Salvador Leyva Morelos Zaragoza

Expediente 974/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
974/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Salvador Leyva Morelos Zaragoza

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que envía los autos originales del expediente 974/2019, dos discos compactos y testimonio de la resolución de dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el amparo en revisión R.P. 76/2020; en consecuencia, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del medio de impugnación planteado, únicamente con las constancias que se glosaron con posterioridad a su interposición y hágase del conocimiento de las partes que dicho órgano determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 974/2019, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en términos del considerando Cuarto de esta sentencia." En consecuencia, acúsese recibo a dicho órgano colegiado y, previo las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este asunto como totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, es susceptible de destrucción . Finalmente, devuélvase el disco compacto remitidos por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues para este órgano es suficiente el sello de la autoridad a la cual se le envían.

  2. Principal

    Por recibido el libelo presentado vía electrónica por el quejoso *, Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de catorce de noviembre último. En consecuencia, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original y copia del aludido escrito, así como el informe de ley, en el que se asiente que es cierto el acto que se reclama.

  3. Principal

    Vista la demanda de cuenta signada de manera electrónica por ******, por propio derecho y quien se ostenta como Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, y además refiere tener interés legítimo para combatir actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 8 de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo ****. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie, este juzgador considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable da la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, dispositivo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Ello es así, puesto que los mismos no afectan de manera inmediata y directa los derechos fundamentales o sustantivos del promovente, para que sea susceptible de ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, a efecto de establecer lo anterior, se debe atender a lo dispuesto por los numerales 5° y 6° de la Ley de la Materia, que prevén lo siguiente:"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Por su parte, el artículo 107 de la Constitución Federal, en su fracción I, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;. Por otra parte, de la lectura integra de la demanda de ampro, se aprecia que el quejoso actuando como Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, aduce tener interés legítimo para promover el juicio, en los siguientes términos: ".cuando una persona no es titular de un derecho subjetivo, puede aducir un interés legítimo que será suficiente para comparecer en el juicio de amparo. Dicho interés se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya se actual o futuro pero cierto. .para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse." No obstante lo expuesto, de conformidad con el artículo 5º, segundo párrafo, de la Ley de la materia, la autoridad pública, como es el Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, carece de interés legítimo para instar el presente amparo. En ese sentido, como ya se dijo el artículo 5° de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, establece expresamente que la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Es así, tomando en consideración que la averiguación previa **** (de la que derivan los actos reclamados) es seguida por violaciones a derechos humanos en agravio de ***, sin que tenga alguna personalidad en la misma ***** como Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, pues así lo afirma, ya que refiere que el defensor público **** adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, hizo de su conocimiento que en relación a la causa penal **** del índice de dicho juzgado federal, se desprendieron hechos posibles de tortura o malos tratos en contra de la persona indicada en su carácter de procesado en esa partida, quien se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Número Nueve en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto es, *** tiene la calidad de inculpado en la causa penal ***, en donde se suscitaron posibles actos de tortura y malos tratos en su perjuicio, lo cual motivó la radicación de la indagatoria de la que derivan los actos reclamados. Ahora bien, el promovente aduce tener interés legítimo para promover el presente juicio, dada la conexión con los derechos subjetivos de José Guadalupe Jurado Díaz, derivado de la prestación del servicio de defensoría pública; por el derecho al acceso a la justicia del propio quejoso como denunciante; y, la existencia de facultades específicas en materia del combate a la tortura y otros tratos o penas crueles asignados al quejoso. Sin embargo, contrario a ello, se estima que el quejoso carece de interés legítimo para promover el presente juicio, en razón de que los actos reclamados no generan una afectación en su órbita jurídica, de manera cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse si llegara a concederse el amparo en un beneficio jurídico. Además, de las actuaciones al escrito inicial, no se advierte que aquélla autoridad pública goce de la atribución de dar seguimiento e impulso a la integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo del delito de tortura. Lo anterior es así, toda vez que tal como la parte quejosa lo refiere, los defensores públicos y/o asesores jurídicos adscritos a las delegaciones del Instituto, son los que en su caso, podrán impulsar la investigación y eventual sanción del delito en mención. En consecuencia, este juzgador considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º y 6º de la demanda de amparo. Ello es así, toda vez que de las constancias que adjunto a su demanda, así como de las manifestaciones vertidas, el promovente no tiene interés para instar la presente demanda. Aunado a que no cuenta con ninguna calidad en la averiguación previa ***, pues además manifiesta que fue iniciada por denuncia de **** y no promueve bajo alguna representación del mismo. Máxime, que no se manifiesta ni desprende que exista impedimento alguno para que la víctima del delito, por propio derecho, o bien a través de quien legalmente lo represente en términos de la ley de amparo, promueva la demanda de amparo. En ese sentido, al no acreditar ***, (Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos) que los actos reclamados le generan una afectación en su órbita jurídica, de manera cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse si llegara a concederse el amparo en un beneficio jurídico; SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del arábigo 61, del mismo ordenamiento.

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