Salvador Martín Maldonado Martínez
Expediente 367/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2021
Partes del expediente
- Salvador Martín Maldonado Martínez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de siete de diciembre de dos mil veinte, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección federal. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió y negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20 de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su depuración. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Por otro lado, de autos se advierte que el juez responsable anexó a su informe justificado tres discos ópticos, en formato DVD, que contienen el expediente virtual de la causa de control ***/2020, por tanto, al ser innecesaria su conservación, devuélvanse, sin que sea necesario acuse de recibo. De conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; mediante el cual el quejoso ***, señala domicilio, nombra autorizados, y revoca todo nombramiento así como cualquier domicilio señalado con anterioridad. En consecuencia; como lo peticiona el promovente se tienen las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional como domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, se revoca todo nombramiento hecho con anterioridad y, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Sánchez López, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y a los restantes de los profesionistas que refiere en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico procesal, en la tesis cuyo rubro precisa: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que de conformidad con la circular CAP/2/2020 firmada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cosas, la suspensión de plazos y términos a partir del diecinueve de diciembre de dicha anualidad, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Por otra parte, de conformidad con la circular SECNO/10/2021 firmada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cosas que, a partir del dieciocho de febrero de esta anualidad, se reanudaron los plazos por lo que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 16 de la referida circular SECNO/10/2021, a partir de esta fecha se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en el juicio de amparo en que se actúa; y se reanuda su trámite en el punto que quedó pausado; en la inteligencia que dicha reanudación operará plenamente, una vez que se notifique la presente determinación. En consecuencia, dado que al momento en que se decretó la suspensión de plazos y términos procesales, en acatamiento a la circular CAP/2/2020 firmada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito, del estado procesal del asunto se aprecia que, se encontraba transcurriendo el término de diez días contemplado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veinte, en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues ésta se le notificó vía electrónica el nueve de diciembre de dicha anualidad, por lo que en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió efectos en la misma data. En ese tenor, tomando en cuenta que se reanudaron los plazos y términos procesales, una vez que transcurra dicho plazo se acordará lo que en derecho corresponda. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 367/2020-I, promovido por********************, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el diecisiete de junio de dos mil veinte, ante la secretaria de guardia,********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Como ordenadora.- El ciudadano Juez de Control del distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con domicilio en KILÓMETRO 4.5 CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA DE JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, CP. 50900. TORRE I y II. "V. ACTO QUE SE RECLAMA: LA AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA IMPUESTA EN CONTRA DE MI DEFENSO GERARDO ZÁRATE CARRERA, DENTRO DE LA CAUSA DE CONTROL ********************, DEL JUZGADO DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, QUE SE SIGUE EN CONTRA DE MI DEFENSO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO (SIC). Actos reclamados que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo quinto, y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y se dio la intervención que compete al Ministerio Público Federal adscrito. 3. Suspensión de plazos y términos procesales. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó declarar la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al dos de agosto del presente año, periodo en el cual se suspendieron los plazos y términos procesales. 4. Informes justificados. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil veinte, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable. 5. Emplazamiento a terceros interesados: Mediante proveídos de dieciséis y veinticuatro de julio del año en curso, en su carácter de terceros interesados, se tuvo por emplazados al Ministerio Público adscrito al Juzgado señalado como responsable, y la víctima de iniciales********************. 6. Reanudación del trámite. Mediante proveído de siete de agosto de dos mil veinte, en atención al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir de esa fecha se reanudó el trámite en el juicio de amparo en que se actúa en el punto que quedó pausado; por lo cual se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. 7. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el siete de septiembre de dos mil veinte, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en virtud de que se reclama una determinación que afecta la libertad personal del ahora quejoso, cuya ejecución tiene lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 y 75 de la Ley de Amparo, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que los actos reclamados por el ahora quejoso se hacen consistir en: i) La audiencia de control de la detención. ii) El auto de vinculación a proceso de dos de junio de dos mil veinte, y, iii) La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de dos de junio del año en curso. Todas emitidas en la causa de control ******************** del índice de la responsable. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, deben tenerse por ciertos los actos que se reclaman a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, visible a página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que la referida autoridad acompañó en apoyo a su informe justificado, relativas a copia certificada en formato DVD del expediente virtual de la causa de control ******************** de su índice. Constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, por tratarse de actuaciones judiciales. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." No pasa inadvertido que tales copias certificadas obran en formato DVD; sin embargo, es considerada como prueba documental pública lato sensu. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Y en esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, y tampoco se actualiza de oficio, causa alguna de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario del amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer el impetrante del amparo, se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones; lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Sin embargo, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima pertinente precisar que la parte quejosa hace valer como conceptos de violación, en síntesis, los siguientes: 1. La inadecuada valoración de los datos de prueba que fueron ofertados por su defensa con relación a los atestes ********************, así como de las documentales exhibidas por las diversas defensas de sus coimputadas. 