Salvador Pulido Pimentel

Expediente 516/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
516/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Salvador Pulido Pimentel

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio de once de mayo de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 4. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a los quejosos que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.SSCH/jnvr

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por los quejosos Salvador Pulido Pimentel y María del Socorro Fuentes Cruz, por medio del cual, cumplen con la prevención formulada mediante proveído de dos de mayo del año en curso. 2. Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo, como el escrito aclaratorio de la misma, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano la demanda de amparo. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 2.1. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De lo referido por los quejosos en su escrito inicial de demanda y aclaratorio de la misma, se advierten las siguientes circunstancias: En data veintiuno de mayo de dos mil dieciocho el entonces Auditor Superior de Michoacán en conjunto con el auditor especial de normatividad y control de calidad y la encargada de capacitación, queja y apoyo a entidades de la Auditoría Superior de Michoacán, originaron procedimiento administrativo de responsabilidades de donde derivó la falta administrativa de inobservancia de la Ley Orgánica Municipal de sus funciones. Por lo anterior, dio origen a la queja interpuesta por María de la Luz Alvarado Cendejas, quien a través de la Dirección de responsabilidades narró determinados hechos; y, por ende, citaron a los aquí quejosos a efecto de que comparecieran. Luego, los impetrantes comparecieron ante la autoridad responsable y exhibieron identificaciones oficiales, quedando asentado en autos el domicilio en el cual residen, ya que no radican en esta ciudad; y, sin que les hayan requerido a efecto de que señalaran domicilio en el lugar de residencia de la autoridad responsable. Posteriormente, en data diez de abril del año en curso, los peticionarios de amparo tuvieron conocimiento tanto de la resolución administrativa de tres de agosto de dos mil veintiuno, así como del oficio ASM/UGAJ/PAE-03/2023. Cabe señalar que los promoventes indicaron que la resolución administrativa reclamada no fue notificada de manera personal, sino en los estrados de la autoridad responsable. En ese contexto los impetrantes Salvador Pulido Pimentel y María del Socorro Fuentes Cruz, acuden en esta instancia constitucional a reclamar: a) La resolución administrativa de tres de agosto de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades Q-UGA-J-001/2018, instaurado por el Auditor Superior de Michoacán, en contra de los aquí quejosos en cuanto Presidentes del DIF del Ayuntamiento de Churintzio, Michoacán durante la administración 2015-2018 iniciado con motivo de la queja administrativa, en donde se determinó la existencia de un crédito fiscal de $13,290.00 a cargo de cada impetrante, cuya resolución se debe a una falta no grave. b) Oficio ASM/UGAJ/PAE-03/2023, de diecisiete de febrero del año en curso, en el que se les hace el requerimiento de pago respecto al crédito fiscal. c) La notificación de la resolución reclamada, pues refieren los quejosos fue realizada mediante estrados de la autoridad responsable y no de forma personal en los domicilios que residen fuera de esta ciudad. Ahora bien, de lo relatado en párrafos que anteceden se obtiene que los accionantes del libelo constitucional, son parte formal del procedimiento administrativo de origen; y, que éstos comparecieron ante la autoridad responsable, por lo que se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respeto de todos los actos reclamados, porque en relación a los identificados con los incisos a) y b) debieron promover el recurso de revocación; y, contra el diverso acto identificado con el inciso c) debieron promover el incidente de nulidad de notificación, ya que dichos recursos son los medios ordinarios que contemplan los artículos 201 y 210 de la Ley de Responsabilidad Administrativa para los Estados de Michoacán, lo que a continuación se explica: 3. Estudio de la improcedencia actualizada. En mérito de lo precisado en el párrafo que antecede, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Salvador Pulido Pimentel y María del Socorro Fuentes Cruz, contra actos de la Auditoría Superior de Michoacán, con sede en esta ciudad. En el particular asunto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, respecto de los actos identificados con los incisos a), b) y c). Lo anterior, porque en relación a los actos reclamados identificados con los incisos a) y b) la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 210 de la Ley de Responsabilidad Administrativa para los Estados de Michoacán, esto es el recurso de revocación, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. Por otra parte, respecto al acto identificado con el inciso c) los peticionarios de amparo debieron interponer el incidente de nulidad de notificaciones, pues el artículo 201 la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, establece que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno de sus requisitos esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte que hubiere dado lugar a ella. Sin soslayarse que el artículo 193, fracción VI del ordenamiento invocado, estipula que será notificado personalmente la resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ahora bien del mencionado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados; por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el caso, los quejosos controvierten: La resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio administrativo Q-UGA-J-001/2018, así como el oficio ASM/UGAJ/PAE-03/2023, de diecisiete de febrero del año en curso, en el que se le hace el requerimiento de pago respecto al crédito fiscal; los cuales son recurrible a través del recurso de revocación, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, de conformidad con el siguiente artículo de la Ley de Responsabilidad Administrativa: "Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas Administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por la Autoridad Resolutora, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo". Respecto a la notificación de la resolución administrativa en comento, los peticionarios de amparo debieron interponer el incidente de nulidad de notificaciones, pues el artículo 201 la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, dispone lo siguiente: "Artículo 201. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno de sus requisitos esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte que hubiere dado lugar a ella". Máxime, que los quejosos refirieron que la notificación de la resolución reclamada fue indebidamente notificada por medio de estrados y no en forma personal, ya que pese a haber comparecido ante la autoridad responsable, ésta no les requirió que señalaran domicilio en esta ciudad, pero que se habían presentado con sus identificaciones oficiales en los que consta sus domicilios, los cuales no son en esta ciudad, sin soslayar que el artículo 193, fracción VI del ordenamiento citado, estipula que será notificado personalmente la resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad administrativa. De ahí que, de la interpretación de los numerales de previa mención, se advierte que las resoluciones administrativas que se dicten por faltas administrativas no graves, son revocables; y, que las notificaciones realizadas en procedimientos de responsabilidad administrativa son impugnables a través del incidente de nulidad de notificaciones. En esas condiciones -se insiste- es incuestionable que los promoventes de amparo se encontraban obligados a impugnar mediante recursos ordinarios los actos reclamados, a través de los medios de defensa que contemplan la Ley de Responsabilidad Administrativa en el Estado de Michoacán; por lo que, al no haberlo hecho así, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Bajo ese contexto, si los actos reclamados debieron ser impugnados en atención al principio de definitividad, emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificados los actos reclamados, los peticionarios debieron interponer los medios de defensa de que se tratan en los términos que prevé el ordenamiento que rige los actos reclamados; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que no han respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. 3.1. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.SSCH/Aeol/vmv

