Salvador Pérez Chairez
Expediente 164/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/12/2016
Partes del expediente
- Salvador Pérez Chairez y Otros.
- Salvador Pérez Chairez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ensenada, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 1465-III, la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, en auxilio de la Juez de Primera Instancia Penal de San Quintín, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Juez de Primera Instancia Penal en San Quintín, Baja California y Juez Primero de lo Penal, en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente:IV.- AUTO QUE SE IMPUGNA.- El dictado dentro del Termino Constitucional, auto de formal prisión; de fecha 17 de Marzo de 2016, dictado en mi contra en los autos de la causa penal 316/2015-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Quintín, Baja California, en el cual indebidamente me consideró como probable responsable de los delitos de CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA Y HOMICIDIO POR CULPA, con mas adelante demostraré.El quince de junio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección al quejoso Salvador Pérez Chairez, misma que causó ejecutoria el cuatro de julio del mismo año, requiriéndose a la responsable diera cumplimiento a los lineamientos contenidos en el fallo protector.Los efectos de la concesión de amparo fueron en los siguientes términos:1.- Dejar insubsistente el auto de término constitucional de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 316/2015-II, en contra del amparista.2.- Dictar otra resolución en la que siguiendo los lineamientos de la presente sentencia suprima los defectos formales aquí expuestos, para lo cual deberá: Expresar el alcance y valor probatorio de todos y cada uno de los medios de convicción que arrojó la indagatoria penal, específicamente los dictámenes químicos 519/LEE/15 y 520/LEE/15, ambos de veintiuno de diciembre de dos mil quince, correspondientes a toxicología y alcoholemia y/o alcoholuría, realizados por el perito Químico Farmacobiologo Mario Alberto Zuñiga Gorosave, adscrito al Laboratorio de la Jefatura de Servicios Periciales Zona Ensenada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, así como el diverso de integridad física y esencia, de veinte de diciembre de dos mil quince, expedido por el médico cirujano Doctor Zacarías Novas Santamaría, Titular de la Unidad San Quintín, Baja California, debiendo expresar porqué son idóneos y pertinentes para demostrar o no los elementos de los delitos de contra la seguridad del tránsito de vehículos, daño en propiedad ajena, homicidio y lesiones por culpa, especificando qué hechos en concreto extrae de las pruebas y de qué manera se concatenan entre sí.Y en caso de que las referidas periciales no tengan los requisitos que debe cumplir, deberá excluirlos del caudal probatorio. Ahora bien, mediante misiva 1454-III, registrada con folio 9365 la Jueza Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, informó que el cinco de julio de dos mil dieciséis, dejó sin efecto la resolución constitucional emitida el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en el que se decretó auto de formal prisión en contra del quejoso por los delitos, CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA Y HOMICIDIO POR CULPA, por lo que se tuvo en vías de cumplimiento al fallo protector.En ese contexto, del oficio 1465-III, y anexos que acompañó la Jueza Primero Penal de Primera Instancia, se aprecia que, mediante determinación constitucional emitida el siete de julio de dos mil dieciséis, la responsable al hacer un estudio pormenorizado del caudal probatorio que obraba en la indagatoria, dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del quejoso SALVADOR PÉREZ CHAIREZ, por los delitos de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA y HOMICIDIO POR CULPA; asimismo, dictó AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR por el antijurídico de CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS.En efecto, la responsable al hacer su pronunciamiento indicó que los dictámenes químicos 519/LEE/15 y 520/LEE/15, al no estar ratificados por su suscriptor estos resultaban imperfectos, por lo que no les dio valor probatorio alguno, y prosiguió estudiando los distintos medios de prueba enunciados, concatenándolos uno a uno a fin de dictar una resolución constitucional apegada a derecho y siguiendo las directrices indicadas por este Juzgado de Distrito. Documentales anotadas en párrafos que anteceden, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Así pues, se estima que el fallo protector se encuentra debidamente cumplido, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma y se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada pues al quejoso se le restituyeron las garantías contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al dictar una determinación fundada y motivada, y excluyó del caudal probatorio los dictamenes ya mencionados.Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se aperturó el incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva, aunado a que se otorgó la protección federal solicitada por el quejoso, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ASÍ COMO EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO, DEBIENDO CONSERVAR LA DEMANDA, LA SENTENCIA DEFINITIVA Y LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.Por último, con fundamento en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, las constancias relativas a la causa penal 316/2015-II, así como del cuadernillo de amparo 619/2015, ambos de su índice, que obran en un tomo de pruebas, mismas que anexó a su informe justificado, lo anterior, por resultar innecesaria su conservación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, ASÍ COMO A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS JOSEFINA RUIZ FALCON, HILDA RUIZ FALCON, Y NICOLAS LOPEZ BELTRAN, EL AUTO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DICIESEIS, Ensenada, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 1465-III, la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, en auxilio de la Juez de Primera Instancia Penal de San Quintín, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Juez de Primera Instancia Penal en San Quintín, Baja California y Juez Primero de lo Penal, en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente:IV.