Salvador Hernández Morales

Expediente 1402/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1402/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Salvador Hernández Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 18 de diciembre de 2019 que dice: LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRA DANDO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 03 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que remite la Directora de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante la cual remite la constancia original de la cual se advierte que ordenó dejar sin efectos la cédula de notificación de infracción número 2045832, lo cual se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, una vez que la autoridad responsable Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, cumpla con la ejecutoria de amparo, se proveerá lo que en derecho corresponda. Por otra parte, se tiene por recibo el oficio signado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, por medio del cual en atención al requerimiento que se le formuló en autos, informa y acredita que mediante oficio CJ/156-12/2019, en su carácter de superior jerárquico requirió al Secretario del Transporte del Estado de Jalisco, a efecto de que cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo; en esas condiciones, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de referencia, quedando en espera de que el directo responsable informe lo pertinente. Notifíquese.

  3. Principal

    LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO HA CAUSADO EJECUTORIA; SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION, DE CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DEL AMPARO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Vistos, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 1402/2018 promovido por Salvador Hernández Morales, por su propio derecho, contra los actos que reclama de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco (antes Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco) y otras autoridades. RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Salvador Hernández Morales, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que fueron señalados de la forma siguiente: "II. AUTORIDADES RESPONSABLES: A. Secretarla de Movilidad del Estado de Jalisco (.). B. Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara (.) IV. ACTOS RECLAMADOS: i. Mismos que en su totalidad recaen sobre el vehículo con placas de circulación JLX4966, el cual como más adelante se señala, es de mi propiedad. ii. De la Dirección de Movilidad y Trasporte del Municipio de Guadalajara, se reclaman los actos de autoridad descritos a continuación: a) 113I7190484 con un costo de $3,440.00 tres mil cuatrocientos cuarenta pesos moneda nacional. iii. De la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco se reclaman los actos de autoridad descritos a continuación: a) 113I202456090, con un costo de $730.00 setecientos treinta pesos moneda nacional. b) 113I202616720, con un costo de $730.00 setecientos treinta pesos moneda nacional. c) 113I237830172, con un costo de $702.00 setecientos dos pesos moneda nacional". Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto diez de mayo de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda; se otorgó a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le corresponde y se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; seguido el trámite en sus etapas procesales el dos de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que en resolución dictada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión principal número 355/2018, resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento. En cumplimiento a la ejecutoria mencionada, el treinta de enero de la presente anualidad, se dejaron sin efectos la audiencia constitucional y la sentencia recurrida; se llamó a juicio como autoridad responsable a la servidor público Elvia Silva Fuentes, adscrita al Área de Gestión de Estacionamientos, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, se otorgó a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le corresponde, quien no formuló alegato ministerial, y se requirió a la autoridad responsable su informe justificado. Por auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, se hizo del conocimiento de las partes el cambio de titular del órgano jurisdiccional; y por último, previos diferimientos, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el diverso Acuerdo General 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales, debido a que se reclama actos en materia administrativa, con ejecución material dentro de la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, a continuación debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", aplicables por identidad de razones. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda en relación con las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama: De la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco (ahora Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco: La falta de notificación de las foto infracciones por exceso de velocidad identificables con los números de folio 202456090, 202616720 y 237830172. De la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara y de la servidor público Elvia Silva Fuentes, adscrita al Área de Gestión de Estacionamientos, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte, ambas del Ayuntamiento de Guadalajara: La falta de notificación de la infracción por estacionarse en un lugar para discapacitados, con el número de folio 113/7190484, que corresponde a la cédula de notificación de infracción folio número 2045832, que en copia certificada remitió la autoridad responsable. TERCERO. Oportunidad. La parte quejosa manifiesta haber tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por tanto, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del dos al veintidós de mayo del propio año; en tal virtud, si la demanda de amparo se presentó el ocho de mayo del año en cita, en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se estima que ello ocurrió dentro del término que la Ley dispone. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La Directora de lo Jurídico Contencioso, en representación del Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, al rendir su informe con justificación (foja 27 de autos), negó el acto que se le reclama consistente en la cédula de notificación de infracción con número de folio 2045832 10. Luego, como la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa planteada por la autoridad de mérito, se debe SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a dicha responsable en particular, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 11. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La Directora de lo Jurídico Contencioso, en representación de la servidor público Elvia Silva Fuentes, adscrita al Área de Gestión de Estacionamientos, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y la Dirección General Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia de los actos que se reclaman, por lo que se tienen por ciertos para efectos del presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Máxime que así se corrobora con las documentales consistentes en las copias certificadas de las cédulas de notificación de infracción, que las propias autoridades acompañaron a los informes de mérito, documentales a las que se le concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso 5, fracción I, del citado ordenamiento legal, y del 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar la imposición de la cédula de infracción con número de folio 237830172, de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco (ahora Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco). Esto, conforme a los razonamientos que enseguida se exponen. Al respecto, debe tenerse presente el contenido de los artículos enunciados de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Asimismo, cabe reproducir el contenido de los artículos 5, fracción I, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación armónica de estos numerales se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso, pues, de lo contrario, será improcedente el citado medio de control constitucional, al no existir afectación al interés jurídico de aquél. Así, por interés jurídico para la procedencia del juicio constitucional debe tomarse en cuenta el criterio que refleja la jurisprudencia 17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." En términos del numeral transcrito, el juicio de amparo procede en contra de aquellos actos que causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe mencionar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia 854, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De lo reseñado, puede concluirse que, en primera instancia, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos y éste es el perjuicio a que se refiere la Constitución Federal, para que pueda prosperar la acción constitucional y los tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de dichos actos, correspondiendo a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas dada la situación objetiva en que se encuentran, ya sea por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, siendo titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Encuentra sustento esta consideración en la tesis DE Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como, en la tesis XVIII/2013 de la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En tal virtud, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo). Y es éste, el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/4 (10a.), que expresa: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." En el caso, el quejoso Salvador Hernández Morales, reclamó del entonces Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, la cédula de notificación de infracción número 237830172; empero, como se advierte de la misma no está dirigida a su nombre ni ofreció documento alguno para acreditar el interés jurídico y por ende el acto de aplicación, de parte de la entonces Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco; ya que del mencionado documento se advierte que se encuentra dirigido a "TANYA EDITH GALINDO CASTAÑEDA". Máxime que no ofreció alguna otra prueba para demostrar su pretensión, por lo que se concluye que no demostró su interés jurídico respecto del acto reclamado antes mencionado en su escrito de demanda; en consecuencia al ser este un requisito indispensable de procedencia en el juicio de garantías para combatir los actos que se estimen violatorios de derechos fundamentales, ya que conforme a lo anterior, hasta este momento no se demostró de manera eficiente e indubitable con elemento de convicción idóneo que el referido acto reclamado, le causa perjuicio alguno, lo que conduce a decretar el sobreseimiento respecto de dicho acto, de conformidad con la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al no advertirse diversa causal de improcedencia que opere de oficio ni alguna invocada por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación. SÉPTIMO. Estudio y resolución del asunto. Al respecto se tiene que, de la lectura íntegra de la demanda de garantías se aprecia que el peticionario de amparo refuta como violatorio en su perjuicio de la garantía contenida en el artículo 16 constitucional, pues refiere que las cédulas de notificación de infracción reclamadas, violentan el artículo 16 constitucional, en virtud de que no se le notificaron las mismas; además, se atiende a la causa de pedir del quejoso expresada en su demanda. Sirve de fundamento, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Le asiste razón. Para determinar lo fundado de los argumentos de la aquí quejosa, debe considerarse la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en el Capítulo Segundo, del Título Segundo, donde se establecen los elementos y requisitos de validez de los actos administrativos, en específico los artículos 12, 13 y 14, que disponen lo siguiente: "Artículo 12. Son elementos de validez del acto administrativo: I. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su potestad pública. II. Que sea efectuado sin que medie error, dolo, violencia o vicio del consentimiento. III. Que tenga por objeto un acto lícito y de posible realización material y jurídica, sobre una situación jurídica concreta. IV. Que no contravenga el interés general. Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo: I. Constar por escrito. II. Contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe. III. Estar debidamente fundado y motivado. IV. Contener la manifestación clara y precisa del objeto del acto. V. Contener la referencia específica de identificación del expediente que se trate y nombre completo del o los interesados. VI. Ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables y en su caso publicado. Igualmente deberá mencionar los recursos administrativos que puede interponer su destinatario en caso de desacuerdo. VII. Dar intervención a terceros interesados cuando el ordenamiento de la materia así lo establezca. VIII. Ser efectuado por el servidor público facultado para ello. Artículo 14. Los actos administrativos surten sus efectos en tanto su nulidad no sea dictada por la autoridad administrativa o jurisdiccional competente." Conforme a los preceptos transcritos, se evidencia que todo acto autoritario debe constar por escrito, contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe, estar fundado y motivado, así como ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables. Al respecto, en relación con la importancia de la notificación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Administrativa, página 494, de rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", consideró que en el derecho administrativo, la notificación es la actuación de la administración en virtud de la cual se informa o se pone en conocimiento de una o varias personas un acto o resolución determinada. Asimismo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País consideró que dentro de las características más destacadas y que a su vez determinan su naturaleza jurídica, la notificación se constituye en requisito de eficacia del acto administrativo; esto porque sí bien es cierto que la notificación tiene vida jurídica independiente ya que su validez se juzga con criterios jurídicos distintos de los del acto administrativo que se notifica, resultaba lógico que éste carezca de eficacia mientras no sea notificado al que deba cumplirlo o al interesado. Lo anterior porque la notificación no constituye una resolución administrativa, por cuanto que no es una declaración de voluntad de la administración, sino una comunicación de ésta, de ahí que, la notificación no tiene contenido propio, sino que transmite el del acto que la precede. Por ello, se estableció que la notificación es, generalmente la última fase de elaboración de un acto administrativo o constituye la operación que complementa una determinación de la administración. Así, al dar eficacia al acto administrativo, la notificación obliga al particular a cumplirlo, además, se estimó por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la notificación es requisito indispensable para que opere el carácter ejecutorio del acto, pues la administración no puede válidamente ejecutar el acto sin haberlo previamente notificado. En ese sentido, como se precisó con antelación, para la entrega de las cédulas de notificación de infracción impugnadas, la Ley y Reglamento de Movilidad y Trasporte del Estado de Jalisco, establecen que será la Secretaría de Movilidad del Estado la encargada de realizar la notificación de las aludidas cédulas de infracción, en términos del segundo párrafo, del artículo 198 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que a la letra dice: "Artículo 198. Para elaborar las cédulas de notificación de infracciones serán competentes, la autoridad municipal en materia de vialidad y tránsito; la Secretaría de Movilidad por conducto de la policía vial. De igual forma, corresponderá a la Secretaría en su ámbito de atribuciones, la calificación e imposición de las sanciones correspondientes, así como las medidas de seguridad que procedan, a través de sus Unidades Administrativas en materia Jurídica y de Transporte Público según su competencia, quienes deberán fundar y motivar sus actos y notificarlos de conformidad con la presente ley y sus reglamentos. [.]" Por su parte, acorde a lo preceptuado en el artículo 378, fracción III del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que a la letra dice: "Artículo 378. Las infracciones a la Ley o a este Reglamento, que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en cédula de notificación de infracción, en los términos del Título Séptimo, capítulo IV de la Ley, para lo cual se verificarán las siguientes acciones: [.] III. La cédula deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento de la misma, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado. En caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo recibas o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello." Lo resaltado es propio de éste órgano jurisdiccional. El precepto antes transcrito, establece que las infracciones a la mencionada ley o su reglamento, que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, la cédula correspondiente deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento de la misma, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado. En ese sentido, de la cédulas de notificación motivo de la presente litis, emitidas por el otrora Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, se aprecia que las infracciones fueron levantadas dieciocho y veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, asimismo, se aprecia que la fecha en que fueron emitidas dichas cédulas fue el veinticuatro y veintiocho de noviembre del mismo año, por lo que el plazo de sesenta días naturales con los que contaba la autoridad administrativa para hacer del conocimiento del gobernado las referidas cédulas de infracción ya feneció, sin que obre en autos del presente juicio de amparo la constancia de notificación de la que se advierta que la autoridad administrativa haya notificado el contenido de las cédulas de notificación de infracción citadas, con lo cual se vulneró en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 Constitucional. Se afirma lo anterior, pues incluso la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en representación del Titular de dicha Secretaría, al rendir su informe justificado, nada dijo en relación con la notificación de esas cédulas de infracción, menos aún acreditó con algún medio de convicción la notificación de las mismas. Por tanto, se aprecia que caducó la facultad de la autoridad responsable de perfeccionar el acto administrativo consistente en las cédulas de notificación de infracción combatidas, al no haberlo hecho dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el artículo 378, fracción III del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, ante lo cual, precluyó su derecho para practicar la notificación respectiva, que conduce a la invalidez de las multas reclamadas. Ahora bien, respecto de la cédula de infracción 2045832, reclamada a la servidor público Elvia Silva Fuentes, adscrita al Área de Gestión de Estacionamientos, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, atendiendo a la causa de pedir