Salvador Mercado Martín

Expediente 1199/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1199/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Salvador Mercado Martín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acuse. A sus autos el oficio signado por el magistrado supernumerario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo del comunicado por el que se le notificó el archivo del presente asunto, al que se adjuntó el toca 597/2019 de su índice en un tomo, un cuadernillo de constancias y un disco versátil digital.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) y 21, inciso c) del citado acuerdo general, el presente expediente de suspensión es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se negó el amparo -en el expediente principal-, mientras que el cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, ya que se negó tanto la suspensión provisional como definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención del el toca 597/2019, un cuadernillo con constancias y un disco compacto grabado en formato DVD que remitió el magistrado responsable como justificación de su informe de ley, se ordena su devolución.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que establece: "V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 1199/2019, promovido por Salvador Mercado Martín; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, Salvador Mercado Martín solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, que estimó violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16 y de la Constitución Federal (fojas 2-14). SEGUNDO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. En acuerdo de veinticuatro siguiente, este Tribunal admitió a trámite la demanda, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, otorgó legal intervención al fiscal adscrito y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional (foja 15). En ese mismo auto se mandó emplazar a los terceros interesados, xxxxxxxx, por sí y en representación del entonces menor Antonio Mercado Valenzuela, así como a Brenda Mercado Valenzuela. Los tres fueron llamados según constancias obrantes a fojas 49,51 y 56, en el entendido de que el entonces menor fue llamado ya, como mayor de edad. TERCERO. Finalmente, al tenor del acta que antecede se verificó la audiencia constitucional; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal 1 . La competencia territorial se surte acorde con la primera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado puede tener ejecución en esta ciudad de Celaya, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda y de su ampliación, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: La resolución dictada por el magistrado de la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación 597/2019. En ésta, se modificó la resolución interlocutoria sobre liquidación de alimentos caídos emitida en el incidente promovido por los terceros interesados-acreedores, en contra del aquí quejoso-deudor. TERCERO. Existencia de los actos. Es cierto el acto reclamado, pues así lo expuso el magistrado responsable al rendir su informe justificado (foja 44), lo que se corrobora con las constancias del juicio de origen. CUARTO. Antecedentes. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. 20/03/21 13:01:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.2c ANTONIO GUIZA CABRERA Juicio de amparo 1199/2019 3 De la copia certificada de las constancias que integran, en dos tomos de prueba y un DVD, el procedimiento oral especial F1517/2013 del índice del juez de Oralidad Familiar de esta ciudad, así como del toca de apelación 597/2019 del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende: a) El quejoso, Salvador Mercado Martín y la tercera interesada, Eva Valenzuela Ortiz, celebraron un convenio de divorcio que ratificaron ante el juez de oralidad familiar. En lo que interesa, las cláusulas quinta a séptima dicen (foja 3, tomo I): "QUINTA.- Las necesidades de la C. Eva Valenzuela Ortiz, Brenda Mercado Valenzuela y Antonio Mercado Valenzuela, tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriada la sentencia de divorcio, se cubrirán mediante una pensión alimenticia cuyo monto será de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, sin detrimento de que dicha pensión pueda aumentarse en la misma proporción en que se incremente el salario mínimo vigente en el estado. SEXTA.- La cantidad señalada en la cláusula anterior se pagará en el domicilio ubicado en avenida C. Quinta Miraflores 144, fraccionamiento Real de Arboledas. SÉPTIMA.- El C. xxxxx se compromete a pagar los gastos escolares de Brenda Mercado Valenzuela y de Antonio Mercado Valenzuela, así como encargarse de los gastos que se originen por lo que comprenden pago de la casa, vacaciones, medicamentos, hospitales, tratamientos y todo aquello que hayan tenido durante nuestro matrimonio, esto mientras su hasta hoy cónyuge no contragia nuevas nupcias. Contrayendo nuevas nupcias únicamente la obligación será a favor de sus hijos. Lo anterior en las posibilidades que tenga el hoy cónyuge." b) El procedimiento fue tramitado y el treinta de octubre de dos mil trece se dictó resolución en la que se aprobó el convenio en todos sus términos (fojas 19-22, tomo I). c) El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, los terceros interesados interpusieron incidente de liquidación de pensión alimenticia. Concretamente (fojas 295-302, tomo I): "El pago de las diferencias por incremento de pensiones alimenticias de los periodos 01 de noviembre de 2014 (.) al 01 de noviembre de 2018", así como "el pago de la diferencia de la pensión alimenticia parcialmente cubierta correspondiente al 01 20/03/21 13:01:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.2c ANTONIO GUIZA CABRERA 4 de diciembre de 2018" y "el pago de ocho meses de pensiones alimenticias no pagadas" d) El aquí quejoso contestó la incidencia negando la procedencia de las pretensiones. Se destaca su manifestación en el sentido de que es actor en el procedimiento F-1419/2019 en "donde estoy demandando la cancelación de pensión alimenticia y la devolución de las cantidades que le deposité y nunca fueron repartidos para mis hijos, ya que el suscrito siempre los tuve viviendo desde que se ejecutorió la sentencia de divorcio, la señora Eva Valenzuela Ortiz me pidió que si me podía hacer cargo de los niños una temporada, por lo que por no tener problemas accedí." (Foja 317, tomo I). Entre las pruebas que exhibió destacan: 1. Documentales públicas no. 1. Consistente en las copias certificadas de la totalidad del juicio familiar número F1419/2019. En dicho expediente que se encuentra vigente del cual se desprende mi cumplimiento en el capítulo de pruebas ofrecidas de mi parte donde ofrezco en estados de cuenta, Estado de cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer del periodo 29/09/2013 al 28/06/2019 (mediante el cual se reflejan pagos por concepto de pensión alimenticia (anexo 1) (.) 18.- Documental privada no 17.- (sic) Estado de cuenta de la Institución Bancaria BBVA Bancomer mediante la cual se reflejan los pagos por concepto de pensión alimenticia, de fecha 29 de julio de 2019 al 28 de agosto de 2019, por las cantidades de $1,4000.00, $100.00, $1,350.00, $100.00, $1,350.00, $100.00, $200.00, $100.00, $5,613.30, $17.00, $150.00, $50.00, a la cuenta número 0010719 y 1551348345, 1146802525 (.) misma que se encuentra a nombre de la C. xxxxxx y menor hijo Antonio Mercado Valenzuela y Eva Valenzuela Ortiz. 19.- Documental privada no. 18.- (sic) Estado de cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer, mediante la cual se reflejan los pagos por concepto de pensión alimenticia, de fecha 01 de julio del 2019 al 28 de julio del 2019 por la cantidad de $1,000.00, $1,000.00, $300.00, $200.00,$200.00, $200.00, a la cuenta número 0010719 y 1551348345 (.)misma que se encuentra a nombre de la C. Brenda Mercado Valenzuela y menor hijo Antonio Mercado Valenzuela y Eva Valenzuela Ortiz. e) En escrito de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el demandado ofreció y pidió que se admitieran como probanzas de su parte una grabación de audio "para acreditar que a la C. Eva Valenzuela Ortiz no le interesan sus Juicio de amparo 1199/2019 5 hijos y solo el dinero, y genera violencia, así como que ya no los quiere en el domicilio donde actualmente viven" Así como la documental superveniente consistente en "el convenio firmado por la C. Brenda Mercado Valenzuela, y el suscrito, en donde se desiste de la demanda interpuesta en mi contra y en donde en dicho convenio describe que el suscrito en todo momento me he hecho cargo de mis hijos." (fojas 621 y 622). En el acuerdo de voluntades signado y exhibido el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se destacan las cláusulas primera y séptima que dicen: "PRIMERO.