Salvador López Nava
Expediente 1482/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1482/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/11/2020
Partes del expediente
- Salvador López Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
V i s t o el estado procesal de autos se resuelve el cumplimiento dado al fallo protector. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de quince de julio de dos mil veinte, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el toca de revisión R.-556/2019 de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el veintisiete de agosto de dos mil veinte (foja 102), por la cual revocó la sentencia de garantías dictada por este Juzgado Federal, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve (fojas 80 a 89). De la sentencia que concedió el amparo, se advierte que el efecto de la concesión se otorgó para que la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada, dictada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 667/2018. b) En su lugar emita otra en la que al ocuparse de los agravios vertidos en el medio de impugnación sometido a su conocimiento, dé respuesta a la totalidad de esos embates, destacadamente a aquél en que el inconforme aduce la deficiente cuantificación de los alimentos decretados en beneficio de sus menores hijos - no así la procedencia de tales alimentos, al no ser materia de esa contienda-, por no obedecer al contenido de los dispositivos 503 y 504 del Código Civil para el Estado de Puebla, al soslayar los gastos que tiene el deudor alimentario -en donde aduce que no cuenta con casa propia-, así como sus posibilidades económicas. c) Hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resuelva sobre el particular lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por no reclamarse por vicios propios". Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca en revisión R-556/2019 se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, cumplimentar dicha ejecutoria. Por oficio 1039 de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, recibido en este Juzgado el mismo día, el Presidente de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte en el toca 667/2018 de su índice, de la que se desprende: 1. Dejó insubsistente la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. 2. Emitió una diversa con plenitud de jurisdicción en la que de manera pormenorizada se ocupó de los agravios vertidos en el medio de impugnación sometido a su conocimiento. 3. Dio respuesta a la totalidad de esos embates, destacadamente a aquél en que el inconforme aduce la deficiente cuantificación de los alimentos decretados en beneficio de sus menores hijos, en donde aduce que no cuenta con casa propia, así como sus posibilidades económicas; esto es, 4. Declaró infundado lo expuesto por el apelante en el sentido de que no se analizaron los gastos del deudor, y que la actora principal no demostró las erogaciones reales del acreedor y tampoco determinó que ambos deudores tienen obligación de suministrar alimentos y están en posibilidad de hacerlo. 5. Determinó que la posibilidad quedó acreditada con la documental exhibida por la abogada del demandando, la cual obra en los autos del juicio de origen, documental privada a la que le concedió pleno valor probatorio, al precisar que de la misma se apreciaba que el demandado percibía un sueldo semanal de $1,563.20 (mil quinientos sesenta y tres pesos veinte centavos), lo que daba un total aproximado de $6,252.80 (seis mil doscientos cincuenta y dos pesos ochenta centavos) mensuales. 6. De igual manera respecto a la manifestación de que la actora no demostró las erogaciones reales del acreedor, señaló que se encontraba demostrado con la prueba pericial en trabajo social, la cual se recabó de oficio, ya que como se aprecia de los dictámenes que emitió, los mismos son claros, se especificó el método utilizado, siendo el científico, los instrumentos empleados, basados en entrevistas directa y visita domiciliaria y porque constan los datos generales de las partes, así como la descripción de su entorno, además de que es idónea a la información que aporta y útil para la solución de la controversia. 7. Señaló que si bien es cierto, no se analizaron los gastos pormenorizados que realiza el deudor en la sentencia en estudio, también lo es, que debe destacarse que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, y para mejor proveer analizó las cuestiones relativa a en que cantidad se debería dar cumplimiento a la obligación de alimentos. 8. Estableció que pese a que el demandado manifiesta no tener casa, de lo inserto en la pericial en trabajo social, realizada al demandado se observa que no consta erogación respecto de arrendamiento o gasto alguno referente a pago de inmueble destinado habitación, lo cual además se corrobora, con el hecho de que, en el apartado de condiciones de vivienda, se asentó que la que habita, se localiza en zona suburbana donde su madre le proporciona arrimo, lo anterior, dado lo dicho por el mismo quejoso. 9. Aunado a lo anterior, estableció que de la documental privada que obraba a foja ochenta y dos, consistente en un recibo de pago, no se advertía algún descuento respecto al rubro de habitación, lo que contrastaba en el caso de los acreedores alimentarios, los cuales no tienen vivienda propia y si tienen que erogar el gasto de habitación, el cual se encontraba acredita en autos del sumario de origen. 10. Asimismo, la responsable estableció que respecto de los demás gastos del deudor alimentario, no se encontraba probado en autos del juicio de origen que algunos de ellos, consistentes en combustible, luz, ropa y calzado se destinen en beneficio de los acreedores alimentarios, sino que son exclusivamente gastos del deudor alimentario. 