que quejoso, también viola la garantía contenida en los artículos 14 y 16 constitucional; toda vez que la fundamentación se refiere a la cita obligada de los preceptos en que se basa la autoridad para emitir el acto de que se trata y la motivación consiste en el razonamiento contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales, o sea, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Así, la garantía de legalidad, en la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia y cita de una norma legal que atribuya a la autoridad la facultad para actuar en determinado sentido, y con la actuación de esa autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y, b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir, con claridad, que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinada sentido y no en otro. En los términos expuestos para cumplir con el artículo 16 constitucional, no basta con que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que aquéllos se hagan saber al afectado en el mismo acto de molestia. Ahora bien, sobre el tema de fondo existen jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que orientan en la resolución del problema jurídico planteado. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 242/2007, determinó que tratándose de sanciones pecuniarias la garantía de seguridad jurídica se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues la autoridad no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del artículo 16 Constitucional deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla. La anterior Jurisprudencia, es consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de dos mil siete, página 207, que dice: "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respeta por el legislador a través de disposiciones de observancia general que establecen sanciones administrativas a los gobernados, si generan certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar arbitraria o caprichosamente. en tal virtud, tratándose de sanciones pecuniarias la indicada garantía se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla". Asimismo, esa superioridad en la diversa jurisprudencia 2a./J. 127/99, determinó que cuando la autoridad impone una multa mayor a la mínima prevista en la ley, deberá señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia. Tal criterio, aparece en la página 219, del Tomo X, Diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima". Por tanto, la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor son elementos que deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima; sin embargo, de la cédula de infracción con número de folio 2045832 de dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete, se advierte que ésta se emitió en apoyo a los artículos 73, numeral 1, fracción VII, del Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara, así como el artículo 75, fracción VII, apartado C, numeral 9, de la Ley de Ingresos de Guadalajara correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, los cuales disponen lo siguiente: "Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara. Artículo 73. 1. Serán motivo de sanción en la vía pública las conductas que se enumeran en las siguientes fracciones: (.) VII. Estacionarse en las áreas delimitadas como estacionamiento exclusivo, el cual no le corresponda como usuario, así como en espacios asignados para bomberos, personas con discapacidad o cualquier otra área prohibida por la autoridad competente". "Ley de Ingresos de Guadalajara correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Artículo 75. Las sanciones administrativas y fiscales por infringir las Leyes, Reglamentos, Disposiciones, Acuerdos y Convenios de carácter Municipal, serán aplicadas con sujeción a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y conforme a la siguiente: (.) TARIFA VII. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, referentes al servicio de estacionamientos: (.) C. Del estacionamiento exclusivo en vía pública: (.) 9. Por estacionarse sin derecho en espacio autorizado como exclusivo, o en áreas destinadas para uso de bomberos, policía y servicios médicos, donde existan rampas o cajones en centros comerciales o fuera de ellos para personas discapacitadas, salidas de emergencia, en doble fila, ciclovías, sobre banquetas, camellones, andadores peatonales, ciclopuertos, en sentido contrario o lugares prohibidos con el señalamiento correspondiente, de: $1,720.00 a $3,440.00". De los dispositivos antes reproducidos, se advierte que será motivo de sanción, entre otros, por estacionarse ".en centros comerciales o fuera de ellos para personas discapacitadas"; de igual forma, se aprecia que se establece un parámetro mínimo y otro máximo en relación con las sanciones a imponer a los particulares que incurran en las conductas contempladas como sancionadas por la propia legislación. Ahora bien, del análisis a la referida cédula de infracción en estudio con número de folio 2045832 de dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete, se advierte que se establece como monto de la sanción la cantidad de hasta $3,440.00 (tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), el cual es el mayor contemplado por la legislación transcrita, ya que el rango inferior inicia en la cantidad de $1,720.00 (mil setecientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). Empero, no se advierte que la autoridad responsable haya individualizado, en el caso concreto, el monto de la multa, tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta a sancionar y la mayor o menor trascendencia del asunto en que se cometió la falta, a fin de determinar las razones que la llevaron a imponer la multa de mayor cuantía y no otra menor; por lo que, es precisamente esa falta de individualización, por parte de la autoridad que la impone, lo que conduce a considerar que una multa es contraria a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Federal. Lo anterior es así, se insiste, porque en la infracción en estudio se sancionó al conductor de un vehículo automotor que se estacionó "en el estacionamiento Sótano I Plaza Forum, en un lugar exclusivo para personas con discapacidad"; por ende, resulta excesiva su imposición al no haber ponderado y establecido los factores determinantes para establecer porqué decidió imponer el monto mayor y no otro de menor cuantía. En conclusión, al no advertirse que las responsables realizaran ponderación respecto a la gravedad de la falta por estacionarse en un lugar