Salvador Mota Sandoval
Expediente 1481/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1481/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2022
Partes del expediente
- Salvador Mota Sandoval
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que SALVADOR MOTA SANDOVAL, haya recurrido el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, para todos los efectos legales. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho, aun cuando fue debidamente notificada de dicho auto; en consecuencia, al no haber dado cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y con fundamento en el penúltimo párrafo del 114 de la Ley de Amparo, se le tiene por NO PRESENTADA su demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 202, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, que establece: "DEMANDA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. El cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 116 de la Ley de Amparo, son necesarios para la admisión de la demanda de garantías; por lo que si éstos no se acatan, no obstante la prevención hecha por el juez de Distrito, procede tener por no interpuesta la demanda de garantías en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por SALVADOR MOTA SANDOVAL, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, así como las documentales que integran el Juicio de Protección de Derechos Fundamentales SC-JPDF90/2019 de su índice, en virtud de que la Sala Constitucional de referencia, mediante resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno dictada en el aludido juicio se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda del juicio de protección promovido por el citado quejoso, en cumplimiento a la resolución dictada en el amparo directo 290/2020 el uno de octubre de dos mil veintiuno por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic; Luego, dicha Sala Constitucional determinó que carece de competencia para resolver la demanda de amparo incoada por la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado toda vez que se hicieron valer violaciones de derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, que por tanto, corresponde conocer de la demanda de amparo a un Juez de Distrito y no a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit; en consecuencia, por las razones expuestas este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, acepta la competencia declinada. Comuníquese lo anterior a dicha Sala Constitucional, para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por SALVADOR MOTA SANDOVAL, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic; por tanto, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1481/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Luego, antes de proveer lo que en derecho proceda en relación a esa demanda, con fundamento en los artículos 114, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, aclare su demanda de amparo y cumpla con todos los requisitos que prevé el artículo 1081 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 114, fracción V, en relación con el numeral 110, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del mismo término, 1 Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. exhiba cinco copias de su escrito de demanda; en virtud de que las mismas resultan necesarias para correr traslado a las partes. Lo anterior, toda vez que en el caso se requieren: una para la autoridad señalada como responsable, una para emplazar al tercero interesado, una más, para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y dos para la tramitación del incidente de suspensión solicitado. Lo anterior resulta necesario a efecto de estar en posibilidad de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo en estudio, precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a la autoridad responsable del informe de ley; en la inteligencia de que deberá adjuntar las copias suficientes de su escrito aclaratorio y en su caso de los documentos que anexe, para estar en condiciones de correr traslado a las partes. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 9/2000, que emitió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y nueve, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En el entendido que en caso de no dar cumplimento con los requerimientos contenidos en el presente auto dentro del término señalado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Es aplicable a lo anterior la tesisI.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, Página 2613, Tomo XXVI, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y por autorizados en términos amplios de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Jesús Ortega Fernández, Hiram Josué Hernández González, Víctor Antonio Curiel Torres, Sara Fabiola Polanco Pusian y a Arianne Paola Hernández Valenzuela, y en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo de referencia, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a la restante persona que refiere en su demanda, toda vez que no tiene registrada cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho. Asimismo, se le autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, ó cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a realizar la reproducción electrónica de referencia, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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