- Manifiesta la C. Brenda Mercado Valenzuela que desde el año 2013 ha vivido ella y su menor hermano Antonio Mercado Valenzuela, con el C. Salvador Mercado Martín (.) sin embargo, ahora viven con su mamá, la C. Eva Valenzuela Ortiz. (.) "SÉPTIMO.- Manifiesta la C. Brenda Mercado Valenzuela que debido a que se llegó a un acuerdo en el presente convenio con el C. Salvador Mercado Marín, se desiste de cualquier acción ejercida en contra del mismo." (foja 626). f) A dicha promoción recayó el acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve que, en lo que interesa, dice (foja 629): "Por medio del escrito recibido hace manifestaciones en los términos concedidos en el mismo, en cuanto a su petición, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la prueba mencionada no tiene relación cuestión debatida (sic) que es la liquidación de pensión, por lo que de conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se desecha su petición." g) El once de septiembre de dos mil diecinueve se verificó la audiencia oral en la que se desahogaron dos testimoniales y la confesional a cargo de la actora, Eva Valenzuela Ortiz. h) El diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve se dictó la resolución incidental en la que se condenó al aquí quejoso al pago de: 1. Actualización de la pensión alimenticia por los años 2014 a 2018, y 2. Pensión debida y no pagada de los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, así como enero a septiembre de dos mil diecinueve (fojas 4-11, tomo II). i) Inconforme con lo anterior, el peticionario interpuso recurso de apelación (fojas 25-46, tomo II). j) El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve se resolvió dicho medio de impugnación, lo que ocurrió modificando la cuantificación respecto de la condena por pago de actualización; empero, sustancialmente se declararon infundados los agravios. Éste es el acto reclamado. Se destaca que el contenido de los actos precisados en los últimos tres incisos, se particularizará en el considerando de estudio. QUINTO. Introducción al estudio de fondo. Es fundado uno de los conceptos de violación. A fin de responderlo, se analizará el proceso impugnativo: Debe recordarse que los alimentos caídos exigidos fueron clasificadas en dos tipos: 1) la cantidad incrementada que resulte de la actualización anual salarial de 2014 a 2019; y 2) Los alimentos no pagados desde noviembre de dos mil dieciocho3 . Al efecto, el juzgador de primera instancia resolvió en lo conducente, respecto de la actualización anual conforme al aumento del salario: "En la especie tenemos que comparecen (.) a demandar en la vía incidental (.) el cumplimiento del convenio mencionado, por lo que hace al pago del incremento de la pensión alimenticia en relación al aumento del salario mínimo de los años 2014, 215, 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre la cantidad acordada relativa a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.); además reclaman el pago de la pensión alimenticia desde el 3 Ambos, en conformidad con la cláusula quinta del convenio que, como se recordará, dice: "QUINTA. Las necesidades de la C. Eva Valenzuela Ortiz, Brenda Mercado Valenzuela y Antonio Mercado Valenzuela, tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriada la sentencia de divorcio, se cubrirán mediante una pensión alimenticia cuyo monto será de $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, sin detrimento de que dicha pensión pueda aumentarse en la misma proporción que se incremente el salario mínimo vigente en el estado." Juicio de amparo 1199/20197 mes de noviembre del año 2018 hasta la actualidad en la forma y términos que lo desglosan en su demanda incidental y a precisión realizada en la audiencia de juicio incidental de día 11 de septiembre del 2019. (.) Ahora bien, tenemos que obra en autos a foja 3 el convenio por las partes respecto de los alimentos (.) con lo cual queda acreditado la existencia del vínculo contractual del cual se demanda su cumplimiento. El demandado incidentista (.) ofreció el desahogo de la prueba confesional por absolución de posiciones a cargo de Eva Valenzuela Ortiz, sin embargo del desahogo de dicha probanza no se desprende elemento alguno que le perjudique, ello atento a lo que disponen los artículos 98 y 99 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. También ofreció la prueba testimonial a cargo de los ciudadanos José Rubén Morales Araiza y Rodolfo Lemus Martínez, quienes fueron coincidentes en manifestar que el señor Salvador Mercado Martín realizaba los pagos de colegiaturas de sus hijos y que en la actualidad los hijos de las partes viven con la actora incidental. Testimonial a la que se concede valor probatorio indiciario (.) sin embargo, dicha probanza resulta insuficiente para demostrar las excepciones y defensas que pretendió el oferente, pues en el caso en particular se puede inferir que el demandado incidental realizaba pagos de colegiaturas de sus hijos por motivo del convenio (.) mas no acreditar que haya realizado los aumentos correspondientes al incremento de pensión alimenticia que a cada año correspondían desde el año 2014, los cuales ahora se le reclaman . Por otro lado, el demandado incidental basa su defensa aduciendo que sus hijos estuvieron bajo su guarda y custodia material y pretende compensar el supuesto gasto que manifiesta realizó mientras estuvieron con él, circunstancia que a juicio de este juzgador no quedó acreditada, máxime que el demandado incidental no hizo del conocimiento de este Tribunal tal circunstancia, sino hasta el año 2019 en que promovió la cancelación de pensión alimenticia dentro del expediente F-1914/19 del índice de este Tribunal. En base a lo anterior, tomando en consideración que en el presente caso quedó demostrada la existencia de una obligación por parte de Salvador Mercado Martin, y una vez analizadas las constancias procesales y pruebas ofertadas, este Tribunal estima que efectivamente, el demandado incidentista fue omiso en actualizar el monto de la pensión alimenticia a que se comprometió en el multicitado convenio desde el año 2014. (.) Igualmente resultaron ineficaces las documentales aportadas por el demandado incidentista relativas a los estados de cuenta del banco BBVA BANCOMER atendiendo a que el demandado incidental fue omiso en establecer el nexo entre las probanzas desahogadas y la contestación a las prestaciones. Por lo tanto, no fue posible realizar una relación entre fechas, cantidades y referencias bancarias que obran en el vasto número de estados de cuenta que adjuntó al sumario y la contestación a los hechos que se le imputan. En ese sentido, este Tribunal se encuentra impedido para subsanar las omisiones y carencias de la defensa y las pruebas aportadas por el demandado incidental, lo que resultaría antijurídico suplirle la deficiencia de la queja. (.) Por lo anterior, resulta procedente realizar una cuantificación de las cantidades debidas a razón de la siguiente tabla tomando como base la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales desde el año 2013 al 2019. (.) Por lo tanto, realizándose las operaciones aritméticas anteriores tomando como base el año 2014 en que debió realizarse la actualización correspondiente, más el aumento salarial, multiplicado por el número de meses (12) correspondiente a cada año desde el 2014 al 2018 y realizándose la sumatoria de cada una de las sumas correspondientes a cada año actualizado se concluye que la cantidad debida corresponde a $18,891.01 (dieciocho mil ochocientos noventa y un pesos 01/100 M.N.)." Por otra parte, tocante al pago de la pensión alimenticia no pagada desde el uno de noviembre de dos mil dieciocho a septiembre de dos mil diecinueve, resolvió: "CUARTO.