exclusivo para personas con discapacidad, la reincidencia y capacidad económica del infractor, a fin de determinar el monto de la sanción materia de reclamo; evidentemente resulta inconstitucional dicha sanción. No obsta a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable por conducto del Director Jurídico Contencioso, al momento de rendir su informe justificado, pretendió complementar con la respectiva fundamentación y motivación el acto reclamado, en términos del párrafo séptimo, del artículo 117, de la Ley de Amparo; lo que se considera así al advertirse de sus alegatos que omitió pronunciarse respecto de la individualización de la sanción reclamada. Luego, si como se estableció, en lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, la autoridad responsables no colmó los requisitos formales de fundamentación y motivación, ello provoca incertidumbre jurídica en el accionante de derechos fundamentales, pues los vicios formales detectados le impiden conocer las razones, motivos y elementos que la responsable consideró para graduar la multa, situación que incuestionablemente constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, es evidente que las autoridades responsables señaladas, transgredieron en perjuicio del quejoso el principio de legalidad establecido en el precepto 16 de la Carta Magna, pues respecto de las cédula de notificación de infracción números 202456090, 202616720, no le fueron notificadas dentro del término legal y, por lo que se refiere a la diversa 2045832, al realizar la determinación y calificación de la boleta de infracción, se insiste, no fundó ni motivó la individualización de la multa impuesta. Por todo lo anterior, al resultar fundado el concepto de violación en cuestión, procede otorgar el amparo y protección federal solicitados. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución del impetrante en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que una vez que quede firme el presente fallo las autoridades responsables realicen las siguientes acciones: - El Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, Deje insubsistente las cédulas de notificación de infracción con números de folio 202456090 y 202616720. De igual manera, y como como consecuencia de lo anterior, se deberá ordenar dejar sin efectos cualquier cobro por concepto de recargos o gastos de ejecución que se hayan generado por la multa contenida en esa cédula. En el entendido que al haber caducado la facultad de la autoridad responsable de notificar las cédulas descritas, a través de su notificación, al no haberlo hecho dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el artículo 378, fracción III del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, precluyó su derecho para practicarla con posterioridad. La Unidad Departamental de Estacionamientos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco: Deje insubsistente la cédula de notificación de infracción con número de folio 2045832 emitida el dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el siguiente concepto: "por estacionarse en un lugar exclusivo para personas con discapacidad", y cualquier recargo que se hubiera generado con motivo de ella, ya que presenta un vicio de fondo. Cabe señalar que si bien la Unidad Departamental de Estacionamientos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, no fue señalada como autoridad responsable por sí, sino a través del funcionario correspondiente, y no tuvo intervención de manera directa en la emisión de la cédula de notificación de la infracción en comento, puesto que no la dictó, ordenó o trató de ejecutar la misma, lo cierto es que dentro del ámbito de sus atribuciones, dicha autoridad es quien habrá de proveer lo conducente para restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados en los términos apuntados en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción VII, 19, punto 6, fracción V, del Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara. Tiene sustento lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, 1a./J. 57/2007, página 144, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Cabe destacar que en esta resolución el análisis de legalidad de la cédula de infracción de referencia deriva de actos del orden administrativo, sin que la pretendida complementación de la fundamentación y motivación en el informe justificado que las autoridades responsables realizaron de aquél, resultara eficaz en términos de lo dispuesto en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, para complementarlo. De tal manera, se consideró que el acto reclamado carece de suficiente fundamentación y motivación; por tanto, se concluye que el mismo presenta un vicio de fondo que impide a las autoridades responsables del Ayuntamiento de Guadalajara su reiteración, tal y como lo indica el artículo 124, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual las autoridades responsables no podrán subsanar los vicios en los que incurrieron, sin que ello implique que no puedan ejercer las actividades y facultades que les corresponden. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia número 2a./J. 23/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo". En esta tesitura, al resultar esencialmente fundado el motivo de queja que en este apartado fue analizado y haberse otorgado la protección constitucional solicitada, resulta innecesario ocuparse de los restantes motivos de disenso que plantea la parte quejosa en su libelo constitucional, acorde con el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis identificada con el consecutivo 1335, localizable en la foja 1498 del Tomo II, Procesal Constitucional, Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con número de registro 1003214, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." OCTAVO. Publicación. Conforme lo establece el artículo 6° Apartado "A" fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de oponerse a la exposición de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Hernández Morales, por los actos que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Salvador Hernández Morales, contra los actos y la autoridad establecidos en el considerando segundo de este fallo y para los efectos precisados en el séptimo subsecuente. TERCERO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Luz Elba de la Torre Orozco, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Martha Angélica Marín Maldonado, Secretario que autoriza y da fe.

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