11.-De igual forma, estableció que si bien los gastos que el deudor alimentario señaló erogar por concepto de alimentos constituyen el setenta y nueve por ciento de su salario, los mismos son superiores a los ingresos percibidos por la parte actora y que bajo el principio de proporcionalidad, dado que dicha parte se encarga del cuidado de los menores, no se puede llegar al extremo de empobrecer a la progenitora antes mencionada pues en caso de hacerlo se pondría poner en riesgo su propia subsistencia, ya que de la prueba en trabajo social desahogada en el juicio de origen se acreditó que tiene un déficit aproximado de gastos por la cantidad de cinco mil setecientos pesos. 12.- Estableció que no pueden prevalecer las necesidades alimentarias del deudor por encima de las que tienen los menores, y que no obstante al destinar la cantidad $3,000.00 (tres mil pesos cero centavos, moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia de su salario, a dicha parte le quedan una cantidad de $3,252.80 (tres mil doscientos cincuenta y dos pesos ochenta centavos moneda nacional) para su manutención, aunado que del recibo de pago exhibido por dicha parte, se advierte que se encuentra cubierto el rubro de gastos médicos pues en el mismo existe descuento referente a la cuota del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que con todo lo anterior no se desatienden las necesidades de dicha persona. 13.Señaló que los gastos esenciales de la actora para con los menores, conforme a la pericial, la cual no fue desvirtuada por el demandado equivalen a un monto aproximado de $5,606.00 (cinco mil seiscientos seis pesos cero centavos, moneda nacional), y que el salario del demandando, aquí quejos corresponde a la cantidad de $ 6,252.80 (seis mil doscientos cincuenta y dos pesos con ochenta centavos), y el salario de la parte actora es correspondiente a la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos), lo correcto era establece que el monto de pensión provisional al demandado fuera por $3,000.00 (tres mil pesos), dado que la progenitora al tener incorporados a los menores en su familia debía subvenir los rubros que no alcancen a cubrir con el monto antes fijado, aunado a que de igual manera debe considerarse que dicha persona contribuye económicamente al realizar tareas, obligaciones, cargas y responsabilidades respecto al cuidado y atención de los menores, por lo que se debe tomar en en cuenta para repartir la obligación de los padres lo que no significa que deba pagarse por partes iguales, sino sólo en la proporción en que la progenitora que cuenta con el cuidado de los menores no pueda hacerlo. 14. Dado lo anterior, la responsable determinó que la pensión provisional alimenticia, que debe proporcionar ..... consistente en tres mil pesos, cero centavos moneda nacional, mensuales, debía confirmarse, y proporcionarse a la brevedad, ya que conforme a la pericial en trabajo social y la documental privada descritas, quedó acreditada la posibilidad, por parte del demanda y por lo que hace a la actora en términos del artículo 501 del Código civil, se cumple su obligación, al incorporar a los menores a su familia; asimismo, la necesidad en términos del artículo 688 fracción II del Código Adjetivo Civil, de igual forma quedó acreditada al ser una presunción a favor de los menores de edad, y además al haberse contenido los gastos de los mismos, en el dictamen en trabajo social realizado a la actora, sin que los mismos fuera desvirtuados por el demandado. 15. Finalmente, señaló que la sentencia sea carente de fundamentación y motivación, pues como se advierte a su lectura y por las razones expuestas, se citaron de manera expresa las normas en que se apoyó la resolución, así como las razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión, y se fijaron los alimentos analizando la posibilidad y necesidad de las partes, como fue en el caso del demandado la documental privada, para acreditar el salario que percibe, así como en el desahogo de oficio, consistente en las periciales en trabajo social. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, notificado a la parte quejosa el veintinueve de septiembre del año en curso y a la parte tercera interesada el veintitrés de septiembre del presente año, se dio vista con las constancias referidas (foja 290), sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, el Presidente de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior d Justicia del Estado de Puebla, al haber deje insubsistente la sentencia reclamada, dictada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 667/2018; y en su lugar emitir otra en la que se ocupó de los agravios vertidos en el medio de impugnación sometido a su conocimiento, por los que dio respuesta a la totalidad de los agravios hechos valer por la parte aquí quejosa, en específico a aquél en que el aquí impetrante aduce la deficiente cuantificación de los alimentos decretados en beneficio de sus menores hijos, por no obedecer al contenido de los dispositivos 503 y 504 del Código Civil para el Estado de Puebla, al soslayar los gastos que tiene el deudor alimentario -en donde adujo que no cuenta con casa propia-, así como sus posibilidades económicas, pues estableció analizó de manera pormenorizada los gastos que tiene el demandado, y las posibilidades económicas del mismo; por lo que en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que en primera instancia se negó el amparo en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA SALVADOR LÓPEZ NAVA EL ACUERDO DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:V i s t o el estado procesal de autos se resuelve el cumplimiento dado al fallo protector. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de quince de julio de dos mil veinte, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el toca de revisión R.-556/2019 de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el veintisiete de agosto de dos mil veinte (foja 102), por la cual revocó la sentencia de garantías dictada por este Juzgado Federal, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve (fojas 80 a 89). De la sentencia que concedió el amparo, se advierte que el efecto de la concesión se otorgó para que la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada, dictada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 667/2018. b) En su lugar emita otra en la que al ocuparse de los agravios vertidos en el medio de impugnación sometido a su conocimiento, dé respuesta a la totalidad de esos embates, destacadamente a aquél en que el inconforme aduce la deficiente cuantificación de los alimentos decretados en beneficio de sus menores hijos - no así la procedencia de tales alimentos, al no ser materia de esa contienda-, por no obedecer al contenido de los dispositivos 503 y 504 del Código Civil para el Estado de Puebla, al soslayar los gastos que tiene el deudor alimentario -en donde aduce que no cuenta con casa propia-, así como sus posibilidades económicas. c) Hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resuelva sobre el particular lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por no reclamarse por vicios propios". Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca en revisión R-556/2019 se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, cumplimentar dicha ejecutoria. Por oficio 1039 de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, recibido en este Juzgado el mismo día, el Presidente de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte en el toca 667/2018 de su índice, de la que se desprende: 1. Dejó insubsistente la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. 2. Emitió una diversa con plenitud de jurisdicción en la que de manera pormenorizada se ocupó de los agravios vertidos en el medio de impugnación sometido a su conocimiento. 3. Dio respuesta a la totalidad de esos embates, destacadamente a aquél en que el inconforme aduce la deficiente cuantificación de los alimentos decretados en beneficio de sus menores hijos, en donde aduce que no cuenta con casa propia, así como sus posibilidades económicas; esto es, 4. Declaró infundado lo expuesto por el apelante en el sentido de que no se analizaron los gastos del deudor, y que la actora principal no demostró las erogaciones reales del acreedor y tampoco determinó que ambos deudores tienen obligación de suministrar alimentos y están en posibilidad de hacerlo. 5. Determinó que la posibilidad quedó acreditada con la documental exhibida por la abogada del demandando, la cual obra en los autos del juicio de origen, documental privada a la que le concedió pleno valor probatorio, al precisar que de la misma se apreciaba que el demandado percibía un sueldo semanal de $1,563.20 (mil quinientos sesenta y tres pesos veinte centavos), lo que daba un total aproximado de $6,252.80 (seis mil doscientos cincuenta y dos pesos ochenta centavos) mensuales. 6. De igual manera respecto a la manifestación de que la actora no demostró las erogaciones reales del acreedor, señaló que se encontraba demostrado con la prueba pericial en trabajo social, la cual se recabó de oficio, ya que como se aprecia de los dictámenes que emitió, los mismos son claros, se especificó el método utilizado, siendo el científico, los instrumentos empleados, basados en entrevistas directa y visita domiciliaria y porque constan los datos generales de las partes, así como la descripción de su entorno, además de que es idónea a la información que aporta y útil para la solución de la controversia. 7. Señaló que si bien es cierto, no se analizaron los gastos pormenorizados que realiza el deudor en la sentencia en estudio, también lo es, que debe destacarse que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, y para mejor proveer analizó las cuestiones relativa a en que cantidad se debería dar cumplimiento a la obligación de alimentos. 8. Estableció que pese a que el demandado manifiesta no tener casa, de lo inserto en la pericial en trabajo social, realizada al demandado se observa que no consta erogación respecto de arrendamiento o gasto alguno referente a pago de inmueble destinado habitación, lo cual además se corrobora, con el hecho de que, en el apartado de condiciones de vivienda, se asentó que la que habita, se localiza en zona suburbana donde su madre le proporciona arrimo, lo anterior, dado lo dicho por el mismo quejoso. 9. Aunado a lo anterior, estableció que de la documental privada que obraba a foja ochenta y dos, consistente en un recibo de pago, no se advertía algún descuento respecto al rubro de habitación, lo que contrastaba en el caso de los acreedores alimentarios, los cuales no tienen vivienda propia y si tienen que erogar el gasto de habitación, el cual se encontraba acredita en autos del sumario de origen. 10. Asimismo, la responsable estableció que respecto de los demás gastos del deudor alimentario, no se encontraba probado en autos del juicio de origen que algunos de ellos, consistentes en combustible, luz, ropa y calzado se destinen en beneficio de los acreedores alimentarios, sino que son exclusivamente gastos del deudor alimentario. 11.