2. La autoridad responsable basó su determinación en criterios abstractos, sin hacer una adecuada valoración de pruebas, y vulnerando con ello sus derechos consagrados en la carta magna, así como los principios de contradicción, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y el derecho al respecto de la libertad personal, previstos en los artículos 6, 10, 11, 12, 13 y 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el derecho a una adecuada defensa y debido proceso, previstos en los artículos 14, párrafo segundo, 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3) No se valoraron correctamente las declaraciones de la ofendida********************., ******************** e ********************, al existir inconsistencias entre ellas sobre la calificativa a que hace relación la fiscalía, con el modo de participación. 4) El dictamen en materia de criminalística de campo no cumple con los protocolos establecidos, pues no se respetó la cadena de custodia respecto del bien inmueble donde acontecieron los hechos; de ahí que las pruebas aportadas por la representación social para la integración de la carpeta de investigación, fueron obtenidas de forma ilegal. 5) Los hechos acontecieron en la calle y no en el interior de la casa habitación que refieren las víctimas, pues de haberse verificado en el interior se hubiera encontrado un lago de mancha hemática y no tipo goteo como se indicó en el dictamen de criminalística; circunstancias que no tomó en consideración la autoridad responsable. 6) Se hace alusión a que la riña cesó en el momento en que la víctima renuncia a dicho evento, y sustenta su determinación en tesis aisladas que se contraponen a lo establecido en la Ley de Amparo; y cita lo siguientes criterios con los rubros "RIÑA. SUBSISTENCIA DE LA", "LEGITIMA DEFENSA, RIÑA EXCLUYE LA". 7) Al no contarse con los dictámenes de química o genética forense, no podía determinarse que las manchas tipo goteo encontradas en el lugar de los hechos correspondían a la víctima; y, 8) Las documentales existentes de la víctima "******************** Maldonado Puga", fueron desestimadas de valor probatorio, no obstante haber sido expedida por autoridad competente. SEXTO. Suplencia de la deficiencia de la queja. En el presente caso, al tratarse de un asunto en materia penal, donde el ahora quejoso tiene el carácter de imputado en el procedimiento de origen, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, habrá de suplirse su deficiencia. SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación que hace valer el ahora quejoso, a los que se les da contestación de manera conjunta, resultan infundados, por las consideraciones que a continuación se expondrán. 1) Control de detención. Cabe señalar que el control de la legalidad de la detención, por parte del Juez, como obligación normativa, se actualiza en los casos de flagrancia o caso urgente, sin que comprenda la derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión; esto es así, porque tratándose de caso urgente, la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público, y en el caso de la flagrancia, puede ser ejecutada por cualquier persona; por lo que, a fin de evitar arbitrariedades en su ejecución, esas actuaciones deben ser motivo de escrutinio judicial, por el Juez de Control, a fin de verificar su legalidad; mientras que en los casos de cumplimiento de orden de aprehensión, el estudio y la emisión de dicho acto de autoridad, ya fueron realizados previamente por el Juez de Control. En efecto, el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 308. Control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables.". De dicho precepto legal se advierte que el control de legalidad, no aplica para las órdenes de aprehensión, porque se parte de la idea de que éstas cumplen con los requisitos correspondientes, al haber sido emitidas por autoridad judicial competente. En cambio, las detenciones sin orden judicial deben sujetarse al mencionado control, a fin de verificar que se satisfagan los supuestos de flagrancia o caso urgente, ya que de otro modo la privación de libertad debe ser considerada como ilegal. Dicha diferenciación atiende precisamente a la finalidad primordial que conlleva el control de la detención previsto en el artículo 308 en cita, que es proteger el derecho a la libertad personal del imputado, en los supuestos excepcionales a una orden judicial (flagrancia y caso urgente). Robustece lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 32/2020, publicada el dos de octubre de dos mil veinte, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2022158, que establece: "DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos de flagrancia o urgencia, se debe realizar tratándose de órdenes de aprehensión. Criterio jurídico: Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el criterio que debe prevalecer, es que este control únicamente procede cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión. Esto no significa que sea inviable alegar vicios cometidos en la ejecución de una orden de aprehensión, o bien, que el Juez de Control esté impedido para analizar oficiosamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cumplimiento de dichas órdenes. Justificación: Ello, porque en los supuestos de flagrancia o urgencia, la privación de la libertad personal del imputado no ha sido sometida a un control judicial previo, como sí ocurre tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente. La razón se estructura atendiendo a que el bien jurídico tutelado por la Constitución Federal en ese supuesto, es la libertad personal de los inculpados, por lo que la finalidad de la audiencia es proteger esa prerrogativa, en los supuestos en que no existe un mandamiento judicial, tomando en cuenta que la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público (en caso urgente) o ejecutada por cualquier persona (flagrancia), por lo que la consecuencia en caso de que se determinara su ilegalidad sería la libertad con reservas de ley. Mientras que en el caso de las órdenes de aprehensión, la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. Sin embargo, no escapa a la consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la ejecución de una orden de aprehensión pudieran surgir cuestiones que la autoridad judicial deba analizar, incluso de oficio; por ejemplo, cuando se alega que aquélla se materializó contra diversa persona (verbigracia, un homónimo), o bien, con posibles violaciones a derechos humanos. En este último supuesto, el Juez deberá actuar en términos de la normatividad aplicable, sin que la decisión respectiva forme parte del control de la legalidad de la detención a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como se dijo, solamente resulta procedente tratándose de las detenciones en flagrancia o caso urgente.". Luego, en el presente caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en audiencia de formulación de imputación, por cumplimiento de orden de aprehensión, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, decretó la detención material y jurídica, entre otros, del ahora quejoso********************, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241, 242, fracción II, y 245, fracción II, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d), del Código Penal para el Estado de México, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************; detención que se hizo con efectos retroactivos a partir de las diecisiete horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte, -fecha en que el quejoso fue internado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito"-, Circunstancias por las cuales, contrario a lo reclamado por el ahora quejoso, el control de legalidad sobre la detención que reclama el promovente del amparo, fue debidamente colmado por la autoridad responsable, ajustándose a los parámetros establecidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que éste órgano de control constitucional advierta que, con posterioridad a la captura del ahora quejoso, se suscitaran arbitrariedades que impliquen tortura, vejación, malos tratos o puesta a disposición con demora ante la autoridad judicial. 