Salvador Marín Barajas
Expediente 760/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Marín Barajas
- Salvador Marín Barajas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable sustituta el anexo que remitió como complemento del informe justificado en el sumario en que se actúa, sin que sea necesario el acuse de recibo por tratarse de copias certificadas.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo VI-760/2020 promovido por Salvador Marín Barajas por derecho propio actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción y R E S U L T A N D O PRIMERO Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional Salvador Marín Barajas por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción los cuales consideró violatorios del derecho fundamental reconocido en los artículos 1° 8 14 16 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SEGUNDO Admisión y trámite del asunto En proveído de trece de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo se solicitó a las autoridades señaladas como responsables informe justificado se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y C O N S I D E R A N D O PRIMERO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia es competente para conocer y resolver este juicio de conformidad con los artículos 103 y 107 fracciones I II III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente 48 55 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito porque la omisión se atribuye a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal SEGUNDO Fijación del acto reclamado Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo deben precisarse los actos reclamados lo anterior al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos rubros son "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD " 1 y "ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO " 2 En ese sentido del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata se desprende que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables a) Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad b) Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad Los actos siguientes ? La negativa de la ordenadora de señalar hora y día para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el domicilio de la demandada con motivo del laudo emitido en el juicio laboral 1A710/2014 cuya ejecución está a cargo del ministro ejecutor TERCERO Inexistencia del acto reclamado Al rendir su informe justificado en forma conjunta el Presidente y el Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán negaron la existencia de los actos reclamados emanados del juicio ordinario laboral 1A-710/2014 en los términos siguientes "NO ES CIERTO puesto que a la fecha la promoción que presentó el quejoso (parte actora en el procedimiento ordinario) no fue acordada favorablemente sin ser combatida por este quedando firme dentro del procedimiento agregando además que en atención a lo dispuesto en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo la ejecución (requerimiento de pago) sólo puede iniciarse a petición de parte por lo que se requiere la petición formal del ejecutante sin pasar por desapercibido para esta autoridad que se estila que por la confidencialidad de la actuación (embargo) jamás se señala en el contenido de los acuerdos la fecha exacta de la ejecución para evitar poner sobre aviso a la parte ejecutada sino que directamente el interesado (ejecutante) comparece personalmente o a través de sus apoderados a solicitar fecha de ejecución mismos que a la fecha no han comparecido ante esta Autoridad laboral a solicitar tal fecha de asignación de actuario para la diligencia de mérito aunado a que no prosperó su promoción y en acuerdos pasados no han pasado ni por los oficios que se ordenaron girar Anexando al presente copias certificadas de las constancias materia del acto reclamado manifestando que el acuerdo de fecha 22 veintidós de octubre del año en curso constituye la última actuación que obra en autos" En el presente asunto esta potestad federal considera inexistente el acto reclamado al Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán en virtud de que la junta responsable no ha despachado auto de ejecución que éste debiera materializar por ende es evidente que la referida autoridad ejecutora no está en aptitud de ejecutar acto alguno pues su actuar depende de la ordenadora lo que produce que la omisión que se le atribuye resulte jurídicamente inexistente Circunstancia que se acredita con las constancias que en copia certificada remitió la junta responsable como justificación de su informe de ley a las que se les otorga valor probatorio de indicio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2° específicamente el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte en el cual el Presidente de la junta determinó que se reservaba acordar en cuanto al fondo el escrito del quejoso hasta en tanto éste señalara el domicilio donde debería llevarse a cabo la diligencia de requerimiento solicitada Por tanto inexiste obligación a cargo del actuario señalado como responsable en su carácter de autoridad ejecutora En efecto tratándose de actos de naturaleza negativa (omisiones) debe entenderse que se está en el supuesto de una actitud pasiva por parte de la autoridad responsable la cual afecta la esfera jurídica del quejoso al no emprender las acciones solicitadas o que legalmente le corresponde realizar sin que ello implique que la simple inactividad de la autoridad justifique que se haya producido una omisión que afecte derechos sustantivos del gobernado para que sea procedente el juicio de amparo pues dicha hipótesis sólo puede configurarse cuando exista el deber -actual y objetivo- por parte de la autoridad de realizar una conducta por tanto para que jurídicamente exista una omisión atribuible a una autoridad previamente debe existir un presupuesto de hecho o legal que la obligue Al respecto se cita como orientadora la tesis 1a XVII/20183 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD Desde un punto de vista conceptual la simple inactividad no equivale a una omisión En el ámbito jurídico para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación En este sentido las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos sino también a través de actos negativos u omisiones" En el caso que nos ocupa la parte quejosa se duele de la omisión de señalar hora y día para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el domicilio de la demandada con motivo del laudo emitido en el juicio laboral 1A-710/2014 luego si en dicho procedimiento la autoridad jurisdiccional responsable no ha dictado la determinación respectiva es obvio que no ha comisionado al actuario para que la ejecute por lo que resulta inconcuso que esa omisión es jurídicamente inexistente pues no existe un presupuesto que obligue al ministro ejecutor a efectivizar lo que no se le ha ordenado expresamente lo que conlleva al sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado Ello es así en virtud de que el juzgador debe analizar el caso en concreto para determinar si la autoridad se encontraba en condiciones o en el momento de actuar para así determinar el sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados cuestión que no implica el estudio de fondo pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos En soporte a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a /J 99/20184 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente "ACTOS OMISIVOS CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO Ante el reclamo de actos de omisión cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar el juzgador de amparo en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva debe analizar precisamente este aspecto es decir si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución lo que en su caso podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados cuestión que no implica el estudio de fondo pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos" Consecuentemente con fundamento en el ordinal 63 fracción IV de la Ley de Amparo procede sobreseer en este juicio respecto a la omisión atribuida al Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán al ser jurídicamente inexistente CUARTO Existencia del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán Ahora bien no obstante que al rendir su informe justificado la autoridad ordenadora haya negado su existencia dicha negativa queda desvirtuada con el contenido del proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte que adjuntó como justificación a su informe de ley el cual es del tenor literal siguiente "Morelia Michoacán a 22 veintidós de octubre del año 2020 dos mil veinte Se da cuenta con el escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Junta Local el día 16 de octubre de la presente anualidad suscrito y firmado por el LIC FAUSTO MORENO GONZÁLEZ en cuanto apoderado jurídico de la parte actora por lo que en atención al mismo LA PRESIDENCIA AUCERDA Dígase al gestionante que por el momento esta autoridad se reserva a acordar en cuanto al fondo de su petición toda vez que no señala domicilio para llevar a cabo dicha diligencia de requerimiento lo anterior con fundamento en el artículo 951 fracción I en relación con el 950 de la Ley Federal del Trabajo CÚMPLASE (.)" Cabe destacar que las documentales referidas cuentan con pleno valor probatorio por tratarse de constancias expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones conforme a lo previsto por los artículos 129 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su segundo precepto Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal de la Nación cuyo rubro es el siguiente "DOCUMENTOS PÚBLICOS CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO"5 De lo anteriormente expuesto se advierte