Salvador Rangel Palacios

Expediente 806/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
806/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
21/05/2019

Partes del expediente

  • Salvador Rangel Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Luego, toda vez que el quejoso exhibió diversos documentos originales con el escrito recibido el treinta de octubre del año en curso (foja 42), se dejan a su disposición por el plazo de noventa días contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, previa copia certificada que se deje en autos, en el entendido que de no recogerlos en la temporalidad indicada, se procederá a destruirlos con el expediente, tal como lo establece el punto veinte, párrafo segundo, del acuerdo general en cita. Por último, dado que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por el juez responsable, en apoyo a su informe de ley, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 806/2018, promovido por Salvador Rangel Palacios, contra un acto de Francisco Salazar Silva, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Seis; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diez de septiembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. II. El demandante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El once de septiembre siguiente se registró la demanda con el orden 806/2018, y se previno al amparista a efecto que precisara, por una parte, la denominación de la autoridad responsable, y por otra, el acto reclamado. IV. Desahogada dicha prevención, por auto de diecinueve de dicho mes se admitió la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. V. Mediante proveído de veintiséis del referido mes, se ordenó correr traslado a la representación social que intervino en el procedimiento de origen, pues le recaía calidad de tercero interesada. VI. Llegada la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto impugnado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado de Francisco Salazar Silva, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Seis, es la omisión de dar trámite a la impugnación hecha valer contra la resolución emitida en audiencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial 006/0804/2018. En el entendido que la precisión del acto se determina de lo expuesto en el escrito aclaratorio -al ser incongruente la demanda-, en vinculación con las constancias del expediente origen, en tanto el justiciable indicó en dicho impreso que con motivo de la impugnación contra la negativa de la autoridad investigadora, se llevó a cabo audiencia ante el juez de Control correspondiente, en la que ". RESOLVIÓ QUE NO ERA EL LUGAR NI EL MEDIO, NI LA FORMA PARA TRATAR MI ASUNTO, DIO LECTURA A DOS JURISPRUDENCIAS, Y ACTO SEGUIDO IMPUGNÉ LAS DETERMINACIONES DE ESA SUPUESTA AUDIENCIA, POR TAL MOTIVO AFIRMÉ QUE NO SE LE DIO TRÁMITE A MI IMPUGNACIÓN"; de ahí que resultan infundadas las manifestaciones que expuso durante la tramitación de este controvertido en el sentido que se habían alterado los hechos de la demanda, pues para establecer la litis constitucional en la forma apuntada, este órgano de control constitucional ponderó las manifestaciones citadas, dada la destacada incongruencia de la demanda. Lo anterior en forma alguna significa modificar la cuestión efectivamente planteada, pues al dictar sentencia corresponde al juzgado de amparo apreciar lo que quiso decir el quejoso en la demanda y no únicamente lo que en apariencia dijo, a fin de resolver sobre el proceder de la autoridad que se estima transgrede los derechos fundamentales involucrados. TERCERO. No es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, sin que exista medio de convicción en contrario. Para sustentar tal aserto, es imprescindible destacar de manera breve los antecedentes acontecidos en el procedimiento del que el quejoso hizo derivar el acto reclamado, los cuales se obtienen tanto de la documental impresa como del disco compacto relacionado, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, mediante escrito y anexos presentados el quince de agosto del año en curso en la Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, el quejoso impugnó "la determinación ministerial que niega proveer lo relativo al aseguramiento, inventario o resguardo respecto del vehículo de la Marca Dodge-Durango placas 554UCR". Luego, por acuerdo de dieciséis de dicho mes la juez de Trámite adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Seis, en atención a su petición, ordenó se establecieran fecha y hora para la audiencia correspondiente -la cual fue fijada para el treinta del mes en cita a las once horas-, así como notificar a las partes relacionadas. Llegada la data establecida, y con la presencia del juez responsable, se procedió a la apertura de la audiencia con la identificación de los sujetos intervinientes, prescindiendo del asesor jurídico del quejoso, quien tiene calidad de víctima en el procedimiento de origen, en tanto indicó ser licenciado en derecho y tener pleno conocimiento de la actuación en que intervenía; se cuestionó a este último sobre el motivo de su impugnación y, al efecto narró diversos antecedentes de la carpeta de investigación relativos a los daños que dice sufrió su vehículo marca Dodge Durango 2006, placas 554USR. De esta forma, previo requerimiento del juez de que se trata para que el justiciable indicara concretamente qué era lo que impugnaba, precisó que consistía en la negativa de la agente del Ministerio Público del conocimiento para registrar como acto de investigación, se apegara a los dispositivos en que se establece la cadena de custodia, al resguardo de indicios u objetos relacionados con el delito, en el caso relacionado con el vehículo o resguardo del mismo y, solicitó se ordenara la restitución del vehículo, se proporcionara el embalaje, se localizara y se identificaran los daños que tiene. Con base en ello, y sin necesidad de someter a controversia la cuestión planteada, el juez responsable determinó improcedente la impugnación, en tanto indicó, sustancialmente, que no se estaba en alguno de los supuestos previstos en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese mismo acto, el quejoso manifestó que era su deseo recurrir dicha determinación, de ahí que la autoridad responsable, al margen de lo adecuado o no de su ponderación, indicó que en todo caso el medio de impugnación procedente era el de revocación, sin embargo, en tanto el justiciable no había expresado agravios, debía estarse a lo resuelto en la audiencia. Bajo la anterior reseña, es válido concluir que la omisión de la que se duele el justiciable no existe, pues se insiste, al margen de la decisión en torno al recurso hecho valer contra la determinación que declaró improcedente la impugnación de origen, el juez responsable se pronunció respecto de ello en la misma audiencia. En tal virtud, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Rangel Palacios, contra la omisión de dar trámite a la impugnación hecha valer contra la resolución emitida en audiencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial 006/0804/2018, que atribuyó a Francisco Salazar Silva, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Seis.

  4. Principal

    Ciudad de México, a treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, y anexos correspondientes; en atención a su contenido, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en este juicio las documentales mencionadas, que se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Luego, en relación con la solicitud para que se requiera a las autoridades que indica a efecto que remitan a este juzgado copia de las constancias precisadas, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, por dos razones. La primera, porque no cumplió con los presupuestos del dispositivo 121 de la ley de la materia, ya que si bien acreditó haber efectuado la petición relativa a las autoridades que refiere y estas al parecer han sido omisas en expedir la copia de que se trata, lo cierto es que la solicitud planteada a este órgano de control constitucional no la efectuó cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional -treinta y uno de octubre del año en curso-, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. La segunda, en virtud que las constancias enviadas por la responsable acorde con el diverso 117 de la ley de la materia, son suficientes para resolver este asunto.

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