2) Auto de vinculación a proceso. Debe precisarse que los requisitos que debe contener el auto de vinculación a proceso, están previstos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 311, 312, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso, podrá prorrogarse a petición del indiciado, en la forma que señala la ley (...)." "CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Artículo 113. Derechos del imputado [.] IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; [.] XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; [.] Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Artículo 312. Oportunidad para declarar Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. [.] Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Preceptos constitucionales y legales de los que se obtienen, como requisitos procesales para dictar auto de vinculación a proceso, los siguientes: I. Que el imputado esté asistido de defensor, se le hagan saber sus derechos fundamentales o se verifique que los conoce, II. Que el Ministerio Público haya formulado imputación, haciendo del conocimiento del imputado el hecho delictivo que le atribuye, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución. III. Que el imputado haya tenido la oportunidad de contestar el cargo que se le imputa, rendir su declaración o manifestar su deseo de no hacerlo. IV. Que la fiscalía haya solicitado la vinculación a proceso; y, V. Que la decisión de la situación jurídica sea emitida dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, para el caso que la defensa o el inculpado hubiesen solicitado la duplicidad del plazo constitucional con la finalidad de incorporar algún dato o medio de prueba ante el Juez de Control, verificando que éste se haya desahogado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2015704, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Página 392, de rubro y texto siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar." Mientras que los requisitos formales que debe cumplir el auto de vinculación a proceso, son: que el auto de vinculación contenga los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos de fondo para su dictado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Estos requisitos de forma que no se contraponen al contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, conforme a éste, los actos de molestia deben constar por escrito, y provenir de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Inclusive dicha disposición, complementa los requisitos previstos en el artículo 19 de nuestro ordenamiento supremo, toda vez que en términos de la reforma al artículo 16 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento a la garantía de legalidad contenida en el citado precepto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Registro electrónico: 2015127, Página: 125; ello, debido a que dicho criterio fue publicado antes que entrara en vigor la reforma en comento y establece lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel.". Y por último, como requisitos de fondo, es necesario se colmen los requisitos siguientes: I. Que los antecedentes de la investigación realizada evidencien datos suficientes para establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, II. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Senado todo lo anterior, en relación con los requisitos procesales indicados, conforme a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que el veintinueve de mayo de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, a través de la cual el Ministerio Público la formuló imputación contra el ahora quejoso; haciendo de su conocimiento que el hecho delictivo que le atribuye es el de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241, 242, fracción II, y 245, fracción II, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d), del Código Penal para el Estado de México, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************; para lo cual precisó el hecho circunstanciado, consistente en que el día ocho de febrero de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós horas veinte minutos, la víctima ******************** se encontraba fuera de su domicilio, ubicado en calle ********************, número ********************, ********************, Municipio de ********************, Estado de México, en compañía de su menor hijo de iniciales ******************** y tres de sus vecinos, quien uno de ellos portaba un rifle, momento en que una de estas tres personas le da un puñetazo a la víctima en la cara, y éste cae al suelo, llegando de inmediato otro hijo de la víctima de nombre ******************** y, con la finalidad de defender a su padre, le propicia una patada a la persona que había golpeado a su padre, situación que molesta a una de estas personas y le chifla a sus demás familiares, y les dice que la víctima y sus hijos le habían pegado a su abuelo, motivo por el cual salen de la casa del señor ********************los señores ********************y******************** y tres personas más, quienes corretean a la víctima y a sus hijos, quienes ya se dirigían a su casa, entrando los tres imputados en compañía de tres personas más al interior del inmueble, casa del hoy occiso, y en el área destinada al patio, todos en conjunto intervinieron para privar de la vida a la hoy víctima mediante golpes, patadas e incluso utilizando también objetos como palos, piedras, una pala y un rifle, ocasionándole múltiples lesiones, para después todos sus agresores retirarse del lugar, siendo trasladada la víctima al hospital Adolfo López Mateos, donde recibió atención médica, y a consecuencia de la gravedad de sus lesiones inferidas por los sujetos activos, la hoy víctima falleció en fecha diez de febrero de dos mil veinte, por sepsis y necrosis intestinal en persona que cursó con perforación intestinal secundario a traumatismo abdominal cerrado, y se le hizo del conocimiento los nombres de las personas que deponen en su contra. Con esto, se tiene por satisfecho el primer requisito procesal, atinente a la formulación de la imputación, haciendo del conocimiento de la parte imputada, ahora quejoso, el hecho delictivo que se le atribuye, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución. También, respecto al segundo requisito procesal, conforme a la videograbación, se aprecia que durante la audiencia de formulación de imputación, el ahora quejoso estuvo asistido de su defensor particular, ********************, quien fue libremente elegido por el justiciable para que lo representara legalmente, quien una vez individualizado, aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo, el Juez de Control hizo saber al quejoso sus derechos en términos del artículo 20, apartado B, Constitucional, así como 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación al tercer requisito procesal, de la multicitada videograbación, se obtiene que se dió al imputado ahora quejoso, la oportunidad de contestar el cargo que le imputaba la representación social; sin embargo, previo receso con su defensor manifestó su deseo de no