la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables en virtud de que la solicitud que presentó el quejoso ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad el dieciséis de octubre de dos mil veinte fue acordada en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte en el que se le dijo que por el momento se reservaba su acuerdo en cuanto al fondo hasta en tanto señalara el domicilio donde se llevaría a cabo la diligencia de requerimiento de pago conforme a los numerales 951 fracción I en relación con el 950 de la Ley Federal del Trabajo no obstante que en autos del propio juicio subyacente obra asentado e identificado el domicilio cierto de la empresa demandada como se expondrá en párrafos subsecuentes por tanto procede desvirtuar dicha negativa y declarar cierto el acto atribuido a la referida responsable QUINTO Estudio de las causales de improcedencia Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente como establece el ordinal 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia II 1o J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época tomo VII mayo de 1991 página 95 del rubro y texto siguientes IMPROCEDENCIA CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben de estudiarse previamente lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia" Ahora bien tomando en consideración que las partes no hicieron valer causal de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna de ellas procede analizar el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa Este juzgador advierte de oficio que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la diversa causal de improcedencia contemplada en el numeral 61 fracción XVIII disposición que establece "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación o expulsión proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 31 así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión autos de vinculación a proceso resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" De lo anterior se advierte que la causal de improcedencia de mérito descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional pues siendo el amparo un medio de impugnación extraordinario resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria y que sean los idóneos para modificar revocar o anular el acto que vaya a reclamarse En ese orden de ideas para que se actualice tal causal de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) Que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser modificada revocada o nulificada Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia I 4o C J/25 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito6 cuyo rubro y texto disponen "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo son los siguientes a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser modificada revocada o nulificada Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción el contenido en el artículo 107 fracción VII de la Constitución Federal para los terceros extraños y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución" Bajo ese contexto como se anticipó se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo toda vez que el acto reclamado en el presente asunto puede ser impugnado mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo Para mejor comprensión de lo anterior por técnica jurídica se considera preciso insertar los antecedentes del acto reclamado los cuales se desprenden de las constancias que adjuntó la responsable a su informe de ley anteriormente valoradas los cuales son los siguientes a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho se emitió el laudo en el juicio laboral 1A-710/2014 promovido por Salvador Marín Barajas en contra de la moral Consorcio de Construcciones y Maquinaria Sociedad Anónima de Capital Variable en el que se condenó a esta última al pago de diversas prestaciones en beneficio del trabajador actor aquí quejoso b) Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve ante la autoridad laboral el trabajador actor aquí quejoso solicitó se le habilitara cualquier día a las ocho de la mañana para llevar a cabo la diligencia de embargo en el inmueble donde se ubica la empresa demandada c) Escrito al que recayó el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve en el que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad despachó auto de ejecución en contra de la empresa Consorcio de Construcciones y Maquinaria Sociedad Anónima de Capital Variable por la cantidad de $368 512 57 (trescientos sesenta y ocho mil quinientos doce pesos 57/100 moneda nacional) comisionando al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de ésta y le requiriera del inmediato y efectivo pago haciendo del conocimiento de la persona con la que entendiera la diligencia que en caso de no cubrir dicha cantidad podía designar bienes propiedad de dicha empresa para garantizar el adeudo Bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo ese derecho pasaría a la parte actora facultando al ministro ejecutor para hacer uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso necesario en términos del artículo 951 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo Asimismo en la parte final de dicho auto habilitó las ocho de la mañana del día que se señalara para el desahogo de la referida diligencia y además precisó "(.) Finalmente dígase al promovente que respecto al requerimiento en su escrito esto es a señalar fecha para la diligencia no es posible acordar de conformidad dada la confidencialidad que guarda el asunto que nos ocupa por lo que únicamente se le tienen por hechas sus manifestaciones (.)" d) Embargo que no pudo ejecutarse dado que siendo las ocho horas del cinco de marzo de dos mil veinte el actuario responsable en compañía del apoderado jurídico del actor se constituyeron en el domicilio de la demandada siendo atendidos por una persona del sexo masculino quien no se identificó y no les permitió el acceso e) Por escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte ante la autoridad laboral responsable el peticionario Salvador Marín Barajas solicitó se fijara día y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo a la demandada Consorcio de Construcciones y Maquinaria Sociedad Anónima de Capital Variable autorizando el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras de ser necesario f) Promoción que fue acordada favorablemente el doce de marzo de dos mil veinte despachando auto de ejecución en contra de la demandada y autorizando los medios coercitivos y forzosos que solicitó el quejoso además se le reiteró que no era posible señalar hora y fecha precisa para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo dada la confidencialidad que guarda el juicio laboral 1A-710/2014 g) Finalmente mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte el apoderado jurídico del quejoso Salvador Marín Barajas solicitó de nueva cuenta se fijara día y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de la demandada Consorcio de Construcciones y Maquinaria Sociedad Anónima de Capital Variable al que recayó el proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte el cual se inserta a continuación De lo anterior se advierte que el acto reclamado lo emitió el Presidente de la junta responsable en la etapa de ejecución de laudo Ahora bien el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los Presidentes y Actuarios en etapa de ejecución de laudos convenios de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencias cautelares de ahí que si el acto reclamado contenido en el auto preinserto fue emitido por el Presidente es evidente que la parte quejosa - antes de incoar la acción constitucional- debió agotar el recurso de revisión previsto en el aludido numeral tomando en cuenta que dicho acto se llevó a cabo en la etapa de ejecución de laudo cuyo cumplimiento está a cargo del Presidente de cada Junta pues a través del citado medio de impugnación podía revocarse modificarse o anularse el acto combatido y con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo como lo establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo En efecto los artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo regulan quién debe de llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Juntas Especiales dado que establecen lo siguiente "Artículo 939 Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje Son también aplicables a los laudos arbitrales a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas" "Artículo 940 La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita" De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los Presidentes de las mismas Asimismo los artículos 849 a 852 del citado ordenamiento relativos a la procedencia del recurso de revisión son del tenor literal siguiente "Artículo 849 Contra actos de los presidentes actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos convenios de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares procede la revisión" "Artículo 850 De la revisión conocerán I La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto conforme al artículo 635 de esta Ley cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas II El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados y III La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria" "Artículo 851 La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne" "Artículo 852 En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes I Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas II Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes y III Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución Declarada procedente la revisión se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley" El análisis sistemático de los anteriores dispositivos revela que el legislador dispuso el recurso de revisión para que fueran revisados los actos