Salvador Licea Hernández

Expediente 329/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
329/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Salvador Licea Hernández
  • Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, y atento a su contenido, como lo solicita el promovente, con fundamento en el dispositivo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de la documental que señala, previa obtención de copia a costa del promovente y razón que por su recibo se deje en autos para constancia

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto en el numeral 201, fracción I, de la legislación invocada, en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado se declara que ha causado estado la determinación de mérito para todos los efectos legales correspondientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el ordinal 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno.??? Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 18, fracción I incisos a) y b), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es depurable y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 18 del citado acuerdo, procédase a su depuración en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del once de mayo de dos mil veintiséis.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente. En cumplimiento a lo ordenado en autos, se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada Carlos Úlises Páez Rodríguez, el proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, que dice: Vistos los autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes a través del proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a fin de resolver lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria emitida en el asunto que nos ocupa, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito procede al examen de los elementos que obran en el expediente, para resolver si la sentencia pronunciada en autos está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Así, el análisis de las constancias de autos revela que en el presente juicio, mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Salvador Licea Hernández, en contra de los actos de las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado Quinto de lo Civil de este Partido Judicial, para los efectos siguientes: "Deje sin efecto lo actuado en el expediente de origen 337/2020, del índice de la autoridad responsable, relativo al juicio ordinario civil que promovieron los aquí terceros interesados Óscar Sorroza García y Carlos Ulises Páez Rodríguez, en contra del quejoso Salvador Licea Hernández, a partir del ilegal emplazamiento al demandado y reponga el procedimiento, a efecto de ordenar su verificativo con las formalidades de ley." 11/01/24 14:52:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.51 Marco Antonio Arreola Herrera Luego, mediante proveído de veintisiete de febrero del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia en mención y a través del mismo proveído, se requirió a las responsables de mérito, para que dentro del término de tres días dieran cabal cumplimiento al fallo protector en los términos indicados. Así, a través del oficio recibido el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, las autoridades responsables informaron lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en comento y al efecto, adjuntaron copia certificada del proveído emitido el tres de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 337/2020, de su estadística, en el que se dejó sin efecto la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil veintidós, así como todo lo actuado en el expediente de referencia relativo al juicio ordinario civil que promovieron los aquí terceros interesados Óscar Sorroza García y Carlos Ulises Páez Rodríguez, en contra del quejoso Salvador Licea Hernández, a partir del ilegal emplazamiento al demandado; asimismo, se procedió a la reposición del procedimiento, ordenándose el emplazamiento del aquí quejoso Salvador Licea Hernández. Documentales que obran en autos y tienen el valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedidas por la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en esas documentales, y por consiguiente son bastantes para tener por cumplido el fallo protector. Aunado a que a través de la opinión ministerial 114/2023, recibida el treinta y uno de marzo del presente año, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en desahogo a la vista ordenada en proveído de veintidós del mismo mes y año, señaló que con las constancias anteriormente precisadas, las autoridades responsables acataron los lineamientos de la sentencia concesoria de amparo. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto; sin que se advierta de las constancias analizadas anteriormente que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el referido cumplimiento, menos aún que existiera imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos; así, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, glósese a los autos la opinión ministerial 114/2023, presentada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, misma que será tomada en consideración al momento de resolver lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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