Salvador Martínez Zavala

Expediente 84/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
84/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
05/08/2015

Partes del expediente

  • Consejo Técnico Interdisciplinario del CE.FE.RE.SO No. 12 CPS Guanajuato y otro
  • Salvador Martínez Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.

  2. Principal

    Notificación por lista al quejoso.- Agréguense a los autos los oficios enviados por las autoridades responsables Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y Encargada de la Coordinación de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social No.12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo; mediante los cuales rinden sus informes con justificación. Ahora, en el oficio signado por el Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, al cual anexo copia certificada del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS12CPS-GTO/005775/2015, de veintidós de mayo del año en curso, se advierte que se concedió el beneficio de la libertad preparatoria al quejoso Salvador Martínez Zavala. Así como que el acto reclamado en este juicio, se hizo consistir en la negativa por parte de las autoridades de brindarle atención médica especializada necesaria para sus padecimientos dentro del centro federal del cual se encontraba interno. Siendo así, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, toda vez que se advierte actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que por ser una cuestión de orden público, debe analizarse en forma preferente y aun de oficio, según lo dispuesto por el numeral 62 del mismo Ordenamiento. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda sufrir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.] En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior trascripción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegase a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirles sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto son: En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En este contexto, en virtud de que el acto reclamado (la negativa por parte de las autoridades de brindarle atención médica especializada necesaria para sus padecimientos, dentro del CEFERESO 12 CPS-Guanajuato en el cual se encontraba interno); a virtud beneficio de la libertad preparatoria que se concedió al quejoso Salvador Martínez Zavala el veintidós de mayo de dos mil quince; es claro que los efectos perniciosos del acto de autoridad impugnado, como sería el no proporcionarle a atención médica necesaria al quejoso, no se concretarán, en virtud de que el entorno en el cual dicho acto se emitió, se modificó, pues en este momento, el quejoso ya fue dejado en libertad, a virtud de la obtención de un beneficio. Por ello, se estima que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia a la que nos hemos referido, pues a pesar de que el acto reclamado subsiste, ya que no existe constancia que demuestre fehacientemente lo contrario, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues el objeto del mismo dejó de existir. En mérito de lo anterior, es que se estima actualizada de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V del propio cuerpo normativo, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, se dejan insubsistentes las diez horas con cinco minutos del veintisiete de agosto de dos mil quince, señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Visto el oficio firmado por la licenciada Valeria Anabel López Flores, Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, mediante el cual informa que designó al licenciado Roberto Carlos Nassar Marín, para que desempeñe el cargo de representante especial del quejoso, infórmesele que le fue concedido al quejoso el beneficio de la libertad preparatoria, al efecto remítasele copia certificada del oficio por el cual se autorizó su baja del Centro Federal de Readaptación Social No.12 CPS-Guanajuato. Ya que del estado de autos se desprende que se no pudo notificar al quejoso el auto de dos de julio del año en curso, toda vez que el mismo ya no se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social No.12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, y se desconoce el domicilio del mismo, en tal virtud hágase dicha notificación y las subsecuentes por medio de lista. Proveído de fecha dos de julio de 2015 Agréguese a los autos el oficio número 5660 firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital, mediante el cual remite el testimonio dictado en recurso de queja 67/2015. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por resolución de dieciocho de junio de dos mil quince, la superioridad resolvió: ÚNICO.- Es fundado el recurso de queja. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito; acúsese el recibo de estilo respectivo. En virtud de lo anterior; y en cumplimiento a la resolución que antecede se acuerda: se admite a trámite la demanda. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro de un plazo de quince días, rinda su informe con justificación. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde y córrasele traslado con copia simple de la demanda de amparo. Se requiere a la Licenciada Valeria Anabel López Flores, Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, para que dentro del plazo de tres días designe al Asesor Jurídico en esta ciudad que deberá desempeñar el cargo de representante especial del quejoso,en el presente juicio de amparo y lo informe a este tribunal con el fin de requerirlo para que comparezca a aceptar y protestar el cargo. Se le apercibe de que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.

  3. Incidental

    León, Guanajuato, nueve de julio de dos mil quince AGREGAR INFORMES. Agréguense a los autos los oficios enviados por las autoridades responsables Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y Encargada de la Coordinación de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social No.12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo; mediante los cuales rinden sus informes con justificación. Visto el oficio signado por el Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, al cual anexo copia certificada del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS12CPS-GTO/005775/2015, de veintidós de mayo del año en curso por el cual se concedió el beneficio de la libertad preparatoria al quejoso Salvador Martínez Zavala, por lo que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, pues el objeto del mismo dejó de existir. En razón a lo anterior, debe declararse sin materia el presente incidente en relación con el acto reclamado consistente en la negativa por parte de las autoridades de brindarle atención médica especializada necesaria para sus padecimientos. Lo que precede obedece a que no sería factible suspender los efectos de un acto que ha cesado y que, por ende, las posibles consecuencias que serían motivo de la suspensión, han desaparecido. En razón a lo anterior, se dejan sin efectos las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de julio de dos mil quince, señalados para que tuviera verificativo la audiencia incidental. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la licenciada María Jesús Salcedo, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bertha Patricia Orozco Hernández, que autoriza. sgd.

  4. Principal

    Se agrega razón actuarial. Glósese al sumario para que obre como corresponda, la razón actuarial de cuenta de la que se advierte que no fue posible notificar al quejoso Salvador Martínez Zavala, el proveído de dos de julio del presente año, ya que el compurgó su pena y obtuvo su libertad preparatoria el veintiuno de mayo de dos mil quince, en tal virtud, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, a efecto de que en el plazo de tres días, remita copia certificada del oficio en cumplimiento del cual, el referido accionante fue obtuvo su libertad preparatoria. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal al momento de realizar la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo.

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