- Corresponde ahora resolver la diversa prestación que reclaman (.) respecto del pago de pensión alimenticia debida y no pagada desde el día 1 de noviembre del año 2018 a la actualidad (inciso G de las prestaciones, aclaración que se tuvo por realizada dentro del desahogo de la audiencia del juicio incidental.) Acotado lo anterior, la parte actora incidental aseveró que el demandado incidentista dejó de pagar desde el día 1 uno de noviembre del año 2018 la pensión alimenticia hasta la actualidad. El demandado incidental para comprobar el pago de los alimentos agregó al juicio las copias certificadas del expediente F-194/2019 del que se desprenden diversos estados de cuenta de la institución bancaria BBVA Banorte a nombre de Salvador Mercado Martín, documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno para acreditar que en el expediente referido obran diversos estados de cuenta de la institución ya referida. Además, agregó al sumario las copias simples de dos estados de cuenta de la institución bancaria BBVA Banorte a nombre de Salvador Mercado Martín que comprenden los periodos del 29 de junio al 28 de julio de 2019 y del 29 de julio al 28 de agosto del 2019. Documental a la que se le otorga valor indiciario (.) útil para advertir que Salvador Mercado Martín tiene una cuenta bancaria en el banco BBVA Bancomer (.) de la que se desprenden los periodos (.) que realizó diversas transacciones con los terceros y pagos de servicios. Juicio de amparo 1199/2019 9 Documentales las anteriores las que fueron objetadas por la parte actora incidental argumentando que en el convenio de fecha 30 de octubre de 2013 no se pactó el depósito bancario de las cantidades con motivo de la pensión alimenticia, sino mediante entrega de forma personal, aduciendo además que no se desprenden los pagos del convenio acordado. Resultando fundadas parcialmente sus objeciones en cuanto a que no se pactó el depósito bancario de las cantidades por motivo de pensión alimenticia para los hijos de las partes, sino que se pactó que dicho pago se realizara personalmente a Érika Valenzuela Ortiz, no es óbice a lo anterior para tener a Salvador Mercado Martín por hechos los depósitos a que más adelante nos referiremos. Las documentales analizadas ya referidas resultan eficaces únicamente para el efecto de tener por acreditando el pago de las pensiones alimenticias (.) únicamente a las siguientes fechas, montos y números de transferencias, tomando en consideración que la actora incidental no aportó pruebas para desacreditar dichos pagos, por lo que se le tiene por conforme con los siguientes: (se transcriben 7 depósitos correspondientes al mes de julio y se asientan diversas "referencias bancarias) Total depositado mes de julio de 2019: $2900. Lo anterior es así considerado, atendiendo a que el demandado incidental fue omiso en precisar una relación o una concatenación de fechas, cantidades y referencias bancarias que debió señalar en su contestación de demanda incidental en relación a las documentales aportadas relativas a copias certificadas del expediente F-1914/2019 del índice de este Juzgado, específicamente los estados de cuenta para que este Tribunal tuviera la posibilidad de hacer un análisis de las mismas, la anterior determinación tiene su sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia por identidad jurídica cuyo rubro es el siguiente (.) "ACCIÓN. SU DEFICIENCIA NO PUEDE SER SUBSANADA POR EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN EL JUICIO" En ese tenor se procede a realizar la cuantificación de las pensiones debidas del mes de noviembre y diciembre del 2018 y de los meses transcurridos en el presente año 2019 con la debida actualización en base a la siguiente tabla Año 2018 +16% Pensión actualizada año 2019 $4,805.39 $768.86 $5,574.25 Ahora bien, desde la fecha del reclamo 1 de noviembre del año 2018 al 19 de septiembre del presente año han transcurrido 11 meses, los cuales se contabilizan de la siguiente manera: Fecha Cantidad debida Noviembre 2018 $5,574.25 Diciembre 2018 $5,574.25 Enero 2019 (cantidad ya actualizada) $5,852.96 Febrero 2019 $5,852.96 Marzo 2019 $5,852.96 Abril 2019 $5,852.96 Mayo 2019 $5,852.96 Junio 2019 $5,852.96 Julio 2019 $5,852.96 Agosto 2019 $5,852.96 Septiembre 2019 $5,852.96 TOTAL $63,825.14 Una vez establecido lo anterior, para determinar la cantidad debida correspondiente a los meses no pagados desde el mes de noviembre de 2018 al presente mes de septiembre del 2019 se procede a hacer una operación aritmética descontando a la suma total $63,825.14 (.) menos la cantidad que comprobó el demandado incidental que pagó ($2,900.00 dos mil novecientos pesos) nos da un total del $60,925.14. Por todo lo anterior, este Tribunal determina procedente condenar al demandado incidental (.) a pagar la cantidad de $60,925.14 por concepto de pensión alimenticia debida y no pagada desde el mes de noviembre del 2018 al mes de septiembre del 2019." Enseguida, efectuó la suma de ambas cantidades, es decir, la actualización debida correspondiente a los meses 2014 a 2018 y la pensión debida desde noviembre de 2018 a septiembre de 2019 para concluir: "Tomando en cuenta la cantidad señalada en el considerando cuarto de la presente resolución ($18,891.01) y la suma determinada en el presente considerando (60,925.14) [.] resulta el gran total de $79,816.15. Cantidad que deberá ser cubierta por la parte demandada incidentista (.) dentro del plazo de 5 días a partir de que cause ejecutoria la presente resolución." Juicio de amparo 1199/2019 11 Inmediatamente después reconoció valor probatorio al convenio celebrado entre el demandado incidentista y su hija4 , pero lo desestimó respecto de la pretensión demostrativa del oferente, a fin de disminuir la condena. Al efecto, el juzgador consideró: "Ahora, analizando el convenio (.) se le concede valor probatorio pleno (.) útil para acreditar que Brenda Mercado Valenzuela y su padre Salvador Mercado Martín han llegado a un convenio sobre pensión alimenticia para ella y que además se desiste de la acción ejercida, sin que dichas declaraciones y manifestaciones abarquen ni perjudiquen a su hermano. En ese tenor, las cantidades a las que se condenó (..) no pueden ser disminuidas en virtud de las renuncias que realizó Brenda Mercado Valenzuela, atendiendo a que las prestaciones que se le reclamaron (.) resultan ser obligaciones mancomunadas a favor de Brenda Mercado Valenzuela, Eva Valenzuela Ortiz y el menor de edad de iniciales A.M.V., atendiendo a que las mismas no han divididas (sic) y por ello no es posible hacer una determinación de a cuánto ascienden las mismas a cada uno de los acreedores. Finalmente, resolvió: "Por lo anteriormente expuesto.. (.) TERCERO.- Se condena al demandado incidental Salvador Mercado Martín a pagar la cantidad de $18,891.01 (.) por concepto de pago de actualización de la pensión alimenticia de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. CUARTO.- Se condena al demandado incidental (.) a pagar la cantidad de $60,925.14 (.) por concepto de pago de pensión alimenticia debida y no pagada de los meses de noviembre y diciembre de 2018 y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, todos de 2019." Ahora bien, en este momento del fallo es importante destacar que en la tendencia impugnativa se excluyó lo referente a las actualizaciones anuales; en contrapartida, la inconformidad del 4 En el inciso e) de antecedentes se aludió a él y se destacó la cláusula séptima que dice: "SÉPTIMA.- Manifiesta la C. Brenda Mercado Valenzuela que debido a que se llegó a un acuerdo en el presente convenio con el C. Salvador Mercado Marín, se desiste de cualquier acción ejercida en contra del mismo." (foja 626, tomo I). 12 aquí quejoso continuó respecto del pago de los alimentos no pagados durante 2018 y 2019 (se destacan los tópicos de la valoración del convenio y de los estados de cuenta agregados al procedimiento familiar F-1914/19 pues serán relevantes en los conceptos de violación). En torno a esto, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación y, en lo que interesa, se destacan los siguientes agravios: Que sí debió tomarse en cuenta el convenio que celebró con su hija, dado que contrariamente a lo que expone, las pensiones caídas sí pueden ser divisibles, en la medida en que acorde con el artículos 376 del Código Civil, son transigibles, transmisibles y renunciables5 ; que confunde mancomunidad con solidaridad; que "siempre es susceptible de fraccionarse" y es mancomunada pues no hay disposición legal que la haga solidaria. Además, los artículos 1472 a 1474 del Código Civil de la entidad6 , disponen que una obligación mancomunada no impide que "se pueda dividir la misma y por ello sea posible hacer una determinación ni disminución de montos de pensión" (foja 27, tomo II) También expresa que, contrariamente a lo dicho por el juzgador, sí demostró que sus hijos vivían con él y la obligación la cumplió incorporándolos a su domicilio; que "en el sumario fueron agotadas probanzas tendientes a acreditar la circunstancia relativa a que mis entonces menores hijos estuvieron viviendo con el suscrito en mi domicilio con posterioridad a la disolución matrimonial (.) pues así se 5 Artículo 376. El derecho de recibir alimentos no puede ser objeto de transacción y es irrenunciable e intransmisible; pero sí pueden ser objetos de las operaciones indicadas, las pensiones caídas" 6Artículo 1472. Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. Artículo 1473. La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos uno de otros. Artículo 1474. Las partes se presumen iguales, a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario. Juicio de amparo 1199/2019 13 advierte de la testimonial que fue desahogada a cargo de los CC. José Rubén Morales Araiza y Rodolfo Lemus Martínez, quienes sí bien es cierto refirieron que "actualmente" mis hijos habitaban con la actora incidental, no menos cierto es que también refirieron que con anterioridad aquellos habitaban conmigo (.) medio de prueba que vinculado con el convenio celebrado entre mi hija (.) y el suscrito (.) acredita de manera plena y fehaciente la existencia de la custodia que el suscrito ejercí a favor de mis hijos con posterioridad" (foja 38, tomo II). Expuso, además, que se efectuó "un análisis y valoración erróneas de las probanzas consistentes en las copias certificadas del expediente F-1914/2019, aduciendo que el suscrito fui omiso en precisar una relación o una concatenación de fechas, cantidades y referencias bancarias". Que "no existe dispositivo legal alguno que imponga a las partes la obligación de precisar de manera concreta y específica los puntos sobre los cuales versará cada medio de prueba (.) máxime que acorde al principio de exhaustividad, el juzgador primigenio se encontraba obligado a analizar las documentales aportadas para efecto de acreditar de manera plena y fehaciente la existencia de los pagos por concepto de pensión alimenticia (.) máxime que contrario a lo asumido por el juzgador si es procedente suplir la deficiencia de la queja a favor del deudor alimentista al formar parte del núcleo familiar que jurídicamente puede ser protegido." (fojas 31 y 32, tomo II). También se inconformó pues "de haberse analizado la documental aportada y los pagos realizados por el suscrito a la parte actora incidentista, se habría arribado a la indefectible conclusión de que en la especie el pago realizado revirtió la cara de la prueba hacia la actora incidentista (.) máxime que si en la especie acredité plenamente haber cumplido con mi obligación alimentaria, a la parte actora correspondía en su caso acreditar que dichos pagos no correspondían a la obligación a través de la existencia de relación jurídica distinta." (foja 34, tomo IIEn la resolución de segunda instancia, el magistrado responsable dijo: "CUARTO.- El apelante señala como primer motivo de inconformidad la indebida motivación y fundamentación de su determinación, al señalar que las prestaciones que se reclamaron resultan ser obligaciones mancomunadas y por lo cual no pueden dividirse. (.) El primer agravio es fundado pero a la postre inoperante en atención a las consideraciones que se exponen a continuación. (.) Lo anterior, ya que de conformidad a los preceptos que cita el disidente, así como al criterio de jurisprudencia, se obtiene que en nuestra legislación civil existe una clasificación de las obligaciones cuando hay pluralidad de sujetos, en mancomunadas y solidarias y en divisibles e indivisibles, se obtiene que la obligación de pago de alimentos es divisible y mancomunada en virtud de su naturaleza que por regla general, se traduce en la entrega de una suma de dinero, ya sea establecida en una cantidad determinada o en un porcentaje de los ingresos del deudor. (.) Luego, una pensión alimenticia debe considerarse dividida en tantas partes como acreedores hay válidamente se puede deducir la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los enjuiciantes, incluida Brenda Mercado Valenzuela, y toda vez que no se asignó una porción específica a cada uno de ellos, luego válidamente se puede presumir que la misma debía repartirse en partes iguales. (.) No obstante, esta Alzada considera que no ha lugar a disminuir la parte proporcional que le correspondía a Brenda Mercado Valenzuela por las consideraciones siguientes: En primer lugar, la prestación que se reclama se trata de alimentos caídos que consisten en una erogación que tuvo que efectuar una persona a favor de sus hijos, cuando no correspondía a ella la obligación o teniéndola, excede su capacidad o posibilidad de otorgar los alimentos, por lo que a nombre del responsable de dar los alimentos adquiere deudas a título alimentario. En suma a lo anterior y tomando en cuenta que no quedó justificado en autos que los hijos de los contendientes hayan cohabitado con Salvador Mercado Martín ni tampoco el periodo por el cual lo hicieron, ya que sí bien del convenio se desprende que Brenda Mercado Valenzuela manifiesta que lo hicieron desde el dos mil trece y después se regresaron con su mamá, sin que especificaran la fecha, luego al desconocerse lo anterior, no se sabe si desde noviembre del dos mil catorce (periodo que abarca el presente litigio) ellos cohabitaban con el demandado. Juicio de amparo 1199/2019 15 Máxime que subsiste el argumento del A quo en cuanto a que nunca se hizo del conocimiento de la autoridad judicial este cambio de custodia. De ahí que existe la presunción que desde dos mil catorce hasta la fecha de la presentación de la demanda, los hijos de los contendientes cohabitaron con su progenitora. (.) Respecto a esto último es relevante destacar que la obligación de otorgar alimentos también se cumple con la incorporación de los infantes al domicilio del deudor alimentario, es así acorde con el artículo 363 del código civil. (.) Por integración o incorporación a la familia se entiende que el deudor cumple su obligación llevando a vivir al acreedor bajo el mismo techo que él habita y permitiendo que se aproveche de todos los recursos que se encuentran disponibles, de la misma forma que lo hace la propia progenitora y los demás familiares que en ella habitan. (.) Una vez establecido lo anterior, y de conformidad a lo acontecido en la especie, válidamente se puede considerar que quién sufragó los alimentos de Brenda Mercado Valenzuela desde noviembre de dos mil catorce a la fecha de la presentación de la demanda fue Eva Valenzuela Ortiz, pues la misma se encontraba incorporada al domicilio de su progenitora y además no existe prueba alguna que demuestre que la hija de los contendientes tuviese un ingreso propio. (.) De ahí que no se puede realizar una disminución derivado del convenio celebrado entre el enjuiciado y Brenda Mercado Valenzuela, porque la cantidad que se obtenga en la especie entra directamente al patrimonio de la actora Eva Valenzuela Ortiz, pues ella erogó la obligación alimentaria de sus hijos, aun cuando la pensión no fue actualizada ni otorgada desde el mes de noviembre de dos mil dieciocho. (.) En esa tesitura, es inoperante el agravio." "Prosiguiendo con el estudio de los motivos de discrepancia, el recurrente aduce que le causa perjuicio la valoración de las copias certificadas del expediente F-1914/2019 ya que él sí hizo referencia a que con dichas copias certificadas se acredita el pago realizado por concepto de pensión alimenticia, incluso en cuanto hace al año dos mil diecinueve, ello en su escrito por el cual desahogó la vista que le fue dada respecto del incidente planteado. Y, con ello cumplió la exigencia de exhibir la documental para justificar su obligación alimentaria en términos de lo que dispone el numeral 848 de la ley procesal civil, así como también cumplió con los requisitos de su ofrecimiento. Sin que la legislación exija que se haga una relación punto por punto, cantidad por cantidad, fecha por fecha en relación a los hechos controvertidos, por lo que su manifestación se encuentra indebidamente fundada y motivada. Este agravio es inoperante por insuficiente ya que no combate otra de las razones por las cuales el Juez decidió no otorgarle valor probatorio pleno y que consistió en la procedencia de la objeción planteada por la parte actora en cuanto a que la pensión alimenticia debió pagarse personalmente en el domicilio asentado en el convenio y no así mediante depósitos bancarios, de ahí que aun cuando se prescinda de la exigencia que impuso el juez en cuanto a relacionar la documental con fechas, cantidades y referencias bancarias, dicho medio de convicción no podía tomarse en cuenta dada la objeción que resultó procedente. En ese tenor es inoperante el motivo de afrenta, toda vez que el apelante debió emitir razonamientos lógicos-jurídicos a través de los cuales se combatiera la decisión de la juez, esto es, a rebatir lo concerniente a la procedencia