entre otros dictados por los Presidentes de las Juntas emitidos en la fase de ejecución también estableció que del citado medio de impugnación conocerá en el caso que interesa (contra acuerdos dictados por los Presidentes de las Juntas) la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda cuando se trate de actos de sus Presidentes De lo antes expuesto se observa que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los facultados y están obligados a tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos Al respecto se considera necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2018 de su índice sostuvo las siguientes consideraciones De acuerdo con el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo es decir contra aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente En tal virtud no existe duda que el acuerdo dictado por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido se ubica en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto de acuerdo con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor debido a que constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución en un juicio laboral Sin embargo la circunstancia de que el acto reclamado se ubique en el supuesto de procedencia de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo por tratarse de la última resolución dictada en la etapa de ejecución de un juicio laboral no significa que el juicio de amparo indirecto sea procedente inmediatamente porque no pueden soslayarse los presupuestos procesales y principios que rigen el juicio de amparo particularmente el de definitividad En efecto el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece señala "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación o expulsión proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" De acuerdo con el principio de definitividad contenido en la fracción XVIII del precepto en cita el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa únicamente procede contra actos definitivos es decir respecto de aquellos actos o resoluciones que ya no puedan ser modificadas revocadas o nulificadas a través de algún recurso o medio de defensa legal ordinario De manera que si en la ley que rige el acto o resolución reclamada existe un recurso o medio ordinario de defensa conforme al cual pueda ser modificado revocado o nulificado el quejoso estará obligado a agotarlo antes de acudir a la instancia constitucional De acuerdo con lo anterior para determinar si procede amparo indirecto inmediatamente contra la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido habrá que resolver si existe un recurso o medio de defensa ordinario que pueda modificar revocar o nulificar esa decisión eventualmente dependiendo del resultado podría analizarse si existe una excepción al principio de definitividad Ahora bien esta Segunda Sala resolvió en sesión de nueve de agosto de dos mil dos la contradicción de tesis 57/2002-SS de la que derivó la jurisprudencia Registro 186 133 Época Novena Época Instancia Segunda Sala Tipo de Tesis Jurisprudencia Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI Agosto de 2002 Materia(s) Laboral Tesis 2a /J 95/2002 Página 374 "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes actuarios o funcionarios legalmente habilitados en los supuestos de ejecución de los laudos convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías así como en contra de los dictados en las providencias cautelares Ahora bien si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje en la etapa de ejecución del laudo por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse modificarse o anularse tal acto presidencial y con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo" Las consideraciones que dieron sustento al anterior criterio son de gran utilidad para resolver esta contradicción de tesis justamente porque están referidas al análisis de procedencia del recurso de revisión de actos de ejecución previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el auto del Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutar un laudo Así en la resolución de la indicada contradicción de tesis se expuso lo siguiente El análisis de los artículos 849 850 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo [en su texto vigente en dos mil dos] revela que el legislador dispuso la procedencia del recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares También estableció que del citado medio de impugnación conocerá en el primer supuesto la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda cuando se trate de actos de los presidentes de esas juntas En la segunda hipótesis conocerá el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución Finalmente en el tercer supuesto conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria Ahora bien para determinar la necesidad [obligación] de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo es necesario establecer con claridad si los Presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje Como puede advertirse de los artículos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo los Presidentes de las Juntas tienen entre otras facultades y obligaciones la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y estas últimas a su vez tienen las obligaciones contenidas en los artículos 614 y 616 de la misma ley De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si el Presidente de alguna Junta se niega a declarar prescrita la acción para ejecutarlo es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los Presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos convenios de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares Esto es así ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo la cual por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo [artículos 617 y 618] corresponde llevar a cabo a los Presidentes de las Juntas debiendo entenderse que como la solicitud de que se decrete la prescripción de la ejecución en comento se hace precisamente en esta etapa es claro que a quien corresponde resolver al respecto es al propio Presidente y no a la Junta como órgano colegiado pues esta última no tiene facultades para ello toda vez que la ley da esa atribución exclusivamente a los Presidentes En consecuencia el recurso de revisión procede en contra de la resolución que el Presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo ya sea declarando o no la prescripción de la acción para ejecutarlo por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva como lo señalan los diversos preceptos 614 y 616 A esta conclusión se llega si se toma en cuenta la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta de la que derivó el texto actual de la Ley Federal del Trabajo que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del Presidente de una Junta emitidos en el período de ejecución de los laudos De [cuya] transcripción se advierte que el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión entre otros de los actos que realicen los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo Por tanto el precepto no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo es decir aquéllas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél o que se encaminen esencialmente a ese objetivo sino también a todas aquéllas que aunque no tengan estas características se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado Bajo este criterio la determinación del Presidente de una Junta laboral que niega o decreta la prescripción de la ejecución del laudo es una resolución que aun cuando no persigue en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste sin embargo se emite en el período de ejecución lo cual la hace recurrible conforme a la teleología del precepto en cuestión pues además la expresión "( ) en ejecución de los laudos ( )" utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo denota ubicación al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento Una vez precisado que procede el recurso de revisión a que se refiere el multicitado artículo 849 de la ley en comento en contra de la resolución que dicten los Presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos es de concluirse que el no agotar ese medio ordinario de defensa existente hace improcedente el juicio de amparo Hasta aquí las consideraciones de la contradicción de tesis 57/2002-SS De las razones que sustentaron y dieron origen al criterio contenido en la jurisprudencia 2a /J 95/2002 sobresalen por su relevancia en esta contradicción de tesis las siguientes premisas ? El legislador dispuso en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo [cuyo contenido no fue modificado con el decreto que reformó la indicada ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce] la procedencia del recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares ? La intención del legislador ordinario fue la de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión de los actos que realicen los Presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo de donde deriva que no tuvo el propósito de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo ? Por tanto el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo es decir aquéllas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél o que se encaminen esencialmente a ese objetivo sino también a todas aquéllas que aunque no tengan estas características se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado Como puede verse esta Segunda Sala ya definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no puede entenderse restrictiva únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo sino que debe entenderse extensivo incluso a todas aquéllas que aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo se emitan en o durante la etapa de ejecución justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que