Salvador Ortiz Delgado
Expediente 884/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Salvador Ortiz Delgado
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de ocho de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***por propio derecho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales. Notifíquese. QSJA
- Principal
MESA IV.- Vista la demanda de amparo promovida por ...., por propio derecho, contra actos de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 884/2022-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materia Común, visible en la Página 1631, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, registro 180663, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Tesis que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basa en la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al del numeral 112 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en esencia reclama de las autoridades responsables Comisión de Pensiones y Jubilaciones, Oficial Mayor, y Ayuntamiento Constitucional, todos de Jiutepec, Morelos, el siguiente acto: La omisión de emitir el dictamen y proyecto de acuerdo de pensión correspondiente, dentro del plazo legal. De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Lo anterior, debe relacionarse con la jurisprudencia del Pleno en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, derivada de la Contradicción de tesis 2/2016, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, página 1426, con registro 2014236, que dispone: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." En ese tenor, el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en las consideraciones vertidas al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En ese sentido, estableció, que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Razonó, que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez- se colige la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Expuso, que si las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada; entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a las siguientes circunstancias: Que el Ayuntamiento de que se trate, se niegue a recibir la solicitud respectiva; Que dicho Ayuntamiento no emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; Que el citado Ayuntamiento emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó, que los requisitos y obligaciones que la Ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Razonó, que no deben de confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones a que se ha hecho referencia, pues, la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes, en cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí, que, determinó, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral; el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Salvador Ortiz Delgado, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS SIN CEDULA Se tiene como domicilio procesal el que señala y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, así como a .... toda vez que no proporciona los datos de las cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL Por otra parte, se tiene el correo electrónico y número telefónico proporcionado, como medios de comunicación no procesal con dicha parte. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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