Salvador Horacio Ruíz Baca

Expediente 290/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
290/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • Salvador Horacio Ruíz Baca
  • Salvador Horacio Ruíz Baca y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada el proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Se resuelve respecto del cumplimiento dado a la sentencia. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que, mediante proveído de once de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad; por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sin que a la fecha se hayan manifestado al respecto. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección solicitados. Mediante proveído seis de noviembre del dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se solicitó el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad. En acatamiento a lo anterior, el Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por oficio 5342/2020, transcribió el proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, por virtud del cual, en acatamiento a la sentencia dictada en este juicio, dejó insubsistente la determinación de seis de abril de dos mil veinte, únicamente la parte en la que fue materia de la concesión de amparo, consistente en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R. y, conforme a ello dictó otra en la que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional y, solicitó valoraciones psicológicas al quejoso y tercera interesada; asimismo, solicitó al Procurador de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención; requirió a Emilia Oyuky Rivera López aquí tercera interesada, para que permita y facilite las convivencias decretadas, absteniéndose de realizar cualquier acto que tienda a obstaculizarlas o determinar la conducta del menor en relación a las mismas. Asimismo, ordenó recabar información oficial sobre si el menor A.S.R.R., fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; de igual manera, apercibió al aquí quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. Con lo anterior, en determinación de ocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por no cumplida la sentencia dictada en el presente asunto y se ordenó requerir a la responsable el cumplimiento íntegro de la misma. En acatamiento a lo anterior: La Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por oficio 6121/2020, transcribió proveído de once de diciembre de dos mil veinte, por virtud del cual, en acatamiento a la sentencia dictada en este juicio y al requerimiento de ocho de diciembre del año pasado, determinó girar oficio al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que se designe a un especialista en materia de psicología para que realice una valoración psicológica al menor de iniciales A.S.R.R. con la finalidad de determinar su conducta y el comportamiento que desenvuelve con cada uno de sus progenitores o figuras parentales y, con base en ello, el especialista deberá manifestar, de acuerdo a los resultados y conclusiones que obtenga, si considera necesario que el menor evaluado se someta a un tratamiento psicológico, el tiempo aproximado de su duración y los puntos sobre los que se deberá trabajar en dicho tratamiento. Asimismo, el once de enero del presente año, se agregó el oficio 64/2021, del Secretario de Acuerdos del Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por el cual informó que en relación a la valoración psicológica del menor de iniciales A.S.R.R., él ha sido debidamente presentado en dos ocasiones para dar inicio a la misma, lo que se acreditó con el anexo consistente en la copia certificada del oficio DIF/PD/4237/2020. Con lo anterior, mediante proveídos de quince de diciembre de dos mil veinte y once de enero del presente año, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Sin que nada manifestaran al respecto. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Efectos de la sentencia constitucional. En la ejecutoria se concedió a la parte quejosa el amparo respecto de lo siguiente: "[.] - Deje insubsistente el auto de seis de abril de dos mil veinte, dictado en el juicio de controversia familiar por guarda y custodia 480/2020, antes 1185/2019 del Juzgado Quinto de lo Familiar en San Luis Potosí, San Luis Potosí, única y exclusivamente en lo que se refiere a la materia de este juicio de amparo, que consistió en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R., y emita uno nuevo en el que luego de que se reitere los aspectos que no fueron materia de protección constitucional, realice lo siguiente: a. Solicite valoraciones psicológicas de los padres y el menor A.S.R.R. a instituciones distintas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes -que declaró su imposibilidad para ello en oficio recibido en dos de marzo de dos mil veinte (foja 336 del tomo de pruebas)-, tales como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y, en su caso, en atención a las conclusiones que arrojen los dictámenes, ordene terapias de integración familiar. b. Requiera a Emilia Oyuky Rivera López para que se abstenga de determinar la conducta del menor A.S.R.R. en relación con las convivencias con su padre y, por lo contrario, incentive que cambie su posición al respecto. c. Recabe información oficial sobre si el menor fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución, lo cual ordenó en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte. d. Insista que, en