-De igual forma, estableció que si bien los gastos que el deudor alimentario señaló erogar por concepto de alimentos constituyen el setenta y nueve por ciento de su salario, los mismos son superiores a los ingresos percibidos por la parte actora y que bajo el principio de proporcionalidad, dado que dicha parte se encarga del cuidado de los menores, no se puede llegar al extremo de empobrecer a la progenitora antes mencionada pues en caso de hacerlo se pondría poner en riesgo su propia subsistencia, ya que de la prueba en trabajo social desahogada en el juicio de origen se acreditó que tiene un déficit aproximado de gastos por la cantidad de cinco mil setecientos pesos. 12.- Estableció que no pueden prevalecer las necesidades alimentarias del deudor por encima de las que tienen los menores, y que no obstante al destinar la cantidad $3,000.00 (tres mil pesos cero centavos, moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia de su salario, a dicha parte le quedan una cantidad de $3,252.80 (tres mil doscientos cincuenta y dos pesos ochenta centavos moneda nacional) para su manutención, aunado que del recibo de pago exhibido por dicha parte, se advierte que se encuentra cubierto el rubro de gastos médicos pues en el mismo existe descuento referente a la cuota del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que con todo lo anterior no se desatienden las necesidades de dicha persona. 13.Señaló que los gastos esenciales de la actora para con los menores, conforme a la pericial, la cual no fue desvirtuada por el demandado equivalen a un monto aproximado de $5,606.00 (cinco mil seiscientos seis pesos cero centavos, moneda nacional), y que el salario del demandando, aquí quejos corresponde a la cantidad de $ 6,252.80 (seis mil doscientos cincuenta y dos pesos con ochenta centavos), y el salario de la parte actora es correspondiente a la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos), lo correcto era establece que el monto de pensión provisional al demandado fuera por $3,000.00 (tres mil pesos), dado que la progenitora al tener incorporados a los menores en su familia debía subvenir los rubros que no alcancen a cubrir con el monto antes fijado, aunado a que de igual manera debe considerarse que dicha persona contribuye económicamente al realizar tareas, obligaciones, cargas y responsabilidades respecto al cuidado y atención de los menores, por lo que se debe tomar en en cuenta para repartir la obligación de los padres lo que no significa que deba pagarse por partes iguales, sino sólo en la proporción en que la progenitora que cuenta con el cuidado de los menores no pueda hacerlo. 14. Dado lo anterior, la responsable determinó que la pensión provisional alimenticia, que debe proporcionar ..... consistente en tres mil pesos, cero centavos moneda nacional, mensuales, debía confirmarse, y proporcionarse a la brevedad, ya que conforme a la pericial en trabajo social y la documental privada descritas, quedó acreditada la posibilidad, por parte del demanda y por lo que hace a la actora en términos del artículo 501 del Código civil, se cumple su obligación, al incorporar a los menores a su familia; asimismo, la necesidad en términos del artículo 688 fracción II del Código Adjetivo Civil, de igual forma quedó acreditada al ser una presunción a favor de los menores de edad, y además al haberse contenido los gastos de los mismos, en el dictamen en trabajo social realizado a la actora, sin que los mismos fuera desvirtuados por el demandado. 15. Finalmente, señaló que la sentencia sea carente de fundamentación y motivación, pues como se advierte a su lectura y por las razones expuestas, se citaron de manera expresa las normas en que se apoyó la resolución, así como las razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión, y se fijaron los alimentos analizando la posibilidad y necesidad de las partes, como fue en el caso del demandado la documental privada, para acreditar el salario que percibe, así como en el desahogo de oficio, consistente en las periciales en trabajo social. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, notificado a la parte quejosa el veintinueve de septiembre del año en curso y a la parte tercera interesada el veintitrés de septiembre del presente año, se dio vista con las constancias referidas (foja 290), sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, el Presidente de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior d Justicia del Estado de Puebla, al haber deje insubsistente la sentencia reclamada, dictada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 667/2018; y en su lugar emitir otra en la que se ocupó de los agravios vertidos en el medio de impugnación sometido a su conocimiento, por los que dio respuesta a la totalidad de los agravios hechos valer por la parte aquí quejosa, en específico a aquél en que el aquí impetrante aduce la deficiente cuantificación de los alimentos decretados en beneficio de sus menores hijos, por no obedecer al contenido de los dispositivos 503 y 504 del Código Civil para el Estado de Puebla, al soslayar los gastos que tiene el deudor alimentario -en donde adujo que no cuenta con casa propia-, así como sus posibilidades económicas, pues estableció analizó de manera pormenorizada los gastos que tiene el demandado, y las posibilidades económicas del mismo; por lo que en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que en primera instancia se negó el amparo en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, COMUNICA ADMITIÓ EL RECURSO DE REVISIÓN. Téngase a la superioridad informando que registró el citado recurso con el número R-556/2019 y lo admitió.
- Principal
Agréguese a los autos el acuse de recibo de cuenta. REVISION INTEGRADA CON LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. Remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, los autos originales de este juicio y el original del escrito de agravios registrado con el número 27150, para la resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa.
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