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Salvador Pulido Pimentel y María del Socorro Fuentes Cruz, por su propio derecho, contra actos de la Auditoría Superior de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 516/2023. 2. Representante común. Por otra parte, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, y toda vez que los promoventes fueron omisos en nombrar representante común, se tiene como tal a Salvador Pulido Pimentel. 3. Prevención de la demanda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 108 fracción IV y 114, fracción I, relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el término de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído, realice lo siguiente: PRIMERO. Precisen si la resolución administrativa de tres de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo Q-UGA-J-001/2018 se emitió por una falta administrativa no grave o grave, toda vez que del contenido integral de la demanda de amparo los promoventes fueron omisos en precisar el tipo de falta administrativa que dio origen a dicha resolución, pues dicha información es necesaria a fin de verificar si es procedente o no el recurso ordinario que contempla la ley que rige el acto reclamado. SEGUNDO. Aclare si también señala como acto reclamado la notificación de la resolución antes citada; y, de ser el caso señale a qué autoridad le atribuye tal acto; debido a que, en el apartado del acto reclamado no señalan la notificación de la resolución reclamada; sin embargo, de los antecedentes se advierte que los impetrantes se duelen de la notificación realizada en los estrados de la autoridad responsable. TERCERO. Toda vez que reclaman el oficio ********************, sin que se advierta del libelo constitucional el contenido de dicho comunicado, se requiere a la parte promovente señale el contenido del oficio en cita, de ser el caso, exhiba copia certificada del mismo. Lo anterior, porque los peticionarios de amparo fueron omisos en indicar cuál es el contenido del comunicado reclamado; y, por ende, este órgano jurisdiccional desconoce la materia de lo que se reclama a través del oficio de referencia, pues se debe tener certeza de la materia del mismo, a efecto de verificar si puede o no ser impugnado a través del presente juicio de amparo. Circunstancias que resultan ineludibles para estar en condiciones de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo y fijar la litis constitucional. 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con la prevención en el plazo concedido para hacerlo y de no acompañar copias suficientes de su escrito aclaratorio y documentos respectivos para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la parte quejosa, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 1a. /J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 5. Domicilio y autorizada. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a la persona que nombra, en el entendido de que ******************** gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 6. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.

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