Salvador Maciel Lopez

Expediente 636/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
636/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Salvador Maciel Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese la constancia de notificación que antecede, mediante la cual el quejoso ***, manifestó su intención de desistir de la demanda de amparo. Desistimiento que debe entenderse ratificado desde el momento en que aquella manifestación se hizo ante un funcionario judicial con fe pública, lo que constata la voluntad del quejoso. De ahí que se estima satisfecha la intención de la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 295, Tomo XXIV, agosto 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa virtud, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, de la propia constancia de notificación se desprende que el peticionario renuncia a cualquier medio de impugnación que pudiera hacer valer en contra de la resolución recaída a su desistimiento. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el sobreseimiento decretado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la asesora jurídica el proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte que en resumen dice: "Agréguese la constancia de notificación que antecede, mediante la cual el quejoso ***, manifestó su intención de desistir de la demanda de amparo. Desistimiento que debe entenderse ratificado desde el momento en que aquella manifestación se hizo ante un funcionario judicial con fe pública, lo que constata la voluntad del quejoso. De ahí que se estima satisfecha la intención de la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 295, Tomo XXIV, agosto 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa virtud, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, de la propia constancia de notificación se desprende que el peticionario renuncia a cualquier medio de impugnación que pudiera hacer valer en contra de la resolución recaída a su desistimiento. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el sobreseimiento decretado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual la defensora pública designada por la Defensoría Pública Penal en el Estado de Guanajuato ***, acepta el cargo conferido. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en su oficio de cuenta. Por otra parte, se le tiene proporcionando la dirección de correo electrónico gmuñozva@guanajuato.gob.mx, así como el número de teléfono móvil que indica, a fin de establecer el contacto respectivo cuando se estime necesario. Como lo solicita, se ordena remitir copia simple de las actuaciones que obran en el expediente a la referida dirección de correo electrónico, a fin de que esté en posibilidad de imponerse de autos. Por otra parte, visto el estado de autos, y en razón de que ya obra la designación y aceptación de la defensora pública designada; en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, se provee: SE ADMITE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por ***, en contra de actos del director general de la Defensoría Pública en Mexicali, Baja California. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se ordene su apertura, en razón de que no fue solicitado. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a la autoridad señalada como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación: i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la asesora jurídica el proveído de dos de diciembre de dos mil veinte que en resumen dice: "Agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual la defensora pública designada por la Defensoría Pública Penal en el Estado de Guanajuato ***, acepta el cargo conferido. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en su oficio de cuenta. Por otra parte, se le tiene proporcionando la dirección de correo electrónico gmuñozva@guanajuato.gob.mx, así como el número de teléfono móvil que indica, a fin de establecer el contacto respectivo cuando se estime necesario. Como lo solicita, se ordena remitir copia simple de las actuaciones que obran en el expediente a la referida dirección de correo electrónico, a fin de que esté en posibilidad de imponerse de autos. Por otra parte, visto el estado de autos, y en razón de que ya obra la designación y aceptación de la defensora pública designada; en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, se provee: SE ADMITE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por ***, en contra de actos del director general de la Defensoría Pública en Mexicali, Baja California. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se ordene su apertura, en razón de que no fue solicitado. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a la autoridad señalada como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación: i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia".

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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