- AUTO QUE SE IMPUGNA.- El dictado dentro del Termino Constitucional, auto de formal prisión; de fecha 17 de Marzo de 2016, dictado en mi contra en los autos de la causa penal 316/2015-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Quintín, Baja California, en el cual indebidamente me consideró como probable responsable de los delitos de CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA Y HOMICIDIO POR CULPA, con mas adelante demostraré.El quince de junio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección al quejoso Salvador Pérez Chairez, misma que causó ejecutoria el cuatro de julio del mismo año, requiriéndose a la responsable diera cumplimiento a los lineamientos contenidos en el fallo protector.Los efectos de la concesión de amparo fueron en los siguientes términos:1.- Dejar insubsistente el auto de término constitucional de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 316/2015-II, en contra del amparista.2.- Dictar otra resolución en la que siguiendo los lineamientos de la presente sentencia suprima los defectos formales aquí expuestos, para lo cual deberá: Expresar el alcance y valor probatorio de todos y cada uno de los medios de convicción que arrojó la indagatoria penal, específicamente los dictámenes químicos 519/LEE/15 y 520/LEE/15, ambos de veintiuno de diciembre de dos mil quince, correspondientes a toxicología y alcoholemia y/o alcoholuría, realizados por el perito Químico Farmacobiologo Mario Alberto Zuñiga Gorosave, adscrito al Laboratorio de la Jefatura de Servicios Periciales Zona Ensenada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, así como el diverso de integridad física y esencia, de veinte de diciembre de dos mil quince, expedido por el médico cirujano Doctor Zacarías Novas Santamaría, Titular de la Unidad San Quintín, Baja California, debiendo expresar porqué son idóneos y pertinentes para demostrar o no los elementos de los delitos de contra la seguridad del tránsito de vehículos, daño en propiedad ajena, homicidio y lesiones por culpa, especificando qué hechos en concreto extrae de las pruebas y de qué manera se concatenan entre sí.Y en caso de que las referidas periciales no tengan los requisitos que debe cumplir, deberá excluirlos del caudal probatorio. Ahora bien, mediante misiva 1454-III, registrada con folio 9365 la Jueza Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, informó que el cinco de julio de dos mil dieciséis, dejó sin efecto la resolución constitucional emitida el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en el que se decretó auto de formal prisión en contra del quejoso por los delitos, CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA Y HOMICIDIO POR CULPA, por lo que se tuvo en vías de cumplimiento al fallo protector.En ese contexto, del oficio 1465-III, y anexos que acompañó la Jueza Primero Penal de Primera Instancia, se aprecia que, mediante determinación constitucional emitida el siete de julio de dos mil dieciséis, la responsable al hacer un estudio pormenorizado del caudal probatorio que obraba en la indagatoria, dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del quejoso SALVADOR PÉREZ CHAIREZ, por los delitos de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA y HOMICIDIO POR CULPA; asimismo, dictó AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR por el antijurídico de CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS.En efecto, la responsable al hacer su pronunciamiento indicó que los dictámenes químicos 519/LEE/15 y 520/LEE/15, al no estar ratificados por su suscriptor estos resultaban imperfectos, por lo que no les dio valor probatorio alguno, y prosiguió estudiando los distintos medios de prueba enunciados, concatenándolos uno a uno a fin de dictar una resolución constitucional apegada a derecho y siguiendo las directrices indicadas por este Juzgado de Distrito. Documentales anotadas en párrafos que anteceden, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Así pues, se estima que el fallo protector se encuentra debidamente cumplido, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma y se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada pues al quejoso se le restituyeron las garantías contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al dictar una determinación fundada y motivada, y excluyó del caudal probatorio los dictamenes ya mencionados.Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se aperturó el incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva, aunado a que se otorgó la protección federal solicitada por el quejoso, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ASÍ COMO EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO, DEBIENDO CONSERVAR LA DEMANDA, LA SENTENCIA DEFINITIVA Y LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.Por último, con fundamento en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, las constancias relativas a la causa penal 316/2015-II, así como del cuadernillo de amparo 619/2015, ambos de su índice, que obran en un tomo de pruebas, mismas que anexó a su informe justificado, lo anterior, por resultar innecesaria su conservación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, ASÍ COMO A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA SALVADOR PEREZ CHAIREZ... Ensenada, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 1465-III, la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, en auxilio de la Juez de Primera Instancia Penal de San Quintín, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Juez de Primera Instancia Penal en San Quintín, Baja California y Juez Primero de lo Penal, en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente:IV.