estén en posibilidad de solicitar la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo A partir de lo dicho debe concluirse que la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido constituye un acto dictado en la etapa de ejecución justamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo declarando su cumplimiento y en consecuencia ordenando el archivo del asunto Sin que sea obstáculo que con ese acto se concluya la fase de ejecución del laudo pues esa circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa al contrario forma parte de ella que la finaliza En consecuencia en contra de la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo razón por la cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo de conformidad con el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo No se soslaya lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en tanto dispone que será optativo agotar el medio ordinario de defensa cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional pues la que ha hecho esta Segunda Sala del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo en la contradicción de tesis 57/2002-SS es clara y suficiente para entender la procedencia del recurso de revisión que no se requiere una interpretación adicional Lo resaltado es propio Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 2a /J 52/2018 (10a ) de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 que al efecto dispone "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo se emitan en o durante la etapa de ejecución justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo Bajo esa premisa la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido constituye un acto dictado en la etapa de ejecución precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo declarando su cumplimiento y en consecuencia ordenando el archivo del asunto sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa al contrario tan forma parte de ella que la finaliza En consecuencia contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto a fin de satisfacer el principio de definitividad conforme al artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo" En el referido criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo se emitan en o durante la etapa de ejecución justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo En consecuencia es dable concluir que el recurso de revisión estipulado en el normativo 849 de la Ley Federal del Trabajo procede en contra del proveído que se impugna en esta instancia constitucional emitido el veintidós de octubre de dos mil veinte en el que se dijo al quejoso que por el momento se reservaba su acuerdo en cuanto al fondo hasta en tanto señalara el domicilio donde se llevaría a cabo la diligencia de requerimiento de pago Lo anterior es así pues dicho acto se encuentra en la etapa de ejecución del laudo y fue emitido precisamente por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán siendo así resultaba procedente el recurso de revisión previsto en el invocado numeral sin que al efecto la parte quejosa lo hubiere hecho valer ante la autoridad del conocimiento con lo cual dejó de acatar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo Cobra aplicación al respecto por analogía jurídica la Jurisprudencia 2ª /J 95/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 cuyo rubro y texto disponen "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes actuarios o funcionarios legalmente habilitados en los supuestos de ejecución de los laudos convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías así como en contra de los dictados en las providencias cautelares Ahora bien si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje en la etapa de ejecución del laudo por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse modificarse o anularse tal acto presidencial y con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo" Por tanto conforme a lo expuesto y fundado en párrafos anteriores es evidente que en contra del auto emitido el veintidós de octubre de dos mil veinte por el Presidente de la Junta responsable en el cual determinó que por el momento se reservaba señalar hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago hasta en tanto el quejoso precisara el domicilio de la empresa demandada donde dicha diligencia debería ejecutarse procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo el cual debió ser agotado por la parte quejosa Sobre esa base en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto que reclama el peticionario de amparo debió agotar el aludido medio de defensa para así observar dicho principio Esto ya que a través del recurso de revisión -previsto en la norma ordinaria- puede revocarse modificarse o nulificarse el acto reclamado que en el caso específico lo constituye el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte Sin que en el caso se esté en presencia de alguno de los supuestos de excepción que contempla el artículo 61 de la Ley de Amparo en virtud de que el juicio biinstancial de que se trata no se promovió por persona extraña a la controversia de origen pues como quedó evidenciado con anterioridad el quejoso es el actor en el juicio subyacente así como tampoco se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna ni incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea Nacionales Tampoco se impugnan actos que establezcan providencias precautorias medidas cautelares restrictivas de la libertad alguna orden de aprehensión o reaprehensión resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa Máxime que dichas excepciones son de aplicación estricta sin que puedan aplicarse más excepciones que las expresamente identificadas en el numeral en comento Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia VI 2o C J/260 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito9 cuyo contenido dispone "DEFINITIVIDAD LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso previamente al ejercicio de su derecho de tutela interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado revocado o nulificado tal como lo indica el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo En este sentido la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas Por ello fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia respectivamente Así en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio importe peligro de privación de la vida deportación destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional o bien en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas " De ahí que al no haber agotado el solicitantee del amparo el principio de definitividad rector del juicio constitucional mediante la interposición del recurso de revisión es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo En consecuencia al haberse actualizado la causal de improcedencia aquí analizada procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo de conformidad con el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia respecto del acto y autoridad aquí precisados Sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz al no contradecir los artículos 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de definitividad del acto reclamado Es aplicable a lo anterior por analogía la jurisprudencia 1a /J 57/2018 (10a ) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10 cuyo rubro y texto disponen "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ El precepto citado al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones esto es en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y por ende la responsable no tiene libertad de jurisdicción sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal Ahora bien la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta por lo que admitir uno nuevo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica En ese sentido el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz al no contradecir los artículos 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada Además el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consistente en procurar una justicia pronta y expedita que asegure su correcta y funcional administración" En virtud del sobreseimiento decretado resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa porque dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11 que dice "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio" Finalmente los criterios invocados en la presente ejecutoria integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualmente en vigor dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación Por lo expuesto fundado y con apoyo además en los artículos 74 75 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Salvador Marín Barajas respecto del acto atribuido al Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán por los motivos y fundamentos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo VI-760/2020 promovido por Salvador Marín Barajas por derecho propio actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción y R E S U L T A N D O PRIMERO Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional Salvador Marín Barajas por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción los cuales consideró violatorios del derecho fundamental reconocido en los artículos 1° 8 14 16 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SEGUNDO Admisión y trámite del asunto En proveído de trece de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo se solicitó a las autoridades señaladas como responsables informe justificado se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y C O N S I D E R A N D O PRIMERO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia es competente para conocer y resolver este juicio de conformidad con los artículos 103 y 107 fracciones I II