Salvador Jiménez Bañuelos

Expediente 75/2013 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
75/2013
Año
2013
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2015

Partes del expediente

  • Salvador Jiménez Bañuelos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Por tales razones, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y el diverso tercero transitorio de la propia Ley; archívese este Juicio de Amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Vista la cuenta; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso Salvador Jiménez Bañuelos, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a que las autoridades responsables no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia simple de lo que refiere en su escrito, y entréguese previa razón de recibo que se deje en autos. Ahora bien, toda vez que si bien es cierto las autoridades responsables han remitido diversas constancias entorno al cumplimiento de la sentencia de amparo, de las mismas se advierte, en lo que interesa, que el procedimiento administrativo AI/DSPPCM/PA07/2013, seguido en contra del aquí quejoso Salvador Jiménez Bañuelos, se inició tomando en cuenta el oficio DGCECC/SSP/5328/2012, el cual ya había ordenado dejar sin efectos; asimismo, informó que en nuevo oficio se ratificó el resultado de no aprobado; sin embargo, a la fecha no han informado y en su caso justificado con las constancias correspondientes el completo cumplimiento de la sentencia. Por tanto, requiérase por última ocasión a las responsables, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remitan las constancias que acrediten el cumplimiento al fallo protector, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá a cada una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258, de la Ley de Amparo; asimismo, se procederá a dar trámite al incidente de inejecución de sentencia conforme a lo estipulado en los preceptos 192 y 193 de la citada legislación. En el entendido que la concesión del amparo, fue para los siguientes efectos: ". . . En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 80 de la anterior Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y la protección de la justicia federal a Salvador Jiménez Bañuelos, para el efecto de que las autoridades responsables: I. Dejen insubsistentes los documentos relativos a la destitución o baja del aquí quejoso como Oficial de Policía adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Acuña, Coahuila de Zaragoza; y, II. De considerar que existen elementos para imponer una sanción, a fin de respetar las formalidades esenciales del procedimiento deberán hacerle del conocimiento los hechos que motivan su destitución, tanto al Departamento de Asuntos Internos y al Comité de Admisión, Evaluación y Disciplina Municipal, para el inicio y substanciación del procedimiento correspondiente, en términos del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza. . . . Sin que en el caso la protección constitucional decretada sea para el efecto de que sea reinstalado el quejoso en el puesto que venía desempeñando en la corporación policiaca municipal antes de la destitución o cese, como tampoco el pago de los salarios caídos y no percibidos, puesto que, como ya se precisó se violaron en su perjuicio los requisitos esenciales del procedimiento que lo dejaron sin defensa; sin embargo, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII Constitucional, independientemente del resultado del procedimiento que se vuelva a iniciar, procederá en su caso el pago de una indemnización y demás prestaciones, pero no su reincorporación al servicio, lo cual obedece a que se debe anteponer el interés de la sociedad de contar con mejores elementos que coadyuven en el combate a la delincuencia, al interés particular del gobernado de permanecer en el cargo. . . . Finalmente, la protección constitucional se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados que quedarán sin efectos; además lo correspondiente, será en su caso, materia de debate en el procedimiento administrativo que se sustanciará. Cabe agregar, que el efecto reparador de la presente sentencia respecto de la vulneración al derecho fundamental de audiencia, sólo exige el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, sin que ello implique la obligación de la autoridad de resolver en determinado sentido". Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas, que, de acuerdo a la sentencia amparadora, para la práctica de la notificación, en caso de proceder el inicio del nuevo procedimiento administrativo al quejoso de mérito, se deberá ajustar a lo siguiente: A. Por medio de citatorio por escrito, se le hará saber al afectado o presunto infractor, el motivo del citatorio, la fecha, hora y lugar de la sesión, y demás información necesaria, así como su derecho de asistirse de un abogado o persona de su confianza. B. La notificación se realizará en el último domicilio que tenga reportado el presunto infractor ante la Dirección General de Seguridad Pública; además se le hará saber que se le concede un término improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede notificado, para que presente por escrito su defensa y las pruebas que a su derecho convengan; también que debe señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, pues en caso contrario, las subsecuentes notificaciones se le realizarán en un lugar visible al público dentro de las instalaciones que ocupe la instancia; y por último, se le hará el apercibimiento de que en caso de que no ofrezca pruebas y defensas, la imputación se tendrá por concedida y aceptada. En consecuencia, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al Ayuntamiento del Municipio, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Oficial Mayor, ambas del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para que en el marco de sus atribuciones ordene a éstas cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables, en términos del artículo 258 de la ley de la materia vigente.. Apoyan lo anterior, los siguientes criterios: Jurisprudencia CLXXIV/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 163/97, el veintitrés de octubre del dos mil, del rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Jurisprudencia 58/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284, del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, de rubro siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO". Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal". Asimismo, se les informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberán realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. Se invoca además en apoyo de lo anterior, la tesis sustentada por la extinguida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, Cuarta Parte, materia Común, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones deba de intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del artículo 107 de la Ley de Amparo, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la ejecutoria de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo." Así como la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 179, Tercera Parte, materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual establece: "SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE DE LAS. El alcance de las sentencias de amparo se refiere no únicamente a las autoridades que hayan sido señaladas como responsables, sino también a todas aquellas que siendo jerárquicamente inferiores a las designadas como responsables, pertenezcan a la misma dependencia y que, por razón de su competencia y atribuciones, vayan a intervenir o hayan intervenido en la ejecución de los actos reclamados; esto es así porque las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones, intervengan también en su ejecución, tal y como lo preceptúa el primer párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo." Lo anterior, para que este Órgano de Control Constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión del cumplimiento al fallo protector. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano