Salvador Plaza Alvarez
Expediente 973/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 41 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 15/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Salvador Plaza Alvarez
- Gerente General de la Caja de Prevision de la Policía Preventiva de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, por medio del cual, en atención al proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, indica que se adhiere al dictamen que en su momento rinda el perito oficial y adiciona el cuestionario formulado por este juzgado para el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad; tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que el artículo 119, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, establece que cuando las partes ofrezcan la prueba pericial deben exhibir copias para cada una de las partes del cuestionario para los peritos, y toda vez que al escrito de cuenta no se anexaron copias, siendo necesarias tres, dos para las autoridades responsables y una para el perito que se designe en auxilio de las labores de este juzgado; con fundamento en el sexto párrafo del referido artículo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, exhiba tres copias del cuestionario de referencia, apercibido que en caso omiso de su parte, no se tendrá por hecha la adición al cuestionario formulado por este juzgado. Apercibido que en caso omiso de su parte, no se tendrá por hecha la adición al cuestionario que se formuló en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veintitrés. Se agrega en autos el oficio signado por la delegada de la Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, designa perito de su parte y adiciona el cuestionario formulado por este juzgado para el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad; tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo anterior, se tiene como perito del Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, a Felipe de Jesús Arumir Valverde; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 constitucional, 2º y 120 de la Ley de Amparo y 147 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, presente ante este juzgado al perito designado para la aceptación y protesta del cargo conferido con arreglo a la ley; apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendrá por adherido al dictamen que en su momento rinda el perito oficial. Ahora bien, con apoyo en los artículos 146 a 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida en tiempo y forma el cuestionario sobre el que se se desarrollará la prueba pericial en materia de contabilidad, por lo tanto, con copia de la adición al cuestionario córrase traslado a la parte quejosa, y al Fiscal ejecutivo adscrito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la delegada del Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al proveído de dieciséis de los corrientes, señala perito de su parte y adiciona el cuestionario formulado por este juzgado para el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad; tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que el artículo 119, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, establece que cuando las partes ofrezcan la prueba pericial deben exhibir copias para cada una de las partes del cuestionario para los peritos, y toda vez que al escrito de cuenta no se anexaron copias, siendo necesarias tres, dos para las autoridades responsables y una para el perito que se designe en auxilio de las labores de este juzgado; con fundamento en el sexto párrafo del referido artículo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, exhiba tres copias del cuestionario de referencia, apercibido que en caso omiso de su parte, no se tendrá por hecha la adición al cuestionario formulado por este juzgado. de la Federación, Volumen 181-186 Cuarta Parte, Apercibido que en caso omiso de su parte, se le tendrá por adherido al cuestionario que se formuló mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, en atención al proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, informa la imposibilidad que le asiste para proporcionar un perito en materia de contabilidad, por los motivos que refiere; tomando conocimiento de su contenido. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por su parte, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a le Ley de la Materia, establece: ARTICULO 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. En ese sentido, no obstante no se ignora que la fiscalía referida es un órgano público autónomo, lo cierto es que de las disposiciones transcritas se observa que los peritos de la Fiscalía cuentan con facultades para colaborar con otras instituciones, como lo es este juzgado. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la "cultura procesalista", la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. (Registro digital: 2023741, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1754) Cabe destacar que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia pericial, el cual en su artículo 9, fracción I, dispone: "Artículo 9. Procedimiento El Solicitante para designar a los peritos registrados en la Lista, deberá agotar el siguiente procedimiento: I. Formular en dos ocasiones, solicitud a dos instituciones públicas, educativas o colegios de profesionistas a fin de que proporcionen el auxilio de un perito que se encuentre en aptitud de proporcionar los servicios sin costo para el Consejo. (.)" Disposiciones de las cuales, en su conjunto, evidencian que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para requerir a cualquier persona o autoridad, a efecto de resolver los asuntos que aquí se tramitan, privilegiando la solución de conflictos sobre cualquier formalismo o tecnicismo, como los que pretenden hacer valer la autoridad oficiante, toda vez que si bien ahora la Fiscalía es una institución autónoma, continúa siendo una institución de carácter público integrante del Estado Mexicano, por lo que resulta inconcuso que en los casos en que sí cuenta con perito en la especialidad solicitada, se encuentra aptitud, además de constituir una obligación de su parte, de prestar el auxilio a este Juzgado de Distrito. En tales circunstancias, no obstante la existencia de una lista de peritos de los cuales los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación pueden disponer, ello ocurre únicamente en los casos en que después de la búsqueda realizada, no se hubiese encontrado una institución pública o educativa, que proporcione el auxilio de un perito que se encontrase en aptitud de proporcionar sus servicios sin costo para el Consejo de la Judicatura Federal; lo que no acontece en la especie, en razón de que es un hecho conocido para el suscrito que la Fiscalía General de la República, sí cuenta con peritos en la materia solicitada, toda vez que incluso muchos de ellos, aún continúan auxiliando en diversos asuntos que se substancian ante el suscrito. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la Fiscalía en las que aduce que no puede prestar el auxilio solicitado conforme a lo dispuesto del artículo 47, fracción VIII, entre otros, de la Ley de la Fiscalía General de la República, no obstante, tal artículo establece lo siguiente: Artículo 47. Son obligaciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, las siguientes: a) Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, poder legislativo, judicial u órgano constitucional autónomo, en alguno de los órdenes de gobierno, así como trabajos o servicios en instituciones privadas cuando resulten incompatibles o representen un conflicto de interés con sus funciones públicas. Los remunerados de carácter docente, científico u honorario en todos los casos deberán ser comunicados por escrito, a la persona superior inmediata para contar con la autorización de la persona titular de la Fiscalía General o de la persona servidora pública que se determine en el Estatuto orgánico; De la lectura del precepto transcrito, se advierte que la prohibición de desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el poder judicial, como lo es la designación de un perito en auxilio a las labores de este juzgado, se refiere únicamente a aquellos casos en que éste sea contrario a los intereses de la Fiscalía, lo cual en la especie no acontece. En tales circunstancias, y toda vez que es obligación de las instituciones públicas que integran al Estado Mexicano prestar su auxilio en la impartición de justicia, con copia del proveído de veintinueve de noviembre del año en curso en que se formuló el cuestionario sobre el que versará la prueba pericial, se REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN a la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un perito en materia de contabilidad, para que funja como perito en auxilio de las labores de este Juzgado Federal. Lo anterior en atención al conocimiento técnico que se requiere para el desarrollo de la pericial contable, cuyo conocimiento técnico no causa perjuicio a las labores criminalísticas en que se especializa la Fiscalía General de la República, en observancia al texto de la ley citada. Aunado a que lo aquí ordenado, constituye un mandato judicial, que debe ser atendido sin excusas ni pretextos. Notifíquese.
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