Salvador Ortega González
Expediente 1184/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Salvador Ortega González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1184/2020-IV, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Salvador Ortega González, por propio derecho; proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en el que se admitió la demanda y se proveyó sobre la suspensión de plano del acto reclamado; informes justificado y de cumplimiento a la suspensión rendidos por las autoridades responsable y las pruebas, así como los proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. En período probatorio: el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho, y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó pedimento alguno. Se cierra dicho periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede dictar la sentencia que en derecho corresponde. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1184/2020-IV, promovido por Salvador Ortega González, por propio derecho, contra actos del Secretario de Salud de la Ciudad de México y de otras autoridades; y, RESULTANDO. PRIMERO. Mediante demanda electrónica presentada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, Salvador Ortega González, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Titular del Centro de Salud Dra. Margarita Chorné Salazar. Titular del Centro de Salud San Francisco Culhuacán. Titular del Centro de Salud Santa Úrsula Coapa. ACTO RECLAMADO. Del Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se reclama la negativa a aplicarme la prueba de SARS-CoV-2. Del Titular del Centro de Salud Dra. Margarita Chorné Salazar, se reclama la negativa a aplicarme la prueba de SARS-CoV-2. Del Titular del Centro de Salud San Francisco Culhuacán, se reclama la negativa a aplicarme la prueba de SARS-CoV-2. Del Titular del Centro de Salud Santa Úrsula Coapa, se reclama la negativa a aplicarme la prueba de SARSCoV- 2. SEGUNDO. En auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, quedando radicada con el número 1184/2020-IV, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento inició en términos del acta que antecede y concluirá con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto atribuido a autoridades administrativa que reside en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y derivado del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que, en el presente juicio de amparo, el quejoso reclama: -La negativa a aplicarle la prueba de SARS-CoV-2. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Salud de la Ciudad de México y a la Directora del Cetro de Salud T-II "Santa Úrsula Coapa", porque así lo señaló al rendir su informe justificado la primera y, aunque la segunda no rindió informe, el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, indicó en su demanda que fue ante los diversos centros de salud, "Dra. Margarita Chorné y Salazar" y "San Francisco Culhuacán", donde acudió a que le practicaran la prueba para detectar si se encontraba o no contagiado con el virus aludido y no ante la autoridad que aquí niega el acto, ni ante la omisa en rendir su informe; además, no exhibió prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Entonces, al no haberse demostrado la existencia del citado acto reclamado, ni desvirtuada la referida negativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del Secretario de Salud de la Ciudad de México y Directora del Centro de Salud T-II "Santa Úrsula Coapa". Resulta aplicable al caso la jurisprudencia VI.2°.J/20 consultable en la página seiscientos veintisiete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. IV, segunda parte-2, misma que es de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Además, la tesis sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, t. CXX, del mes de marzo de mil novecientos treinta y cinco, p. 1465, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, NEGACIÓN DE LOS. Si todas las autoridades responsables, rindiendo el informe justificado correspondiente, niegan el acto reclamado, y el quejoso no produce ninguna prueba que desvirtúe la negativa unánime, procede sobreseer en el juicio de acuerdo con la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se atribuye a los Directores de los Centros de Salud T-III "Dra. Margarita Chorné y Salazar" y "San Francisco Culhuacán", de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, consistente en la negativa a aplicarle la prueba de SARS-CoV- 2; lo anterior, pues omitieron rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente notificados del auto por el que se les requirió para ese efecto; además, porque al rendir el relativo al cumplimiento de la suspensión de plano, por conducto del Director del Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, denominado Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, implícitamente lo reconocieron al señalar que el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se le notificó personalmente, se presentara el treinta de ese mes y año, a las ocho horas con treinta minutos, en las instalaciones del Centro de Salud T-III "Margarita Chorné y Salazar, para que se le practicara la prueba en cuestión. QUINTO. Previo al estudio de fondo, procede analizar las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, cualquiera que sea la instancia, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, dado que cesaron los efectos del acto reclamado. Para verificar tal postura, resulta necesario tomar en consideración lo que establece el precepto legal en cita, cuyo texto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la lectura del supuesto normativo transcrito, es posible advertir que, si los efectos del acto reclamado cesan, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. "De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, del análisis de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, de ahí que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio de garantías. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. En ese contexto, en la especie el quejoso reclama del de los Directores de los Centros de Salud T-III "Dra. Margarita Chorné y Salazar" y "San Francisco Culhuacán", de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la negativa a practicarle la prueba SARS-CoV-2, y si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiocho de diciembre de dos mil veinte) no se le había practicado; lo cierto es que de las constancias de autos, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que en el treinta de diciembre de dos mil veinte, en el Centro de Salud T-III "Dra. Margarita Chorné y Salazar", se le realizó la prueba pretendida por él, tal como se advierte de la documental consistente en Estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, en la que obra una inscripción en la cual se lee: "30/12/2020 08:47" "una rubrica" "Salvador Ortega González" "Me realizaron prueba COVID". La constancia aludida se reproduce enseguida: De ahí que es indudable que los efectos de la negativa reclamada cesaron, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada en su contra, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil veinte. Se agrega a los autos el oficio signado por el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, por medio del cual, en atención al requerimiento de doce de noviembre del año en curso, informa que la autoridad competente para dar cumplimiento al mismo es la Representación del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, con domicilio en calle Francisco Clavijero número doscientos sesenta y uno (261), colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, código postal cero seis mil ochocientos veinte (06820), en esta ciudad, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Atento a lo anterior y en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena reexpedir el oficio 25795/2020, de doce de noviembre del año en curso, a efecto de que sea notificado en el citado domicilio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el oficio recibido vía correo institucional, signado por la Directora Jurídica y Normativa, en ausencia de la Titular, ambas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por medio del cual rinde su informe justificado; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifieste y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por lo tanto, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta y, a su vez, evitar cualquier violación procesal, se DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy; y como nueva fecha para celebrarla se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, en relación con la petición de utilizar cámara fotográfica y/o scanner para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto y toda vez que no existe disposición legal que prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar dichos medios para copiar las actuaciones en el presente juicio, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza su uso en el presente juicio de amparo; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que dicha reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe. Francisco Javier Rebolledo Peña
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