de la objeción, por lo que al no haberlo hecho sus manifestaciones devienen insuficientes. Con independencia de lo anterior, debe señalarse que le asiste la razón al recurrente en cuanto a que no era una exigencia hacer una relación suscinta entre fechas y cantidades en el escrito de contestación, empero lo que sí era relevante es que aludiera el número de cuenta o referencia bancaria de la cual fueran titulares los acreedores alimentarios (y acreditar tal titularidad) para estar en condiciones de vincular los depósitos hechos a determinada cuenta con el cumplimiento de su obligación alimentaria. Por ende, aun cuando esta parte del motivo de disenso se estimara fundada; no obstante la misma sería inoperante porque aun cuando se analizara la documental, no podría realizarse una relación entre el pago de pensión alimenticia con algún número de cuenta que pertenezca a su contraparte. (.) Por último, el recurrente sostiene que de arribarse a la conclusión de que se encuentran acreditados los depósitos por concepto de pensión alimenticia, ello revertía la carga de la prueba a la actora incidentista en cuanto a que dichos pagos no correspondían al cumplimiento de dicha obligación. Este agravio es inoperante, porque parte de un hecho que no quedó justificado, por lo que resulta innecesario estudiar la procedencia o no de la reversión en la carga de la prueba Como puede advertirse y, en lo que interesa para responder los conceptos de violación, el fallo reclamado está sustentado en dos premisas torales y una adicional: 1. La obligación mancomunada de pagar alimentos caídos sí es divisible entre el número de acreedores, lo que genera la posibilidad de disminuir la parte proporcional que corresponde Juicio de amparo 1199/2019 17 a la hija con quien celebró convenio; empero, esto es insuficiente para revocar por qué: 1.1. El quejoso no acreditó que sus hijos se hayan incorporado a su domicilio a vivir con él y esto permite inferir lo siguiente: 1.2. Que vivieron con su madre y fue ésta quien tuvo que pagar de su peculio los alimentos en el periodo; es decir, que no fue la hija quien erogó los gastos propios materia del convenio, sino su madre; por ende, no debe descontarse la parte proporcional correspondiente a la hija. 2. Es cierto que la valoración de las documentales (estados de cuenta bancarios) adjuntas al juicio F-1214/19 puede hacerse sin exigir al oferente "una relación sucinta entre fechas y cantidades en el escrito de contestación"; empero, esto es insuficiente para revertir el fallo. El magistrado expuso dos razones para sostenerlo: 2.1. Existió una objeción de esos documentos por la aquí tercera interesada, virtud a que los pagos de la pensión - acorde con el convenio de divorcio- debían hacerse en el domicilio de la acreedora y no en depósitos bancarios. Luego, subsiste dicha objeción para restar eficacia a los documentos. 2.2. La documental no podría relacionarse con los pagos pues, si bien, no debió exigirse al oferente "una relación sucinta entre fechas y cantidades en el escrito de contestación" si era determinante que "se aludiera el número de cuenta o referencia bancaria (.) para así estar en condiciones de vincular los depósitos hechos a determinada cuenta con el cumplimiento de la obligación alimentaria" 3. Que es innecesario analizar sí la demandada tenía la carga de demostrar que los depósitos efectuados no corresponden a la pensión alimenticia, pues parte de un elemento que no quedó justificado, a saber, la valoración eficaz de tales depósitos debido a la falta de demostración entre estos y la acreedora. Las anteriores consideraciones son la materia de los conceptos de violación, los cuales se estudiarán en un orden diverso al panteado, a fin de facilitar su entendimiento. SEXTO. Conceptos de violación infundados e inoperantes. 1. SUPLENCIA DE LA QUEJA (INFUNDADO) Primeramente, se desestima la pretensión del quejoso en el sentido de que tanto el Tribunal de apelación como este constitucional, se debe suplir la deficiencia de la queja en su beneficio, en su calidad de deudor alimentario. Es cierto que existe criterio reciente del Máximo Tribunal, de rubro y texto7 : "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la 7 Jurisprudencia 1/J. 24/2020 (10), publicado en el Semanario Judicial de la Federación, el cuatro de septiembre de dos mil veinte Juicio de amparo 1199/2019 19 intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Al efecto, es deber de este Juzgador suplir la deficiencia de la queja pues prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo , la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando devenga un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho 8 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. [.]"humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Ahora bien, en el caso concreto, de un estudio oficioso no se advierte que existan elementos que ameriten suplirse; por el contrario, la litis del procedimiento de origen es para cumplir con una obligación familiar prioritaria, a saber, los alimentos. De la misma manera, el Tribunal responsable tampoco estuvo obligado a suplir la deficiencia, en la medida en que no existieron elementos para ello. Por tanto, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones expuestas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resulta innecesarias para motivar el presente fallo. En consecuencia, al inadvertir violación a derechos humanos en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si les asiste o no razón a partir de la causa de pedir que se formula. De ahí lo infundado de este concepto de violación. Juicio de amparo 1199/2019 21 Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2./J. 67/2017 (10a.)9 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone en su rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." 2. INCORRECTA VALORACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA (INOPERANTE POR REITERATIVO) En el concepto de violación identificado como segundo, el quejoso reitera que "se realizó un errado análisis y valoración de las probanzas consistentes en las copias certificadas del expediente F-1914/2019 ya que, como se insiste, desde la contestación de la vista se hizo referencia que con dichas copias certificadas se acreditaban fehacientemente los pagos realizados por concepto de pensión alimenticia que se me reclamó (.) siendo que en estos procedimientos no resulta un requisito necesario y esencial que se haga una relación sucinta y específica punto por punto, cantidad por cantidad, fecha por fecha y relación necesaria con los hechos controvertidos, bajo la pena de negarles valor probatorio" . También manifestó que la responsable resolvió "desconociendo las características propias de los comprobantes y su demostración bajo los principios de la práctica bancaria y las leyes fiscales a la luz de las máximas jurídicas iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, conforme a los cuales el juzgador corresponde el conocimiento de todo el derecho aplicable." La anterior causa de pedir deviene inoperante, pues el magistrado expuso la necesidad de particularizar cierta información que permitiera vincular los depósitos con la cuenta de las terceras interesadas. Recordemos que dijo que "era 9 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. relevante que aludiera el número de cuenta o referencia bancaria de la cual fueran titulares los acreedores alimentarios (y acreditar tal titularidad) para estar en condiciones de vincular los depósitos hechos a determinada cuenta con el cumplimiento de su obligación alimentaria. Por ende, aun cuando esta parte del motivo de disenso se estimara fundada; no obstante la misma sería inoperante porque aun cuando se analizara la documental, no podría realizarse una relación entre el pago de pensión alimenticia con algún número de cuenta que pertenezca a su contraparte." Luego, si el peticionario insiste en que la mera revisión exhaustiva de las documentales es suficiente, lo único que hace es reiterar su posición original, sin controvertir los motivos torales del magistrado: la necesidad de correlacionar cuentaacreedor y la subsistencia de la objeción de las documentales. De ahí que esa deficiencia en la causa de pedir, la torna inoperante, acorde con el siguiente criterio, de rubro y texto10: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." 3. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE CUENTA EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL (INOPERANTES POR NOVEDOSOS E IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA REALIZARLO). 