Salvador Martínez Gaytán

Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
140/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Salvador Martínez Gaytán

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del Acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y otras autoridades, en ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 140/2023-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues debe analizarse de oficio, ya que de actualizarse algún supuesto de improcedencia deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Pues bien, en relación a los actos reclamados al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, y Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; consistentes en: La orden de traslado, y su ejecución en contra de la quejosa. Se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precepto del cual se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Prevención que puntualiza la naturaleza del juicio de amparo, como un medio de control constitucional de carácter extraordinario; y que se identifica como principio de definitividad, que consiste en que previo a instar la acción constitucional, los quejosos deben agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Ahora bien, del citado numeral, se desprenden como excepciones al principio de definitividad; es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa ordinarios, a saber: Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que se reclama puede ser combatida. Finalmente, al haberse demostrado que en torno a la orden de traslado urgente o excepcional, existe un procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual culmina con una resolución impugnable a través del recurso de apelación regulado en la propia ley, se llega a la conclusión de que en el caso a estudio, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria o por el Juez de Control o de Ejecución en su caso, en términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, los afectados deben agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen.

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