III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente 48 55 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito porque la omisión se atribuye a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal SEGUNDO Fijación del acto reclamado Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo deben precisarse los actos reclamados lo anterior al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos rubros son "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD " 1 y "ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO " 2 En ese sentido del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata se desprende que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables a) Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad b) Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad Los actos siguientes ? La negativa de la ordenadora de señalar hora y día para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el domicilio de la demandada con motivo del laudo emitido en el juicio laboral 1A710/2014 cuya ejecución está a cargo del ministro ejecutor TERCERO Inexistencia del acto reclamado Al rendir su informe justificado en forma conjunta el Presidente y el Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán negaron la existencia de los actos reclamados emanados del juicio ordinario laboral 1A-710/2014 en los términos siguientes "NO ES CIERTO puesto que a la fecha la promoción que presentó el quejoso (parte actora en el procedimiento ordinario) no fue acordada favorablemente sin ser combatida por este quedando firme dentro del procedimiento agregando además que en atención a lo dispuesto en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo la ejecución (requerimiento de pago) sólo puede iniciarse a petición de parte por lo que se requiere la petición formal del ejecutante sin pasar por desapercibido para esta autoridad que se estila que por la confidencialidad de la actuación (embargo) jamás se señala en el contenido de los acuerdos la fecha exacta de la ejecución para evitar poner sobre aviso a la parte ejecutada sino que directamente el interesado (ejecutante) comparece personalmente o a través de sus apoderados a solicitar fecha de ejecución mismos que a la fecha no han comparecido ante esta Autoridad laboral a solicitar tal fecha de asignación de actuario para la diligencia de mérito aunado a que no prosperó su promoción y en acuerdos pasados no han pasado ni por los oficios que se ordenaron girar Anexando al presente copias certificadas de las constancias materia del acto reclamado manifestando que el acuerdo de fecha 22 veintidós de octubre del año en curso constituye la última actuación que obra en autos" En el presente asunto esta potestad federal considera inexistente el acto reclamado al Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán en virtud de que la junta responsable no ha despachado auto de ejecución que éste debiera materializar por ende es evidente que la referida autoridad ejecutora no está en aptitud de ejecutar acto alguno pues su actuar depende de la ordenadora lo que produce que la omisión que se le atribuye resulte jurídicamente inexistente Circunstancia que se acredita con las constancias que en copia certificada remitió la junta responsable como justificación de su informe de ley a las que se les otorga valor probatorio de indicio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2° específicamente el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte en el cual el Presidente de la junta determinó que se reservaba acordar en cuanto al fondo el escrito del quejoso hasta en tanto éste señalara el domicilio donde debería llevarse a cabo la diligencia de requerimiento solicitada Por tanto inexiste obligación a cargo del actuario señalado como responsable en su carácter de autoridad ejecutora En efecto tratándose de actos de naturaleza negativa (omisiones) debe entenderse que se está en el supuesto de una actitud pasiva por parte de la autoridad responsable la cual afecta la esfera jurídica del quejoso al no emprender las acciones solicitadas o que legalmente le corresponde realizar sin que ello implique que la simple inactividad de la autoridad justifique que se haya producido una omisión que afecte derechos sustantivos del gobernado para que sea procedente el juicio de amparo pues dicha hipótesis sólo puede configurarse cuando exista el deber -actual y objetivo- por parte de la autoridad de realizar una conducta por tanto para que jurídicamente exista una omisión atribuible a una autoridad previamente debe existir un presupuesto de hecho o legal que la obligue Al respecto se cita como orientadora la tesis 1a XVII/20183 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD Desde un punto de vista conceptual la simple inactividad no equivale a una omisión En el ámbito jurídico para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación En este sentido las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos sino también a través de actos negativos u omisiones" En el caso que nos ocupa la parte quejosa se duele de la omisión de señalar hora y día para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el domicilio de la demandada con motivo del laudo emitido en el juicio laboral 1A-710/2014 luego si en dicho procedimiento la autoridad jurisdiccional responsable no ha dictado la determinación respectiva es obvio que no ha comisionado al actuario para que la ejecute por lo que resulta inconcuso que esa omisión es jurídicamente inexistente pues no existe un presupuesto que obligue al ministro ejecutor a efectivizar lo que no se le ha ordenado expresamente lo que conlleva al sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado Ello es así en virtud de que el juzgador debe analizar el caso en concreto para determinar si la autoridad se encontraba en condiciones o en el momento de actuar para así determinar el sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados cuestión que no implica el estudio de fondo pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos En soporte a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a /J 99/20184 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente "ACTOS OMISIVOS CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO Ante el reclamo de actos de omisión cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar el juzgador de amparo en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva debe analizar precisamente este aspecto es decir si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución lo que en su caso podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados cuestión que no implica el estudio de fondo pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos" Consecuentemente con fundamento en el ordinal 63 fracción IV de la Ley de Amparo procede sobreseer en este juicio respecto a la omisión atribuida al Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán al ser jurídicamente inexistente CUARTO Existencia del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán Ahora bien no obstante que al rendir su informe justificado la autoridad ordenadora haya negado su existencia dicha negativa queda desvirtuada con el contenido del proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte que adjuntó como justificación a su informe de ley el cual es del tenor literal siguiente "Morelia Michoacán a 22 veintidós de octubre del año 2020 dos mil veinte Se da cuenta con el escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Junta Local el día 16 de octubre de la presente anualidad suscrito y firmado por el LIC FAUSTO MORENO GONZÁLEZ en cuanto apoderado jurídico de la parte actora por lo que en atención al mismo LA PRESIDENCIA AUCERDA Dígase al gestionante que por el momento esta autoridad se reserva a acordar en cuanto al fondo de su petición toda vez que no señala domicilio para llevar a cabo dicha diligencia de requerimiento lo anterior con fundamento en el artículo 951 fracción I en relación con el 950 de la Ley Federal del Trabajo CÚMPLASE (.)" Cabe destacar que las documentales referidas cuentan con pleno valor probatorio por tratarse de constancias expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones conforme a lo previsto por los artículos 129 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su segundo precepto Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal de la Nación cuyo rubro es el siguiente "DOCUMENTOS PÚBLICOS CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO"5 De lo anteriormente expuesto se advierte la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables en virtud de que la solicitud que presentó el quejoso ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad el dieciséis de octubre de dos mil veinte fue acordada en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte en el que se le dijo que por el momento se reservaba su acuerdo en cuanto al fondo hasta en tanto señalara el domicilio donde se llevaría a cabo la diligencia de requerimiento de pago conforme a los numerales 951 fracción I en relación con el 950 de la Ley Federal del Trabajo no obstante que en autos del propio juicio subyacente obra asentado e identificado el domicilio cierto de la empresa demandada como se expondrá en párrafos subsecuentes por tanto procede desvirtuar dicha negativa y declarar cierto el acto atribuido a la referida responsable QUINTO Estudio de las causales de improcedencia Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente como establece el ordinal 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia II 1o J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época tomo VII mayo de 1991 página 95 del rubro y texto siguientes IMPROCEDENCIA CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben de estudiarse previamente lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia" Ahora bien tomando en consideración que las partes no hicieron