Salvador Manuel Sánchez Rivera

Expediente 352/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
352/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Salvador Manuel Sánchez Rivera
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja administrativo 334/2023 de su estadística, así como un legajo de copias certificadas de constancias de actuaciones del presente juicio, en un tomo. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la Superioridad al resolver citado el medio de impugnación, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente recurso de queja." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés en el recurso de queja 249/2023, consultable a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la cual es un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de la cesación de los efectos del Decreto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional. Al respecto, la disposición citada de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El objetivo del juicio de amparo es volver las cosas al estado que tenían antes del acto violatorio (si éste es de carácter positivo) o forzar a la autoridad a realizar la conducta que indebidamente omitió (si es de carácter negativo); por tanto, si desaparecen los efectos del acto de autoridad, el amparo se torna improcedente. Para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la parte quejosa combate, en esencia, la aprobación y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio para este juzgado la resolución en queja citada al inicio de este proveído, así como el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública de veintidós de junio de dos mil veintitrés, estimó procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023 y, por mayoría de nueve votos, declaró la invalidez del Decreto referido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, en el comunicado de prensa 222/2023 así como en la información publicada del expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, se aprecia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto aquí reclamado, ya que consideró que en el proceso legislativo correspondiente hubo violaciones graves al procedimiento legislativo. I. Comunicado de prensa relativo a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas. En el mensaje difundido electrónicamente por la Corte se advierten los siguientes puntos en torno al medio de control constitucional en cuestión: "[.] La Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento: 1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés." Se hace constar que se acude a la sección de Prensa y Multimedia, en el apartado "Comunicados", de la página oficial de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que aún no se publica el engrose de la sentencia emitida en dicho expediente, acorde con la consulta realizada en dicho sitio el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. II. Hojas de votación relativas a la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintidós de junio de dos mil veintitrés. En las hojas de la sesión pública donde se discutió el proyecto relativo al medio de control constitucional en cuestión y sus acumulados, consultables en la página de Internet oficial de la Corte, se aprecia el siguiente extracto: SESIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL PLENO del jueves veintidós de junio de dos mil veintitrés. Acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023. Se demanda la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. APARTADO CRITERIO Y DECISIÓN PROPUESTA: APARTADO VI: ESTUDIO DE FONDO, SUBAPARTADO VI.2. DENOMINADO "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO" (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). Sometida a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su subapartado VI.2, se aprobó por mayoría de nueve votos. PROPUESTA: APARTADO VII: EFECTOS [1) DETERMINAR QUE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ SURTA SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, 2) PRECISAR QUE LAS NORMAS VINCULADAS POR EL DECRETO IMPUGNADO RECUPERAN SU VIGENCIA CON EL TEXTO QUE TENÍAN AL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y 4) DETERMINAR QUE ESTA RESOLUCIÓN DEBERÁ SER NOTIFICADA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA]. Sometida a votación la propuesta del apartado VII, relativo a los efectos [incisos 1), 2) y 4)] se aprobó por mayoría de nueve votos. CONGRUENCIA FORMAL DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS: "PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADAS. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE ESTA DECISIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN [.]. Sometida a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos. De acuerdo con la información referida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Decreto aquí reclamado y determinó que las normas reformadas por medio de dicho acto legislativo recuperarían su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. Así, en virtud de que el tribunal constitucional invalidó el Decreto que contiene las normas generales que se reclaman en esta instancia, los efectos y consecuencias de estas últimas han cesado en forma total e incondicional en la esfera jurídica de la parte quejosa, dando lugar a una situación idéntica a la que existía antes de la emisión de dicho acto legislativo. En efecto, de acuerdo con el punto resolutivo segundo de la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, la declaratoria de invalidez del Decreto surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, como se aprecia en la siguiente transcripción: "[.] PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADAS. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE ESTA DECISIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN [.]". En relación con este aspecto, es un hecho notorio para este juzgado que en el recurso de queja 249/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, la Secretaría de Acuerdos de ese órgano jurisdiccional solicitó a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las constancias de la notificación al Congreso de la Unión de los puntos resolutivos transcritos. Al respecto, en el cuaderno de varios 1/2023 de ese tribunal colegiado obra el proveído de diez de julio del año en curso, firmado por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General del Acuerdos de ese alto Tribunal -con dos evidencias criptográficas- en el que se hace constar que la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión se practicó el veintitrés de junio del año que transcurre. Tal circunstancia fue ilustrada por el tribunal colegiado en la resolución del recurso de queja en cuestión, con las imágenes de las constancias de notificación siguientes: En esas circunstancias, como se adelantó, los efectos de las normas generales que reclama la parte quejosa ya cesaron y, por ende, ésta ha sido restituida en el goce de los derechos que aduce afectados. Es decir, con la invalidación total del Decreto controvertido, se alcanzó ya el fin al que aspiraba la parte promovente con el ejercicio de su acción de amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes, así como al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en relación con el recurso de queja administrativo 334/2023 de su índice, promovido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el auto que admitió la demanda que motivó el presente juicio, a efecto de que provea lo conducente con respecto a dicho medio de impugnación. El criterio asumido en esta determinación es similar al adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito al resolver el recurso de queja 249/2023.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial de cuenta, se observa que en acuerdo de once de los actuales, se dio vista a las partes con el informe justificado de la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, acuerdo que fue notificado el doce siguiente, mediante lista de acuerdos que se fija y publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, por lo que aún no transcurre el plazo de ocho días a que alude el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En tales condiciones, a fin de que las partes se impongan de su contenido, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Cabe mencionar que la fecha y hora señaladas para su celebración obedece a la carga de trabajo con que cuenta este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado que le corresponde. Con su contenido dese vista a la partes, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, téngase como su domicilio el que señala, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal y como sus delegados a quienes indica. Respecto a la causal de sobreseimiento a que alude, ésta será analizada en el momento procesal oportuno.

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