Salvador Magdaleno Aguirre
Expediente 69/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Salvador Magdaleno Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, mismo que le fue notificado el tres de abril siguiente, la cual surtió efectos el cuatro sucesivo, por lo que el plazo respectivo transcurrió del diez al veintiocho de abril de este año, sin que se manifestara en el término que establece el artículo 202 párrafo primero, de la Ley de Amparo; por ende, se tiene por consentido el citado acuerdo. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Agréguese únicamente a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa actos relacionados al cumplimiento de la sentencia de amparo; lo anterior, toda vez que por auto de treinta y uno de marzo de este año, se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente laboral ********************, realizara lo siguiente: En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por consentida.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de febrero del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado Federal el acatamiento que haya dado a dicho fallo protector; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de CIEN unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral mencionado en primer término. Por último, conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, del referido ordenamiento legal, el Acuerdo General 12/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de las autoridades directamente obligadas; sin embargo, este Juzgado Federal estima que tanto las Juntas como los Tribunales de Conciliación y Arbitraje no tienen superiores jerárquicos, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales del trabajo. En ese sentido se invoca, en la idea jurídica conducente y en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515, registro 2000099, que a la letra dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
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