Salvador Melquiades Pacheco Velázquez
Expediente 232/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2022
Partes del expediente
- Salvador Melquiades Pacheco Velázquez y Otros.
- Salvador Melquiades Pacheco Velázquez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, quince de marzo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como las certificaciones de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de veinticinco de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad que ahí se indica, en representación del Director de Verificación Patrimonial "B" de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual, informa las gestiones realizadas a efecto de cumplir con el requerimiento ordenado mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y exhibe en disco compacto certificado, la versión pública del expediente VP/089/2019 (tomo VIII). Por ende, dese vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada **********************, por propio derecho; contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 232/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por *************************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Este Juzgado de Distrito advierte que al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I de la misma ley, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los promoventes carecen de interés jurídico y legítimo para impugnar el Acuerdo que reclama. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: . . El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (.)" Con la reforma al artículo 107 constitucional, así como la emisión de la nueva Ley de Amparo, se amplió el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo; actualmente, ya no es menester que la parte quejosa acredite la existencia de un interés jurídico, es decir, la existencia de una afectación a un derecho público subjetivo en su esfera jurídica de manera directa y susceptible de ser restituida mediante la concesión del amparo; sino que es posible que la parte quejosa -ya sea un individuo o una colectividad identificada o identificable- acuda ante la instancia constitucional mediante el juicio de amparo, aludiendo ser titular de un interés legítimo para impugnar actos de los cuales no es destinataria directa pero sí indirecta. En este sentido, para constatar la existencia de un interés legítimo no se requiere que las normas impugnadas tengan como destinatario directo al quejoso, sino que basta con que el quejoso resienta la afectación indirecta por una irradiación colateral de los efectos de la norma. Bajo esta premisa, para determinar si existe interés legítimo se requiere una evaluación no sólo de la relación de la ley y sus destinatarios, sino también de un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentra el particular o particulares, pues es en el contexto de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley y en consecuencia, la existencia de interés legítimo. Así, el interés jurídico es un concepto jurídico mediante el cual se exige a la parte quejosa que demuestre algo más que un interés simple, entendido éste como aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido que ocasione perjuicio o prive de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano. . Así pues, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra y para que exista se requiere lo siguiente: (i) que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) que el acto reclamando produzca una afectación en la esfera jurídica indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; (iii) la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; y (v) que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo. Atenta a estas consideraciones, lo procedente es analizar si en el caso la parte quejosa cuenta con interés jurídico o legítimo para promover el juicio de amparo, para lo cual es menester atender al acto reclamado, el cual consiste en: "La emisión y ejecución de la circular del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México número 06/2022, a través de la Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, y por medio del cual se modifican los artículos 1 y 3, fracción IV del acuerdo general 40-32/2020 emitido por el pleno del Consejo de Judicatura de la Ciudad de México, en materia de lineamientos del sistema de citas electrónicas para la atención a las personas usuarias, en consulta de expedientes y trámites Administrativos, relacionados con procedimientos jurisdiccionales ante juzgados civiles y familiares de proceso escrito y de proceso oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ante la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19" . La Circular impugnada en esencia establece la autorización para implementar el Sistema de Citas Electrónicas para la Atención a las Personas Usuarias, en Consulta de Expedientes y Trámites Administrativos relacionados con Procedimientos Jurisdiccionales, en todos los Juzgados Civiles y Familiares del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, tanto de Proceso Escrito como de Proceso Oral; lo que será de carácter obligatorio para dichos órganos jurisdiccionales, a partir del día siguiente a aquel en el que concluya su implementación. De lo anterior, se aprecia que la Circular por la que se pretende invocar la protección constitucional, no se encuentra dirigida única y concretamente a los promoventes; más bien se encuentra dirigida tanto a los titulares de cada órgano jurisdiccional que forma parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como a los justiciables que tienen juicios civiles, mercantiles y familiares tramitándose ante dicho tribunal local; por tal motivo, resulta evidente que no tienen un interés jurídico. Tampoco se aprecia que dicha circular les ocasione a los promoventes un perjuicio indirecto o les prive de un beneficio, por la especial situación que tienen frente a dicha Circular; pues si bien es cierto que se ostentan como licenciados en derecho y abogados postulantes que acuden a ejercer su profesión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no exhiben en alcance a su demanda de amparo, documento alguno que acredite que efectivamente se encuentran tramitando juicios civiles, mercantiles o familiares ante dicho tribunal local, del que se desprenda que forman parte de esa colectividad a la cual va dirigida la circular del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México número 06/2022 y que los coloca en una situación especial frente a la misma, diferente a la que pose cualquier gobernado. En tal virtud, este Juzgado de Distrito considera que la parte accionante del amparo no cuenta con un interés jurídico ni legítimo para promover el presente juicio de amparo, sino con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad, puede tener en la implementación del Sistema de Citas Electrónicas para la Atención a las Personas Usuarias, en Consulta de Expedientes y Trámites Administrativos relacionados con Procedimientos Jurisdiccionales, en todos los Juzgados Civiles y Familiares del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, tanto de Proceso Escrito como de Proceso Oral. Ahora bien y como se ha abordado en líneas anteriores, conviene precisar que en todo caso, la afectación colateral alegada por los quejosos, debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta; esto es, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, esto es, se reconoce el interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. . De ese modo, el interés de los quejosos en relación con la Circular reclamada no constituye en sí mismo un interés legítimo, pues no existe soporte alguno que permita advertir que efectivamente existe una relación por parte de los promoventes con respecto a la Circular reclamada; ni que efectivamente forman parte de la colectividad a la que se aplican los efectos de dicha circular; no se advierte tampoco que exista un trato diferenciado sobre los quejosos frente al resto de la sociedad, ni mucho menos el beneficio directo que les asistiría en su esfera de derechos de concederse el amparo solicitado, pues al no tener en concreto juicios tramitándose en dicho tribunal -ya que no los mencionan en su demanda de amparo, de manera concreta y directa- resultaría ilusoria la concesión del amparo para el efecto que pretenden los promoventes, esto es, se les permita gozar del derecho de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita; así como de acceder a todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México sin las restricciones que representa la implementación del Sistema de Citas Electrónicas para la Atención a las Personas Usuarias, en Consulta de Expedientes y Trámites Administrativos relacionados con Procedimientos Jurisdiccionales, en todos los Juzgados Civiles y Familiares del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, tanto de Proceso Escrito como de Proceso Oral. En tal virtud, como se adelantó, la parte quejosa sólo cuenta con un interés simple como el que tendría cualquier persona en que las autoridades administren justicia pronta y expedita, sin limitantes o restricciones que coarten los derechos de legalidad y seguridad jurídica. Por las razones anteriores, este Juzgado estima que la parte quejosa no acredita que sea titular de un interés legítimo ni jurídico, en relación con la Circular reclamada; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Domicilio. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.1 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
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