- AUTO QUE SE IMPUGNA.- El dictado dentro del Termino Constitucional, auto de formal prisión; de fecha 17 de Marzo de 2016, dictado en mi contra en los autos de la causa penal 316/2015-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Quintín, Baja California, en el cual indebidamente me consideró como probable responsable de los delitos de CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA Y HOMICIDIO POR CULPA, con mas adelante demostraré.El quince de junio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección al quejoso Salvador Pérez Chairez, misma que causó ejecutoria el cuatro de julio del mismo año, requiriéndose a la responsable diera cumplimiento a los lineamientos contenidos en el fallo protector.Los efectos de la concesión de amparo fueron en los siguientes términos:1.- Dejar insubsistente el auto de término constitucional de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 316/2015-II, en contra del amparista.2.- Dictar otra resolución en la que siguiendo los lineamientos de la presente sentencia suprima los defectos formales aquí expuestos, para lo cual deberá: Expresar el alcance y valor probatorio de todos y cada uno de los medios de convicción que arrojó la indagatoria penal, específicamente los dictámenes químicos 519/LEE/15 y 520/LEE/15, ambos de veintiuno de diciembre de dos mil quince, correspondientes a toxicología y alcoholemia y/o alcoholuría, realizados por el perito Químico Farmacobiologo Mario Alberto Zuñiga Gorosave, adscrito al Laboratorio de la Jefatura de Servicios Periciales Zona Ensenada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, así como el diverso de integridad física y esencia, de veinte de diciembre de dos mil quince, expedido por el médico cirujano Doctor Zacarías Novas Santamaría, Titular de la Unidad San Quintín, Baja California, debiendo expresar porqué son idóneos y pertinentes para demostrar o no los elementos de los delitos de contra la seguridad del tránsito de vehículos, daño en propiedad ajena, homicidio y lesiones por culpa, especificando qué hechos en concreto extrae de las pruebas y de qué manera se concatenan entre sí.Y en caso de que las referidas periciales no tengan los requisitos que debe cumplir, deberá excluirlos del caudal probatorio. Ahora bien, mediante misiva 1454-III, registrada con folio 9365 la Jueza Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, informó que el cinco de julio de dos mil dieciséis, dejó sin efecto la resolución constitucional emitida el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en el que se decretó auto de formal prisión en contra del quejoso por los delitos, CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA Y HOMICIDIO POR CULPA, por lo que se tuvo en vías de cumplimiento al fallo protector.En ese contexto, del oficio 1465-III, y anexos que acompañó la Jueza Primero Penal de Primera Instancia, se aprecia que, mediante determinación constitucional emitida el siete de julio de dos mil dieciséis, la responsable al hacer un estudio pormenorizado del caudal probatorio que obraba en la indagatoria, dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del quejoso SALVADOR PÉREZ CHAIREZ, por los delitos de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR CULPA, LESIONES POR CULPA y HOMICIDIO POR CULPA; asimismo, dictó AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR por el antijurídico de CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS.En efecto, la responsable al hacer su pronunciamiento indicó que los dictámenes químicos 519/LEE/15 y 520/LEE/15, al no estar ratificados por su suscriptor estos resultaban imperfectos, por lo que no les dio valor probatorio alguno, y prosiguió estudiando los distintos medios de prueba enunciados, concatenándolos uno a uno a fin de dictar una resolución constitucional apegada a derecho y siguiendo las directrices indicadas por este Juzgado de Distrito. Documentales anotadas en párrafos que anteceden, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Así pues, se estima que el fallo protector se encuentra debidamente cumplido, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma y se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada pues al quejoso se le restituyeron las garantías contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al dictar una determinación fundada y motivada, y excluyó del caudal probatorio los dictamenes ya mencionados.Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se aperturó el incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva, aunado a que se otorgó la protección federal solicitada por el quejoso, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ASÍ COMO EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO, DEBIENDO CONSERVAR LA DEMANDA, LA SENTENCIA DEFINITIVA Y LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.Por último, con fundamento en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, las constancias relativas a la causa penal 316/2015-II, así como del cuadernillo de amparo 619/2015, ambos de su índice, que obran en un tomo de pruebas, mismas que anexó a su informe justificado, lo anterior, por resultar innecesaria su conservación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, ASÍ COMO A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
Ensenada, Baja California, a once de julio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector; con su contenido, dese vista a las partes, por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo la tesis 2da. XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." NOTIFÍQUESE.
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