Salvador Herrera Velarde
Expediente 872/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Salvador Herrera Velarde
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción; devuélvase constancias a autoridad responsable.
- Principal
Se decreta el sobreseimiento, en virtud de que el quejoso no compareció a recoger los edictos para su publicación, los cuales se ordenaron a efecto de emplazar a tercero interesado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 206), se requirió al quejoso a fin de que compareciera a este Juzgado de Distrito, con el objeto de que le fueran entregados los edictos y oficios correspondientes para su oportuna publicación, a efecto de notificar a los terceros interesados Sergio Enrique Barradas Gándara y Aleiry Y. Barradas Moctezuma, al no haberse logrado el emplazamiento correctamente, transcurrió en exceso el término concedido sin que al efecto se apersonara en este órgano jurisdiccional, toda vez que el quejoso dispuso en primer término, de tres días para recoger los edictos, y de veinte días para su debida entrega y publicación, por lo que, se acuerda lo siguiente: SOBRESEIMIENTO En mérito de lo anterior, opera el sobreseimiento en el presente juicio, en razón de lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Los artículos invocados, en lo conducente disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. De las disposiciones referidas, se desprende que una vez agotada la investigación a la que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y, ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si ésta no comparece para su entrega, se decretara el sobreseimiento del juicio. Lo anterior es así, pues al no haberse emplazado a los terceros interesados, se incumple con un presupuesto procesal, que constituye una formalidad esencial del procedimiento que impide al juzgador pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Ello en virtud de que, de conformidad al artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de amparo, la tercero Interesada constituye parte de la relación procesal, lo que impone su llamamiento al juicio, a fin de integrar debidamente la misma. Bajo estas premisas y analizadas las constancias del juicio de amparo en que se actúa, se advierte lo siguiente: 1. Mediante proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete (fojas 12 a 14) se les reconoció el carácter de terceros interesados a Elsa Violeta Barradas Gándara, Sergio Enrique Barradas Gandara y Aleiry Y. Barradas Moctezuma, por lo que se comisionó al actuario de este Juzgado, a fin de que llevara a cabo dichos emplazamientos en el domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero número 85, Zona Centro, con residencia en esta ciudad (foja 13). 2. Mediante notificación personal por comparecencia de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por emplazada a la tercera interesada Elsa Violeta Barradas Gándara (foja 21). 3. Por auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, se requirió al quejoso para que señalara el domicilio actual y correcto de los terceros interesados Sergio Enrique Barradas Gandara y Aleiry Y. Barradas Moctezuma, ello, ante la imposibilidad que tuvo la actuaria del Juzgado de emplazarlos en el domicilio precisado en el escrito de demanda (foja 18). 4. Mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la parte quejosa intentó cumplir con el requerimiento efectuado en autos; sin embargo, debido a que proporcionó el mismo domicilio de origen, se le requirió nuevamente en los términos precisados (foja 30). 5. Debido a que el quejoso no cumplió con lo solicitado en el párrafo anterior, por auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se le requirió nuevamente los domicilios de los terceros interesados (foja 39). 6. Mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, para que informara si tenía conocimiento de los posibles domicilios de los terceros interesados Sergio Enrique Barradas Gandara y Aleiry Y. Barradas Moctezuma y, remitiera las constancias necesarias (foja 48). 7. Por oficio 5202 de siete de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable informó lo solicitado; sin embargo, como señaló el domicilio del que se advierte la imposibilidad de emplazar a los terceros interesados, se requirió por última ocasión al quejoso, con el apercibimiento que de no proporcionar los domicilios de los terceros interesados, se ordenaría dichos emplazamientos a través de edictos a su costa (foja 61). 8. Fue así que, ante la imposibilidad del quejoso y de la autoridad responsable de proporcionar los domicilios de los terceros interesados, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se procedió a la investigación de domicilio (fojas 69 y 70). 9. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecisiete, se giró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, en Turno, para que en auxilio de este Juzgado, emplazara a los terceros interesados en el domicilio precisado por las autoridades auxiliares en la investigación efectuada (fojas 130 y 131). 10. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, devolvió sin diligenciar el exhorto 306/2017, con número de orden 544/2017, por lo motivos ahí expuestos; fue así que en el mismo proveído, con fundamento en los artículos 297, fracción II, y 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó dicho emplazamiento por medio de edictos, a su costa (foja 206). Ahora bien, de lo anterior, se advierte que no fue posible el llamamiento a juicio de los terceros interesados Sergio Enrique Barradas Gandara y Aleiry Y. Barradas Moctezuma, no obstante de las medidas adoptadas a fin de investigar el domicilio en reiteradas ocasiones de la nombrada parte, motivo por el cual se ordenó que dicho emplazamiento se efectuara por medio de edictos a costa de la parte quejosa, mismo auto que le fuera notificado de manera personal, tal y como se advierte de la constancia de notificación (fojas 209 y 210). Y, por otro, que hasta la fecha en que este asunto se resuelve, el directo quejoso no ha comparecido a recoger los referidos edictos ni ha manifestado algún impedimento debidamente justificado para ello. De lo que se colige que el quejoso no tiene interés en la prosecución de este juicio, ya que desde la fecha que fue notificado de la publicación de los edictos no los ha recogido ni se ha presentado ante este órgano jurisdiccional, al proporcionar un domicilio en el que ya se había mandado a emplazar a los terceros interesados, se provocó se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además de que también provoca el retardo, la pronta y expedita administración de justicia, ante la falta de acreditamiento de un elemento esencial para la continuación del juicio, como es el llamamiento a juicio de la parte tercera interesada. Contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que el entorpecimiento en la administración de justicia no es atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Así las cosas, de conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la parte quejosa en un juicio de amparo no recoge los edictos ordenados a su costa, ni demuestra la contratación y su publicación, incumple con un presupuesto procesal, que constituye una formalidad esencial del procedimiento; circunstancia que provoca que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Por lo que, en este sentido, al estimarse actualizada la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo en que se actúa, independientemente de que se realice previo a la celebración de la audiencia constitucional. Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de dos mil dos, visible en la página doscientos once, con número de registro 186587, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Así como la tesis XXVII.3o.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página dos mil ochocientos cuarenta y seis, Libro 11, Octubre de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007600, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses. De ahí que el pago de edictos a costa del quejoso no constituya una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de dos mil quince, Tomo I, página veinticuatro, con número de registro 2009913, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA." Por lo tanto, se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional, fijada para las ONCE HORAS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para los efectos legales a que haya lugar; dese los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Juan Carlos López Santiago, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
No ha lugar a celebrar audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se fijan las ONCE HORAS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.
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