Salvador Morales Valadez
Expediente 564/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Salvador Morales Valadez
Actuaciones
- Principal
Advirtiéndose de la constancia actuarial que antecede, que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de seis de octubre del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho proveído que desechó la demanda de amparo promovida por ********por sí mismo y como albacea de la sucesión a bienes de ****, queda firme para los efectos legales a que haya lugar. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de destrucción, a partir del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula del expediente, y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.
- Principal
.......procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al Salvador ********, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de seis de octubre de dos mil dieciséis......Visto el escrito presentado por *******, por sí mismo y como albacea de la sucesión a bienes de ******, representación que acredita con las documentales que acompañó; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 564/2016-2. Análisis de demanda Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En la especie, este juzgador advierte de oficio que la demanda de amparo de que se trata, es improcedente conforme a lo dispuesto por 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De la demanda constitucional y anexos se aprecia que el acto reclamado lo constituye la sentencia de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 120/2016 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en donde confirmó la audiencia de veintinueve de abril del presente año, llevada a cabo por el Juez de Primera Instancia de lo Civil de ciudad Guadalupe Victoria, Baja California, en la cual se desahogó la confesional a cargo del actor aquí quejoso, en donde a su saber se calificaron de manera ilegal las posiciones marcadas como uno y dos del pliego de posiciones, exhibido por los demandados. De esa forma, el acto reclamado se emitió dentro de un juicio de carácter civil, por lo que surge un primer problema a dilucidar consistente en verificar si respecto de esa clase de actos procede el juicio de amparo indirecto. Al respecto, el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El indicado precepto constitucional en la fracción transcrita, proporciona un concepto definido sobre lo que debe entenderse por acto dentro de juicio de imposible reparación. En efecto, de la literalidad de dicho precepto legal se obtiene que el legislador estableció como regla general, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Bajo ese contexto, se considera que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos considerados como de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, como se indicó, el acto reclamado en el juicio biinstancial, consiste en la sentencia de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 1208/2016 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en donde confirmó la audiencia de veintinueve de abril del presente año, llevada a cabo por el Juez de Primera Instancia de lo Civil de ciudad Guadalupe Victoria, Baja California, en la cual se desahogó la confesional a cargo del actor aquí quejoso, en donde a su saber se calificaron de manera ilegal las posiciones marcadas como uno y dos del pliego de posiciones, exhibido por los demandados. Ahora bien, como se anticipó, el juicio de amparo indirecto será procedente cuando, aun tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, es decir, se trate de los considerados como de "imposible reparación"; por lo cual el juez de amparo habrá de atender si la naturaleza de la violación afecta materialmente dichos derechos, a efecto de determinar la procedencia del indicado juicio de control constitucional, puesto que, por el contrario, si las consecuencias de los actos de autoridad reclamados solo tienen efectos dentro del procedimiento, son de naturaleza intraprocesal o intermedia, no generará contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución de imposible reparación y por consecuencia será improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que pueden ser reparados durante la secuela procesal, con independencia que se obtenga o no resolución favorable en definitiva; ahora bien, en el supuesto de que el trámite de aquél estuviera afectado de ilegalidad, dada la naturaleza procesal del acto, únicamente afectaría garantías en su perjuicio si esa ilegalidad trascendiera al resultado del fallo definitivo, en cuyo caso, estará en posibilidad de reclamarla a través del amparo directo, en términos de los numerales 170, fracción I, y 172, fracción III, IV y XII de la Ley de Amparo, fracciones aplicables por analogía, o incluso mediante el amparo adhesivo, en el caso de resultarle favorable el fallo, a efecto de hacer valer las violaciones procesales correspondientes. Por ello, si el acto reclamado no afecta de manera irremediable algún derecho sustantivo de la parte peticionaria de derechos fundamentales, que haga procedente el presente juicio constitucional, la vía del amparo indirecto le estará vedada pues ésta se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan los derechos de libertad de tránsito, de propiedad, de posiciones, entre otras, como se verá más adelante. Es decir, en principio, los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. Ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa; así, incluso, los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En cambio, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones sufridas a través del amparo directo. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Las consideraciones anteriores, se apoyan, en esencia, en la tesis I.5o.C.8 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 05 de junio de 2015 09:30 h, Materia Común, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." En mérito de lo anterior, la afectación exorbitante a derechos sustantivos debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo; y la concurrencia de estas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia número IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable Página: 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. De igual manera, es aplicable al caso la tesis jurisprudencial número 774 consultable en las páginas 523 y 524, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL).- En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posiciones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva" Así, conforme al criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Sentadas las anteriores bases sobre las que descansa el presente análisis constitucional, partiendo además del hecho que para considerar un acto dentro de juicio como de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe tratarse de un acto que produzca afectación material o directa a los derechos humanos establecidos en la Constitución o en tratados internacionales; atendiendo la naturaleza de los actos de carácter procesal que reclama el quejoso y a los derechos sustantivos que aduce como violados con dichos actos de autoridad; ahora, para constatar si los indicado actos tienen la naturaleza de "imposible reparación", debe precisarse que el impetrante considera como afectados sus derechos de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Efectivamente, el quejoso aduce que mediante la sentencia de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 1208/2016 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en donde confirmó la audiencia de veintinueve de abril del presente año, llevada a cabo por el Juez de Primera Instancia de lo Civil de ciudad Guadalupe Victoria, Baja California, en la cual se desahogó la confesional a cargo del actor aquí quejoso, en donde a su saber se calificaron de manera ilegal las posiciones marcadas como uno y dos del pliego de posiciones, exhibido por los demandados, se violaron los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ya que se calificaron de manera ilegal las posiciones marcadas como uno y dos del pliego de posiciones, violentando con ello la seguridad jurídica, la garantía de audiencia y de legalidad. Sin embargo, como ya se había adelantado el acto reclamado en el presente juicio; se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dichos numerales establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Es así, porque el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se explica. Debemos recordar, que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Atendiendo a lo indicado, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio en la primera instancia, como es el caso, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino solo tiene efectos de carácter intraprocesal o adjetivo. De tal suerte, que en el caso concreto, con la tramitación del juicio 281/2015, hasta su persecución, en el cual se desahogó la confesional a cargo del actor aquí quejoso, en donde a su saber se calificaron de manera ilegal las posiciones marcadas como uno y dos del pliego de posiciones, exhibido por los demandados, lo que fue confirmado en la sentencia de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 1208/2016 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California; no se afectan los derechos sustantivos del promovente, toda vez que la naturaleza misma del planteamiento pone de manifiesto que se trata de cuestiones meramente procedimentales de naturaleza adjetiva, y contra dicha resolución, la cual en modo alguno es constitutiva de derechos, que puede hacerse valer el concepto de violación correspondiente en caso de que la sentencia de segunda instancia sea adversa a los intereses del aquí quejoso, cuando se promueva el correspondiente amparo directo, pues el legislador consideró que constituye una violación procesal las resoluciones dictadas concernientes a las pruebas que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las fracciones III y IV del artículo 172 de la Ley de Amparo, aplicados por analogía, siendo que, en el caso, que a su saber se calificaron de manera ilegal las posiciones marcadas como uno y dos del pliego de posiciones exhibido por los demandados, guarda relación con la fracción XII del artículo en comento, dado que el juicio 281/2015, atendiendo a la naturaleza de la acción intentada, es decir, la prescripción positiva de las fracciones de terreno de la sucesión a bienes que representa, se considera una parte sustancial en el procedimiento del que deriva el acto que se reclama y, por lo tanto, la resolución reclamada constituye una violación de carácter procesal, en términos del artículo 172, fracciones III y IV aplicables por analogía, en relación con la XII de la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, la resolución reclamada, siendo un acto dentro del juicio, que sólo implicaría la afectación de derechos de naturaleza adjetiva, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación y, por ende, sólo puede combatirse a través del amparo directo, ya que dicha sentencia; incluso, de conformidad con el artículo 182 fracción II de la ley de Amparo, podría hacer valer amparo adhesivo en caso de que el quejoso obtuviera resolución favorable, podría hacer valer la existencia de dichas violaciones, en caso de que considerara que aquellas afectan sus defensas que hayan trascendido al resultado del fallo. Por tanto, el inconforme tendrá que esperar a que se dicte la sentencia definitiva correspondiente, para impugnar, si es su deseo, dicha violación a través del amparo directo si la misma le fue desfavorable, o en su caso en el amparo adhesivo, si le fuere favorable y su contraria interpusiera amparo. Es aplicable al caso, por mayoría de razón, lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la página 39, del libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Resulta igualmente aplicable, la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Marzo de 1993, página 343, que se reproduce: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACION PROCESAL. El acuerdo que desecha pruebas debe ser reclamado como violación procesal en amparo directo cuando exista sentencia definitiva en términos del artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo en materia civil, administrativa o laboral y del artículo 160, fracciones VI y XVII, de la propia ley en materia penal, por lo que si en su contra se interpone amparo indirecto ante Juez de Distrito, éste resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los preceptos citados y de los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley de la materia." En las relatadas consideraciones, como el acto reclamado, no es de imposible reparación, por no vulnerar materialmente derechos sustantivos, se desecha la demanda constitucional presentada por Salvador Morales Valadez, por sí mismo y como albacea de la sucesión a bienes de Luis Morales Mora, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. Así como la jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." -Anexos- Se tiene a la parte quejosa exhibiendo como anexos de su demanda, original cédula de notificación de nueve de septiembre del año en curso y copia simple de la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, ambas relativas al toca civil 1208/2016. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Julio César Octavio Flores Galaviz y Manuela Salazar Núñez, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, por no encontrarse registrada su cédula en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles, y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. -Transparencia- En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber al quejoso, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos".
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