valer causal de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna de ellas procede analizar el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa Este juzgador advierte de oficio que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la diversa causal de improcedencia contemplada en el numeral 61 fracción XVIII disposición que establece "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación o expulsión proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 31 así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión autos de vinculación a proceso resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" De lo anterior se advierte que la causal de improcedencia de mérito descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional pues siendo el amparo un medio de impugnación extraordinario resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria y que sean los idóneos para modificar revocar o anular el acto que vaya a reclamarse En ese orden de ideas para que se actualice tal causal de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) Que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser modificada revocada o nulificada Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia I 4o C J/25 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito6 cuyo rubro y texto disponen "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo son los siguientes a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser modificada revocada o nulificada Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción el contenido en el artículo 107 fracción VII de la Constitución Federal para los terceros extraños y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución" Bajo ese contexto como se anticipó se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo toda vez que el acto reclamado en el presente asunto puede ser impugnado mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo Para mejor comprensión de lo anterior por técnica jurídica se considera preciso insertar los antecedentes del acto reclamado los cuales se desprenden de las constancias que adjuntó la responsable a su informe de ley anteriormente valoradas los cuales son los siguientes a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho se emitió el laudo en el juicio laboral 1A-710/2014 promovido por Salvador Marín Barajas en contra de la moral Consorcio de Construcciones y Maquinaria Sociedad Anónima de Capital Variable en el que se condenó a esta última al pago de diversas prestaciones en beneficio del trabajador actor aquí quejoso b) Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve ante la autoridad laboral el trabajador actor aquí quejoso solicitó se le habilitara cualquier día a las ocho de la mañana para llevar a cabo la diligencia de embargo en el inmueble donde se ubica la empresa demandada c) Escrito al que recayó el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve en el que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad despachó auto de ejecución en contra de la empresa Consorcio de Construcciones y Maquinaria Sociedad Anónima de Capital Variable por la cantidad de $368 512 57 (trescientos sesenta y ocho mil quinientos doce pesos 57/100 moneda nacional) comisionando al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de ésta y le requiriera del inmediato y efectivo pago haciendo del conocimiento de la persona con la que entendiera la diligencia que en caso de no cubrir dicha cantidad podía designar bienes propiedad de dicha empresa para garantizar el adeudo Bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo ese derecho pasaría a la parte actora facultando al ministro ejecutor para hacer uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso necesario en términos del artículo 951 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo Asimismo en la parte final de dicho auto habilitó las ocho de la mañana del día que se señalara para el desahogo de la referida diligencia y además precisó "(.) Finalmente dígase al promovente que respecto al requerimiento en su escrito esto es a señalar fecha para la diligencia no es posible acordar de conformidad dada la confidencialidad que guarda el asunto que nos ocupa por lo que únicamente se le tienen por hechas sus manifestaciones (.)" d) Embargo que no pudo ejecutarse dado que siendo las ocho horas del cinco de marzo de dos mil veinte el actuario responsable en compañía del apoderado jurídico del actor se constituyeron en el domicilio de la demandada siendo atendidos por una persona del sexo masculino quien no se identificó y no les permitió el acceso e) Por escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte ante la autoridad laboral responsable el peticionario Salvador Marín Barajas solicitó se fijara día y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo a la demandada Consorcio de Construcciones y Maquinaria Sociedad Anónima de Capital Variable autorizando el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras de ser necesario f) Promoción que fue acordada favorablemente el doce de marzo de dos mil veinte despachando auto de ejecución en contra de la demandada y autorizando los medios coercitivos y forzosos que solicitó el quejoso además se le reiteró que no era posible señalar hora y fecha precisa para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo dada la confidencialidad que guarda el juicio laboral 1A-710/2014 g) Finalmente mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte el apoderado jurídico del quejoso Salvador Marín Barajas solicitó de nueva cuenta se fijara día y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de la demandada Consorcio de Construcciones y Maquinaria Sociedad Anónima de Capital Variable al que recayó el proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte el cual se inserta a continuación De lo anterior se advierte que el acto reclamado lo emitió el Presidente de la junta responsable en la etapa de ejecución de laudo Ahora bien el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los Presidentes y Actuarios en etapa de ejecución de laudos convenios de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencias cautelares de ahí que si el acto reclamado contenido en el auto preinserto fue emitido por el Presidente es evidente que la parte quejosa - antes de incoar la acción constitucional- debió agotar el recurso de revisión previsto en el aludido numeral tomando en cuenta que dicho acto se llevó a cabo en la etapa de ejecución de laudo cuyo cumplimiento está a cargo del Presidente de cada Junta pues a través del citado medio de impugnación podía revocarse modificarse o anularse el acto combatido y con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo como lo establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo En efecto los artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo regulan quién debe de llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Juntas Especiales dado que establecen lo siguiente "Artículo 939 Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje Son también aplicables a los laudos arbitrales a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas" "Artículo 940 La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita" De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los Presidentes de las mismas Asimismo los artículos 849 a 852 del citado ordenamiento relativos a la procedencia del recurso de revisión son del tenor literal siguiente "Artículo 849 Contra actos de los presidentes actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos convenios de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares procede la revisión" "Artículo 850 De la revisión conocerán I La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto conforme al artículo 635 de esta Ley cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas II El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados y III La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria" "Artículo 851 La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne" "Artículo 852 En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes I Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas II Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes y III Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución Declarada procedente la revisión se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley" El análisis sistemático de los anteriores dispositivos revela que el legislador dispuso el recurso de revisión para que fueran revisados los actos entre otros dictados por los Presidentes de las Juntas emitidos en la fase de ejecución también estableció que del citado medio de impugnación conocerá en el caso que interesa (contra acuerdos dictados por los Presidentes de las Juntas) la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda cuando se trate de actos de sus Presidentes De lo antes expuesto se observa que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los facultados y están obligados a tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos Al respecto se considera necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2018 de su índice sostuvo las siguientes consideraciones De acuerdo con el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo es decir contra aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente En tal virtud no existe duda que el acuerdo dictado por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido se ubica en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto de acuerdo con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor debido a que constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución en un juicio laboral Sin embargo la circunstancia de que el acto reclamado se ubique en el supuesto de procedencia de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo por tratarse de la última resolución