Salvador Herrera Ruiz
Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Salvador Herrera Ruiz
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE, A LA PARTE QUEJOSA, VÍA ELECTRÓNICA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Salvador Herrera Ruiz, por propio derecho, contra actos de la Directora General de Salud del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 668/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama en primer término, las determinaciones adoptadas por los integrantes de la administración condominal al que afirma, pertenece la casa habitación de su propiedad; relacionadas con la convocatoria para la celebración de la asamblea general ordinaria del condominio 13 del conjunto denominado "Joyas del Marqués"; a celebrarse en primera convocatoria el día diez de junio próximo, y en caso de no existir quórum, en segunda convocatoria para el día once de junio siguiente y en tercera convocatoria el doce del mes en curso. Esto es, la parte quejosa reclama básicamente de la Administradora, Tesorero, y del Presidente del Comité de Vigilancia del Condominio 13 del Conjunto Condominal "Joyas del Marqués", la expedición de la aludida convocatoria para la celebración de la asamblea general ordinaria, sobre la base de que ello transgrede directamente los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria en torno a los aforos máximos que para las actividades en general se establecieron en el acuerdo que establece los porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades esenciales y no esenciales en el Estado de Guerrero, con vigencia del veinticuatro de mayo al seis de junio de dos mil veintiuno. Además, a la primera de las mencionadas autoridades también le reclama la omisión de permitir la realización de una auditoría contable a la administración condominal. Bajo tales argumentos, se advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta, es improcedente respecto de tales actos al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, ya que lo atribuido a las autoridades responsables en cita no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como se expone a continuación. En primer lugar debe señalarse que en diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular su artículo 5, fracción II, prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el invocado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que tratándose de actos provenientes de entidades estatales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En ese sentido, lo narrado por la parte quejosa, da cuenta de que lo reclama tiene que ver con la administración de la unidad habitacional a la que corresponde la unidad privativa que refiere, es de su propiedad; de ese modo, no es el amparo la vía idónea para controvertir las determinaciones de los encargados de las finanzas de un condominio, porque las relaciones que surgen entre los administradores y los demás condóminos son de coordinación no así de supra a subordinación), pues es inconcuso que pertenecen al ámbito del derecho privado, habida cuenta que las funciones del órgano de administración condominal están determinadas en el acta constitutiva respectiva, y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente en dicho ámbito; tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 85 de la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero Número 557, que a la letra señala: "Artículo 85.- Las controversias que se susciten por la interpretación y aplicación de esta Ley, de las escrituras constitutivas o de las traslativas de dominio, del Reglamento del Condominio, de las resoluciones de la Asamblea General y de las demás disposiciones legales aplicables, serán resueltas por la autoridad judicial competente. (.)". Es ilustrativa la tesis aislada III.2o.C.20 C (10a.) que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2819, del Libro 11, octubre de 2014, Tomo III,, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código." Continuando con el análisis de la demanda que nos ocupa, este juzgador también advierte oficiosamente que respecto a los actos atribuidos a las restantes autoridades se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. De la lectura a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Directora General de Salud, de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, todos del Municipio de Acapulco, así como del Gobernador del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Turismo en Acapulco; la omisión de prohibir cancelar la celebración de la asamblea general ordinaria de condóminos del Condominio 13 del Conjunto Condominal "Joyas del Marqués". El argumento de la quejosa para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que conforme al acuerdo que establece los porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades esenciales y no esenciales en el Estado de Guerrero, se estableció que en el periodo del veinticuatro de mayo al seis de junio de dos mil veintiuno el aforo total de los establecimientos de alojamiento temporal debía ser no mayor al ochenta por ciento de su capacidad; en tanto que en tratándose de la renta de casas y condominios debía realizarse la supervisión de aforos en coordinación con agencias e informadores turísticos, con la participación de la Secretaría de Turismo, debiendo todas las instituciones y/ autoridades sanitarias vigilar la aplicación de los protocolos sanitarios con la finalidad de evitar la propagación del virus COVID-19. Sin embargo, es necesario tener en consideración que en términos del artículo 4º de la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero Número 557, se entiende por "condominio" "(.) al conjunto de departamentos, casas, locales o naves de un inmueble, construidos o sin construcción en forma vertical, horizontal o mixta susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que pertenezcan a distintos propietarios, los que tienen un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su unidad y además un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble necesarios para su adecuado uso o disfrute." Es decir, el régimen de propiedad en condómino no se encuentra relacionado con el despliegue de alguna actividad, sino con la modalidad de la propiedad privada, de modo que la convocatoria para la realización de una asamblea condominal se encuentra dirigido a los dueños de las unidades privativas. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en consideración que el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y sobre el particular se tiene en cuenta que la pretensión de la parte quejosa es que a través de una sentencia de amparo se obligue a las autoridades responsables a que prohíban o cancelen la celebración de la asamblea general ordinaria de condóminos del Condominio 13 del Conjunto Condominal "Joyas del Marqués"; sin embargo, no es factible estimar que la propiedad condominal pueda ser regulada en torno a su aforo máximo en los términos del acuerdo que establece los porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades esenciales y no esenciales en el Estado de Guerrero, para el periodo del veinticuatro de mayo al seis de junio de dos mil veintiuno, ya que -como se indicó- ello no se ubica como una actividad (esencial o no esencial), sino con el uso de los condóminos sobre sus unidades privativas y áreas comunes. Además, la asamblea general ordinaria de condóminos del Condominio 13 del Conjunto Condominal "Joyas del Marqués" es un acto futuro e incierto, pues su realización puede acontecer incluso con la presencia de pocos condóminos, ya que por esa eventualidad se fijaron una segunda y tercera convocatoria, aunado a que tampoco puede avizorarse que su celebración implique una trasgresión a los lineamientos sanitarios, ya que incluso de la trascripción de la convocatoria efectuada por la parte quejosa, se observa que su verificativo puede realizarse a través de la presencia virtual de los condóminos mediante la herramienta tecnológica denominada "ZOOM". Más aún, las autoridades señaladas como responsables no son competentes para dilucidar las controversias suscitadas al interior de la vida condominal, y en todo caso, la transgresión a los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria para combatir la propagación del virus COVID-19 sólo podrá observarse objetivamente al momento de su celebración, no con motivo de la expedición de su convocatoria. Todo lo anterior, pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que ante tales circunstancias a ningún fin práctico admitir a trámite la demanda, pues no sería factible otorgar la protección de la justicia federal para satisfacer la pretensión de la parte quejosa, la cual necesariamente debe ponderarse en relación con la situación actual a la presentación de la demanda. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Bajo esos argumentos, al actualizarse las causales de improcedencia en estudio, las cuales son manifiestas porque se pueden determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudables porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a José Luis Gallegos Peralta, José Guadalupe Ramos Guerrero, Wilmar Alexander Méndez Jiménez y Viridiana Arizmendi Villasana, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. EXPEDIENTE Y MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, como lo solicita se le autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente asunto, por medio de las cuentas de usuario que proporciona (jguadaluperamos, Jiménez-27 y Arizmendi-30), por lo que déseles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal; y hágasele las subsecuentes notificaciones personales por vía electrónica, a través del mencionado usuario, salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se fije en los estrados del mismo; sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el que proporciona al existir manifestación expresa de que se realicen las notificaciones personales por la vía electrónica. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las profesionistas que menciona en su escrito de demanda, para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. De conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 25/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. Además, se informa a las partes que de acuerdo al artículo 5, fracción I y 22, fracción II del mismo Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a la autoridad responsable que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el diverso Acuerdo General 25/2020, que reformó en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial el Acuerdo General 21/2020. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE SE NOTIFICA.
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