10 Registro IUS 192315, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el tomo XI, página 845, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Juicio de amparo 1199/2019 23 En esa misma línea de reflexión, es inoperante el concepto de violación, en el que el quejoso pretende que esta potestad "analice de manera sistemática e integral los depósitos bancarios que fueron formulados por el suscrito a la coactora incidentista, para efecto de percatarse de todos los depósitos bancarios, con los números de cuenta ordenante y receptora que corresponden a los de la citada coactora incidentista y al suscrito como demandado incidental y deudor alimentista, y que son los siguientes" (enseguida enlista una relación entre depósitos y titular de la cuenta, desde enero de 2014 a diciembre de 2018). En primer término, es importante recordar que la condena se dividió en dos rubros por incumplimiento: a) al incremento anual conforme al salario mínimo y b) al pago de la pensión completa desde noviembre de dos mil dieciocho a septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, la relación de aparentes depósitos que formula el promovente corresponde a los años cuyo pago no se encuentra en controversia. Es cierto que también hace una relación de los meses de noviembre y diciembre de dos mil dieciocho que sí fueron materia de la condena; sin embargo, este Tribunal se encuentra impedido para hacer el estudio correspondiente, dado que no se hicieron valer en el momento procesal oportuno y se estarían invandiendo atribuciones y esferas que no corresponden. En efecto, resulta insostenible exigir que en esta instancia constitucional se analice la relatoría de los pagos en concordancia con las pruebas aportadas al procedimiento de origen, pues fue una de las razones por las que tanto el juez como el magistrado desestimaron las documentales: la imposibilidad de relacionarlas. Además, se reitera, esta instancia constitucional no sólo debe ser respetuosa sino promotora del derecho humano a la seguridad jurídica que conlleva un procedimiento reglado por el legislador, aun frente a una eventual vulneración a otros derechos; de ahí que si el quejoso, como parte en el procedimiento, tuvo la oportunidad de formular estos planteamientos por quien podía reasumir su jurisdicción original (tribunal de apelación) y no lo hizo, este Juzgado está impedido para analizarlos o, de lo contrario, se atentaría contra el principio de seguridad jurídica; de ahí lo inoperante de su concepto de violación. Es orientadora la jurisprudencia 1./J. 12/2008, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunalde rubro y texto11: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios 11 Visible en la página 39, tomo XXVII, abril de dos mil ocho. Juicio de amparo 1199/2019 25 relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." A mayor abundamiento, en franca relación con la inoperancia de los dos conceptos de violación antes transcritos, es menester precisar lo siguiente: El juicio de amparo tiene como finalidad proteger y, en su caso, restituir o reparar sobre posibles violaciones constitucionales cometidas por las autoridades; empero, esta institución carece del alcance de analizar o estudiar cuestiones incorporadas de forma novedosa y que no fueron expresadas ante la potestad ordinaria. Es importante destacar que la autoridad constitucional debe actuar como protectora de los derechos fundamentales de los ciudadanos y visualizar el conflicto planteado bajo el principio pro homine, es decir, siempre en beneficio del peticionario; sin embargo, también es importante aclarar que el derecho a la seguridad jurídica que tienen las partes en un proceso, implica la existencia de una serie concatenada de actos sometidos a una estricta reglamentación que debe ser acatada. A mayor abundamiento, la función jurisdiccional es una potestad atribuida a órganos del Estado para dirimir contenciones; al mismo tiempo, es un deber impuesto en cuanto a que éstos no pueden negarse a administrar justicia, ni a utilizar los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. En esa perspectiva, es dable aclarar que acudir a esta instancia constitucional, encuentra sus límites bajo un ejercicio ponderativo en la seguridad jurídica que conlleva un proceso. Esto es así, porque el Constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar. Estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", la que no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento. Esa facultad del legislador tampoco es absoluta, pues los límites que imponga deben encontrar justificación constitucional, de tal forma que sólo pueden imponerse cuando mediante ellos se tienda al logro de un objetivo de mayor jerarquía constitucional. Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto12: "ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES. La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene que la impartición de justicia debe darse en los 'plazos y términos que fijen las leyes', responde a la exigencia razonable de ejercer la acción en lapsos determinados, de manera que de no ser respetados podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales. Esto es, la indicada prevención otorga al legislador la facultad para establecer plazos y términos razonables para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, pero sólo a él y no a alguna otra autoridad." Ese derecho a la seguridad jurídica garantizado en la Carta Magna, se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, bajo los términos y plazos que determinen las leyes, como lo establece el precitado artículo 17 constitucional. Es de citarse las figuras jurídicas de cosa juzgada, plazo, caducidad, preclusión, entre otras. 12 Tesis LV/2004, emitida por la Primera Sala, visible en la página 511, tomo XIX, mayo de dos mil cuatro. Juicio de amparo 1199/2019 27 Finalmente, no debe pasar inadvertido que las reglas procesales, también son una garantía protectora no sólo del derecho humano a la seguridad jurídica, sino a la igualdad a la que ya se hizo referencia; en el entendido de que en todo proceso existen dos o más contendientes a los que debe respetarse la oportunidad de controvertir lo resuelto en similares condiciones; en esa medida, dejar de lado los procedimientos preestablecidos y sus principios, aduciendo vulneración a prerrogativas fundamentales, podría generar un desequilibrio entre las partes que, a la postre, vulneraría esa igualdad que se predica como principio toral del sistema de derechos humanos. Así, esta instancia constitucional no sólo debe ser respetuosa sino promotora del derecho humano a la seguridad jurídica que conlleva un procedimiento reglado por el legislador y por una lógica impugnativa, aun frente a una eventual vulneración a otros derechos. Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia 2/J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro13: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Tampoco escapan al estudio los principios jurídicos que enuncia el quejoso (iura novit cuia y da mihi factum); sin embargo, en nada modifican lo aquí resuelto, en la medida en que el dilema planteado es de índole fáctica (problema de hecho) en oposición a jurídica (problema de derecho), por lo que no hay que acudir a éste para resolver estos conceptos de violación en concreto. 13 Visible en el libro 6, tomo II, mayo de dos mil catorce, página 772, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época. INVERSIÓN DE CARGA PROBATORIA SOBRE DEPÓSITOS (INFUNDADO). El promovente, además, expone que "a la luz de la suplencia de la queja el judiciante debió de haber realizado un escrutinio estricto con relación a dichos pagos y en su caso exigir a la parte contraria la demostración de que dichos depósitos correspondían a operaciones económicas diversas ajenas a la obligación alimentaria" Primeramente, ya se hizo notar al peticionario que la suplencia de la queja no opera en el caso concreto en su beneficio. No obstante, es inexacta su pretensión pues, como lo hizo ver el magistrado responsable, si las documentales fueron desestimadas por la indemostración de la relación entre depósitos-acreedores, es imposible jurídica y lógicamente exigir la reversión de la carga demostrativa sobre un hecho no probado, sin que amerite mayor explicación, dada su obviedad. 