Salvador Ramírez Gándara

Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
355/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Salvador Ramírez Gándara
  • Congreso del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se negó la suspensión, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "Numeral Vigésimo", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 355/2021-II, promovido por Salvador Ramírez Gándara, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el seis de mayo de dos mil veintiuno y al día siguiente ante éste Juzgado de Distrito, Salvador Ramírez Gándara, presentó demanda de amparo contra actos que reclamó al Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Encargado del Periódico Oficial del Estado, con sede en Chihuahua, Capital, consistentes en: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: A) DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, le reclamo a saber: En términos del artículo 107 fracción I, incisos d) y g) de la Ley de Amparo, se reclama el artículo primero del Decreto No. LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, específicamente en la Disposición Transitoria contenidas en el primero y segundo párrafo del ARTÍCULO QUINTO, así como los artículos 30, 37, 83, 91, 120 y 98 en sus fracciones IV, IX, X, XV y XXIX así como los mandatos contenidos y repercusiones que se derivan de dichas disposiciones . B) DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, le reclamo a saber: La promulgación, expedición, ejecución y publicación en el Periódico Oficial del Estado del sábado 21 de marzo de 2020, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación del Decreto por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, específicamente en la Disposición Transitoria contenidas en el primero y segundo párrafo del ARTÍCULO QUINTO, así como los artículos 30, 37, 83, 91, 120 y 98 en sus fracciones IV, IX, X, XV Y XXIX así como los mandatos contenidos y repercusiones que se derivan de dichas disposiciones. C) DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, le reclamo a saber: El refrendo y publicación del DECRETO No. LXVI/EXLEY/078/2020 II P.O. a que nos referimos en los incisos inmediatos anteriores. D) DEL C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, le reclamo a saber: La publicación del DECRETO No, LXVI/EXLEY/078/2020 II P.O. a que nos referimos en incisos anteriores. E) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS, les reclamo a saber: La aplicación, ejecución y todas y cada una de las consecuencias jurídicas o de hecho originados por su entrada en vigor de los preceptos que por esta vía se impugnan." (sic) SEGUNDO. Por auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 355/2021-II; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados en este juicio atañen a la vía indirecta, al reclamarse una norma general, cuya ejecución podría tener en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante a las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, publicación, refrendo, expedición, promulgación y ejecución del Decreto número LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. en el cual se contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicado el veintiuno de marzo del año dos mil veinte; su artículo Quinto Transitorio y los artículos 30, 37, 83, 91, 120 y 98, fracciones IV, IX, X, XI y XXIX, así como los mandatos contenidos y repercusiones que se derivan de dichas disposiciones. De las autoridades señaladas como ejecutoras, la aplicación, ejecución y todas y cada una de las consecuencias jurídicas o de hecho originadas por su entrada en vigor de los preceptos que por esta vía se impugnan. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Responsable del Periódico Oficial del Estado, con sede en Chihuahua, capital, toda vez que al rendir sus informes justificados reconocieron la existencia de los mismos. Lo cual, desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, cabe puntualizar que la certeza de los actos reclamados a las autoridades responsables es implícita a los actos que dentro de sus ámbitos de competencia se les imputan, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, pues basta que sea publicada en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable sobre el particular, la Jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 260, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Luego, si en este juicio no se advierte probanza alguna que desvirtúe o contradiga la certeza de los actos de que se trata, esto basta para tenerlos por ciertos. Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como la reclamada en este juicio, justamente, no sólo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, en virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo cual no se está en condiciones de desconocerlas. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, intitulada: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que, al ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al respecto, cabe destacar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la persona moral quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, al exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, las autoridades responsables, Gobernador del Estado de Chihuahua y Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua por sí y en su carácter de responsable del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, señalan que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Resulta fundada la causal de improcedencia descrita, por lo que se refiere a los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Encargado del Periódico Oficial, del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad capital, consistentes en el refrendo, la publicación y promulgación del Decreto impugnado, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, debido a que la parte solicitante del amparo omitió combatir esos actos por vicios propios, en su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (...)." Los preceptos transcritos ponen de manifiesto que, en la demanda de amparo indirecto, cuando se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, pero tratándose de las autoridades que hubiesen intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, sólo las podrá señalar con el carácter de autoridades responsables, si impugna tales actos por vicios propios. En ese contexto, respecto de los actos que se atribuyen al Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Encargado del Periódico Oficial, del Estado de Chihuahua, relativo al refrendo, promulgación y publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O, que contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, se actualiza la causal de improcedencia descrita, porque de los conceptos de violación hechos valer no se advierte que tales actos se impugnen por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por tal razón, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos reclamados a las citadas responsables, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis XXVII.3o.86 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, correspondiente al mes de agosto de dos mil quince, página 2128, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." De igual forma, tiene aplicación al acaso la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, Séptima Época, página 224, que dice: "PROMULGACION Y PUBLICACION DE LAS LEYES. La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, sin que sea obstáculo para llegar a esta conclusión, el que en la doctrina, también jurídica, exista una corriente de opinión que pretenda encontrar diferencias entre la promulgación y la