Salvador Oscar Robles Barrios
Expediente 569/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Manuel Eslava Martínez
- Salvador Oscar Robles Barrios y Otros.
- Salvador Oscar Robles Barrios
Actuaciones
- Principal
"... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente y en los libros de gobierno relativas a la valoración correspondiente. En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la misma, previa cita, comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos, dentro de un plazo de noventa días, entonces dichas constancias correrán la suerte del expediente cuando se efectúe la destrucción de éste. En el entendido deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente y en los libros de gobierno relativas a la valoración correspondiente. En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la misma, previa cita, comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos, dentro de un plazo de noventa días, entonces dichas constancias correrán la suerte del expediente cuando se efectúe la destrucción de éste. En el entendido deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."
- Principal
"...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por... contra actos de la Comisión Electoral Auxiliar de la Sección número 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 569/2021-IV-B. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, el segundo párrafo que integra la fracción transcrita en líneas anteriores, fue introducido en las reformas a la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el uno de abril de dos mil doce, cuya entrada en vigor tuvo lugar al día siguiente de su publicación, por virtud de la cual, fue ampliado el concepto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, considerando con dicho carácter a los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos del primer párrafo del citado artículo 5 de la Ley de Amparo, sólo que dichas funciones deberán encontrarse determinadas por una norma legal. Establecido lo anterior, cabe señalar que de la demanda de amparo se desprende que los promoventes pretenden contender en el proceso de elección del Comité Ejecutivo Local, del Consejo Local de Vigilancia, la Comisión de Honor y Justicia y demás Comisiones de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sede Poza Rica, Veracruz, y con motivo de lo cual, solicitaron a la Comisión Electoral Auxiliar de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, copias simples de los integrantes de las planillas registradas ante dicha Comisión y del padrón electoral de los trabajadores petroleros activos de la Sección 30 del Sindicato en cuestión, las cuales les fueron negadas, según afirmación de dichos promoventes bajo protesta de decir verdad; tal negativa constituye el acto reclamado. De la anterior precisión se arriba a la conclusión de que los accionantes se encuentra agremiado al sindicato que refieren, y por esta vía intentan impugnar la negativa de expedirles las copias solicitadas, como miembros del mismo. En relación con lo anterior, también se estima conducente indicar, que: a) Las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; tal y como acontece en las relaciones de índole civil, mercantil y laboral. b) Mientras que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, cuya característica principal recae, en el hecho de que la autoridad que emite el acto no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. El marco normativo y jurisprudencial referido con antelación, sirven de sustento para estimar que la relación existente entre los promoventes y los funcionarios que designan con el carácter de autoridades, Comisión Electoral Auxiliar de la Sección número 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de Poza Rica, Veracruz, y encargados de la Comisión Electoral Auxiliar de la Sección número 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, residentes en Xalapa, Veracruz, sólo es de naturaleza laboral, ya que si bien es cierto que el acto señalado como reclamado, no deriva de la típica relación laboral entre trabajadores y patrones, no menos lo es que dicha materia comprende también aquellas controversias suscitadas sólo entre trabajadores o sólo entre patrones, derivadas de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas, como se corrobora de lo establecido en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el ámbito de su competencia, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. En esa tesitura, es claro que los agremiados a un sindicato, tal y como ocurre en el caso de los promoventes, se encuentran obligados a regirse por los estatutos que el propio organismo -sindicato creó, tanto para constituirse, redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, así como para generar su programa de acción, lo que lleva consigo a que ninguno de esos actos encuadre en los supuestos que como autoridad responsable debe considerarse en el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo. Lo que de suyo implica a la vez, que la relación de mérito, debe considerarse como de coordinación al presuponer un plano de igualdad entre las partes en cuanto particulares (sindicado y agremiados), ello, por el hecho de encontrarse en un mismo nivel, tan es así, que se encuentran obligados a acudir a procedimientos ordinarios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva, para dirimir sus controversias. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la ley de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por..."
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