5. FALTA DE DEMOSTRACIÓN DE OBJECIÓN DE LOS DOCUMENTOS (INFUNDADO). Tampoco pasa inadvertida su manifestación en torno a que "a quien correspondía acreditar la objeción planteada era a la parte actora"; empero, es infundada tal expresión pues, sin perjuicio de que se está ante una mera afirmación dogmática que, inclusive, no se estudió en el fallo reclamado, lo cierto es que el motivo de la objeción fue que los supuestos depósitos bancarios no se correspondían con lo convenido en la cláusula sexta del convenio de divorcio que sí obra en autos14. Es decir, la causa de la objeción se encuentra visible y materializada en el procedimiento, sin que como se vio por parte de la responsable, se haya controvertido la validez de tal objeción. 14 "SEXTA.- La cantidad señalada en la cláusula anterior se pagará en el domicilio ubicado en la avenida C. Quinta Miraflores 144, fraccionamiento Real de Arboledas."VALORACIÓN DE CONVENIO Y OTRAS PROBANZAS PARA DISMINUIR LA CONDENA (INFUNDADO E INOPERANTE) En lo que interesa, recordemos que el magistrado responsable consideró viable la posibilidad de dividir o partir el monto de la pensión alimentaria -como obligación mancomunada-, acorde con el número de acreedores. El problema jurídico fue resuelto favorablemente al aquí quejoso; empero, en el fallo se planteó un diverso obstáculo fáctico que impidió revocar la determinación, a saber: El promovente no acreditó que sus hijos se hayan incorporado a su domicilio a vivir con él y esto generó diversas inferencias, en el sentido de que vivieron con su madre y fue ésta quien tuvo que pagar de su peculio los alimentos en el periodo de incumplimiento; es decir, que no fue la hija quien erogó los gastos propios materia del convenio, sino su madre; por ende, no debe descontarse la parte proporcional correspondiente a la hija, no obstante que renunció a ella. La Sala, al respecto, consideró: El primer agravio es fundado pero a la postre inoperante en atención a las consideraciones que se exponen a continuación. (.) Lo anterior, ya que de conformidad a los preceptos que cita el disidente, así como al criterio de jurisprudencia, se obtiene que en nuestra legislación civil existe una clasificación de las obligaciones cuando hay pluralidad de sujetos, en mancomunadas y solidarias y en divisibles e indivisibles, se obtiene que la obligación de pago de alimentos es divisible y mancomunada en virtud de su naturaleza que por regla general, se traduce en la entrega de una suma de dinero, ya sea establecida en una cantidad determinada o en un porcentaje de los ingresos del deudor. (.) Luego, una pensión alimenticia debe considerarse dividida en tantas partes como acreedores hay válidamente se puede deducir la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los enjuiciantes, incluida Brenda Mercado Valenzuela, y toda vez que no se asignó una porción específica a cada uno de ellos, luego válidamente se puede presumir que la misma debía repartirse en partes iguales. (.) No obstante, esta Alzada considera que no ha lugar a disminuir la parte proporcional que le correspondía a Brenda Mercado Valenzuela por las consideraciones siguientes: En primer lugar, la prestación que se reclama se trata de alimentos caídos que consisten en una erogación que tuvo que efectuar una persona a favor de sus hijos, cuando no correspondía a ella la obligación o teniéndola, excede su capacidad o posibilidad de otorgar los alimentos, por lo que a nombre del responsable de dar los alimentos adquiere deudas a título alimentario. En suma a lo anterior y tomando en cuenta que no quedó justificado en autos que los hijos de los contendientes hayan cohabitado con Salvador Mercado Martín ni tampoco el periodo por el cual lo hicieron, ya que sí bien del convenio se desprende que Brenda Mercado Valenzuela manifiesta que lo hicieron desde el dos mil trece y después se regresaron con su mamá, sin que especificaran la fecha, luego al desconocerse lo anterior, no se sabe si desde noviembre del dos mil catorce (periodo que abarca el presente litigio) ellos cohabitaban con el demandado. Máxime que subsiste el argumento del A quo en cuanto a que nunca se hizo del conocimiento de la autoridad judicial este cambio de custodia. De ahí que existe la presunción que desde dos mil catorce hasta la fecha de la presentación de la demanda, los hijos de los contendientes cohabitaron con su progenitora. (.) Respecto a esto último es relevante destacar que la obligación de otorgar alimentos también se cumple con la incorporación de los infantes al domicilio del deudor alimentario, es así acorde con el artículo 363 del código civil. (.) Por integración o incorporación a la familia se entiende que el deudor cumple su obligación llevando a vivir al acreedor bajo el mismo techo que él habita y permitiendo que se aproveche de todos los recursos que se encuentran disponibles, de la misma forma que lo hace la propia progenitora y los demás familiares que en ella habitan. (.) Una vez establecido lo anterior, y de conformidad a lo acontecido en la especie, válidamente se puede considerar que quién sufragó los alimentos de Brenda Mercado Valenzuela desde noviembre de dos mil catorce a la fecha de la presentación de la demanda fue Eva Valenzuela Ortiz, pues la misma se encontraba incorporada al domicilio de su progenitora y además no existe prueba alguna que demuestre que la hija de los contendientes tuviese un ingreso propio. (.) De ahí que no se puede realizar una disminución derivado del convenio celebrado entre el enjuiciado y Brenda Mercado Valenzuela, porque la cantidad que se obtenga en la especie entra directamente al patrimonio de la actora Eva Valenzuela Ortiz, pues ella erogó la obligación alimentaria de sus hijos, aun cuando la pensión no fue actualizada ni otorgada desde el mes de noviembre de dos mil dieciocho. (.) En esa tesitura, es inoperante el agravio." Tocante a esta parte del fallo, el aquí quejoso se inconforma bajo los siguientes argumentos: Juicio de amparo 1199/2019 31 ".el Ad quem realiza un incorrecto análisis y estudio respecto del valor y alcances del convenio celebrado entre el suscrito y mi hija (.) como se señaló en el pliego recursal de apelación, el artículo 376 del Código Sustantivo Civil del Estado permite transigir con relación a los alimentos, al tratarse de pensiones alimentarias no pagadas (caídas). (.) La sala soslaya que en la especie el incidente no únicamente fue promovido por la C. Eva Valenzuela Ortiz (.) sino que también fue promovido por Brenda Mercado Valenzuela, por su propio derecho, como así se advierte de la simple lectura del escrito del incidente de liquidación de alimentos, reconociéndose por ende a mi hija la titularidad del derecho para reclamar la ejecución alimentaria en términos del artículo 369, fracción I del citado Código Civil Estadual, de manera que al haber renunciado de manera categórica y expresa a la ejecución de los alimentos, en el entendido de que la titularidad del derecho que es propio de ella al ser mayor de edad, el juzgador debió haber advertido dicha circunstancia para efecto de decretar la disminución de la porción de la liquidación de los alimentos decretados por convenio. (.) Aunado a que la responsable deja de observar el hecho de que en esta resolución de divorcio se acordó que la custodia era compartida, y así como podría estar con la madre en todo momento, también podría estar con su progenitor y no era necesario hacerlo del conocimiento de la autoridad: además, la responsable da por hecho con simples suposiciones la circunstancia de que quien cubrió los alimentos de Brenda Mercado Valenzuela desde noviembre de dos mil catorce a la fecha de la presentación de la demanda fue Eva Valenzuela Ortiz pues la misma se encontraba incorporada al domicilio de su progenitora (cosa que tampoco se demostró, incluso es parte de otra litis del expediente 1914/2019...) [.] sin embargo lo que no quedó demostrado con ninguna probanza, era el hecho de que sus hijos estuvieran con su madre y que la misma erogara pensión a favor de sus hijos." La causa de pedir, medularmente, se entiende por la ilegalidad del fallo al pretender hacer efectivos los alimentos caídos en favor de la hija, por las siguientes razones: 1. Que se realizó una incorrecta valoración de los medios aportados, para concluir que la hija estuviera incorporada al domicilio de la madre y que ésta fue quien erogó los gastos de manutención. 