hacerlo. Respecto al cuarto requisito procesal, éste se encuentra satisfecho, porque la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso después de formulada la imputación del hecho que le atribuyó al ahora quejoso. Y por último, el auto de vinculación se dictó en el tiempo exigido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como se indicó en párrafos precedentes, el Juez de Control decretó la detención judicial del ahora quejoso a las diecisiete horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte; posteriormente, el auto de vinculación a proceso reclamado se resolvió de manera oportuna a las quince horas con veintitrés minutos del dos de junio de dos mil veinte; esto es, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, que al efecto contempla el artículo 19 de la Norma Fundamental, al haber solicitado la duplicidad para resolver su situación jurídica. Respecto a los requisitos formales del acto reclamado, también se consideran satisfechos, porque, al dictar el auto de vinculación a proceso, el Juez responsable precisó los datos personales del imputado, entre otros; estableció como fundamento para su emisión lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 11, 73, 187, 189 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, 1, 2 y 3 del Código Penal del Estado de México, 20, 133, 309, 313, 315, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los motivos por los cuales estimó satisfechos los requisitos de fondo para emitir el citado auto, destacando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho imputado al quejoso, conforme al contenido del numeral 16 constitucional, y a los principios rectores del procedimiento oral contenidos en el Capítulo Uno del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, en contra de lo que hace valer el ahora quejoso en sus conceptos de violación, no se advierte que el Juez responsable, al emitir la resolución materia del reclamo, hubiese trasgredido en su perjuicio derechos fundamentales, ni los principios de contradicción, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo, debido proceso, presunción de inocencia, libertad personal, y adecuada defensa; pues, como quedó de manifiesto y verá en subsecuentes apartados, en el caso fueron colmados dichos derechos y garantías constitucionales y legales que se le imponían a la autoridad responsable al emitir la determinación reclamada. En cuanto a los requisitos de fondo, en el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, pero atiende a la exposición que de ellos realizan el Ministerio Público al formular la imputación o la defensa en uso del derecho de réplica. De modo que, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, no se requiere realizar un juicio de tipicidad, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal -mediante un ejercicio argumentativo simple-, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sustenta lo anterior, el criterio jurisprudencial 1a./J.35/2017, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, con registro 2014800, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". En ese sentido, en contra de lo alegado por el ahora quejoso, de la reproducción de los discos remitidos por el juez responsable, se aprecia que éste dio cabal cumplimiento a las exigencias a que aluden los numerales referidos; lo que le permitió concluir que, conforme a los antecedentes de los datos de prueba aportados, se colmaban la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el aquí quejoso lo haya cometido, para lo cual analizó la clasificación jurídica que invocó el fiscal, verificando que los elementos del delito se colmaban y hacían probable la intervención o participación del imputado en su comisión. Y es que, el Juez de Control responsable, acreditó el hecho delictuoso de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241, 242 fracción II y 245 fracción II, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d), del Código Penal para el Estado de México, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************; con base en la descripción jurídica del hecho delictivo, en su realización básica, y como aspecto estructural relevante se tiene que fijó como elementos integradores del tipo penal los siguientes: 1. Que se haya evidenciado la privación de la vida a una persona. 2. Que esto haya afectado el bien jurídico por la norma, que es la vida humana. 3. Que hayan sido los imputados que hayan extinguido el funcionamiento orgánico vital de la víctima, 4. Que ese actuar se haya realizado con ventaja. Exigencias que el Juez responsable, de manera correcta, consideró justificados con los datos de prueba aportados por las partes, en tanto permiten demostrar, hasta este momento procesal, que el día ocho de febrero de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós veinte horas, la víctima ******************** se encontraba fuera de su domicilio, ubicado en calle ********************, número ********************, ********************, Municipio de ********************, Estado de México, en compañía de su menor hijo de iniciales ******************** y tres de sus vecinos, quien uno de ellos portaba un rifle, momento en que una de estas tres personas le da un puñetazo a la víctima en la cara, éste cae al suelo, llegando de inmediato otro hijo de la víctima de nombre ******************** y, con la finalidad de defender a su padre, le propicia una patada a la persona que había golpeado a su padre, situación que molesta a una de estas personas y le chifla a sus demás familiares, y les dice que la víctima y sus hijos le habían pegado a su abuelo, motivo por el cual salen de la casa del señor ********************los señores ********************y******************** y dos personas más, quienes corretean a la víctima y a sus hijos, quienes ya se dirigían a su casa, alcanzándolos, y al grado de meterse al domicilio de la víctima, en el área destinada al patio, todos en conjunto intervinieron para privar de la vida a la hoy victima mediante golpes, patadas e incluso utilizando también objetos como palos, piedras, una pala y un rifle, ocasionándole múltiples lesiones, para después todos sus agresores retirarse del lugar, siendo trasladada la víctima al hospital Adolfo López Mateos, donde recibió atención médica, y a consecuencia de la gravedad de sus lesiones inferidas por los sujetos activos, sepsis y necropsis intestinal en persona que cursó con perforación intestinal secundario a traumatismo abdominal cerrado, la hoy víctima falleció en fecha diez de febrero de dos mil veinte; la cual se justificó con los datos de prueba aportados. Hecho delictivo que, como se anticipó, acertadamente consideró el Juez responsable se acreditaba con los datos de prueba señalados en la audiencia inicial por la Representación Social, consistentes en: 1. Reportes telefónicos de la trabajadora social ******************** de nueve y diez de febrero de dos mil veinte. 2. Certificados médicos psico-físicos y de lesiones, de nueve de febrero de dos mil veinte, practicados a la víctima ********************, así como a ******************** y el menor de identidad reservada de iniciales ******************** por los peritos médicos legistas ******************** y ********************, respectivamente. 3. Diligencia de levantamiento de cadáver, de diez de febrero de dos mil veinte, realizada por el policía de investigación ********************. 4. Dictamen de necropsia, de diez de febrero de dos mil veinte, firmado por el perito médico legista ********************. 5. Acta medica de diez de febrero de dos mil veinte, elaborada por la médico legista ********************. 