Salvador Hernandez Carreon

Expediente 2011/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2011/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Salvador Hernandez Carreon

Actuaciones

  1. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 19 DE ENERO 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado resuelve recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite el juicio de amparo 790/2020 con dos anexos, así como la ejecutoria pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión R-219/2021, de su índice, misma que en sus puntos resolutivos establece: *** Acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos a fin de que obre como legalmente corresponda, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, respecto del juicio de amparo 790/2020 y dos anexos, así como de la ejecutoria pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión R-219/2021 de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. Se ordena archivo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicio de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva en la que resolvió sobreseer el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que deberá atender a los lineamientos referidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse las siguientes constancias: A la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla las copias certificadas de las actuaciones del expediente 1306/2017 relativo al juicio de otorgamiento de escritura de compraventa, de su índice, que obra por separado en el tomo II. Asimismo, la documental que remitió el Registrador Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Cholula, a quien dejó de tener la calidad de autoridad responsable con motivo de la separación de juicios decretada en autos, la cual obra por separado en el tomo III de pruebas. Lo anterior, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues de los oficios que al efecto se giren se advertirá la recepción de dichas constancias. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de enero de dos mil veintidós. Autoridad remite. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta -con anexos-, signado por la delegada de las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copia de lo siguiente: Memorando SGPES/426/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual el Encargado del Despacho de la Subdirección General de PRESTACIONES Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), informa a la Coordinadora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del referido instituto que en la Quinta Sesión Ordinaria del día 29 de octubre de 2021, fue aprobada la solicitud de pensión del C. .... Oficio DG/214-069/2021, de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que se notificó a ..., respecto de la aprobación de su solicitud de jubilación por pensión. Bajo ese panorama, este órgano jurisdiccional se reserva el acuerdo que en derecho corresponda al oficio de cuenta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y electrónicamente a las autoridades responsables.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las diecisiete horas con cuarenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto 1407/2021-I, promovido por ..................., contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; ................ Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ... y otros, respecto de los actos y autoridades precisados en el punto IV. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ... y otros, respecto de los actos, autoridades y conforme a los motivos, fundamentos y para los efectos precisados en los apartados VII y VIII. Notifíquese.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 2011/2021-VIII. Desechamiento. Sentado lo anterior, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, es oportuno precisar que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR, sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: (.) Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio... En el caso concreto, los actos reclamados consisten en el auto de veintiuno de marzo de dos mil trece, dictado en el juicio de alimentos ... del índice de la autoridad responsable, por el cual se admitió la demanda, y el diverso proveído de trece de mayo siguiente, en el que se fijó como pago de pensión alimenticia provisional el quince por ciento del salario y demás prestaciones, y su ejecución En esas condiciones, se considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la aludida causa de improcedencia, dado que se reúnen los siguientes requisitos: A. Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal: Los acuerdos reclamados provienen de una autoridad judicial, es decir, del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla.. B. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa: El artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Por su parte, el artículo 4098 del mismo ordenamiento jurídico, dispone que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. En esa tesitura, las condiciones para que sea procedente el recurso de reclamación son las siguientes: Que se trate de un auto que no ponga fin al procedimiento; y, ? Que el auto no sea apelable. Por lo tanto, dado que los acuerdos reclamados son impugnables a través del recurso de reclamación previsto en los artículos 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, porque se tratan del auto de veintiuno de marzo de dos mil trece dictado en el juicio de alimentos 304/2013 del índice de la autoridad responsable, por el cual se admitió la demanda, y el diverso proveído de trece de mayo siguiente, en el que se fijó como pago de pensión alimenticia provisional el quince por ciento del salario y demás prestaciones, por lo que son acuerdos que no ponen fin al procedimiento y no son apelables, y en ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. C. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada: El recurso de reclamación se substancia dentro del procedimiento civil, conforme a los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. D. Que por virtud de dicho medio de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. La resolución que se emita en el recurso de reclamación puede tener por objeto revocar o modificar los autos impugnados, tal como lo dispone el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En esa medida, tomando en cuenta la naturaleza de la determinación adoptada por la autoridad responsable y la etapa del juicio en la que se emitió, previo a instar este juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Además, en el presente asunto no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevé el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza de los actos reclamados: I. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; III. La parte quejosa no es una persona extraña al procedimiento, pues tuvo conocimiento de la existencia del juicio de alimentos 304/2013 del índice del juzgado responsable, al acudir a las instalaciones del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el veinticinco de noviembre del presente año, fecha en que consultó el expediente de origen y advirtió las determinaciones tomadas en el juicio de origen, como es el auto admisorio y el proveído en el que se fijó como pago de pensión alimenticia provisional el quince por ciento de su salario, tal como enseguida se advierte: CUARTO.- Con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno fue notificado el acuerdo a través del cual señalaba domicilio, correo electrónico y autorizaba abogado patrono y con fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno; previa solicitud de cita; pude consultar el expediente; dándome cuenta que efectivamente el señor SALVADOR HERNANDEZ GALEANA había promovido un juicio especial de alimentos en mi contra el cual existen las siguientes constancias: a. En auto de fecha once de marzo del año dos mil trece se previene a la parte actora para que aclare con precisión los nombres de actor y demandado. b. En auto de fecha veintiuno de marzo del ario dos mil trece se admite la demanda y como acto de investigación previo se ordena girar el oficio 1459 de fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, a la empresa TELÉFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., instruyéndole que en caso de renuncia o liquidación retenga el cincuenta por ciento de mis percepciones; por ello, hoy la empresa me pretende retener el cincuenta por ciento de mi liquidación. c. En auto de fecha trece de mayo del año dos mil trece, se tiene al apoderado de la empresa TELÉFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., informo el salario que percibo y demás prestaciones y en consecuencia de esa información, la autoridad responsable en el mismo auto determino que se acreditaba EL ENTONTRAMIENTO, LA NECESIDAD Y LA POSILIDAD DE DAR ALIMENTOS, fijando como pensión alimenticia provisional el quince por ciento de mi salario y demás prestaciones; ordenándose además se constituyan en mi domicilio para el efecto de requerirme el pago de la primera mensualidad de alimentos. d. Es importante mencionar que jamás me han requerido de pago, ni me han emplazado; pues el expediente quedo abandonado con el dictado del auto de fecha trece de mayo del año dos mil trece, de ahí que al no ser requerido de pago ni emplazado no soy parte en el Juicio a la fecha; sin embargo, me causa agravio la determinación que motivo el oficio 1459 de fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, a la empresa TELÉFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., puesto que por ese oficio se me pretende retener el cincuenta por ciento de mi liquidación, sin darme la oportunidad de ser oído y vencido. A mayor abundamiento, es menester precisar que para fijar una pensión alimenticia debe atenderse a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir la resolución respectiva -provisional o definitiva- dependiendo de cada caso en particular, motivando la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos, procurando evitar situaciones injustas y perjudiciales para las partes en observancia a las disposiciones de orden público e interés social. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Salvador Hernández Carreón. Máxime, que el criterio que sustenta este órgano jurisdiccional en el presente proveído, fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 118/2019 de su índice.

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