Salvador Mendoza Rangel

Expediente 647/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
647/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Salvador Mendoza Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 379/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar al quejoso ********** el proveído de veintidós de junio del año en curso; en ese sentido, dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos de la Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común 1 de Juventino Rosas, Guanajuato y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 647/2022-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa esencialmente señaló como actos reclamados: Las órdenes de aprehensión, comparecencia o detención que se dicten en su contra dentro de la carpeta de investigación iniciada en su contra con motivo de un accidente automovilístico en el que participó, y su ejecución. Asimismo, del capítulo atinente a los actos reclamados, así como de los antecedentes de los mismos, se advierte que el peticionario del amparo narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ".elementos de la agencia de investigación criminal me fueron a buscar a mi domicilio particular ubicado en la calle ***************. No encontrándome puesto que estaba siendo atendido de mis lesiones, dejándome en estado de indefensión. Asimismo, tengo temor fundado de que se intente por parte de las autoridades responsables que enumero en el presente juicio de garantías que se gire orden de comparecencia o de detención, se judicialice la carpeta de investigación que se abrió con motivo del percance que sufrí junto con mi familia e incluso se me gire una orden de aprehensión en mi contra por un delito no cometido, sin darme oportunidad de ser oído antes de que se tome tal determinación." ".se presentaron a mi domicilio dos personas quienes dijeron ser agentes de investigación criminal, quienes preguntaron por mí, pero pues no los pude atender por encontrarme en el hospital, motivo por el cual interpongo el presente juicio de garantías, puesto que temo por mi seguridad jurídica, y es mi deseo presentarme a declarar en libertad a la agencia que esté investigando el accidente, para que se realice la investigación correspondiente y se deslinden las responsabilidades a quien correspondan, toda vez que yo no fui el que ocasiono el accidente." De lo antes transcrito se desprende que los posibles mandatos de captura que reclama el aquí quejoso son actos futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que el quejoso manifestara que elementos de la agencia de Investigación Criminal acudieron a su domicilio a buscarlo, sin hacer manifestación alguna respecto a que pretendían privarlo de la libertad o ejecutar algún mandato de captura en su contra, no implica, ni de suyo ni de facto, que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden de aprehensión, comparecencia o detención en su contra, incluso que hayan acudido a su domicilio con la finalidad de detenerlo. Se afirma lo anterior, ya que de lo narrado por el quejoso no se advierte que los elementos policiacos que acudieron a su morada pretendieran privarlo de la libertad, dado que únicamente manifestaron que lo estaban buscando, sin precisar si era con la finalidad de cumplimentar algún mandato de captura o con algún otro propósito. De ahí que se consideren dichos actos reclamados como futuros de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados existan o pueda llegar a existir. Y es que no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, emitida por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable. Esto último se afirma, en virtud que en el presente caso este operador jurídico se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no han ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que el propio quejoso manifestó en el capítulo atinente al acto reclamado y antecedentes del mismo que acude a esta instancia constitucional señalando como tales las órdenes de aprehensión, comparecencia o detención emitidas en su contra, así como su ejecución con motivo de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal lo fueron a buscar a su domicilio particular; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Máxime que en el comunicado 207/2022 de dos de los actuales emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo del conocimiento que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, sostuvo que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, por lo que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado (sea detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta a un acto de molestia como imputada). Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se intenta contra el inicio de la carpeta de investigación que deduce se integra en su contra con motivo del accidente automovilístico que refiere. Lo anterior, ya que el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal, lo que actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia. Pues incluso, respecto de la judicialización de la carpeta de investigación resulta igualmente improcedente el presente juicio de amparo, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, y no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Tomando en consideración que el impetrante señaló en su demanda de amparo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ************, con fundamento en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juzgado Único Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique a la parte quejosa el presente proveído, en el indicado domicilio, y lo requiera para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, al contar con cédula profesional ***********, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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