Salvador Peña Maldonado
Expediente 958/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Salvador Peña Maldonado
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Distrito y el Secretario Instructor, ambos del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusan recibo de los oficios 8410 y 8411, por los cuales se les comunico el proveído del pasado dieciocho de julio, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el proveído de dieciocho de julio del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 80 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que la misma ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en los libros de control respectivos de este Juzgado; y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del ordinal 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que en el mismo se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Juez de Distrito y Secretario instructor, ambos del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, por el que rinden el informe justificado que les fue requerido; asimismo, ofrecen pruebas documentales. Con fundamento en los artículos 117 y 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe justificado y por admitidas y desahogadas las probanzas que remite la autoridad en cita, las que se ordena glosar al presente juicio. Ahora bien, atendiendo a la documental que remite la responsable en cita, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad señalada como responsable, al paralizar el juicio laboral **, desde el veintitrés de marzo del presente año. La porción normativa citada prevé como causal de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora bien, -como se dijo- en el particular el acto reclamado consiste en la paralización del juicio laboral ***, desde el veintitrés de marzo del presente año. No obstante, de las constancias que integran la presente controversia constitucional, concretamente de la copia certificada del acuerdo de siete de julio del año que transcurre, se advierte que la autoridad responsable emitió pronunciamiento en relación a la solicitud realizada por el quejoso para que se le hicieran efectivos los apercibimientos a la demandada en el juicio de origen (Instituto Mexicano del Seguro Social). Lo anterior conlleva a establecer que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la parlizacion del procedimiento. Sin que además se advierta que la dilación en dicho trámite, haya dejado huella en la esfera jurídica del peticionario que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, al haber desparecido en definitiva las consecuencias del acto que violentaba sus derechos humanos. Así pues, lo que se impone es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés.
- Principal
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo. Regístrese en el libro de control de este Juzgado, bajo el número 958/2023-II que por orden le corresponde, y acorde las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 6, 37, 107 y 115 de la Ley de Amparo, admítase a trámite la demanda de amparo; dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que le compete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Acorde con lo estatuido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la cual tendrá verificativo en el despacho de este Juzgado a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sin que sea necesario girar oficio a la autoridades responsables a fin de notificarles el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio, de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, se podrá consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Se solicita rendición de informe justificado. No ha lugar a formar incidente de suspensión, en virtud de que su apertura no fue solicitada por la parte quejosa. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta que obren las constancias que la autoridad responsable remita con su informe justificado, pues hasta entonces este tribunal estará en condiciones de verificar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.
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