Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Expediente 976/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese recurrido el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con el articulo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por ***, en su calidad de Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, mediante el cual subsana la prevención formulada por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, una vez cumplido con lo solicitado, este Juzgador se pronuncia en relación con la demanda de amparo promovida. Desechamiento Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia, que a la letra dice: Registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, y 61, fracción XII, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo promovida por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, en su calidad de Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, contra el acto del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otras autoridades, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa en sus escritos aclaratorios señaló que a la persona que afectan directamente las omisiones reclamadas es Bravo Núñez Sandoval y como actos reclamados los siguientes: / Ahora bien, el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Lo resaltado no es de origen. Lo anterior es así, tomando en consideración que por interés jurídico debe entenderse como el interés que tienen las partes en relación a los derechos o a las cosas materia del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, es decir, la facultad que le asiste a la parte promovente para acudir al juicio de amparo; entendiéndose como perjuicio, conforme lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, como la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona, de tal manera que se considera que un acto reclamado en el juicio de amparo, causa perjuicios a un individuo, cuando se lesiona directamente sus intereses jurídicos, ya sea en su persona o en su patrimonio, hipótesis en la cual es cuando se considera nace precisamente la acción constitucional. Para demostrar la afectación de un interés, se requieren que se actualicen ciertos elementos, como lo son: a).- Una persona determinada (principio de instancia de parte agraviada); b).- Un derecho legítimo de ésta c).- La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d).- Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e).- La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Ahora, es incuestionable que para que el particular acuda al amparo de la justicia de la unión, debe acreditar que los actos que tilda de inconstitucionales afectan su interés jurídico, es decir, el impetrante de amparo debe demostrar que fue violado en su perjuicio un derecho objetivo reconocido por la ley, debiendo probar la titularidad del mismo con los medios idóneos. En la especie, el acto reclamado por el promovente, no afecta su interés jurídico; en virtud que el Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, carece de legitimación procesal activa para promover el juicio de amparo por propio derecho o en representación de las victimas u ofendidos del delito o la sociedad en general, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo salvaguardado en las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o incluso de la sentencia que en su caso se dicte. Lo anterior es así, en virtud de que la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados -personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal. Por otra parte, tampoco cuenta con el interés legítimo que aduce tener, por las consideraciones que se exponen a continuación: Ahora bien, el interés legítimo puede definirse como la facultad o potestad de exigencia, ya sea personal o colectiva, que surge a favor de un gobernado, con motivo de una lesión o principio de afectación a una situación favorable o ventajosa, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad traería un beneficio jurídico en favor del quejoso. Asimismo, tal interés debe estar garantizado por un derecho objetivo -sin que dé lugar a derecho subjetivo-, debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En relación con dicho tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para acreditar el interés legítimo debe atenderse a los siguientes elementos: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado trasgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad, o recienta directamente el acto de autoridad. Lo anterior, se sustenta en la Jurisprudencia de la 2a./J.51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598 del tomo II, libro 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en marzo de 2019, Décima época, Materia Común, de texto y rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Pues bien, la parte quejosa en su calidad de Titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, acude a demandar el amparo, bajo el argumento de que no existe una autoridad ministerial competente en la investigación del delito de tortura y delitos vinculados, conforme a los parámetros establecidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en perjuicio de Bravo Núñez Sandoval, vulnera sus derechos dejándolo en una situación de indefensión y vulnerabilidad. Sin embargo, como se indicó, para que pueda reconocerse interés legítimo a una persona para impugnar un acto debe alegar resentir una afectación que presente una relación causal con éste que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. La afectación generada colateralmente por el acto, en otras palabras, debe ser palpable y discernible objetivamente y en el caso, la afectación colateral no cumple con estos requisitos, es decir, el reclamo de la quejosa es abstracto o general. Bajo el anterior parámetro, se aprecia que la parte quejosa no tiene interés legítimo para instar el juicio de amparo, contra el acto que atribuye a las responsables, puesto que si bien se encuentra en una situación particular frente a la norma, lo cierto es que el promovente no pertenece a la colectividad que está resintiendo el daño, ni tampoco se advierte que se actualice un perjuicio directo, real y concreto de forma Inmediata; así como tampoco se advierte, que actúe como defensor, apoderado, representante legal o asesor jurídico de algún sujeto que resulte agraviado directamente con el acto que reclama en su demanda, con en el caso podría constituir el directo agraviado Bravo Núñez Sandoval, y no así el titular de la Secretaría Técnica del Instituto Federal de la Defensoría Pública. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, en su calidad de Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, en su calidad de Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública,, mediante el cual pretende subsanar la prevención formulada por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; sin embargo, del libelo referido se aprecia un nuevo motivo de prevención, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 114, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. El promovente en su escrito aclaratorio señala que las omisiones reclamadas en la presente contienda constitucional, son en perjuicio de Bravo Sandoval Núñez; sin embargo, en el escrito inicial de demanda preciso que dichas omisiones son en perjuicio de diversa persona, a saber, Jorge Antonio Esquivel Guerrero. En consecuencia, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, de forma clara y precisa el nombre de la persona a que se refiere afectan las omisiones que señaló como actos reclamados. Lo anterior, en virtud de que para dar cumplimiento al requerimiento previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Apoya la anterior consideración la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." (Énfasis añadido). Con el apercibimiento a la parte promovente, que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presenta la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte la devolución de las estafetas marcadas con el los folios 10682, 10683 y 10684, dirigidas al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO, TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, y al TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, autoridades responsables dentro del presente juicio, por parte de estafeta, toda vez que fueron dirigidos a los domicilios ubicados en: Lerdo Poniente número 300, Colonia Centro, Toluca México C.P. 5000, puerta 2; Lerdo Poniente número 300 Colonia Centro, Toluca México C.P. 5000, puerta 3; y Lerdo Poniente número 300, Colonia Centro, Toluca México C.P. 5000, respectivamente; siendo los correctos los siguientes: TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO: LERDO PONIENTE NUMERO 300, PRIMER PISO, PUERTA 250, PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, COLONIA CENTRO, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, CODIGO POSTAL 50000. TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO: LERDO PONIENTE 300 PUERTA 300 PALACIO DEL PODER EJECUTIVO COL. CENTRO, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, CODIGO POSTAL 50000. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO: LERDO PONIENTE 300 PUERTA 300 PALACIO DEL PODER EJECUTIVO COL. CENTRO TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, CODIGO POSTAL 50000. En consecuencia, a efecto de que el presente expediente se encuentre debidamente integrado y no transgredir las normas del procedimiento, se ordena reexpedir los oficios antes señalados, a fin de que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas. Notifiquese.
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