dictada en la etapa de ejecución de un juicio laboral no significa que el juicio de amparo indirecto sea procedente inmediatamente porque no pueden soslayarse los presupuestos procesales y principios que rigen el juicio de amparo particularmente el de definitividad En efecto el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece señala "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación o expulsión proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" De acuerdo con el principio de definitividad contenido en la fracción XVIII del precepto en cita el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa únicamente procede contra actos definitivos es decir respecto de aquellos actos o resoluciones que ya no puedan ser modificadas revocadas o nulificadas a través de algún recurso o medio de defensa legal ordinario De manera que si en la ley que rige el acto o resolución reclamada existe un recurso o medio ordinario de defensa conforme al cual pueda ser modificado revocado o nulificado el quejoso estará obligado a agotarlo antes de acudir a la instancia constitucional De acuerdo con lo anterior para determinar si procede amparo indirecto inmediatamente contra la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido habrá que resolver si existe un recurso o medio de defensa ordinario que pueda modificar revocar o nulificar esa decisión eventualmente dependiendo del resultado podría analizarse si existe una excepción al principio de definitividad Ahora bien esta Segunda Sala resolvió en sesión de nueve de agosto de dos mil dos la contradicción de tesis 57/2002-SS de la que derivó la jurisprudencia Registro 186 133 Época Novena Época Instancia Segunda Sala Tipo de Tesis Jurisprudencia Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI Agosto de 2002 Materia(s) Laboral Tesis 2a /J 95/2002 Página 374 "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes actuarios o funcionarios legalmente habilitados en los supuestos de ejecución de los laudos convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías así como en contra de los dictados en las providencias cautelares Ahora bien si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje en la etapa de ejecución del laudo por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse modificarse o anularse tal acto presidencial y con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo" Las consideraciones que dieron sustento al anterior criterio son de gran utilidad para resolver esta contradicción de tesis justamente porque están referidas al análisis de procedencia del recurso de revisión de actos de ejecución previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el auto del Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutar un laudo Así en la resolución de la indicada contradicción de tesis se expuso lo siguiente El análisis de los artículos 849 850 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo [en su texto vigente en dos mil dos] revela que el legislador dispuso la procedencia del recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares También estableció que del citado medio de impugnación conocerá en el primer supuesto la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda cuando se trate de actos de los presidentes de esas juntas En la segunda hipótesis conocerá el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución Finalmente en el tercer supuesto conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria Ahora bien para determinar la necesidad [obligación] de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo es necesario establecer con claridad si los Presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje Como puede advertirse de los artículos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo los Presidentes de las Juntas tienen entre otras facultades y obligaciones la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y estas últimas a su vez tienen las obligaciones contenidas en los artículos 614 y 616 de la misma ley De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si el Presidente de alguna Junta se niega a declarar prescrita la acción para ejecutarlo es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los Presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos convenios de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares Esto es así ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo la cual por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo [artículos 617 y 618] corresponde llevar a cabo a los Presidentes de las Juntas debiendo entenderse que como la solicitud de que se decrete la prescripción de la ejecución en comento se hace precisamente en esta etapa es claro que a quien corresponde resolver al respecto es al propio Presidente y no a la Junta como órgano colegiado pues esta última no tiene facultades para ello toda vez que la ley da esa atribución exclusivamente a los Presidentes En consecuencia el recurso de revisión procede en contra de la resolución que el Presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo ya sea declarando o no la prescripción de la acción para ejecutarlo por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva como lo señalan los diversos preceptos 614 y 616 A esta conclusión se llega si se toma en cuenta la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta de la que derivó el texto actual de la Ley Federal del Trabajo que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del Presidente de una Junta emitidos en el período de ejecución de los laudos De [cuya] transcripción se advierte que el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión entre otros de los actos que realicen los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo Por tanto el precepto no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo es decir aquéllas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél o que se encaminen esencialmente a ese objetivo sino también a todas aquéllas que aunque no tengan estas características se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado Bajo este criterio la determinación del Presidente de una Junta laboral que niega o decreta la prescripción de la ejecución del laudo es una resolución que aun cuando no persigue en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste sin embargo se emite en el período de ejecución lo cual la hace recurrible conforme a la teleología del precepto en cuestión pues además la expresión "( ) en ejecución de los laudos ( )" utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo denota ubicación al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento Una vez precisado que procede el recurso de revisión a que se refiere el multicitado artículo 849 de la ley en comento en contra de la resolución que dicten los Presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos es de concluirse que el no agotar ese medio ordinario de defensa existente hace improcedente el juicio de amparo Hasta aquí las consideraciones de la contradicción de tesis 57/2002-SS De las razones que sustentaron y dieron origen al criterio contenido en la jurisprudencia 2a /J 95/2002 sobresalen por su relevancia en esta contradicción de tesis las siguientes premisas ? El legislador dispuso en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo [cuyo contenido no fue modificado con el decreto que reformó la indicada ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce] la procedencia del recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares ? La intención del legislador ordinario fue la de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión de los actos que realicen los Presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo de donde deriva que no tuvo el propósito de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo ? Por tanto el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo es decir aquéllas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél o que se encaminen esencialmente a ese objetivo sino también a todas aquéllas que aunque no tengan estas características se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado Como puede verse esta Segunda Sala ya definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no puede entenderse restrictiva únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo sino que debe entenderse extensivo incluso a todas aquéllas que aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo se emitan en o durante la etapa de ejecución justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que estén en posibilidad de solicitar la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo A partir de lo dicho debe concluirse que la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido constituye un acto dictado en la etapa de ejecución justamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo declarando su cumplimiento y en consecuencia ordenando el archivo del asunto Sin que sea obstáculo que con ese acto se concluya la fase de ejecución del laudo pues esa circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa al contrario forma parte de ella que la finaliza En consecuencia en contra de la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo razón por la cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo de conformidad con el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo No se soslaya lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en tanto dispone que será optativo agotar el medio ordinario de defensa cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional pues la que ha hecho esta Segunda Sala del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo en la contradicción de tesis 57/2002-SS es clara y suficiente para entender la procedencia del recurso de revisión que no se requiere una interpretación adicional Lo resaltado es propio Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 