publicación de las leyes, pues tales diferencias son meramente teóricas, al resultar que la Ley Fundamental emplea las dos palabras con el mismo significado, según se desprende de la consulta, entre otros, de los artículos 70, 72 inciso a), y 89, fracción I, de la propia Constitución". Por otro lado, el Congreso del Estado de Chihuahua, señala que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que considera que la norma reclamada no afecta su interés jurídico, en atención a que no anexa como medio de prueba algún comprobante para demostrar que es el concesionario del servicio público de transporte, con lo cual no acredita su interés jurídico. Asimismo, el suscrito juez, considera que el quejoso carece de interés jurídico para tramitar la presente instancia constitucional, puesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no acreditó su interés jurídico para impugnar el Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O, que contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. Ahora bien, el referido precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, pues dicho precepto dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De la fracción transcrita, se aprecia que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto impugnado. Dicho precepto, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, contrario a lo que argumenta la parte quejosa se advierte que no demostró su interés jurídico. En el particular, el decreto combatido tiene el carácter de autoaplicativo por lo que obliga a los gobernados que se ubiquen en los supuestos normativos que prevé desde el momento en que inicia su vigencia. Lo anterior cobra relevancia, si se toma en consideración que la parte agraviada se dedica a la prestación del servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros. En tal sentido, se advierte que esa calidad no fue demostrada con alguna documental que haya exhibido el quejoso a su demanda de amparo, ni ofertado en la substanciación del juicio de amparo en estudio, por tanto, es que en la especie, carece de interés jurídico para tramitar el presente controvertido. Lo anterior es así, pues si bien en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, señaló que era concesionario del servicio público de transporte colectivo urbano en esta ciudad, actividad que desempeña actualmente en virtud del acuerdo número SGG.DT.DTPJ.103.0016/2016, SGG.DT.DTPJ.103.183/2012 y SGG.DT.DTPJ.103.0034/2019 de fechas 12 de enero de 2016, 12 de diciembre de 2012 y 12 de junio de 2019, respectivamente, a través de los cuales, le fueron autorizadas las revalidaciones de la concesión 3612006794, 3612006794 y 3612006953 para prestar el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros, estableciendo su vigencia al dieciocho de abril de dos mil veintisiete. Sin embargo, de la revisión efectuada a las constancias de autos, no se advierte que haya exhibido la documental consistente en la revalidación de las concesiones 3612006794, 3612006794 y 3612006953, para prestar el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros con una vigencia hasta el dieciocho de abril de dos mil veintisiete, por tanto, ante la falta de la constancia que acredite que se adecua a la norma reclamada, es que carece de interés jurídico para reclamar la norma que tilda de inconstitucional. En tal virtud, resulta incuestionable que no le asiste interés jurídico a la parte quejosa para reclamar en sede constitucional la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua contenida en el Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. Es aplicable a lo anterior, en sentido contrario, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia XX.2o. J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1635, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materias administrativa, registro digital 177594, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO, DEBE EXHIBIRSE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y NO OTRO DOCUMENTO. De la recta interpretación del artículo 26 de la Ley de Transportes para el Estado de Chiapas y 18 de su reglamento, se advierte que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, de alquiler o taxi, se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello; de donde se sigue que cuando el peticionario de amparo, con motivo de la detención de su vehículo con el que presta el servicio de transporte de pasajeros en alguna de las modalidades a que se refieren las fracciones I, II y III del citado precepto 26 de la Ley de Transportes, no exhibe la concesión que exige el citado precepto legal, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de garantías, ya que cualquier otro documento carece de idoneidad para demostrar la titularidad del derecho cuestionado." De igual forma orienta a lo expuesto la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 206258, consultable en la página 252, que es del rubro y texto, siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO PUEDE ESTIMARSE ACREDITADO CON LA SIMPLE ADMISION DE LA DEMANDA. La circunstancia de que el juez federal haya admitido la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, por haber apreciado que reunía los requisitos del artículo 116 del propio ordenamiento, no es obstáculo para que, una vez agotadas las fases del procedimiento constitucional, al emitirse el fallo correspondiente, pudiera considerarse que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, del citado cuerpo legal, toda vez que las causas de improcedencia entre ellas la falta de interés jurídico deben examinarse previamente al estudio de la inconstitucionalidad planteada. Además, el desechamiento de la demanda de garantías sólo es procedente cuando, al ser presentada, se advierta una causa de improcedencia indudable y notoria, y si en el caso se dio dicha hipótesis, la parte quejosa, durante la tramitación del juicio de garantías y aun en la audiencia constitucional, estuvo en aptitud de aportar pruebas idóneas para demostrar su interés jurídico y al no hacerlo, dio lugar a que sobreseyera en el juicio respectivo". En el mismo sentido, orienta por similitud de razón, la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 207946, consultable en la página 239, que es del tenor literal siguiente: "INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA LEYES. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA DE DEMOSTRAR ESTAR SUJETO A LA NORMA. Cuando se impugna en amparo una ley fiscal, y el quejoso, para demostrar que se halla en la hipótesis de aplicación, se limita a exhibir la copia de una declaración tributaria, de cuyo examen aparece que no sólo el resultado final señala cero, sino que también están en cero todos y cada uno de los rubros de la mencionada manifestación, debe sobreseerse en el juicio por falta de interés, ya que la declaración en ceros demuestra que no es causante y que tampoco existe acto de aplicación. Bajo esa perspectiva, se afirma que la parte quejosa no acreditó el interés necesario para promover el presente juicio de amparo respecto de la norma tildada de inconstitucional y por ende deviene fundada la causal de improcedencia antes invocada. Por tanto, ante la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es que resulta procedente sobreseer el presente controvertido de conformidad con la fracción V, del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que nos ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, y 76 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Salvador Ramírez Gándara, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de septiembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.

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