Salvador Mejia Castillo

Expediente 270/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
270/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Salvador Mejia Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto; el escrito de Cristina Pérez García, autorizada del quejoso; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y atento a su solicitud, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecisiete de febrero del año en curso, en donde se realizó la certificación correspondiente y se decretó que la sentencia dictada en el presente asunto ha quedado cumplida.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, notificada a través de la Circular CAP/3/2020, de esa propia fecha, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", regresando al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del referido Acuerdo General 13/2020, por un periodo de veintidós días, comprendido del VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, dentro del cual no corrieron plazos y términos procesales, no se celebraron audiencias ni se practicaron diligencias, a fin de proteger la salud e integridad personal de las servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, evitando que el virus se propague, autorizándose para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos urgentes. Posteriormente, a través de la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Secretario Ejecutivo de la Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reiniciando labores el doce de enero del año en curso, continuando con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Asimismo, como está ordenado en la circular SECNO/1/2021, en el presente asunto se adoptarán la medidas de ampliación de plazos previsto en el artículo 2, fracciones III, IV y VIII, del Acuerdo General 21/2020, considerándose como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante sentencia pronunciada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Salvador Mejía Castillo, para los efectos de que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 118/2019-II, y emita otra en la que, reitere todos aquellas consideraciones que no fueron materia de concesión del amparo y, siguiendo los lineamientos de este fallo, regradúe el porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional a favor de Marlenne García Licona, con plenitud de jurisdicción." Por auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo a la parte tercera interesada interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución dicta en el presente juicio, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, radicado con el número de toca 538/2019. En proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el testimonio de la resolución pronunciada el cuatro de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 538/2019, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Salvador Mejía Castillo, contra el acto reclamado y la autoridad precisados en el antecedente primero de esta ejecutoria." Por lo que en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; requerimiento que se reiteró mediante autos de diecinueve de noviembre y dieciséis de diciembre de dos mil veinte. En auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 1365, remitido por la Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, a través del cual informó y remitió las constancias con las que se pretende acreditar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que hubieran hecho uso de ese derecho. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se observa que realizó lo siguiente: La autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, mediante resolución dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil 118/2019/II, dejó insubsistente el acto reclamado consiste en la diversa de ocho de mayo de dos mil diecinueve y dictó una nueva, con libertad de jurisdicción, en la que: Reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo, esto es, dejó firme el veinticinco por ciento que como pensión alimenticia provisional fue decretada a favor de la menor de iniciales M.M.G. Regraduó la pensión alimenticia provisional decretada a favor de Marlenne García Licona de un veinte por ciento a uno por ciento, toda vez que consideró que: ".ésta percibe ingresos propios, sin que acreditara en autos que estos últimos no le alcancen para sufragar sus necesidades personales, de ahí que al no operar a favor de la accionante Marlenne García Licona la presunción legal de que necesita los alimentos, al encontrarse percibiendo ingresos propios de su fuente laboral, y al no haberse manifestado desde el inicio de su demanda que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de su descendiente, es inconcuso que, el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el inconforme, decretado a favor de esta en concepto de pensión provisional rompe con el principio de proporcionalidad en materia de alimentos a que se refiere el artículo 424 del Código Civil para el Estado de Veracruz." Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    (citatorio) notificación pór lista a la tercera interesada.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, notificada a través de la Circular CAP/3/2020, de esa propia fecha, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", regresando al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del referido Acuerdo General 13/2020, por un periodo de veintidós días, comprendido del VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, dentro del cual no corrieron plazos y términos procesales, no se celebraron audiencias ni se practicaron diligencias, a fin de proteger la salud e integridad personal de las servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, evitando que el virus se propague, autorizándose para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos urgentes. Posteriormente, a través de la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Secretario Ejecutivo de la Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reiniciando labores el doce de enero del año en curso, continuando con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Asimismo, como está ordenado en la circular SECNO/1/2021, en el presente asunto se adoptarán la medidas de ampliación de plazos previsto en el artículo 2, fracciones III, IV y VIII, del Acuerdo General 21/2020, considerándose como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante sentencia pronunciada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Salvador Mejía Castillo, para los efectos de que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 118/2019-II, y emita otra en la que, reitere todos aquellas consideraciones que no fueron materia de concesión del amparo y, siguiendo los lineamientos de este fallo, regradúe el porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional a favor de Marlenne García Licona, con plenitud de jurisdicción." Por auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo a la parte tercera interesada interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución dicta en el presente juicio, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, radicado con el número de toca 538/2019. En proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el testimonio de la resolución pronunciada el cuatro de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 538/2019, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Salvador Mejía Castillo, contra el acto reclamado y la autoridad precisados en el antecedente primero de esta ejecutoria." Por lo que en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; requerimiento que se reiteró mediante autos de diecinueve de noviembre y dieciséis de diciembre de dos mil veinte. En auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 1365, remitido por la Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, a través del cual informó y remitió las constancias con las que se pretende acreditar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que hubieran hecho uso de ese derecho. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se observa que realizó lo siguiente: La autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, mediante resolución dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil 118/2019/II, dejó insubsistente el acto reclamado consiste en la diversa de ocho de mayo de dos mil diecinueve y dictó una nueva, con libertad de jurisdicción, en la que: Reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo, esto es, dejó firme el veinticinco por ciento que como pensión alimenticia provisional fue decretada a favor de la menor de iniciales M.M.G. Regraduó la pensión alimenticia provisional decretada a favor de Marlenne García Licona de un veinte por ciento a uno por ciento, toda vez que consideró que: ".ésta percibe ingresos propios, sin que acreditara en autos que estos últimos no le alcancen para sufragar sus necesidades personales, de ahí que al no operar a favor de la accionante Marlenne García Licona la presunción legal de que necesita los alimentos, al encontrarse percibiendo ingresos propios de su fuente laboral, y al no haberse manifestado desde el inicio de su demanda que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de su descendiente, es inconcuso que, el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el inconforme, decretado a favor de esta en concepto de pensión provisional rompe con el principio de proporcionalidad en materia de alimentos a que se refiere el artículo 424 del Código Civil para el Estado de Veracruz." Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA.- Visto; el oficio 1365 con sus anexos, remitidos por la Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsables. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.

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