2a /J 52/2018 (10a ) de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 que al efecto dispone "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo se emitan en o durante la etapa de ejecución justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo Bajo esa premisa la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido constituye un acto dictado en la etapa de ejecución precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo declarando su cumplimiento y en consecuencia ordenando el archivo del asunto sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa al contrario tan forma parte de ella que la finaliza En consecuencia contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto a fin de satisfacer el principio de definitividad conforme al artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo" En el referido criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo se emitan en o durante la etapa de ejecución justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo En consecuencia es dable concluir que el recurso de revisión estipulado en el normativo 849 de la Ley Federal del Trabajo procede en contra del proveído que se impugna en esta instancia constitucional emitido el veintidós de octubre de dos mil veinte en el que se dijo al quejoso que por el momento se reservaba su acuerdo en cuanto al fondo hasta en tanto señalara el domicilio donde se llevaría a cabo la diligencia de requerimiento de pago Lo anterior es así pues dicho acto se encuentra en la etapa de ejecución del laudo y fue emitido precisamente por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán siendo así resultaba procedente el recurso de revisión previsto en el invocado numeral sin que al efecto la parte quejosa lo hubiere hecho valer ante la autoridad del conocimiento con lo cual dejó de acatar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo Cobra aplicación al respecto por analogía jurídica la Jurisprudencia 2ª /J 95/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 cuyo rubro y texto disponen "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes actuarios o funcionarios legalmente habilitados en los supuestos de ejecución de los laudos convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías así como en contra de los dictados en las providencias cautelares Ahora bien si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje en la etapa de ejecución del laudo por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse modificarse o anularse tal acto presidencial y con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo" Por tanto conforme a lo expuesto y fundado en párrafos anteriores es evidente que en contra del auto emitido el veintidós de octubre de dos mil veinte por el Presidente de la Junta responsable en el cual determinó que por el momento se reservaba señalar hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago hasta en tanto el quejoso precisara el domicilio de la empresa demandada donde dicha diligencia debería ejecutarse procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo el cual debió ser agotado por la parte quejosa Sobre esa base en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto que reclama el peticionario de amparo debió agotar el aludido medio de defensa para así observar dicho principio Esto ya que a través del recurso de revisión -previsto en la norma ordinaria- puede revocarse modificarse o nulificarse el acto reclamado que en el caso específico lo constituye el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte Sin que en el caso se esté en presencia de alguno de los supuestos de excepción que contempla el artículo 61 de la Ley de Amparo en virtud de que el juicio biinstancial de que se trata no se promovió por persona extraña a la controversia de origen pues como quedó evidenciado con anterioridad el quejoso es el actor en el juicio subyacente así como tampoco se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna ni incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea Nacionales Tampoco se impugnan actos que establezcan providencias precautorias medidas cautelares restrictivas de la libertad alguna orden de aprehensión o reaprehensión resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa Máxime que dichas excepciones son de aplicación estricta sin que puedan aplicarse más excepciones que las expresamente identificadas en el numeral en comento Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia VI 2o C J/260 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito9 cuyo contenido dispone "DEFINITIVIDAD LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso previamente al ejercicio de su derecho de tutela interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado revocado o nulificado tal como lo indica el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo En este sentido la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas Por ello fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia respectivamente Así en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio importe peligro de privación de la vida deportación destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional o bien en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas " De ahí que al no haber agotado el solicitantee del amparo el principio de definitividad rector del juicio constitucional mediante la interposición del recurso de revisión es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo En consecuencia al haberse actualizado la causal de improcedencia aquí analizada procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo de conformidad con el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia respecto del acto y autoridad aquí precisados Sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz al no contradecir los artículos 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de definitividad del acto reclamado Es aplicable a lo anterior por analogía la jurisprudencia 1a /J 57/2018 (10a ) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10 cuyo rubro y texto disponen "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ El precepto citado al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones esto es en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y por ende la responsable no tiene libertad de jurisdicción sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal Ahora bien la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta por lo que admitir uno nuevo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica En ese sentido el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz al no contradecir los artículos 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada Además el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consistente en procurar una justicia pronta y expedita que asegure su correcta y funcional administración" En virtud del sobreseimiento decretado resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa porque dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11 que dice "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio" Finalmente los criterios invocados en la presente ejecutoria integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualmente en vigor dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación Por lo expuesto fundado y con apoyo además en los artículos 74 75 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Salvador Marín Barajas respecto del acto atribuido al Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán por los motivos y fundamentos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con cincuenta minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo VI-760/2020, promovido por Salvador Marín Barajas, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de la licenciada Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, sin la asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda; Auto admisorio de trece de noviembre de dos mil veinte, e intervención dada a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En cuanto al informe justificado que obra en autos, la secretaria hace la relación de él en la tabla siguiente: No Autoridad responsable Auto en el que se tuvo por recibido Sentido 1 Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción. Siete de diciembre de dos mil veinte Parcialmente cierto Así como el auto en que se tuvo por recibido dicho informe. Además, que se emplazó a juicio a la parte tercero interesada "Consorcio de Construcciones y Maquinaria S.A. de C.V", asimismo, se hace constar que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita sí formuló alegatos. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a las autoridades responsables rindiendo el informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar la parte quejosa y las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción, exhibieron con su escrito inicial de demanda e informe justificado, respectivamente, las cuales se tuvieron por recibidas en autos de trece de noviembre y siete de diciembre, ambos de dos mil veinte. El Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, debido a su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que únicamente la fiscal de la Federación adscrita realizó manifestaciones en esta etapa. El Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para hacerlo, y a la Agente del Ministerio Público adscrita por formulando pedimento, por lo que se cierra esta fase. Acto seguido, el Juez declara vistos los autos y dispone que se pronuncie la sentencia respectiva cuando las labores del juzgado lo permitan, firmando al calce los intervinientes en la presente acta. Doy fe. LIC. REYNALDO PIÑÓN RANGEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN LIC. ELVA JANETTE HERREJÓN CHÁVEZ SECRETARIA DEL JUZGADO. Sirmalis
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