Salvador Hernandez Perez
Expediente 195/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/02/2022
Partes del expediente
- Salvador Hernandez Perez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veintidós. Recepción. Téngase por recibida la promoción de cuenta, mediante la cual el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite el escrito inicial de la demanda relativa al juicio de 3600/2021, de su índice, sin integrar, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Salvador Hernández Pérez, contra actos atribuidos al Presidente de la República y otras autoridades. Sin que sea necesario acusar recibo de autos, toda vez que así lo determinó el órgano jurisdiccional en cita, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno respectivo de su índice. Avocamiento y registro. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones 1 y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de amparo y en términos del Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por lo cual, se ordena registrar el asunto con el número de expediente 195/2022. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Determinación (Desechamiento). De una interpretación integral de la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda. Bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación de la materia, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda de amparo y si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; motivos que se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en el numeral 61 del cuerpo normativo invocado; consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese sentido, se advierte que en la especie, se actualiza la de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] [.]" "Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "[.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "[.] Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De una recta interpretación de los artículos 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular y que resulten afectados por el acto de autoridad reclamado, el cual debe ocasionar un agravio personal directo en la esfera jurídica del promovente del amparo. En tanto, el arábigo 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que se presenten en forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, deberán utilizar la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se extrae que, si la firma electrónica origina los mismos efectos que la autógrafa, entonces resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgado respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la signatura autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma a ruego. Bajo ese contexto, en la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la legislación de la materia, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido de los artículos 45, 46 y 47, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y usos de video conferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, que prevén: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." "Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General." De los numerales transcritos se advierte que para presentar una demanda de amparo vía electrónica, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Asimismo, el último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora, en el caso en concreto, la demanda de amparo en estudio carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica y por lo tanto, no se advierte la manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado, para la tramitación electrónica del juicio de amparo, se requiere de la Firma Electrónica, que por una parte, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y, por otra, produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, la cual es el signo inequívoco de la expresión de la voluntad para realizar el acto procesal correspondiente, lo que conlleva el acreditamiento de la autenticidad del documento suscrito y logra la eficacia prevista en la ley. Luego, ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentra vigente, el promovente fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así las cosas, de acuerdo con la certificación secretarial de cuenta, respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, no se le puede dar valor alguno a la demanda de amparo en estudio por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica), ya que tal omisión la torna un escrito sin valor, pues el nombre y firma del promovente, lo responsabiliza de su contenido, de ahí que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la falta voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: "FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). TODO DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE SE FIRME A TRAVÉS DE ELLA, DEBE GENERAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PROPIA, A FIN DE VINCULAR SU AUTORÍA Y PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver recursos de revisión en amparo indirecto discreparon en cuanto a si la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) sustituye o no a la autógrafa; asimismo, al resolverse la contradicción de tesis, se advirtió que en una de las sentencias materia de los recursos de revisión que dieron lugar a los criterios discrepantes, se reprodujo la representación gráfica de una firma electrónica generada en un cuaderno varios. Criterio jurídico: A pesar de que el uso de la firma electrónica como sustituto de la firma autógrafa es válido, resulta necesario que su representación gráfica se genere en cada documento electrónico que se incorpore, a fin de vincular su autoría y que pueda generar efectos jurídicos. De manera que dicha constancia no podrá ser utilizada para validar más de un documento, ni ese documento puede ser utilizado como una nueva actuación, pues de llegar a reproducirse, no crearía un acto diferente, sino un duplicado del original. Justificación: Cada documento que se firme electrónicamente debe generar una representación gráfica independiente y no puede ser utilizada para validar otro documento, ni tampoco su reproducción puede ser considerada como una actuación distinta, pues implicaría darle un alcance a la voluntad del autor más allá de éste, dada su función identificadora. Para ejemplificar lo anterior, basta comparar con algún documento en donde obre una firma autógrafa, pues su validez se genera con el signo de su autor, de manera que si se quiere reproducir su contenido para generar otro documento, es necesario plasmar nuevamente la voluntad a través de la firma. Por el contrario, de llegar a reproducirse, no sería un acto diferente, sino un duplicado del original. En estos casos, ante la falta de la evidencia criptográfica del documento electrónico en el acto jurídico específico, una sentencia, por haberse utilizado la representación gráfica cuyo origen se encuentra en otra actuación, se genera su invalidez al no cumplir el requisito formal a que hacen referencia los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo." Asimismo, no sobra mencionar que de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, no se encuentran en ningún caso de excepción de los previstos en el artículo 15 de la ley de la materia, máxime que al haber sido promovida la demanda de manera electrónica, no se encontraba exenta de firmarse electrónicamente. Apoya la anterior consideración, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CUANDO AQUÉLLA CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL QUEJOSO, POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). Hechos: El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto porque la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carecía de la firma electrónica del quejoso, por lo que estimó que no se cumplía con el requisito de instancia de parte agraviada, necesario para su procedencia. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto conforme a los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, cuando la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso, por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, a pesar de las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país generadas por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Justificación: Lo anterior, porque la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos debe cumplir con el requisito de estar firmada electrónicamente por el quejoso, en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo. Además, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y 6/2020, que reforma y adiciona aquél, no se estableció ningún caso de excepción distinto a los previstos por el artículo 15, primer párrafo, de la ley citada que eximiera de cumplir con el requisito de firmar electrónicamente la demanda de amparo cuando se presentara por medio del portal señalado. Aunado a que los actos a que se refiere el artículo mencionado son de tal gravedad que el agraviado generalmente se encuentra imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, por lo que puede hacerlo en su nombre cualquier persona, aunque sea menor de edad; motivo por el cual el último párrafo del artículo 109 de la ley invocada establece que en esos supuestos la demanda podrá promoverse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos y que en este último caso no se requerirá de firma electrónica. Por consiguiente, si la parte quejosa no firmó electrónicamente la demanda que presentó a través del Portal de Servicios en Línea, entonces no demostró su voluntad inequívoca de instar la acción constitucional, requisito que debe cumplirse cuando los actos reclamados no sean de los previstos en el artículo 15 citado. Ahora bien, la circunstancia de que la demanda de amparo sea clasificada como urgente no implica que esté exenta de firmarse electrónicamente, pues los acuerdos indicados regularon qué tipo de asuntos tenían ese carácter, pero no que éstos están exentos de cumplir con el requisito de la firma electrónica." En consecuencia, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Ahora bien, es de suma importancia considerar que, no se surte la hipótesis de requerir a los promoventes a efecto de que ratifiquen la demanda presentada sin firma electrónica, en virtud que, a esta data el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México es amarillo, como se advierte de la última certificación de cuenta. Lo anterior, encuentra sustento además en la jurisprudencia con registro 2024103, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE PRESENTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SIN LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL PROMOVENTE, PROCEDE REQUERIRLO PARA QUE LA RATIFIQUE SÓLO SI SE ENCUENTRAN ACTIVOS LOS PROTOCOLOS DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ROJO A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al resolver si frente a la eventual contingencia sanitaria generada con motivo del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), se actualiza o no de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, cuando la demanda es presentada vía electrónica y obra en ella la firma escaneada del peticionario del amparo, pero carece de su firma electrónica o si, debido a esa eventual contingencia sanitaria, los juzgadores deben prevenir al quejoso para que ratifique su firma y no desechar de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que la premisa fáctica de aplicación de la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partió del hecho de que la exigencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) al proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, no obstaculiza la defensa del quejoso ni trastoca sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, en la medida que presentar una demanda electrónicamente es optativo para el justiciable. De manera que si en los periodos comprendidos entre el 17 de