2. De la demanda incidental se desprende que la hija compareció por propio derecho. Luego, si del convenio se desprende que se desistió de su reclamo, debió restarse su parte proporcional de la condena. Estos conceptos de violación son infundados. Primeramente, se hace notar que en el fallo no se valoró expresamente el convenio, sino que únicamente se desestimó la posibilidad de fraccionar la pensión, por los hechos invocados. No obstante, al resolver el agravio, en la parte final, tácitamente se le reconoce valor de la siguiente manera: "De ahí que no se puede realizar una disminución derivado del convenio celebrado entre el enjuiciado y Brenda Mercado Valenzuela, porque la cantidad que se obtenga en la especie entra directamente al patrimonio de la actora Eva Valenzuela Ortiz, pues ella erogó la obligación alimentaria de sus hijos." (foja 68 vuelta, tomo II)15 . Bajo esa perspectiva, lo resuelto por ambos Tribunales sobre su valor, tiene fuerza vinculatoria suficiente entre los contratantes, sin que puedan existir hechos ni, menos, hipótesis no demostradas, que le resten eficacia. Ahora bien, el quejoso expone que de los medios de convicción aportados no se desprende que la hija viviera con su madre, para efecto de incluir su parte proporcional de pago de alimentos caídos. Tal aseveración es infundada, en la medida en que el promovente parte de una premisa inexacta, pues es a él a quien correspondía demostrar que vivieron con él, en tanto que eso formó parte de sus afirmaciones al contestar la demanda incidental. En efecto, de los antecedentes ya narrados, se desprende que el quejoso, en su escrito de contestación, pretendió desestimar la prestación, bajo el hecho de que "el suscrito siempre los tuve viviendo desde que se ejecutorió la sentencia de divorcio, la señora Eva Valenzuela Ortiz me pidió que si me podía hacer cargo de los niños una temporada, por lo que por no tener problemas accedí" 15 Esa validación es coincidente con lo dicho en primera instancia: "Ahora, analizando el convenio (.) se le concede valor probatorio pleno (.) útil para acreditar que Brenda Mercado Valenzuela y su padre Salvador Mercado Martín han llegado a un convenio sobre pensión alimenticia para ella y que además se desiste de la acción ejercida, sin que dichas declaraciones y manifestaciones abarquen ni perjudiquen a su hermano. Juicio de amparo 1199/2019 33 Este es un hecho que debió demostrarse en autos, tal como lo hizo ver el magistrado responsable de forma indirecta. Para tal efecto, obra el mismo convenio de renuncia por parte de la acreedora, presentado en juicio el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en cuya cláusula primera se asentó: "PRIMERO.- Manifiesta la C. Brenda Mercado Valenzuela que desde el año 2013 ha vivido ella y su menor hermano Antonio Mercado Valenzuela con el C. Salvador Mercado Martín, en el domicilio ubicado en calle Amapola, número 119, del fraccionamiento Quinta Bugambilias, sin embargo, ahora viven con su mamá, la C. Eva Valenzuela Ortiz en el domicilio ubicado en calle Quinta Miraflores, número 114, colonia Real de Arboledas, ambos domicilios en esta ciudad de Celaya, Guanajuato." (foja 825, tomo I). De igual manera, al contestar la incidencia, el quejoso expuso que obra un diverso controvertido F-1419/2019 en trámite, en el que está demandando la cancelación de pensión alimenticia "y la devolución de las cantidades que le deposité y que nunca fueron repartidos para mis hijos para sus necesidades", bajo la premisa fáctica de que fue el quien los tuvo bajo su cuidado (foja 317, tomo I). En correlación con la afirmación anterior, obra copia del expediente en cita que lo corrobora; es decir, que el quejoso demandó la cancelación basado en tal hecho (foja 329, tomo I). Tales medios de convicción, tal como lo hizo notar el magistrado responsable y contrariamente a lo expuesto por el peticionario, resultan insuficientes para demostrar el hecho en mención. Basta advertir la imprecisión en las datas plasmadas en el convenio para desestimar su pretensión. Se trata pues, de un documento que, bajo la libre apreciación en su valoración, el magistrado determinó restarle eficacia probatoria adecuadamente. Por otro lado, si bien, existe otro juicio en el que ese hecho se incorporó a la litis, pues el quejoso demandó la cancelación de la pensión, precisamente bajo el argumento de que los hijos estuvieron a su cargo; en la etapa procesal en que se encuentra aquel litigio, se trata de una confesión propia que no puede ser tomada en cuenta en su beneficio. En todo caso, si hubiera una sentencia en aquel controvertido, podría traerse a cuenta de forma refleja; entretanto, es inviable darle el valor pretendido. Luego, si no está demostrado que la hija vivió con su padre en el tiempo sobre el que se reclama el pago de la obligación alimenticia, es dable validar el reclamo de la progenitora como quien sufragó los gastos de alimentación. Finalmente, no es inadvertida la manifestación del promovente, en el sentido de que su hija demandó el pago por propio derecho; de tal guisa que, si se desistió de todas las prestaciones adeudadas, ya no había nada por pagarle a ella y debió disminuirse su parte proporcional de la condena. Tal aseveración deviene inoperante, pues el magistrado consideró que el pago de la prestación no es para la hija, sino para su madre, dado que, como ya se dijo, fue quien efectuó las erogaciones correspondientes para manutención de aquélla. Luego, la causa de pedir debió encaminarse a controvertir por qué la madre, que fue quien cubrió la prestación, estaba imposibilitada jurídica o materialmente para exigir que le fuera remunerada. Al no hacerlo, deviene inoperante su manifestación. Sirve, únicamente a manera de orientación, la jurisprudencia que, a la letra, dice16: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, 16 IV.3.A. j/4, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1138 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, abril de dos mil cinco, novena época Juicio de amparo 1199/2019 35 cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." CONCLUSIÓN. En suma, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, es impone negar el amparo y protección de la justicia federal a Salvador Mercado Martín. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a Salvador Mercado Martín, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos en el último considerando."

  4. Principal

    Constancia de imposibilidad. A sus autos la constancia que antecede por la que la actuaria de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento de las terceras interesadas ******************** por sí y en representación del menor con iniciales ********************, y ********************por las razones que ahí expone. En consecuencia, se toma nota de la imposibilidad para los efectos a que haya lugar y se está en espera de que obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables, a fin de proveer lo que corresponda respecto al llamamiento a juicio de la parte tercera interesada. . Agréguese la promoción por la que la asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, acepta el cargo y comparece a juicio en su calidad de representante del menor con iniciales ********* Autorizados. Se le tiene autorizando en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como autorizado en términos restringidos a ******************** por así solicitarlo expresamente. Medio para recibir notificaciones. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, a los usuarios ******************** y ********************; en el entendido que desde ahora se tienen como sitios para recibir notificaciones personales, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. Consecuentemente, la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar los usuarios de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. En razón de lo anterior, no ha lugar a tener como tal, el domicilio físico que señala en el primer párrafo del escrito que se acuerda. Copias simples. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples del presente asunto, previa razón que de su entrega se deje en autos. Ahora, respecto a su petición de que se le otorga copia de las videograbaciones que, en su caso, obren en autos; desde este momento se autoriza su expedición, en el supuesto de que la autoridad responsable remita material electrónico en apoyo a su informe. En el entendido de que deberá exhibir un disco en blanco en formato DVD, para realizar la copia. Uso de medios electrónicos. Finalmente, respecto a la solicitud de que se les permita tomar fotografías de las actuaciones del presente juicio, se acuerda de conformidad, previa identificación y razón que se deje en autos de ello; en virtud de la circular 12/2009 emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sirve igualmente de sustento, el criterio con número de registro 2007298, décima época, sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto de 2014, Tomo III, que es del tenor siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)

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