Salvador Mireles Martínez

Expediente 1566/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1566/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Salvador Mireles Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a seis de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que se ordenó el archivo definitivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es depurable, y el duplicado destruible, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas del cuatro de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata para los efectos legales correspondientes. Se abre el periodo probatorio. La secretaria da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio, esto es, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular al no expresar alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito, y consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero Mercantil, con residencia en esta ciudad, Salvador Mireles Martínez, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. JUEZ SEGUNDO LETRADO EN MATERIA CIVIL del Distrito Judicial de Torreón. C. ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO LETRADO EN MATERIA CIVIL del Distrito Judicial de Torreón. Ambas autoridades con domicilio en el Edificio del Palacio de Justicia en el Estado, ubicado en Prolongación Diagonal las Fuentes, esquina Calle de los Comerciantes, Colonia Villas La Merced, en esta ciudad. IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, y que se señala como autoridad responsable ordenadora, se reclama el ilegal acuerdo de fecha (07)siete de Diciembre del (2021) dos mil veintiuno, dictado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil Expediente 2750/2021 que promueve la persona moral denominada BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, por conducto de su endosatario en procuración. De la C. Actuaria Adscrita al Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, la actuación judicial de emplazamiento a juicio de fecha 10 de Diciembre del (2021) dos mil veintiuno en autos del juicio ejecutivo mercantil número 2750/2021." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 109, 113, 128 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1566/2021-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se ordenó la formación del incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, con relación al diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, y además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 500, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: La diligencia de emplazamiento de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, así como el posible señalamiento de bienes que aduce el quejoso son de su propiedad. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que el quejoso reclama del Juez Segundo Letrado en Materia Civil y actuarios de su adscripción, con residencia en esta ciudad, ya que así lo confiesan dichas autoridades al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que en copias certificadas acompañó el Juez responsable como apoyo a su informe justificado, relativas al juicio ejecutivo mercantil 2750/2021, promovido por Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (EL BANCO), por conducto de su endosatario en procuración, en contra de Salvador Mireles Rodríguez, constancias que por tratarse de documentos públicos, tienen valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Apoya igualmente, la jurisprudencia 305, publicada en la página 206, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y su ampliación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". De igual manera en la jurisprudencia número 158, consultable a foja 262, del Apéndice de 1985, parte VIII, Quinta época, del Pelno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 395571, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Al respecto, este juzgador considera que en el caso en estudio, respecto a los actos reclamados por el quejoso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5° de la legislación en cita; lo anterior es así, por las siguientes consideraciones de índole jurídico: El numeral 61 precitado dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". (.)". Por su parte, la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, es del tenor siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Así también, la fracción I, del artículo 107 Constitucional, en la que se establece como un principio básico del juicio de amparo, que debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, pues al efecto señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". De la lectura de los preceptos legales referidos se tiene, que uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, es el interés jurídico. Ello es así, porque si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por lo cual, aquél debe acreditar fehacientemente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Toda vez que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resultará improcedente, máxime porque el interés jurídico no puede inferirse a base de presunciones. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, registro digital 206338, octubre de 1994, materia común, página 17, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". También se invoca, la jurisprudencia número 3a./J. 28/90, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, registro electrónico 207223, tomo V, enero-junio de 1990, materia común, página 230, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Ahora bien, el quejoso Salvador Mireles Martínez, comparece en su carácter de tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil 2750/2021, del índice del Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, promovido por el licenciado Néstor Gerardo González Cruz, en su carácter de endosatario en procuración de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (EL BANCO), en contra de Salvador Mireles Rodríguez. En esa virtud, se estima pertinente determinar qué debe entenderse por tercero extraño para efectos del análisis correspondiente. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido como tercero a aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte o tener injerencia en el asunto de que se trata. Ello atiende a la naturaleza misma de la relación jurídico-procesal por lo que respecta al principio de exclusividad de los sujetos de la misma. Criterio el cual se ve plasmado en la tesis jurisprudencial 7/98, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, enero de 1998, página 56, registro electrónico 196932, la cual se transcribe a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, en un procedimiento judicial únicamente tienen injerencia las partes, es decir, los sujetos entre quienes se entabla la controversia o cuestión debatida, o bien, personas las cuales la ley normativa correspondiente otorga la facultad de desplegar actos o les impone alguna obligación, dentro de la secuela procesal. Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame, bien sea en relación con el bien debatido en el juicio, o con los bienes que la sentencia disponga o, con aquéllos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando dos o más personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertir, es evidente, que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio y, desde el punto de vista constitucional, en razón de que, si los artículos 14 y 16 de la Carta Magna otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En esa virtud, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre los cuales, dice ser titular la parte quejosa y ésta tiene la calidad de tercero extraño, el procedimiento puede causarle perjuicio a su esfera jurídica, puesto que las leyes no le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que, también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin ser oído se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una sentencia que lesione sus intereses. De igual manera conviene destacar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya sea en defensa de un derecho de propiedad o de posesión, se traduce en un derecho subjetivo y debe decirse que dicho derecho subjetivo solo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorios, es decir, tiene interés para acudir al juicio de amparo quien es titular de un derecho subjetivo, afectado directamente por un acto de autoridad. El perjuicio debe ser actual y directo, no indirecto ni eventual, además el peticionario de amparo tiene la obligación de acreditar plenamente su interés jurídico para que, si así lo estima fundado, la autoridad que conozca del juicio constitucional, esté en posibilidad de conceder o negar la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, por el interés jurídico demostrado. En suma, el derecho subjetivo protegido por la Constitución Federal, es lo que se traduce en el juicio de amparo como el interés jurídico que la ley de la materia considera necesario para la procedencia del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1484 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1046, tomo I, materia constitucional, precedentes relevantes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 2000, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio". También la jurisprudencia 856 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 584, tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Se insiste que el interés jurídico deriva de la protección del ordenamiento legal objetivo, pues la naturaleza del interés jurídico implica solamente la protección de una situación jurídica concreta y no obedece a intereses simples que pueden revestir el carácter de materiales o económicos, ya que con el interés simple no se afecta la esfera jurídica de una persona, entendiéndose como tal, el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto derivado de las normas de derecho subjetivo. Asimismo, las afectaciones de las que se duele la parte quejosa deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, so pena que el órgano constitucional del conocimiento considere que no se afecta el derecho subjetivo del peticionario, en razón de no encontrarse acreditado de forma fehaciente que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, consultable en la página 225, la cual dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Precisado lo anterior, de las constancias que obran en autos respecto del aludido juicio natural, las cuales ya fueron valoradas previamente, se advierte que el quejoso es tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil en comento, toda vez que no figura como actor ni demandado, ya que dicho procedimiento fue promovido por el licenciado Néstor Gerardo González Cruz, en su carácter de endosatario en procuración de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (EL BANCO), en contra de Salvador Mireles Rodríguez. Sin embargo, se considera que el quejoso no demostró fehacientemente su interés jurídico, no obstante que argumenta que los actos reclamados transgreden en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16, constitucionales, aun cuando no forma parte de la relación jurídico procesal del juicio ejecutivo mercantil de origen, se le pretende privar de la posesión de bienes de los cuales refiere ser propietario, sin previamente haber sido oído y vencido en juicio. Ahora bien, en el caso concreto se obtiene que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar las determinaciones reclamadas, ello a virtud de que no se advierte en primer lugar que sea titular de un derecho subjetivo concreto y por ende, tampoco que éste le fuera vulnerado, puesto que no hay evidencia de la prerrogativa específica que ostenta para acudir a esta instancia, toda vez que como se mencionó, le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento de origen, porque el quejoso no forma parte de la relación procesal que existe en el juicio ejecutivo mercantil 2750/2021. En esa medida, únicamente quienes formen parte del litigio son aquéllos que están facultados para reclamar las determinaciones ahí asumidas, sin que el impetrante acredite que tiene dicho carácter, pues de los autos se obtiene como ya se mencionó, que los contendientes son Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (EL BANCO), en contra de Salvador Mireles Rodríguez, y que fue a éste a quien se demandó y contra quien se emitió el acto reclamado (emplazamiento). De lo que se tiene que las determinaciones impugnadas no trascienden a la esfera jurídica del aquí quejoso, porque no es parte en el juicio de origen; además, del expediente en comento no se evidencia que haya sido llamado como tercero interesado; por lo tanto, el solicitante del amparo no cuenta con alguna calidad en el referido juicio ejecutivo mercantil y en esa medida, tampoco tiene la facultad para reclamar el emplazamiento efectuado en dicho juicio, pues no está dirigida a su persona. Ello es así, pues el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a la persona física o moral a quien afecta la norma general o el acto en términos de la fracción I, del artículo 5 de dicha legislación; de ahí que, para que proceda el juicio de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandado al cese de esa violación. En esas consideraciones, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en virtud que el peticionario de amparo no acreditó contar con un derecho legítimamente tutelado que se afecte con los actos reclamados. Sobreseimiento en el juicio que debe hacerse extensivo en relación al acto reclamado de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, al no combatirse por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta, Tomo 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." De ahí que, al no acreditar el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, lo procedente es sobreseer en términos de los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, respecto del auto de fecha diecinueve de enero del dos mil veintidós. En tales condiciones, instrúyase al actuario adscrito a este juzgado para que realice de inmediato la diligencia correspondiente. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas del cuatro de mayo del dos mil veintidós Notifíquese.

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