Salvador Olvera Jaime

Expediente 235/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
235/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Salvador Olvera Jaime

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cumplimiento de ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. En tal virtud, cabe destacar que en sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; resolución que causó ejecutoria el siete de octubre de dos mil veintiuno, por lo que en esa fecha se requirió el cumplimiento de la ejecutoria a la autoridad responsable juez Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, en los siguientes términos: 1. Deje sin efectos la resolución reclamada. 2. En su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no hayan sido materia de la concesión del amparo; y, 3. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, pero deberá subsanar la incongruencia detectada en el acto reclamado; lo anterior, con el objeto de cumplir con lo que exigen los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió el oficio registrado con el número 8997, al que anexó copia certificada de la resolución de veintiuno de octubre del año en curso, dictada en el toca ******************** de su índice, de la que se desprende lo siguiente: Dejó sin efectos la sentencia pronunciada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Emitió una nueva determinación en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia del amparo. Con plenitud de jurisdicción, una vez subsanada la incongruencia detectada en el acto reclamado, determinó que existió una violación procesal y ordenó la reposición del procedimiento incidental de liquidación de intereses. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b), del aludido acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se otorgó la protección constitucional. Debiendo conservarse la demanda, la sentencia y el presente proveído. Documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido presentados por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió la autoridad responsable juez Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato (toca ******************** de su índice en un tomo), se ordena su devolución. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por la juez Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de octubre actual en el toca ***, con el que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que, de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el siete de octubre actual causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa y en esa misma data se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable juez Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, sin que a la fecha haya remitido las constancias con que acredite haberlo hecho, o bien, la imposibilidad que tenga para ello. En razón de lo anterior, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, en términos de lo dispuesto por el citado proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En el entendido que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo a la autoridad responsable, toda vez que carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 22/2003, publicada en julio de 2003, tomo XVIII, página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público - órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. En consecuencia, requiérase al juez Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, para que dé cumplimiento, en los siguientes términos (en relación con el expediente de apelación número 1/2021): "1. Deje sin efectos la resolución reclamada. 2. En su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no hayan sido materia de la concesión del amparo; y, 3. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, pero deberá subsanar la incongruencia detectada en el acto reclamado; lo anterior, con el objeto de cumplir con lo que exigen los artículos 14, 16 y 17 constitucionales." Por lo que se le otorga un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien veces, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En el entendido que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.

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