatividad bajo la cual se regirá la vida interna del sindicato solicitante de registro, se advierte que no contiene la autorización del Secretario General, del Secretario de Organización y de Actas como lo señala la fracción III y último párrafo del artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. II. Por lo antes indicado y toda vez que el sindicato solicitante del registro estaría incurriendo en omisiones de fondo, al no exhibir los documentos debidamente autorizados, que son necesarios para dar trámite a su petición, procede legalmente NEGAR EL REGISTRO del sindicato a la organización denominada SINDICATO DE EMPLEADOS Y MAESTROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN, por no exhibir los documentos a que hace referencia el artículo 365 de la ley de la materia, lo anterior de conformidad con el artículo 366, fracción III de la Ley Federal del Trabajo. [.]" De ahí que se estima que la responsable incumplió con la prerrogativa de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional; puesto que si bien, señaló que el sindicato quejoso no exhibió los documentos debidamente autorizados que son necesarios para dar trámite a su petición, tal argumento resulta carente de debida motivación. Lo anterior, en virtud de que los promoventes, -ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje donde presentaron su petición- exhibieron: I. Convocatoria de Asamblea de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve. II. Acta de asamblea constitutiva de trece de mayo de dos mil diecinueve, con firmas autógrafas de los integrantes del comité ejecutivo y los de la mesa de debates. III. Padrón de socios con firma autógrafa de los veintiún integrantes. IV. Lista de asistencia a la asamblea constitutiva de trece de mayo de dos mil diecinueve, con firmas autógrafas de los veintiún asistentes. V. Considerandos y Estatutos con firmas autógrafas en los márgenes de cada hoja. VI. Documentos de cada uno de los veintiún integrantes del sindicato quejoso, consistentes en copia simple de las identificaciones oficiales INE o IFE de cada uno de los trabajadores solicitantes; así como su respectivo comprobante de domicilio y recibo de pago de salario. Sin embargo, dicha documentación no fue analizada, pues la responsable se limitó a referir que el sindicato solicitante de registro incurrió en omisiones de fondo al no exhibir los documentos necesarios para dar trámite a su petición; sin que motivara lo sostenido, pues no valoró en forma legal dichas constancias a fin de corroborar si tienen valor y eficacia probatoria sobre el punto a resolver; lo que debió hacer para estar en aptitud de negar el registro sindical. Es decir, si bien el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los sindicatos para registrarse deben remitir por duplicado copia autorizada de los documentos que ahí se enumeran, lo cierto es que la autoridad responsable no tomó en cuenta que los quejosos no exhibieron sus documentos en copias, sino con firmas autógrafas, pues realizaron su solicitud de registro ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y en términos de lo que al efecto dispone el artículo 54 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, antes transcrito, el cual se considera necesario traer nuevamente a colación: "Artículo 54. Los Sindicatos serán registrados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para cuyo efecto se remitirán a éste por duplicado los documentos que a continuación se especifican: I. Acta de la Asamblea Constitutiva firmada por el Comité Ejecutivo del Sindicato; II. Estatutos que regirán el funcionamiento del Sindicato, en los que se establezca entre otras disposiciones, el procedimiento de expulsión de sus agremiados. Dicho procedimiento se sujetará a las normas siguientes: a) Se convocará a una asamblea general para el sólo efecto de conocer de la expulsión y sus motivaciones; b) Deberá notificarse oportunamente de la celebración de la asamblea a que se refiere la fracción anterior, al acusado o acusados y se les dará oportunidad para defenderse y aportar las pruebas pertinentes; y, c) El acuerdo de expulsión se decretará cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del Sindicato respectivo; III. Lista de los miembros que lo integran, debiendo contener: nombre, estado civil, sexo, nacionalidad, domicilio, empleo que desempeña, salario que perciba y firma del trabajador. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime convenientes, los requisitos establecidos en el artículo anterior y la libre voluntad de los trabajadores para constituirse en sindicato." De manera que, si con motivo de la incompetencia declinada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que le otorgó dicha competencia, correspondió a la Junta responsable resolver sobre la petición de registro de sindicato quejoso, al realizar el análisis de los documentos, la autoridad registral debió tomar en consideración las circunstancias especiales del caso, y exponer las razones de porqué los documentos exhibidos con las firmas autógrafas de los integrantes del sindicato no eran suficientes para otorgar el registro solicitado, así como el porqué era indispensable que dichos documentos fuesen exhibidos en copia y autorizados por el Secretario General, el Secretario de Organización y el de Actas. En ese sentido, si los peticionarios de amparo exhibieron los documentos a que refiere el numeral 365 de la Ley Federal del Trabajo, pero no en copia autorizada sino con firmas autógrafas, la responsable debió expresar las razones jurídicas por las que la documentación allegada resulta insuficiente. Es decir, la responsable está obligada a precisar el porqué las constancias agregadas a la solicitud de registro, que cuentan con las firmas autógrafas de cada uno de los integrantes del sindicato solicitante no satisfacen los requisitos a que alude el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, en caso de considerar que los documentos exhibidos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no cumplían con los requisitos legales, debió precisar si a fin de salvaguardar el derecho de asociación, procedía prevenir al sindicato quejoso para que dentro de los cinco días siguientes subsanara su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo, como lo dispone el multicitado arábigo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que no hizo en el caso en estudio y por tanto quebrantó en perjuicio de los peticionarios de amparo el derecho humano establecido en el artículo 16 Constitucional, pues el acto reclamado carece de la debida motivación. Así, al estar demostrada la violación aducida, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Justicia Federal solicitados. Sexta. Efectos de la sentencia de amparo. El artículo 77, fracción II, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, lo que aquí sucede respecto del acto tildado de inconstitucional y por el que se concede la protección federal, el efecto será obligar a la responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En este caso, el Amparo y Protección de la Justicia deberá restituir a los impetrantes en su derecho fundamental, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje sin efectos el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de registro sindical 08/2019, promovido por el "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan"; En su lugar dicte otro siguiendo los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, y notifique al sindicato quejoso tal determinación. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege al "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan", contra la autoridad y acto reclamado que quedaron precisados en la consideración segunda, por los motivos expuestos en la diversa quinta de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales públicas que anexa a su oficio de cuenta. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y con las referidas documentales fórmese un tomo de pruebas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, precedente, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por: Gerardo Loreto Gómez; Salvador Raúl Castrejón Ayala; Rogelio Esqueda García; Luis Benjamín Mendoza Ballines; Demian Venegas Salgado; David Guillermo Pacheco Contreras; María Carmina Calderón Caballero; Janet Díaz Cisneros; Verónica Saucedo Toro; Francisco Cruz Dueñas; Belén Joanna Barriga Cervantes; María de Jesús Corona Soto; María Luisa Guillén Loera; América Patricia Guillén Loera; Gonzalo Villalobos Tapia; Rocío Magaña Echevarría; Martín Oswaldo Ortiz Urbina; J. Jesús Trejo Ceja; Osmani González Puga; Mario Julio Barajas Pantoja; y, Víctor Martín Magaña Castro. | En cuanto integrantes del "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan", contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1102/2019. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir de la manera siguiente: a) En caso de que los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación, de conformidad con el derecho de pronta y expedita administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional, así como por principio de economía procesal, cuyo objetivo es tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, rindan su informe dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación respectivo; o bien, b) Si son ciertos los actos reclamados, rinda su informe dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el inciso a) que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realicen enseguida mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remitan se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realicen las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrán devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa individual por siete mil trescientos cuatro pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibida que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitidas y desahogadas las documentales que anexa la parte quejosa a su escrito de demanda, las que se ordenan relacionar al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a la persona que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que les fueron conferidas expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, precedente, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por: Gerardo Loreto Gómez; Salvador Raúl Castrejón Ayala; Rogelio Esqueda García; Luis Benjamín Mendoza Ballines; Demian Venegas Salgado; David Guillermo Pacheco Contreras; María Carmina Calderón Caballero; Janet Díaz Cisneros; Verónica Saucedo Toro; Francisco Cruz Dueñas; Belén Joanna Barriga Cervantes; María de Jesús Corona Soto; María Luisa Guillén Loera; América Patricia Guillén Loera; Gonzalo Villalobos Tapia; Rocío Magaña Echevarría; Martín Oswaldo Ortiz Urbina; J. Jesús Trejo Ceja; Osmani González Puga; Mario Julio Barajas Pantoja; y, Víctor Martín Magaña Castro. | En cuanto integrantes del "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan", contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1102/2019. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir de la manera siguiente: a) En caso de que los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación, de conformidad con el derecho de pronta y expedita administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional, así como por principio de economía procesal, cuyo objetivo es tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, rindan su informe dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación respectivo; o bien, b) Si son ciertos los actos reclamados, rinda su informe dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el inciso a) que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realicen enseguida mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remitan se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realicen las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrán devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa individual por siete mil trescientos cuatro pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibida que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitidas y desahogadas las documentales que anexa la parte quejosa a su escrito de demanda, las que se ordenan relacionar al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a la persona que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que les fueron conferidas expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, precedente, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por: Gerardo Loreto Gómez; Salvador Raúl Castrejón Ayala; Rogelio Esqueda García; Luis Benjamín Mendoza Ballines; Demian Venegas Salgado; David Guillermo Pacheco Contreras; María Carmina Calderón Caballero; Janet Díaz Cisneros; Verónica Saucedo Toro; Francisco Cruz Dueñas; Belén Joanna Barriga Cervantes; María de Jesús Corona Soto; María Luisa Guillén Loera; América Patricia Guillén Loera; Gonzalo Villalobos Tapia; Rocío Magaña Echevarría; Martín Oswaldo Ortiz Urbina; J. Jesús Trejo Ceja; Osmani González Puga; Mario Julio Barajas Pantoja; y, Víctor Martín Magaña Castro. | En cuanto integrantes del "Sindicato de Empleados y Maestros del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan", contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1102/2019. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir de la manera siguiente: a) En caso de que los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación, de conformidad con el derecho de pronta y expedita administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional, así como por principio de economía procesal, cuyo objetivo es tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, rindan su informe dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación respectivo; o bien, b) Si son ciertos los actos reclamados, rinda su informe dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el inciso a) que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realicen enseguida mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remitan se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realicen las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrán devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa individual por siete mil trescientos cuatro pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibida que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitidas y desahogadas las documentales que anexa la parte quejosa a su escrito de demanda, las que se ordenan relacionar al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a la persona que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que les fueron conferidas expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.El once de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1102/2019, con una promoción registrada con el número 17482. Conste.Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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