Salvador Ponce Bucio

Expediente 1343/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1343/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Salvador Ponce Bucio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. CUENTA CON LIBELO CONSTITUCIONAL. Vista la demanda de amparo promovida por -por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número IV-1343/2019-1. ANALISIS Y PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se aprecia claramente que los actos reclamados se hacen consistir en: ".4 ACTO RECLAMADO. Lo es el acuerdo de fecha 12 doce de noviembre del presente año, emitido por la autoridad señalada como responsable; a través del cual DESECHA el Recurso de Revisión contra Actos de Ejecución promovido por el suscrito a través de mis representantes legales". En el caso, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto, se considera actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo transcrito, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución de laudo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente laboral; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución de laudo y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución de laudo. La jurisprudencia que por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, del rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de laudo, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. En seguimiento de la idea de que la parte quejosa puede acudir al juicio de amparo y combatir el acto de que se duele, resulta conveniente recordar que en esencia el acto reclamado consiste en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, practicada por el actuario adscrito a dicho tribunal, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, ello en cumplimiento a la ejecución de laudo emitido en el juicio burocrático número -, mediante la cual se embargó un inmueble, omitiéndose hacer pronunciamiento respecto de las cuentas bancarias. Por tanto, se concluye que con respecto al auto de doce de noviembre dictado en la ejecución de laudo y que ahora se reclama el cual es, referente a la diligencia de requerimiento de pago y embargo de las cuentas bancarias a que alude, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución del laudo. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de laudo sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. Lo anterior es así dado que como lo señala el quejoso en su demanda, el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de laudo, pues en el capítulo de antecedentes manifiesta que el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se despachó la ejecución del mismo, de forma que no hay pronunciamiento de la autoridad responsable que apruebe o reconozca el cumplimiento de aquél, declare su imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, u ordene el archivo definitivo del expediente. En este orden de ideas, analizando los diversos supuestos que de manera excepcional hacen procedente el amparo, conforme a los lineamientos destacados, en la especie, se obtiene que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que el acto en reclamo, deriva de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, practicada por el actuario adscrito a dicho tribunal, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en acatamiento a la ejecución de laudo, emitido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. De esta forma, aunque la referida diligencia trae consigo un acto de imposible reparación, ello se viene acarreando desde el dictado del laudo, por lo que su impugnación en esta etapa no alcanza para modificar la eficacia de la cosa juzgada. Se insiste, en el caso no se actualizan las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo porque lo que la parte quejosa pretende ya es cosa juzgada, debido a que constituye un tópico que ya fue tratado en aquel laudo. Por consiguiente, con la emisión del acto reclamado es inconcuso que no se afecta derecho sustantivo ajeno a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución del laudo, lo que constituye un requisito sine qua non para la procedencia extraordinaria o de excepción del juicio de amparo indirecto respecto de actos en la etapa de ejecución. Luego, debe puntualizarse que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando con su promoción se busque impedir el cumplimiento de lo decido en una sentencia firme, de modo que, en todo caso el juicio de amparo debe promoverse contra la última resolución dictada en la etapa de ejecución de ese laudo, estos es, aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, hipótesis que no se actualiza en el caso. De ahí que, la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución del laudo, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu; por tanto, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ***, contra los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, por los motivos que precisados quedaron en líneas que anteceden. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia publicada en la Décima Época, número de registro 2020323, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 3542 del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda". Así mismo, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. TRANSPARENCIA. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizadas para ese efecto a las personas que refiere, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.

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