Salvador Juárez Cerrillo

Expediente 662/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
662/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
21/10/2020

Partes del expediente

  • Salvador Juárez Cerrillo
  • Salvador Juárez Cerrillo y Otros.
  • Salvador Juárez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Juzgado solicita. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Jugado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, como lo solicita remítasele copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por el Titular de la Delegación Regional Puebla del Instituto Federal de Defensoría Pública; atento a su contenido, téngase a la citada autoridad dando cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 155 y 156), y al efecto informa que fue designado el Defensor Público Federal a Gustavo Francisco Castellanos Cruz, para que funja como defensor dentro del presente juicio respecto del quejoso Salvador Juárez García; por tanto, solicita sea notificado en el domicilio ubicado en: edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, planta baja ala "A" sur "Predio Rústico" en Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, C.P. 90407. En consecuencia, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este juzgado para que se constituyan en el domicilio antes señalado y requiera al referido defensor público para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, ocurra al local de este juzgado debidamente identificado con credencial oficial y vigente, a aceptar y protestar el cargo conferido en formal diligencia ante la presencia judicial; apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la fracción I del artículo 237 en relación con el diverso 259, ambos Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Encargada del Despacho de la Delegación Regional Puebla del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual informa que no es procedente designar un defensor público, toda vez que carece de competencia para prestar el servicio de defensa en este juicio de amparo, ello en virtud de que las autoridades responsables señaladas Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada para la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Norte, y otra autoridad con sede en esta Ciudad, refiere están vinculadas a la jurisdicción de autoridades locales. Se requiere designación de Defensor Público. No obstante lo manifestado por la encargada oficiante, requiérasele por última ocasión para que dentro del plazo de veinticuatro horas dé cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, esto es, designe un defensor público para que asista al quejoso Salvador Juárez García en el presente juicio de amparo; y una vez hecho lo anterior, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de que sea citado a aceptar y protestar el cargo. Asimismo, se reitera a la autoridad de referencia que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos indicados, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto antes precisado. Apoya a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Tesis aislada I.1o.P.46 P (10a.), cuyo rubro y texto es el siguiente: "ASISTENCIA JURÍDICA. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE COADYUVAR CON EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD A FIN DE QUE SE LE DESIGNE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA HACER USO DE SU DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Si el inconforme acude a la instancia constitucional para exigir la reparación de un derecho subjetivo que estima le fue violentado y, para ello, solicita la designación de un defensor público que lo asista en el juicio, e invoca como fundamento de la petición su particular condición jurídica -que se encuentra privado de su libertad personal-, el Juez de Distrito, a efecto de que el quejoso pueda hacer uso de su derecho humano de acceso a la justicia, debe coadyuvar a proveerlo de los elementos necesarios y remitir su petición a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública para que, acorde con su normatividad interna, determine lo que en derecho corresponda. Esto, porque si bien no sería prudente imponer al juzgador la obligación de realizar directa e inmediatamente dicha designación, la condición de privación de la libertad del accionante y, en el caso, el hecho de haber presentado la demanda de puño y letra, además de no haber efectuado ninguna autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, justifican la cooperación del Juez, a fin de que goce de una óptima defensa y asesoría durante el trámite del juicio constitucional. Máxime que ni aun en suplencia de su queja podría alcanzar la seguridad jurídica que la real asistencia de un profesional en derecho le podría reportar, pues a pesar de que esa institución de derecho obliga al juzgador a analizar las cuestiones no propuestas, no significa que esté legitimado para cambiar los elementos fundamentales del juicio y, mucho menos, que pueda gestionar en favor de la defensa de sus intereses jurídicos. No sólo porque no es ése el alcance legal de dicha figura jurídica, sino porque hacerlo, comprometería la objetividad e imparcialidad -importantes aspectos del derecho a un juicio justo- del juzgador, lo cual trascendería a la confiabilidad en el sistema de justicia; de ahí que la defensa de los intereses particulares del quejoso, sólo bajo las condiciones de hecho y de derecho señaladas, podría obtenerse a través de la debida asistencia legal de un profesional en derecho."

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Autoridad informa. Agréguese el oficio y anexo signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado por este juzgado informa que ha causado estado el auto de diecisiete de octubre actual, dictado en el recurso de queja 195/2019, de su índice, en el que se determinó desechar el medio de impugnación hecho valer por Bolivar José Porras Ramírez, por propio derecho y en su carácter de Delegado Regional Puebla, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en contra del proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 79 y 80), dictado en el expediente en que se actúa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Se requiere nuevamente defensor. Atento a lo anterior, gírese oficio al Titular de la Delegación Regional Puebla del Instituto Federal de Defensoría Pública, a fin de que dentro del plazo de veinticuatro horas designe un defensor público para que asista al quejoso Salvador Juárez García en el presente juicio de amparo; y una vez hecho lo anterior, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de que sea citado a aceptar y protestar el cargo. Apoya a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Tesis aislada I.1o.P.46 P (10a.), cuyo rubro y texto es el siguiente: "ASISTENCIA JURÍDICA. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE COADYUVAR CON EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD A FIN DE QUE SE LE DESIGNE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA HACER USO DE SU DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Si el inconforme acude a la instancia constitucional para exigir la reparación de un derecho subjetivo que estima le fue violentado y, para ello, solicita la designación de un defensor público que lo asista en el juicio, e invoca como fundamento de la petición su particular condición jurídica -que se encuentra privado de su libertad personal-, el Juez de Distrito, a efecto de que el quejoso pueda hacer uso de su derecho humano de acceso a la justicia, debe coadyuvar a proveerlo de los elementos necesarios y remitir su petición a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública para que, acorde con su normatividad interna, determine lo que en derecho corresponda. Esto, porque si bien no sería prudente imponer al juzgador la obligación de realizar directa e inmediatamente dicha designación, la condición de privación de la libertad del accionante y, en el caso, el hecho de haber presentado la demanda de puño y letra, además de no haber efectuado ninguna autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, justifican la cooperación del Juez, a fin de que goce de una óptima defensa y asesoría durante el trámite del juicio constitucional. Máxime que ni aun en suplencia de su queja podría alcanzar la seguridad jurídica que la real asistencia de un profesional en derecho le podría reportar, pues a pesar de que esa institución de derecho obliga al juzgador a analizar las cuestiones no propuestas, no significa que esté legitimado para cambiar los elementos fundamentales del juicio y, mucho menos, que pueda gestionar en favor de la defensa de sus intereses jurídicos. No sólo porque no es ése el alcance legal de dicha figura jurídica, sino porque hacerlo, comprometería la objetividad e imparcialidad -importantes aspectos del derecho a un juicio justo- del juzgador, lo cual trascendería a la confiabilidad en el sistema de justicia; de ahí que la defensa de los intereses particulares del quejoso, sólo bajo las condiciones de hecho y de derecho señaladas, podría obtenerse a través de la debida asistencia legal de un profesional en derecho."

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