Salvador Mora Heredia Y Otro
Expediente 716/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Mora Heredia Y Otro
Actuaciones
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: SALVADOR MORA HEREDIA Y AGUSTÍN MORA HEREDIA, LOS ACUERDOS DE DIEZ DE OCTUBRE Y CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 337/2021, MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL, ESTO ES ASÍ, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN DONDE SE ORDENÓ REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA MENCIONADA PARTE, mismos proveídos que dicen: Uruapan, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Demanda y radicación Vista la demanda presentada por Salvador Mora Heredia y Agustín Mora Heredia, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Menor Mixto de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otras autoridades, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 716/2********************. Desechamiento Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone a la persona juzgadora la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esto es, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Asentado lo anterior, del análisis integro de la demanda, se desprende que la parte peticionaria, reclama lo siguiente: El "ilegal" emplazamiento al juicio ordinario civil 1016/2******************** del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar, no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Ello es así, porque, la causa de improcedencia está prevista en el artículo 107, fracción, de la Ley de Amparo, al aplicarse en sentido contrario, porque, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de la materia en ese dispositivo, establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, al indicar: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, a la luz de la citada ejecutoria que señala que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso para determinar, si los efectos del acto aquí reclamado son de imposible reparación, esto es, si afectan materialmente, derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse en cuenta, en principio, que el acto aquí reclamado, únicamente, se relaciona con circunstancias meramente procesales, al reclamar el "ilegal" emplazamiento al juicio ordinario civil 1016/2******************** del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Juicio respecto del cual, a la fecha, está en trámite, o por lo menos, los antecedentes del acto reclamado no dan a conocer lo contrario, y a partir de ello, la parte quejosa, sostiene se le priva de la oportunidad de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y combatir las acciones que se ejercen en su contra en ese juicio [aun sin concluir]. De modo que, no es un acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros; pues en todo caso, de existir violación en la resolución del recurso en comento, únicamente, redundaría en el aspecto procedimental, existiendo la posibilidad de que la sentencia que llegare a pronunciarse en el procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, y de ese modo las posibles afectaciones procesales ocasionadas por el acto reclamado, queden superadas con el dictado de esa resolución final. Entonces, como se ve, cuando la parte quejosa considera que se vulneran sus derechos con motivo del ilegal emplazamiento al juicio del que es parte demandada, sin embargo, la ilegalidad del mismo, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, la realidad es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino la violación de derechos que produce únicamente tiene efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones o, en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia o conceptos de violación en el amparo directo al resultar irrecurrible la sentencia mediante el citado recurso de apelación. Po lo que, tal circunstancia puede hacerse valer en el amparo directo en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, si es que, la resolución que se dicte en el procedimiento de origen, no le resultare favorable a sus intereses, donde ahora podrá reclamar toda las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando lo haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa ordinario, en los casos en que así, se requiera y cuando, éstas trasciendan al resultado del fallo. Así las cosas, se concluye, que el acto reclamado en el presente asunto, aun contrario a la ley según la parte quejosa, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución General de la República y Tratados Internacionales, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En consecuencia, si el acto reclamado en mención, no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo ********************y********************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que ********************únicamente estará autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Transparencia y acceso a la información De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de control (electrónico) y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Uruapan, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista, la razón actuarial levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, fracción a), de la Ley de Amparo, se ordena al fedatario judicial, proceda a notificarle a la parte quejosa el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, por lista y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE ACUERDO Y EL PROVEÍDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
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