Salvador Perez García

Expediente 2136/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2136/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Salvador Perez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que el auto que sobreseyó en el juicio ha causado estado, para todos los fines legales correspondientes. En tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Asimismo, se considera que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. *SON DE RELEVANCIA DOCUMENTAL: Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, se tiene a la Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje rindiendo el informe justificado; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que ******************** por conducto de su apoderado legal********************acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar respecto de la admisión de pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio de origen ******************** de su estadística, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de ellas y la omisión de emplazar a las demandadas a dicho procedimiento. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en su oficio recibido el diez de febrero de dos mil veintitrés manifestó que ya dictó el acuerdo cuya omisión se reclama en el presente juicio, en el que señaló hora y día para aquellas que así lo meritan y que ya fueron emplazados los demandados al juicio laboral de origen. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió un CD, en el que obra copia certificada del expediente ********************, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal sentido, por una parte, se desprende que el cuatro y ocho de junio de dos mil veintiuno se emplazó al juicio de origen a las demandadas cuya omisión reclama la parte quejosa. En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable de emplazar a las demandadas al juicio de origen, y la responsable, justificó plenamente que el cuatro y ocho de junio de dos mil veintiuno se llevó a cabo tal emplazamiento; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que el quejoso, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el emplazamiento cuya omisión reclama el quejoso, se llevó a cabo el cuatro y ocho de junio de dos mil veintiuno, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de noviembre de dos mil veintidós), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Por otra parte, en relación al acto reclamado, consistente en la omisión de emitir el acuerdo relativo a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen y señalamiento de hora y día para el desahogo de aquéllas que así lo ameriten, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje acordara lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral ********************, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el seis de enero de dos mil veintitrés se acordó lo relativo a dichas pruebas, el cual incluso ya fue notificado a las partes. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que también debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y tres minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  3. Principal

    CITATORIO QUEJOSA San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, se tiene a la Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje rindiendo el informe justificado; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que ******************** por conducto de su apoderado legal********************acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar respecto de la admisión de pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio de origen ******************** de su estadística, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de ellas y la omisión de emplazar a las demandadas a dicho procedimiento. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en su oficio recibido el diez de febrero de dos mil veintitrés manifestó que ya dictó el acuerdo cuya omisión se reclama en el presente juicio, en el que señaló hora y día para aquellas que así lo meritan y que ya fueron emplazados los demandados al juicio laboral de origen. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió un CD, en el que obra copia certificada del expediente ********************, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal sentido, por una parte, se desprende que el cuatro y ocho de junio de dos mil veintiuno se emplazó al juicio de origen a las demandadas cuya omisión reclama la parte quejosa. En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable de emplazar a las demandadas al juicio de origen, y la responsable, justificó plenamente que el cuatro y ocho de junio de dos mil veintiuno se llevó a cabo tal emplazamiento; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que el quejoso, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el emplazamiento cuya omisión reclama el quejoso, se llevó a cabo el cuatro y ocho de junio de dos mil veintiuno, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de noviembre de dos mil veintidós), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Por otra parte, en relación al acto reclamado, consistente en la omisión de emitir el acuerdo relativo a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen y señalamiento de hora y día para el desahogo de aquéllas que así lo ameriten, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje acordara lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral ********************, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el seis de enero de dos mil veintitrés se acordó lo relativo a dichas pruebas, el cual incluso ya fue notificado a las partes. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que también debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y tres minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación al Actuario de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, respecto a la admisión del presente juicio; a fin de evitar alguna violación a las normas del procedimiento, gírese oficio a dicha autoridad, remitiéndole copia de la demanda, del escrito aclaratorio y del auto admisorio, a fin de que dentro del término de quince días contados a partir de que quede notificado, rinda su informe justificado, haciéndole saber que la audiencia constitucional será la que se indique en el presente acuerdo. Para dar oportunidad a lo anterior, difiérase la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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