6. Entrevistas de********************, ******************** y ********************, de diez de febrero de dos mil veinte. 7. Inspección del lugar de los hechos, realizada el diecisiete de febrero de dos mil veinte, por el policía de investigación ********************. 8. Inspección del vehículo marca ********************, submarca ********************, color ********************, con número de placas ******************** del Estado de México, realizada el diecisiete de febrero de dos mil veinte por el policía de investigación ********************. 9. Dictamen en materia de criminalística de campo, de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, elaborado por el perito en materia de criminalística ********************. 10. Expediente clínico de ********************, expedido el cinco de marzo de dos mil veinte, por el Director del Hospital General Adolfo López Mateos. 11. Informe de la Coordinación General de Investigación y Análisis de dieciocho de marzo de dos mil veinte, remitido por ********************. 12. Informe de la Coordinación Investigación y Análisis de la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, de diecinueve de marzo de dos mil veinte, remitido por ********************. 13. Dictamen pericial en materia de toxicología forense, de once de febrero de dos mil veinte, emitido por el perito ********************. Así como con los datos de prueba incorporados por la defensa particular del ahora quejoso, durante la dilación del término constitucional, consistentes en: 14. Testimoniales de ********************y ********************. 15. Oficio de treinta de mayo de dos mil veinte, que emite el Ministerio Público del tercer turno de ********************, Estado de México, respecto de la ausencia de carpeta de investigación a nombre de********************. 16. Copias certificadas de la carpeta de investigación NUC: ********************. Cabe señalar que, en relación a la ponderación de dichos datos de prueba, este órgano de control constitucional únicamente analizará la legalidad del ejercicio de ponderación realizado por el Juez de Control responsable, en tanto no se puede sustituir a la autoridad responsable en dicha valoración. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 28/2020, publicada en el semanario judicial de la federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Y en esa tesitura, se estima acertada la determinación del Juez de Control responsable, al estimar que con base en los datos de prueba aportados por las partes, hasta ese estado procesal, se tenían bases de indicios razonables para suponer la existencia del hecho delictuoso de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241, 242, fracción II, y 245, fracción II, del Código Penal para el Estado de México, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************, y justificar los elementos del delito, pues, con base en los datos de prueba analizados por el Juez responsable, conforme a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia, se acreditó que a consecuencia de los múltiples golpes que le fueron propiciados a la víctima ********************, se le privó de la vida a éste, lesionando con ello el bien jurídico tutelado por la norma, que lo es la vida humana, así como que el imputado extinguido el funcionamiento orgánico vital del pasivo del delito en forma conjunta y con ventaja. Esto es así, porque, contrario a lo que sostiene el quejoso en sus conceptos de violación, el Juez responsable realizó un ensayo argumentativo simple, del que razonablemente se advierte el grado de aproximación sobre la realización del hecho, pues encuadró la conducta ya precisada en las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, con la descripción típica del delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241, 242 fracción II y 245 fracción II, del Código Penal para el Estado de México, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************. Y es que, en cuanto a las entrevistas de la ofendida********************, del testigo ******************** y del testigo ********************, el Juez responsable acertadamente refirió que eran relatorías realizadas con las formalidades debidas, en las que se expusieron acontecimientos sobre el hecho delictuoso. Mientras que las opiniones médicas de medicina, criminalística, química y toxicología, sostuvo que fueron emitidos por personas con conocimientos especiales en esa rama, que le sirvieron para allegarse de los conocimientos de los mismos, y le permitieron llegar a su conclusión; además de que al pertenecer a una institución especializada denotan su imparcialidad, y que no fueron rebatidos por un órgano de prueba de igual o símil naturaleza. En relación a las inspecciones, el Juez responsable acertadamente sostuvo que eran datos de investigación vinculados al objeto de la materia probatoria que aducían. De esta manera, si los atestes fueron debidamente identificados, los instrumentos documentales con el debido traslado, el debate, el refrendo del contenido, fue hecho en términos de ley, las referencias a las que les dio valor de indicio en forma individual y al adminicularlos en forma conjunta o integral, a través de la vía inferencial o circunstancial, le permitieron arribar a la conclusión de un hecho relevante, constituido en que el día ocho de febrero de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós veinte horas, la víctima ******************** se encontraba afuera de su domicilio, ubicado en calle ********************, número ********************, ********************, Municipio de ********************, Estado de México, en compañía de su menor hijo de iniciales ******************** y tres de sus vecinos, quien uno de ellos portaba un rifle, momento en que una de estas tres personas le da un puñetazo a la víctima en la cara, éste cae al suelo, llegando de inmediato otro hijo de la víctima de nombre ******************** y, con la finalidad de defender a su padre, le propicia una patada a la persona que había golpeado a su padre, situación que molesta a una de estas personas y le chifla a sus demás familiares, y les dice que la víctima y sus hijos le habían pegado a su abuelo, motivo por el cual salen de la casa del señor ********************los señores ********************y******************** y dos personas más, quienes corretean a la víctima y a sus hijos, quienes ya se dirigían a su casa, alcanzándolos, y al grado de meterse al domicilio de la víctima, en el área destinada al patio, todos en conjunto intervinieron para privar de la vida a la hoy victima mediante golpes, patadas e incluso utilizando también objetos como palos, piedras, una pala y un rifle, ocasionándole múltiples lesiones, para después todos sus agresores retirarse del lugar, siendo trasladada la víctima al hospital Adolfo López Mateos, donde recibió atención médica, y dada la gravedad de sus lesiones inferidas por los sujetos activos, la hoy víctima falleció en fecha diez de febrero de dos mil veinte, a consecuencia de los golpes recibidos, teniendo como causa de muerte sepsis y necropsis intestinal en persona que cursó con perforación intestinal secundario a traumatismo abdominal cerrado. Con lo cual, como bien lo refirió el juez responsable, se lesionó el bien jurídico de tutela que es la vida humana, y para ello se tiene datos de investigación realizados por el fiscal investigador, como la diligencia de levantamiento de cadáver, realizada el diez de febrero de dos mil veinte, en el que quedó establecido que se advirtió en forma directa el cuerpo sin vida de la persona de identidad ********************. De donde se obtiene que, contrario a lo aseverado por el ahora quejoso en sus conceptos de violación, como bien lo precisó el