caso de ser necesario, se hará efectiva la medida de apremio consistente en arresto de doce horas, y la sanción establecida en el artículo 269 BIS del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, sobre las que apercibió a las partes para el cumplimiento al régimen de convivencias decretado en seis de abril de dos mil veinte y sus valoraciones posteriores. Una vez la autoridad responsable dicte los previstos que en este apartado se precisan, con ello podrán estimarse cumplida la presente ejecutoria de amparo. [.]". (Énfasis añadido). Actos dictados en cumplimiento de la sentencia. A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la responsable Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la determinación de seis de abril de dos mil veinte, únicamente en la parte en la que fue materia de la concesión de amparo, consistente en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R. y, conforme a ello dictó otra en la que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional y, solicitó valoraciones psicologías al quejoso y tercera interesada; requirió a Emilia Oyuky Rivera López aquí tercera interesada, para que permita y facilite las convivencias decretadas, absteniéndose de realizar cualquier acto que tienda a obstaculizarlas o determinar la conducta del menor en relación con las mismas. Ordenó recabar información oficial sobre si el menor A.S.R.R., fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; de igual manera, apercibió al aquí quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. Asimismo el once de diciembre del año pasado, solicitó al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención. De igual manera, se advierte que éste ha sido debidamente presentado en dos ocasiones para dar inicio a la misma, lo que se acredita con el anexo consistente en la copia certificada del oficio DIF/PD/4237/2020. Análisis comparativo de las referidas resoluciones. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y de lo acordado por la autoridad responsable en la cual da cumplimiento a ella, se advierte que satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera. Es decir, dejó insubsistente el auto de seis de abril de dos mil veinte, única y exclusivamente en lo que se refiere a la materia de este juicio y, emitió uno nuevo en el que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional, solicitó valoraciones psicológicas para el quejoso y aquí tercera interesada; asimismo solicitó al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención; y, que una vez valorados el especialista deberá manifestar si es necesario que se sometan a un tratamiento psicológico; requirió a la tercera interesada para que se abstenga de determinar la conducta del menor; solicitó información oficial sobre si el menor fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; y, apercibió al quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. . Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Capítulo Séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el uno de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, misma que ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años que establece el penúltimo párrafo del artículo antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además, en acatamiento a lo ordenado por el numeral 21 inciso c), del citado acuerdo, debido a que se negó la medida cautelar solicitada, deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de tres años que señala el referido punto; en tanto que el duplicado sólo se integrará sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa y representante especial del menor, el proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Se resuelve respecto del cumplimiento dado a la sentencia. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que, mediante proveído de once de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad; por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sin que a la fecha se hayan manifestado al respecto. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección solicitados. Mediante proveído seis de noviembre del dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se solicitó el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad. En acatamiento a lo anterior, el Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por oficio 5342/2020, transcribió el proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, por virtud del cual, en acatamiento a la sentencia dictada en este juicio, dejó insubsistente la determinación de seis de abril de dos mil veinte, únicamente la parte en la que fue materia de la concesión de amparo, consistente en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R. y, conforme a ello dictó otra en la que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional y, solicitó valoraciones psicológicas al quejoso y tercera interesada; asimismo, solicitó al Procurador de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención; requirió a Emilia Oyuky Rivera López aquí tercera interesada, para que permita y facilite las convivencias decretadas, absteniéndose de realizar cualquier acto que tienda a obstaculizarlas o determinar la conducta del menor en relación a las mismas. Asimismo, ordenó recabar información oficial sobre si el menor A.S.R.R., fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; de igual manera, apercibió al aquí quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. Con lo