Salvador Palacios Vargas

Expediente 1488/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1488/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Salvador Palacios Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ************, por derecho propio, contra actos del Juez de Control Especializado en Órdenes de Aprehensión y Cateos en Línea del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos Estado de México, y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 1488/2023-VII. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, este órgano de control constitucional, considera carecer de competencia para resolver cuestiones de fondo de la demanda que nos ocupa, lo anterior es así, pues tomando en consideración que la parte quejosa señala como actos reclamados esencialmente: La orden de aprehensión y/o detención libradas en su contra, así como su ejecución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de amparo y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda por razón de territorio y determina remitir los autos del juicio de amparo 1488/2023-VII, con sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, a quien se estima competente. Así, el acuerdo de referencia en lo que interesa indica: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos Circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (...) II. SEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Acolman, Amecameca, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad. (.)" Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) El primer párrafo del mencionado numeral señala que, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en aquél que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La siguiente hipótesis que contiene el artículo 37 de la Ley de Amparo, se refiere a que, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que, cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en el que se haya presentado la demanda. Por otra parte, para determinar la competencia, es menester establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado en esta instancia, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere. Por ello, si en el asunto en análisis los actos reclamados son la orden de localización, presentación y/o aprehensión giradas en su contra, así como su ejecución, es evidente que estamos ante actos que por su naturaleza sí requieren de ejecución material. Además dichos actos son de consumación instantánea, pues se agotan con la captura del quejoso por parte de los elementos de seguridad pública que hayan sido comisionados con esa finalidad. De ello se sigue que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así el juzgador puede contar con mejores medios y dota al agraviado de mayores posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. Respecto al tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio en el sentido de que si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer dicho acto es aquél que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio; pero que esa regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, ya que de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Este criterio se contiene en la jurisprudencia 1ª./J.52/2013 (10ª.), la que incluso invocan los tribunales en conflicto, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, localizable en la página 383, cuyo texto es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Ahora bien, de la demanda de amparo promovida por el quejoso Salvador Palacios Vargas, se obtienen los siguientes datos: Atribuye la orden de aprehensión y/o detención libradas en su contra, así como su ejecución que reclama, en cuanto a su origen, a las autoridades que tienen su residencia en Tecámac, Toluca, y Ecatepec, Estado de México. En lo inherente a la ejecución de dichas órdenes, responsabilizó al Coordinador General de la Policía de Investigación, Estado de México y a otras autoridades. De todo lo expuesto, se desprende que la orden de aprehensión y/o detención que reclama el quejoso Salvador Palacios Vargas, se trata de ejecutar en su domicilio ubicado ***********. Así, como el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que el Juez competente para conocer del juicio, es aquel que tiene jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, entonces es posible sostener que si en la demanda de amparo el quejoso señaló como actos reclamados la orden de aprehensión y/o presentación libradas en su contra y su ejecución y asegura, bajo protesta de decir verdad, que se pretenden ejecutar en ***********, es dable concluir que en este momento es competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, a quien por razón de turno corresponde conocer de la misma. Lo anterior, pues debido al estado procesal en que nos encontramos, no puede desconocerse ipso facto los datos expresados en la demanda, ya que en principio, debe indicarse que debido a la naturaleza de los actos reclamados permiten concluir que pueden ser ejecutados en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, por ejemplo, su domicilio. Se sostiene de ese modo, por dos razones fundamentales: 1. La protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el amparista, ya que en esa fase del procedimiento -auto de admisión-, no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables. En ese contexto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 192843, Tomo X, Noviembre de 1999, Página: 32, que se inserta a continuación "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL 'PROTESTO LO NECESARIO' Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste 'bajo protesta de decir verdad' los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase 'Protesto lo necesario', que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." 2. Por otra parte, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo tiene que ser interpretada en una forma integral, atendiendo a la pretensión en su aspecto material y no únicamente formal. En ese tenor, si el quejoso, bajo protesta de decir verdad asegura que los actos reclamados se han intentado ejecutar en ************, es dable concluir que este elemento es suficiente para determinar que la autoridad de amparo con residencia en Nezahualcóyotl, con los datos que hasta este momento se cuentan, es la competente por razón de territorio para conocer de la demanda que nos ocupa. Lo anterior, pues, se insiste que los actos reclamados en contra del ahora quejoso Salvador Palacios Vargas, tendrán que ejecutarse por lo que, es evidente que el órgano competente para conocer de la presente demanda de garantías es un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl. Orienta en lo particular, de acuerdo con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, la tesis II.1o.P.152 P., emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, página mil novecientos noventa y veinticinco, registro 164371, que establece: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." En tales condiciones, se considera que los actos reclamados tendrán ejecución en el lugar donde residen los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, de conformidad a la primera regla de competencia citada en el artículo 37 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, es aplicable al caso la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.". En ese sentido, este Juzgado de Distrito no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 37 y 48 párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, y en el punto Cuarto, fracción II, tercer párrafo, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el suscrito se declara de plano legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, con independencia de que el juicio de amparo sea o no procedente y se reúnan o no los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, por lo que se ordena remitir la demanda de amparo, con sus respectivas copias, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, a quien se considera competente para conocer de la misma, por los motivos apuntados con anterioridad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, si acepta o no la competencia planteada. Por lo tanto, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, en razón de lo expuesto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se ordena remitir la demanda al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, para que dentro del término que señala, manifieste si acepta o no la competencia planteada. Apoya a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Agosto de 2001, foja 1299, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En la inteligencia de que, si bien en el numeral 48 párrafos primero y segundo de la citada Ley de Amparo, se señala que cuando un Juez de Distrito se declare legalmente incompetente para conocer de un asunto que ante él se haya promovido, comunicará su resolución al Juez que en su concepto deba conocer del mismo, acompañándole copia de la demanda para que decida si acepta conocer del juicio; verdadero también lo es que en el caso se ha determinado remitir no sólo las copias de la demanda, sino el original de los autos, toda vez que con tal proceder se tiende a dar celeridad a la substanciación del procedimiento, atento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, que prevé el principio de expeditez en la impartición de justicia, por lo que en ese sentido, se insiste, se le remite los autos originales del presente juicio de amparo, así como traslados de la demanda respectiva, a efecto de que si decide aceptar la competencia que se le plantea, se avoque a su conocimiento dentro del término que para ello contempla el ordenamiento legal en cita. Se solicita atentamente al Juez declinado el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con copia de la papeleta de turno y de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Háganse las notificaciones a la parte quejosa por lista electrónica, en virtud de que el domicilio que indica para ese efecto se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por último, se adquiere conocimiento de la solicitud de la quejosa respecto de la protección de sus datos personales y de la oposición a la publicación de sus datos personales; por lo que se instruye al oficial judicial "A" y a la actuaria adscrita a efecto de que realicen los registros correspondientes. Notifíquese; mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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