Juez responsable, el hecho delictivo de homicidio calificado imputado, tuvo verificativo en las circunstancias de lugar ya descritas, es decir, en el patio del domicilio de la víctima, y no en la calle, como lo pretende hacer valer el ahora quejoso; y la circunstancia alegada por éste, sobre que no se encontró un lago de mancha hemática, sino de tipo goteo, como se indicó en el dictamen de criminalística, es insuficiente hasta el momento para desvirtuar los datos de incriminación aportados en contra del imputado ahora quejoso, en principio, porque éstos fueron debidamente ponderados por el Juez responsable, como ya se relató en párrafos precedentes, pero además, porque aquélla alegación del ahora quejoso, se trata de una simple afirmación particular, sin sustento probatorio científico alguno. Y ese sentido, contrario a lo que se hace valer en los conceptos de violación, el hecho de que no se contara con dictámenes de química o genética forense, para determinar que las manchas tipo goteo encontradas en el lugar de los hechos correspondían a la víctima, no implica de suyo una insuficiencia probatoria para concluir en la forma que lo hizo el Juez responsable, y menos un ilegal ejercicio de ponderación de los datos de incriminación aportados por la fiscalía, por el contrario, dado el legal ejercicio de ponderación que realizó sobre los mismos, es que llegó a la determinación ahora reclamada, como ya se señaló en párrafos precedentes. Luego, de la reproducción a los discos ópticos remitidos por el Juez responsable, como complemento a su informe justificado, se aprecia que en la diligencia celebrada el dos de junio de dos mil veinte, el juez responsable, al confrontar las narrativas del fiscal y de la defensa del aquí quejoso, determinó dictar auto de vinculación a proceso, narrando la forma en que valoró y adminiculó los datos de prueba aportados, así como lo expuesto por los órganos de defensa y el fiscal; sin que se advierta trasgresión alguna a los principios que rigen el debido proceso legal, ni que se hubieran alterado los hechos, y menos infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia, como infundadamente lo hace valer el ahora quejoso en los conceptos de violación. También, contrario a lo que arguye el ahora quejoso, en relación a que se trata de una riña y no de un homicidio calificado por haberse cometido con ventaja; como bien lo señala el juez responsable, de los datos de prueba aportados, no se aprecia que se trate de una contienda mutua, pues, como lo hace notar el juez responsable, si bien se trata de dos momentos, uno en el que al parecer sí existe una contienda, lo cierto es que en el segundo ya había existido una renuncia al ánimo de contienda, precisamente cuando el hoy occiso se retira del lugar con sus hijos; y evidentemente al haberse evitado ese ánimo, es que no puede concluirse que en el segundo momento que desencadena la muerte de la víctima, hubiese existido riña; y el hecho de que el Juez responsable apoyara tal decisión en una tesis aislada, en modo alguno implica contraposición con lo establecido por la Ley de Amparo, pues, aunque no constituye jurisprudencia, su aplicación ningún perjuicio irroga al ahora quejoso, en tanto que, independientemente de no ser obligatoria en cuanto a su aplicabilidad, su invocación no está prohibida por la ley, resultando por ello constitucional su invocación para robustecer el criterio del juzgador. De ahí que no resulten aplicables, para los fines que pretende el promovente del amparo, los criterios que cita en su demanda con los rubros "RIÑA. SUBSISTENCIA DE LA" y "LEGITIMA DEFENSA, RIÑA EXCLUYE LA"; y sí en cambio aplicable la diversa la tesis I.1o.P.9 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, página 2539, con número de registro 2001925, de rubro y texto siguientes: "HOMICIDIO EN RIÑA. ANÁLISIS PARA DETERMINAR QUE LA PRIVACIÓN DE LA VIDA OCURRIÓ DENTRO DE UNA CONTIENDA DE OBRA. El artículo 137 del Código Penal para el Distrito Federal define a la riña como la contienda de obra entre dos o más personas con el propósito de causarse daño. Ahora bien, si el contexto fáctico indica que se trató de una verdadera contienda de obra en donde las partes involucradas aceptaron la generación de violencia así como la posibilidad de inferirse lesiones mutuas, que es lo que caracteriza al animus rigendi -como elemento subjetivo de la riña- y, provocado o provocador, impulsado por tal ánimo, privó de la vida a su rival, tal acto habrá de considerarse, fáctica y jurídicamente, como parte integrante de la contienda. Debe considerarse que aun cuando alguno de los implicados estuviera siendo vencido, ello no significa ni representa el final o suspensión de la riña, pues no se trata de una contienda reglada (deportiva o de exhibición) y tampoco es posible afirmar que un enfrentamiento de tal naturaleza es una contienda civilizada entre dos hombres que concertaron el evento para resolver una diferencia a fuerza de golpes, por lo cual no es exigible descartar el uso de ciertos objetos que representan ventaja, o que se tenga el entendimiento de que la probable "victoria" de uno significará el final de la pelea. Asimismo, la terminación de una riña, para dar paso a una situación punible diversa -como puede ser un homicidio calificado-, no puede considerarse actualizada por cualquier pausa momentánea en la contienda de obra, sino por actos fehacientes de rechazo a la pelea, por ejemplo retirarse del lugar, pues sólo entonces podría hablarse de que no existe solución de continuidad en la riña, si no ha cesado el ánimo lesivo de los contendientes. Mientras que respecto a la calificativa de ventaja, como acertadamente lo refiere el juez responsable, queda justificada con los datos de prueba que le fueron aportados, pues al hacer una ponderación de éstos, conforme a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia, concluyó que el activo ahora quejoso en compañía de otras personas más, en el área del patio del domicilio del ahora occiso, en conjunto intervinieron para privar de la vida a la víctima mediante golpes patadas, incluso utilizando objetos como palos, piedras, una pala y un rifle, circunstancias que, como lo hizo notar la fiscalía al momento de formular su imputación, evidencian que los activos del delito, entre ellos el ahora quejoso, no corría riesgo alguno de ser muerto o lesionado por el ofendido. Asimismo, en cuanto a los datos de prueba que se incorporaron por la defensa, consistentes en la declaración de la imputada ********************, los atestes de ********************y ********************, el oficio suscrito por el ministerio público del tercer turno de ********************, de fecha treinta de mayo de dos mil veinte, las copias certificadas de la carpeta de investigación NUC ********************, el oficio suscrito por el encargado de la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social del uno de junio del dos mil veinte, y las copias certificadas del uno de junio de dos mil veinte, remitidas por el Director del hospital 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social; como bien se determinó en la resolución reclamada, no resultan suficientes para demeritar o controvertir los datos de prueba de incriminación que obraban en contra del imputado ahora quejoso, no sólo por lo asentado en el párrafos que anteceden, sino porque no generaron en el resolutor responsable la convicción necesaria, conforme a las reglas fundamentales de la lógica y a las máximas de la experiencia, para demeritar el valor otorgado a los datos de prueba aportados por la fiscalía para sustentar su imputación y la solicitud de vinculación a proceso. Y es que, en cuanto a la