marzo y el 7 de julio de 2020, así como del 21 de diciembre del 2020 al 11 de enero de 2021, tal posibilidad en realidad no fue optativa, sino que era la única disponible frente al aislamiento y distancia social ordenados por el Gobierno Federal y el cierre de las ventanillas de presentación física del Poder Judicial de la Federación en el contexto de la emergencia sanitaria, cabe concluir que al no darse el supuesto fáctico de aplicación de la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación, resulta razonable, previo a desechar la demanda y cuando haya duda sobre la intención de instar a la Justicia Federal, requerir a los presuntos quejosos para que ratifiquen su escrito inicial, incluso a través de diligencias actuariales y videoconferencias, a fin de garantizar el debido acceso a la jurisdicción en los periodos en que se implementen los protocolos de semáforo rojo durante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19). Justificación: Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), en la que determinó que procede desechar de plano la demanda de amparo indirecto cuando ésta carece de firma electrónica y es presentada de manera electrónica, lo cierto es que éste fue un criterio emitido en 2018, antes de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, por lo cual, al momento de su emisión, la Suprema Corte no pudo tomar en consideración dicha circunstancia para establecer algún criterio de excepción en relación con la pandemia. Posteriormente, con motivo de ésta, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos administrativos, entre los que destaca un mandato por realizar un esfuerzo que tenía que ser acompañado por la sensibilidad de los Jueces para facilitar el acceso a la jurisdicción y no para obstruirlo. En esa medida, durante los periodos más álgidos de la pandemia el trámite para obtener la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación representaba un obstáculo ciertamente difícil de superar ante el contexto de pandemia que imperaba, pues resultaba sumamente complejo culminar el proceso de trámite, dado que éste, con anterioridad, llegó a contemplar etapas donde se requería una cita presencial, lo que suponía un riesgo mayor para la población en general y, en especial, para aquella que tuviera condiciones preexistentes que comprometieran gravemente su salud. En tal virtud, si bien dicha etapa fue superada durante un episodio de la pandemia, al implementarse una aplicación de telefonía celular para el trámite de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que la pandemia no ha concluido y existe, aun con el programa de vacunación a la población, la posibilidad de que una u otra cepa pudiera nuevamente agravar la situación e incrementar los riesgos para la población obligando a activar los protocolos de semáforo rojo, por lo que si esta circunstancia ocurriera, se abriría nuevamente una brecha temporal que obligaría a privilegiar el acceso a la jurisdicción por encima de la aplicación de la tesis P./J. 8/2019 (10a.), porque en ese supuesto el trámite de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación se enderezaría como un obstáculo para el acceso a la justicia dado el alto riesgo que representaría para las personas obtener su firma electrónica. Máxime que de la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia se advierte que la Suprema Corte emitió su criterio con base en que la firma electrónica era una facilidad procesal para los justiciables, pero si ésta dejó de tener dicho carácter con motivo de la pandemia, entonces es plausible emitir el presente criterio de excepción temporal, porque la razón toral que tuvo el Alto Tribunal para emitir su resolución se vio afectada de manera extraordinaria con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2" Utilización de Medios Electrónicos. De igual forma, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Autorizados para oír y recibir notificaciones y consulta vía internet. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa a Luis Fernando García Muñoz, dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, en relación con la autorización para la consulta del expediente electrónico vía internet, considerando que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el usuario "NOALPADRON"; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa. En atención a ello, se instruye al ÁREA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, realiza lo siguiente: Señala domicilio para recibir notificaciones personales; y, Solicita que las notificaciones le sean practicadas vía electrónica. Al respecto se provee: se autoriza las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa, dado que el usuario que expresamente señaló para tal efecto "NOALPADRON", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior con fundamento en los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. No se realiza un pronunciamiento concreto sobre tener como domicilio procesal el señalado por la parte quejosa (inmueble indicado en la promoción de mérito), tomando en consideración que fue solicitud expresa de que las notificaciones que le correspondan se le practiquen por medios electrónicos. Ello parte de la base de que, de acuerdo con la nueva tendencia en la tramitación de los juicios constitucionales, en términos de los artículos 28 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, la tramitación de expedientes por medios electrónicos se considera la vía idónea para su continuidad, al ser, en la actualidad, un eje rector del quehacer jurisdiccional. Por esa razón, se opta por tener por señalado como medio de comunicación formal con la parte quejosa, los medios electrónicos, y no así el inmueble que indicó para recibir notificaciones de carácter personal que le correspondan. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia y datos personales Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
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