anterior, en determinación de ocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por no cumplida la sentencia dictada en el presente asunto y se ordenó requerir a la responsable el cumplimiento íntegro de la misma. En acatamiento a lo anterior: La Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por oficio 6121/2020, transcribió proveído de once de diciembre de dos mil veinte, por virtud del cual, en acatamiento a la sentencia dictada en este juicio y al requerimiento de ocho de diciembre del año pasado, determinó girar oficio al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que se designe a un especialista en materia de psicología para que realice una valoración psicológica al menor de iniciales A.S.R.R. con la finalidad de determinar su conducta y el comportamiento que desenvuelve con cada uno de sus progenitores o figuras parentales y, con base en ello, el especialista deberá manifestar, de acuerdo a los resultados y conclusiones que obtenga, si considera necesario que el menor evaluado se someta a un tratamiento psicológico, el tiempo aproximado de su duración y los puntos sobre los que se deberá trabajar en dicho tratamiento. Asimismo, el once de enero del presente año, se agregó el oficio 64/2021, del Secretario de Acuerdos del Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por el cual informó que en relación a la valoración psicológica del menor de iniciales A.S.R.R., él ha sido debidamente presentado en dos ocasiones para dar inicio a la misma, lo que se acreditó con el anexo consistente en la copia certificada del oficio DIF/PD/4237/2020. Con lo anterior, mediante proveídos de quince de diciembre de dos mil veinte y once de enero del presente año, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Sin que nada manifestaran al respecto. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Efectos de la sentencia constitucional. En la ejecutoria se concedió a la parte quejosa el amparo respecto de lo siguiente: "[.] - Deje insubsistente el auto de seis de abril de dos mil veinte, dictado en el juicio de controversia familiar por guarda y custodia 480/2020, antes 1185/2019 del Juzgado Quinto de lo Familiar en San Luis Potosí, San Luis Potosí, única y exclusivamente en lo que se refiere a la materia de este juicio de amparo, que consistió en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R., y emita uno nuevo en el que luego de que se reitere los aspectos que no fueron materia de protección constitucional, realice lo siguiente: a. Solicite valoraciones psicológicas de los padres y el menor A.S.R.R. a instituciones distintas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes -que declaró su imposibilidad para ello en oficio recibido en dos de marzo de dos mil veinte (foja 336 del tomo de pruebas)-, tales como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y, en su caso, en atención a las conclusiones que arrojen los dictámenes, ordene terapias de integración familiar. b. Requiera a Emilia Oyuky Rivera López para que se abstenga de determinar la conducta del menor A.S.R.R. en relación con las convivencias con su padre y, por lo contrario, incentive que cambie su posición al respecto. c. Recabe información oficial sobre si el menor fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución, lo cual ordenó en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte. d. Insista que, en caso de ser necesario, se hará efectiva la medida de apremio consistente en arresto de doce horas, y la sanción establecida en el artículo 269 BIS del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, sobre las que apercibió a las partes para el cumplimiento al régimen de convivencias decretado en seis de abril de dos mil veinte y sus valoraciones posteriores. Una vez la autoridad responsable dicte los previstos que en este apartado se precisan, con ello podrán estimarse cumplida la presente ejecutoria de amparo. [.]". (Énfasis añadido). Actos dictados en cumplimiento de la sentencia. A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la responsable Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la determinación de seis de abril de dos mil veinte, únicamente en la parte en la que fue materia de la concesión de amparo, consistente en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R. y, conforme a ello dictó otra en la que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional y, solicitó valoraciones psicologías al quejoso y tercera interesada; requirió a Emilia Oyuky Rivera López aquí tercera interesada, para que permita y facilite las convivencias decretadas, absteniéndose de realizar cualquier acto que tienda a obstaculizarlas o determinar la conducta del menor en relación con las mismas. Ordenó recabar información oficial sobre si el menor A.S.R.R., fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; de igual manera, apercibió al aquí quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. Asimismo el once de diciembre del año pasado, solicitó al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención. De igual manera, se advierte que éste ha sido debidamente presentado en dos ocasiones para dar inicio a la misma, lo que se acredita con el anexo consistente en la copia certificada del oficio DIF/PD/4237/2020. Análisis comparativo de las referidas resoluciones. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y de lo acordado por la autoridad responsable en la cual da cumplimiento a ella, se advierte que satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera. Es decir, dejó insubsistente el auto de seis de abril de dos mil veinte, única y exclusivamente en lo que se refiere a la materia de este juicio y, emitió uno nuevo en el que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional, solicitó valoraciones psicológicas para el quejoso y aquí tercera interesada; asimismo solicitó al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención; y, que una vez valorados el especialista deberá manifestar si es necesario que se sometan a un tratamiento psicológico; requirió a la tercera interesada para que se abstenga de determinar la conducta del menor; solicitó información oficial sobre si el menor fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; y, apercibió al quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. . Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Capítulo Séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el uno de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, misma que ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años que establece el penúltimo párrafo del artículo antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además, en acatamiento a lo ordenado por el numeral 21 inciso c), del citado acuerdo, debido a que se negó la medida cautelar solicitada, deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de tres años que señala el referido punto; en tanto que el duplicado sólo se integrará sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se resuelve respecto del cumplimiento dado a la sentencia. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que, mediante proveído de once de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad; por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sin que a la fecha se hayan manifestado al respecto. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección solicitados. Mediante proveído seis de noviembre del dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se solicitó el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad. En acatamiento a lo anterior, el Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por oficio 5342/2020, transcribió el proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, por virtud del cual, en acatamiento a la sentencia dictada en este juicio, dejó insubsistente la determinación de seis de abril de dos mil veinte, únicamente la parte en la que fue materia de la concesión de amparo, consistente en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R. y, conforme a ello dictó otra en la que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional y, solicitó valoraciones psicológicas al quejoso y tercera interesada; asimismo, solicitó al Procurador de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención; requirió a Emilia Oyuky Rivera López aquí tercera interesada, para que permita y facilite las convivencias decretadas, absteniéndose de realizar cualquier acto que tienda a obstaculizarlas o determinar la conducta del menor en relación a las mismas. Asimismo, ordenó recabar información oficial sobre si el menor A.S.R.R., fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; de igual manera, apercibió al aquí quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. Con lo anterior, en determinación de ocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por no cumplida la sentencia dictada en el presente asunto y se ordenó requerir a la responsable el cumplimiento íntegro de la misma. En acatamiento a lo anterior: La Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por oficio 6121/2020, transcribió proveído de once de diciembre de dos mil veinte, por virtud del cual, en acatamiento a la sentencia dictada en este juicio y al requerimiento de ocho de diciembre del año pasado, determinó girar oficio al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que se designe a un especialista en materia de psicología para que realice una valoración psicológica al menor de iniciales A.S.R.R. con la finalidad de determinar su conducta y el comportamiento que desenvuelve con cada uno de sus progenitores o figuras parentales y, con base en ello, el especialista deberá manifestar, de acuerdo a los resultados y conclusiones que obtenga, si considera necesario que el menor evaluado se someta a un tratamiento psicológico, el tiempo aproximado de su duración y los puntos sobre los que se deberá trabajar en dicho tratamiento. Asimismo, el once de enero del presente año, se agregó el oficio 64/2021, del Secretario de Acuerdos del Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, por el cual informó que en relación a la valoración psicológica del menor de iniciales A.S.R.R., él ha sido debidamente presentado en dos ocasiones para dar inicio a la misma, lo que se acreditó con el anexo consistente en la copia certificada del oficio DIF/PD/4237/2020. Con lo anterior, mediante proveídos de quince de diciembre de dos mil veinte y once de enero del presente año, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Sin que nada manifestaran al respecto. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Efectos de la sentencia constitucional. En la ejecutoria se concedió a la parte quejosa el amparo respecto de lo siguiente: "[.] - Deje insubsistente el auto de seis de abril de dos mil veinte, dictado en el juicio de controversia familiar por guarda y custodia 480/2020, antes 1185/2019 del Juzgado Quinto de lo Familiar en San Luis Potosí, San Luis Potosí, única y exclusivamente en lo que se refiere a la materia de este juicio de amparo, que consistió en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R., y emita uno nuevo en el que luego de que se reitere los aspectos que no fueron materia de protección constitucional, realice lo siguiente: a. Solicite valoraciones psicológicas de los padres y el menor A.S.R.R. a instituciones distintas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes -que declaró su imposibilidad para ello en oficio recibido en dos de marzo de dos mil veinte (foja 336 del tomo de pruebas)-, tales como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y, en su caso, en atención a las conclusiones que arrojen los dictámenes, ordene terapias de integración familiar. b. Requiera a Emilia Oyuky Rivera López para que se abstenga de determinar la conducta del menor A.S.R.R. en relación con las convivencias con su padre y, por lo contrario, incentive que cambie su posición al respecto. c. Recabe información oficial sobre si el menor fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución, lo cual ordenó en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte. d. Insista que, en caso de ser necesario, se hará efectiva la medida de apremio consistente en arresto de doce horas, y la sanción establecida en el artículo 269 BIS del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, sobre las que apercibió a las partes para el cumplimiento al régimen de convivencias decretado en seis de abril de dos mil veinte y sus valoraciones posteriores. Una vez la autoridad responsable dicte los previstos que en este apartado se precisan, con ello podrán estimarse cumplida la presente ejecutoria de amparo. [.]". (Énfasis añadido). Actos dictados en cumplimiento de la sentencia. A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la responsable Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la determinación de seis de abril de dos mil veinte, únicamente en la parte en la que fue materia de la concesión de amparo, consistente en la negativa de otorgar al quejoso la custodia provisional del menor A.S.R.R. y, conforme a ello dictó otra en la que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional y, solicitó valoraciones psicologías al quejoso y tercera interesada; requirió a Emilia Oyuky Rivera López aquí tercera interesada, para que permita y facilite las convivencias decretadas, absteniéndose de realizar cualquier acto que tienda a obstaculizarlas o determinar la conducta del menor en relación con las mismas. Ordenó recabar información oficial sobre si el menor A.S.R.R., fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; de igual manera, apercibió al aquí quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. Asimismo el once de diciembre del año pasado, solicitó al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención. De igual manera, se advierte que éste ha sido debidamente presentado en dos ocasiones para dar inicio a la misma, lo que se acredita con el anexo consistente en la copia certificada del oficio DIF/PD/4237/2020. Análisis comparativo de las referidas resoluciones. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y de lo acordado por la autoridad responsable en la cual da cumplimiento a ella, se advierte que satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera. Es decir, dejó insubsistente el auto de seis de abril de dos mil veinte, única y exclusivamente en lo que se refiere a la materia de este juicio y, emitió uno nuevo en el que reiteró los aspectos que no fueron materia de protección constitucional, solicitó valoraciones psicológicas para el quejoso y aquí tercera interesada; asimismo solicitó al Sistema de Bienestar Familiar, a efecto de que designe una especialista en materia de psicología para que realice la valoración Psicológica al menor en mención; y, que una vez valorados el especialista deberá manifestar si es necesario que se sometan a un tratamiento psicológico; requirió a la tercera interesada para que se abstenga de determinar la conducta del menor; solicitó información oficial sobre si el menor fue dado de baja de su escuela e inscrito en otra institución; y, apercibió al quejoso y tercera interesada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se hará efectivo en su contra un arresto de doce horas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. . Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Capítulo Séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el uno de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, misma que ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años que establece el penúltimo párrafo del artículo antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además, en acatamiento a lo ordenado por el numeral 21 inciso c), del citado acuerdo, debido a que se negó la medida cautelar solicitada, deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de tres años que señala el referido punto; en tanto que el duplicado sólo se integrará sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Glósese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad; mediante el cual informa que en relación a la valoración psicológica del menor de iniciales A.S.R.R., él ha sido debidamente presentado en dos ocasiones para dar inicio a la misma, lo que se acredita con el anexo consistente en la copia certificada del oficio DIF/PD/4237/2020.

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