falta de valoración que aduce la parte quejosa efectuó la responsable al desestimar las documentales existentes de la víctima "******************** Maldonado Puga", debe señalarse que no le asiste la razón pues de los datos de prueba aportados por la fiscalía e incorporados por la defensa del quejoso******************** en la duplicidad de plazo constitucional, no se advierte dato de prueba alguno a nombre de "******************** Maldonado Puga"; por el contrario, la responsable analizó el contenido del expediente clínico de ********************Maldonado Puga, remitido en copias certificadas por el Director del Hospital 220, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que constaba una nota de ingreso que tenía la signación de diez de febrero de dos mil veinte, dieciocho horas (sic), en el que en su contenido se hacía referencia del padecimiento de ocho de febrero de dos mil veinte, a las diez-cuarenta, al ser agredido por terceras personas, que incluso tuvo que recibir atención médica por fractura de fémur izquierda, fractura de diaxis de radio izquierdo, con riesgo quirúrgico a la brevedad, pronóstico reservado, malo para la vida, malo para la función; sin embargo, dichas documentales, únicamente evidenciaron que dicha persona efectivamente recibió atención medica hospitalaria por las circunstancias ya descritas; más no que las mismas hayan sido ocasionadas por la victima ********************, en el hecho acontecido el ocho de febrero del presente año; documentales que, como se señaló en el párrafo que antecede, son insuficientes hasta el momento para desvirtuar los datos de incriminación que obran contra el ahora quejoso. Por otra parte, en relación a las inconsistencias y dudas razonables que hace valer el ahora quejoso en las entrevistas de incriminación ponderadas por el juez responsable; debe decirse que, en contra de lo que se afirma, se advierte que el juez responsable para ponderar las entrevistas de la ofendida********************, del testigo ******************** y del testigo ********************, legalmente consideró las circunstancias sustanciales (sobre el hecho delictuoso imputado y la probable intervención del imputado en su comisión) contenidas en sus narrativas, por haber presenciado el hecho investigado, al margen de aquellas que hace valer en sus conceptos de violación el ahora quejoso, porque se tratan de circunstancias accidentales que no alteran la sustancia de lo narrado; y por ende, dichas contradicciones o discrepancias, alegadas por el ahora quejoso en sus conceptos de violación (en la hipótesis sin conceder), no pueden ser materia de análisis en esta instancia constitucional, en tanto solo son circunstanciales o accesorias, y no varían la sustancia del hecho; sin olvidar que el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad. Es aplicable al caso, la tesis aislada XXVII.3o.63 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Materia (s) Común, Penal, Décima Época, página: 1475, con el rubro y texto siguientes: "CONTRADICCIONES DERIVADAS DE DOS O MÁS ENTREVISTAS REGISTRADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI SÓLO SON CIRCUNSTANCIALES O ACCESORIAS Y NO VARÍAN LA SUSTANCIA DEL HECHO INVESTIGADO. De conformidad con los artículos 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, contrario a lo que sucede con las pruebas en el sistema penal escrito, en el oral acusatorio los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas procesales y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público no es acreditar el "cuerpo del delito" sino únicamente un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, una entrevista registrada como dato de prueba, no puede considerarse análoga a una testimonial, pues ésta consiste en la obtención de una declaración realizada de forma directa ante una autoridad judicial y las partes, que es valorada como una prueba; en cambio, la entrevista, como acto de investigación, cuyo contenido se convierte en dato de prueba, consiste en los indicios, noticias o hechos que se desprenden del diálogo que tuvo el Ministerio Público con una persona. Así, en la testimonial se tiene la narración directa del testigo ante la autoridad judicial, mientras que en la entrevista como dato de prueba, es la narración del Ministerio Público, con sus propias palabras y tomando en cuenta los indicios que a su consideración son relevantes, obtuvo de una conversación con la víctima o alguna persona que intervino o presenció el hecho que investiga. Por tanto, en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre "declaraciones de personas", ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron registradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde éste narra los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. Por tanto, en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso no pueden ser materia de análisis las contradicciones que se susciten de dos o más entrevistas, cuando no varían en la sustancia del hecho objeto de la investigación, de tal forma que serían incompatibles para la acreditación del hecho materia de la investigación, sino que son circunstanciales o accesorias que no varían la sustancia del hecho, pues el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad." Luego, tocante a que el dictamen en materia de criminalística de campo no cumple con los protocolos establecidos pues no se respetó la cadena de custodia respecto del bien inmueble donde acontecieron los hechos y, por lo tanto, las pruebas aportadas por la representación social para la integración de la carpeta de investigación fueron obtenidas de forma ilegal; resulta infundado, en principio, porque no se aprecia hasta este momento, dato alguno que permita establecer con certeza que el dictamen en criminalística de campo, no cumplió con los protocolos que refiere, al no respetarse la cadena de custodia respecto del bien inmueble donde acontecieron los hechos, pero además, porque la transgresión a los principios legales de cadena de custodia, no torna ilícitos los datos de prueba relacionados con la evidencia respectiva; ello es así en atención a que la ilicitud como tal, es un tema que atañe a la manera en que se obtiene la prueba, esto es, obtenidos contra derechos fundamentales que conllevan su exclusión o nulidad; en tanto que la cadena de custodia es la manera en que se preserva la misma; de ahí que no pueda estimarse al menos hasta esta estadía procesal que el mismo fue obtenido de manera ilícita como lo refiere el quejoso en sus conceptos de violación. En relación a la probable participación del quejoso en la comisión del hecho delictuoso imputado, contrario a lo alegado por el ahora quejoso en sus conceptos de violación, se advierte que con acierto la autoridad responsable indicó que de los datos de prueba analizados, se advertía la probabilidad de que éste lo cometió bajo la forma de intervención sostenido por la fiscalía, esto es, como coautor con dominio del hecho intervino en su realización, pues existió la intervención de dos o mas personas en el hecho delictuoso, en el caso el hoy imputado y otros sujetos más, como se aduce de la entrevista rendida por la ofendida********************., ante el órgano investigador, pues la acción desplegada por éste fue verificada en el acto ejecutivo y consumativo, donde se advierte un reparto de roles o actividades, incluso un acuerdo previo y adhesivo desde el hecho de asumir la decisión de acudir al lugar donde se estaba golpeando al afectado y adherirse a ese comportamiento, con una intervención que coadyuvara a ese cometido, pues en el caso del quejoso********************, una vez que ******************** chifló e indicó que le habían pegado a su abuelo, salió con las coinculpadas ********************y******************** y otras personas más, hacia la casa de la víctima, mientras ******************** avienta por la espalda al occiso y cae al suelo, al entrar ********************, el ahora quejoso y ********************, entre los cuatro, estando tirado boca abajo el afectado, lo empiezan a patear en sus costillas, estomago, espalda, las piernas y en su cabeza, después el ahora quejoso se sube en la espalda del occiso, lo agarra del cabello y le empieza a azotar la cabeza contra el piso, después se para y lo empieza a patear junto con ********************, en piernas, costillas, estomago, cara y cabeza, para después salir conjuntamente con todos. Con lo cual, la responsable precisó que la intervención del ahora quejoso, constituyen actos cooperativos, incluso adhesivos a un reparto de roles y actividades, pues mientras unos le pegaban materialmente a la víctima con diversos objetos, otros asumían actividades para que estos no pudieran recibir auxilio o apoyo, y sirviera precisamente para que los demás tuvieran la libertad de seguir golpeando al pasivo del delito, entre ellos el quejoso. También, el juez responsable, señaló que hubo conocimiento y voluntad por parte del activo, pues dentro del conocimiento normal de todo ciudadano, es sabido que el hecho de propiciar golpes a una persona es ilícito, y aun así teniendo ese conocimiento se realizó el actuar; aunado a que entendido que si esos golpes son abundantes y en determinados órganos de la integridad de una persona, no sólo pueden poner en riesgo su vida, sino también causarle la muerte, como ocurrió en la especie. Sobre manera que, como bien lo apreció el Juez responsable, hasta ese momento no encontraba justificado el comportamiento del imputado por alguna causa de justificación de las previstas en el Código Penal aplicable, y que en atención a la forma de desenvolverse del imputado ahora quejoso, tenía aptitud física y mental mínima para saber que en el campo de las acciones lo que está permitido por la ley y lo que no lo está, así como que no se demostró que el conocimiento de la antijuridicidad de su proceder hubiere disminuido o que hubiere realizado el hecho bajo un error de tipo o de prohibición invencible que lo hubiere constreñido en el ámbito de su autodeterminación para adecuar su conducta a otra diversa. Circunstancias por las cuales, resulta constitucional el actuar del Juez responsable, al resolver en la forma que lo hizo, en tanto que correctamente constató que el hecho imputado encuadraba en la descripción típica establecida por la norma penal, sin que se advirtiera la actualización, hasta ese momento, de alguna excluyente del delito. Por lo tanto, en contra de lo que se afirma en los conceptos de violación, en el auto que se combate, el Juez responsable cumplió debidamente con las exigencias establecidas en los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo quinto, 20 apartado B, fracción VIII y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 6, 10, 11, 12, 13, 17 y 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se insiste, sin que se advierta trasgresión alguna a los principios que rigen el debido proceso legal, o que se hubieran alterado los hechos, ni infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia, como infundadamente lo hace valer el ahora quejoso en los conceptos de violación que ahora se atienden de manera conjunta. 3) Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Del análisis efectuado por este órgano de control constitucional a la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, se advierte que una vez que se realizó la formulación de imputación contra el quejoso********************, por el delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241, 242, fracción II, y 245 fracción II, del Código Penal para el Estado de México, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************; el Juez responsable atendió a la petición de la fiscalía respecto de la imposición de la medida cautelar, cumpliendo para ello los lineamientos constitucionales y legales establecidos para su emisión. En efecto, tomando en consideración que dentro del actual sistema penal oral y acusatorio, cualquier medida cautelar (incluida la prisión preventiva), implica como finalidades primordiales: i) asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; ii) garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo; y iii) evitar la obstaculización del procedimiento. Y que la prisión preventiva como subsidiaria o excepcional; puede decretarse en el caso de que el imputado sea acusado por alguno de los delitos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 153, 154, 156, 157, 161, 162, 163, 165, 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el Juez responsable, constitucional y legalmente, en razón de las consideraciones expresadas, impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa al imputado ahora quejoso; es decir, una vez que analizados los argumentos esgrimidos por la representación social, con los cuales estuvo conforme la defensa del inculpado, se advierte que éste cumplió con las formalidades legales y constitucionales de su imposición. Ello es así, pues, en el presente asunto, se tiene que el Juez de control en audiencia inicial, una vez que se formuló imputación contra el quejoso, por el hecho delictuoso de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, ilícito previsto y sancionado por los artículos 241, 242 fracción II y 245 fracción II, del Código Penal para el Estado de México, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************; en uso de la voz la fiscalía manifestó que, dada la naturaleza del hecho delictuoso, resultaba idóneo y proporcional la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; sin que la defensa del ahora quejoso y éste hicieran manifestación alguna con relación a los argumentos vertidos por la fiscalía. Circunstancia que el Juez responsable consideró suficiente para tener por justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues a su parecer dicha medida era proporcional e idónea a fin de asegurar la comparecencia del quejoso en el procedimiento y garantizar la seguridad de los ofendidos y la comunidad, así como evitar la obstaculización del procedimiento, atendiendo al criterio de mínima intervención, de acuerdo a las circunstancias personales del involucrado y atendiendo a que hay disposición expresa en los márgenes normativos con relación al delito de homicidio. De donde se advierte que, efectivamente, se realizó una ponderación de todas las circunstancias planteadas en la audiencia inicial, donde de manera probable existían datos de prueba que hacían patente la comisión de un hecho delictivo, y en el que el ahora quejoso pudo haber tenido intervención. Por lo cual, se puede colegir que el Juez responsable sí atendió a lo establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, atendió a la idoneidad de la imposición de la medida cautelar de manera objetiva e imparcial. En las relatadas condiciones, al haberse colmado los requisitos constitucionales para la emisión de los actos reclamados, sin que se aprecie deficiencia de la queja que deba suplirse a favor del ahora quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por********************. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." NOVENO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a********************, contra los actos y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de este fallo, por las razones expuestas en el diverso Séptimo de la misma.
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