Salvador Medina de la Cruz
Expediente 143/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2021
Partes del expediente
- Salvador Medina de la Cruz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental
- Principal
Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda promovida por Salvador ***, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 143/2021-I-D. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente destacar que, en la especie, el acto reclamado a la Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consiste en: El auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio 87/2019, del índice del juzgado responsable, por el que señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de restitución del inmueble; ello, con motivo de la reparación del daño a que fue condenado el aquí quejoso por sentencia definitiva. Atento a lo anterior, debe precisarse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: *** Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ** Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ** XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ** De lo antes inserto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, y que si se tratare de actos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede la acción constitucional contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones procesales que hubieren dejado sin defensa al quejoso en la referida fase, al mismo tiempo que sea impugnada dicha resolución. Así, se colige que para la procedencia del juicio de amparo biinstancial existen dos reglas genéricas y una específica, las cuales son: a) contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos fundamentales del gobernado, pues ésta no se destruye con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones; b) contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y, c) contra actos emitidos en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél (procedimiento de ejecución) que hubieren dejado sin defensa al promovente. Ahora, la razón de ser de la regla específica de procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos emitidos durante el procedimiento de ejecución, fue impedir que el juicio de amparo se utilizara como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia de origen, dado que ésta constituye el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirimió ya un conflicto suscitado entre las partes contendientes, por lo cual la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad y en el menor tiempo posible. De ahí que, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo biinstancial en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establecen los citados numerales, respecto del acto reclamado consistente en el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio 87/2019, del índice del juzgado responsable, por el que señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de restitución del inmueble; ello, con motivo de la reparación del daño a que fue condenado el aquí quejoso por sentencia definitiva; a la óptica del suscrito no se ubica en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata del último acaecido en la etapa ejecución de sentencia, entendiéndose por este -de acuerdo a la Ley de Amparo- aquél que aprueba o reconoce el cumplimiento total de los sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior, sin soslayar que las violaciones intraprocesales que se consideren cometidas durante la etapa de ejecución, podrán ser materia de impugnación en la vía y forma legal correspondiente, al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a emitir en el procedimiento de ejecución de sentencia ejecutoriada. Máxime que el acto que por esta vía se combate, no se ubica en alguno de los casos de excepción a la regla de procedencia del juicio biinstancial en la etapa de ejecución de sentencia, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquéllos actos que gozan de autonomía propia o destacada, en virtud de que éstos no tienen como finalidad directa e inmediata obstaculizar la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada; sin embargo, como el acto reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis enunciadas, es por ello que el medio de control constitucional intentado resulta improcedente. De igual forma, se evidencia la diversa causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI , Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto del auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio 87/2019, del índice del juzgado responsable, por el que señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de restitución del inmueble; ello, con motivo de la reparación del daño a que fue condenado el aquí quejoso por sentencia definitiva, el cual podía obtener su modificación o nulificación, mediante la interposición del recurso de apelación, previsto por el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: **** V. Reparación del daño; ** De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en la aludida fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos, aunado a que el quejoso es parte en el procedimiento de origen y ha tenido conocimiento de las actuaciones emitidas en éste, según se observa de lo transcrito por el impetrante del amparo en su demanda. En las relatadas condiciones, el quejoso se encuentra obligado a hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto establece para impugnar el acto ahora reclamado como en el caso lo es el recurso de apelación previsto el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII y XVIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En relación al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tener el mismo para tal efecto, ya que éste no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo; por tanto, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la ley de la materia, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para tal efecto, hasta en tanto señale uno diverso. Por otra parte, en relación a la persona que designa como autorizado; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNO En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), el correo electrónico que para tal efecto proporciona (radep.abogados@gmail.com). JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Salvador Lucas Jiménez1530/2017
- Salvador Luis Pedraza Jimenez778/2023
- Salvador Luis Pedraza Jiménez1673/2022
- Salvador Mario Valdes Jimenez622/2015
- Salvador Maya Macedo490/2018
- Salvador Medina De la Cruz1195/2018
- Salvador Moreno López743/2018
- Salvador Núñez Aroche1408/2023
- Salvador Osorno Heras219/2023
- Salvador Pacheco Davila1756/2014
- Salvador Pusquia Ortiz1400/2015
- Salvador Rangel Rodríguez1820/2018