Salvador Manuel Almanza Rodríguez

Expediente 490/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
490/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
26/01/2018

Partes del expediente

  • Salvador Manuel Almanza Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha causado estado, considerando que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2.- Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a las autoridades responsables Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional, las copias certificadas que remitieron como anexo a su informe justificado, consistente en un tomo.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en la que el Actuario adscrito a este Juzgado Federal hace constar que no le fue posible notificar el auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, al tercero interesado Avanti Logística Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por los motivos que expone. En consecuencia, agréguese la razón actuarial de cuenta y visto el estado de autos, de los que se advierte que la parte tercero no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete; por lo que se ordena que la notificación del auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, así como del presente acuerdo, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado al citado tercero interesado; lo anterior, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veinte de diciembre del año en curso, remite copias certificadas relativas a la averiguación previa 2144/15/311. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos acompañados al oficio de cuenta; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas por separado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias provenientes de la responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad, que adjuntó al oficio de cuenta, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, por lo que el que aquí resuelve procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, Salvador Manuel Almanza Rodríguez, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en esta ciudad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en: "La omisión sin fundamento de sujetarse a los términos fijados por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, en su numeral 46 fracciones I, II, III, IV, XV, XX, XXI, XXII, 347 y demás relativos, así como los artículos 14, 16, 17 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no procurar de manera pronta y expedita la impartición de justicia en tiempo y forma, quedando en el abandono la integración de la Averiguación Previa número 2144/15/311/AP, sin que resuelva el Ejercicio de la Acción Penal." Sin embargo, de las documentales enviadas por la responsable antes mencionada, se desprende que en veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa 2144/15/311/AP, de su índice, dicha representación social resolvió ejercitar acción penal en contra de Luis Alfonso Soto Valdez, por el delito de abuso por retención; asimismo, ordenó consignar dicha averiguación al Juez Único de Primera Instancia Penal de esta ciudad, solicitándole orden de aprehensión en contra del indiciado señalado con antelación. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acreditan de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso le atribuyó a la autoridad responsable, ya que es evidente que si la dolencia jurídica del quejoso lo era en suma la omisión de pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa 2144/15/311/AP, se torna evidente que de esa manera desapareció jurídicamente la inacción reclamada. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario dar vista al quejoso con la respuesta de la responsable dado que la misma cumplió con la pretensión del solicitante del amparo. Tampoco es oportuno la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que fue señalada para las nueve horas con diez minutos del veintidós de enero de dos mil dieciocho. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto."

  4. Principal

    A las nueve horas del cuatro de enero de dos mil dieciocho, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, los autos de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete y de tres de enero de dos mil dieciocho, dictados dentro del Juicio de Amparo 490/2017-V-B, al tercero interesado Avanti Logística Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; en cumplimiento al diverso proveído de tres de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro del presente Juicio de Amparo, y con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de la materia, en Ensenada, Baja California, que dicen: Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veinte de diciembre del año en curso, remite copias certificadas relativas a la averiguación previa 2144/15/311. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos acompañados al oficio de cuenta; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas por separado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias provenientes de la responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad, que adjuntó al oficio de cuenta, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, por lo que el que aquí resuelve procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, Salvador Manuel Almanza Rodríguez, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en esta ciudad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en: "La omisión sin fundamento de sujetarse a los términos fijados por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, en su numeral 46 fracciones I, II, III, IV, XV, XX, XXI, XXII, 347 y demás relativos, así como los artículos 14, 16, 17 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no procurar de manera pronta y expedita la impartición de justicia en tiempo y forma, quedando en el abandono la integración de la Averiguación Previa número 2144/15/311/AP, sin que resuelva el Ejercicio de la Acción Penal." Sin embargo, de las documentales enviadas por la responsable antes mencionada, se desprende que en veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa 2144/15/311/AP, de su índice, dicha representación social resolvió ejercitar acción penal en contra de Luis Alfonso Soto Valdez, por el delito de abuso por retención; asimismo, ordenó consignar dicha averiguación al Juez Único de Primera Instancia Penal de esta ciudad, solicitándole orden de aprehensión en contra del indiciado señalado con antelación. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acreditan de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso le atribuyó a la autoridad responsable, ya que es evidente que si la dolencia jurídica del quejoso lo era en suma la omisión de pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa 2144/15/311/AP, se torna evidente que de esa manera desapareció jurídicamente la inacción reclamada. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario dar vista al quejoso con la respuesta de la responsable dado que la misma cumplió con la pretensión del solicitante del amparo. Tampoco es oportuno la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que fue señalada para las nueve horas con diez minutos del veintidós de enero de dos mil dieciocho. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." (y) Vista la razón actuarial de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en la que el Actuario adscrito a este Juzgado Federal hace constar que no le fue posible notificar el auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, al tercero interesado Avanti Logística Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por los motivos que expone. En consecuencia, agréguese la razón actuarial de cuenta y visto el estado de autos, de los que se advierte que la parte tercero no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete; por lo que se ordena que la notificación del auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, así como del presente acuerdo, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado al citado tercero interesado; lo anterior, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto.

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